Gerónima López Rito
Expediente 20/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 20/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gerónima López Rito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el auto de fecha veintisiete de enero del año en curso (fojas 25 a 28), por el que se decretó sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido; glósese a este expediente el original del incidente de suspensión. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde, se negó la suspensión definitiva; y no se tramitó incidente de violación a la suspensión provisional. Se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. IIA
- Incidental
R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por GERÓNIMA LÓPEZ RITO y ALICIA DE LA ROSA LÓPEZ, en términos del considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Por otra parte, vista la certificación secretarial realizada en la audiencia incidental, con fundamento en el capítulo Segundo, punto cuarto, Capítulo Quinto, puntos vigésimo fracción III, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, transcurrido más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la presente resolución, procédase únicamente a la destrucción del duplicado de este incidente, previa certificación de que en este último no existen documentales originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del citado acuerdo. Notifíquese. IIA
- Incidental
Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el informe previo rendido por el Juez Presidente del Tribunal de Juicio Oral de la Región del Istmo de Tehuantepec, con sede en esta ciudad, con el mismo dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan uso de sus derechos, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Notifíquese. IIA
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales consiguientes, el oficio de cuenta, del Juez Presidente del Tribunal del Juicio Oral de la Región del Istmo de Tehuantepec, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado; asimismo, remite dos discos ópticos deducidos de la causa penal 161/2015. Ahora bien, advirtiéndose del material de audio y video que adjunto la autoridad responsable, que tiene pleno valor probatorio, en términos de los previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, que procede decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De la demanda de garantías se aprecia que las impetrantes del amparo reclamaron su derecho a elegir un abogado de su preferencia, dentro de la causa penal 161/2015, que se instruye en su contra. Ahora bien, de la reproducción material del audio y video que acompaña la autoridad oficiante a su escrito de cuenta, se desprende que en la audiencia de debate de veintiséis de octubre de dos mil quince, llevada a cabo dentro de la aludida causa penal, la responsable les nombró como su nueva defensora a la pública adscrita al Tribunal del Juicio Oral de la Región del Istmo de Tehuantepec, con sede en esta ciudad, en virtud de haberse decretado el abandono de defensa por parte del licenciado José Antonio Ruiz de la Cruz. Por tal motivo las impetrantes del amparo, alegan que la responsable viola, en su perjuicio, el derecho que tienen para elegir un abogado de su preferencia, dentro de la causa penal 161/2015. Circunstancia que constituye el acto reclamado. Sintetizado lo anterior, en el caso, se estima, la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por consentimiento tácito de la referida resolución reclamada, en tanto que no se promovió el juicio de amparo dentro del plazo establecido por el artículo 17 de la ley invocada. Ello es así, toda vez que desde el veintiséis de octubre de dos mil quince, fecha en que se llevó la audiencia de debate dentro de la referida causa penal 161/2015, la parte quejosa ya tenía conocimiento de la existencia del acto reclamado. Luego entonces, tomando en consideración que la demanda de amparo se promovió hasta el día trece de enero de dos mil dieciséis, es inconcuso que se hizo fuera del plazo genérico de quince días que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, es decir, de manera extemporánea. Máxime que la resolución reclamada, no encuadra en alguno de los casos de excepción previstos por alguna de las fracciones contenidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor; de acuerdo con la cual tratándose del reclamo: de normas generales de carácter autoaplicativas, o el procedimiento de extradición, el plazo será de treinta días; de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga una pena de prisión, el plazo será de ocho años; de actos que tengan o puedan tener por efecto privar parcial o totalmente, en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población, ejidal o comunal, el plazo será de siete años; o del acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Norma Fundamental, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En consecuencia, al ser evidente que la resolución reclamada en razón a su naturaleza, finalidad y particular contenido, en modo alguno encuadra en la hipótesis de excepción del plazo general para la promoción del juicio de amparo, y menos en específico a la contenida en la fracción IV, del numeral 17 invocado, pues se trata de una determinación emitida dentro de un procedimiento jurisdiccional, y por ende no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Norma Fundamental, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; y por ello que, en el caso particular, la presentación de la demanda de amparo se rija por la regla genérica de quince días prevista por el artículo 17 de la ley en comento, como se examinó en párrafos anteriores. Por lo que al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la ley en comento, se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional, quedando sin efecto la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la misma. Cabe precisar que, no resulta incongruente el hecho de que se haya admitido a trámite la demanda de amparo y hasta la audiencia constitucional se decrete el sobreseimiento por su extemporaneidad, respecto del citado acto reclamado, dado que al momento en que se admitió a trámite este juicio, se desconocía fehacientemente tal circunstancia. Sustenta lo anterior, la tesis número I.4o.A.20 K del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página cuatrocientos setenta y siete, Tomo III, del mes de Abril de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. ES PROCEDENTE CUANDO LA DEMANDA FUE PRESENTADA EXTEMPORANEAMENTE, SIN IMPORTAR QUE INICIALMENTE EL JUEZ LA HUBIESE ADMITIDO. El hecho de que sea hasta la sentencia que se sobresea en el juicio de amparo, con fundamento en lo que establece la fracción XII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, es decir, cuando el Juez al momento de dictar resolución, advierta que la demanda fue presentada extemporáneamente, no resulta incongruente con el hecho de haber sido admitida a trámite, pues en el auto admisorio sólo se establece el cumplimiento de determinados requisitos y si en aquél, el a quo no se percató o no señaló la extemporaneidad de la demanda, ello obedece a que las partes tienen hasta la audiencia constitucional la oportunidad de aportar las pruebas necesarias y de formular los alegatos convenientes a su favor, pues la manifestación del quejoso de haber conocido el acto reclamado en determinada fecha, pudo variar al exhibir las constancias de notificación relativas, de tal suerte que si el Juez al momento de dictar sentencia, se percató de que la demanda se presentó en forma extemporánea, de acuerdo al citado artículo, la resolución que sobreseyó fue correcta." No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que las quejosa refieran que tuvieron conocimiento del acto reclamado el doce de enero de dos mil dieciséis, sin embargo, como ya se dijo, del material de audio y video que la autoridad remite a su informe justificado de cuenta, se advierte que en diligencia de veintiséis de octubre de dos mil quince, la responsable les nombró como su nueva defensora a la pública adscrita al Tribunal del Juicio Oral de la Región del Istmo de Tehuantepec, con sede en esta ciudad, en virtud de haberse decretado el abandono de defensa por parte del licenciado José Antonio Ruiz de la Cruz. A lo anterior sirve de apoyo, la jurisprudencia número VI.2o.C. J/194, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1148, tomo XII, correspondiente al mes de diciembre de dos mil, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada". Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. En otro aspecto, acuérdese lo precedente en el incidente de suspensión. Finalmente, respecto del material de audio y video que remite el Juez responsable, guárdese en la Secretaría de este Juzgado, para los efectos legales procedentes. Notifíquese; por lista a las quejosos, en cumplimiento a lo ordenado en el auto inicial. IIA
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