Gigliola Betzabe Gomar Arana

Expediente 2404/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 16 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2404/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
18/07/2018

Partes del expediente

  • Gigliola Betzabe Gomar Arana
  • Congreso del Estado de Nayarit

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su Director General Jurídico (fojas 108 a la 109), manifestó la forma en que se dió cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de veinte del mes anterior (folio 110), se dio vista a la parte gestionante del amparo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Así pues, mediante resolución dictada en los presentes autos (fojas 80 a la 94), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables, para efectos de que se desincorporara de la esfera jurídica de la parte gestionante del amparo lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 de la misma, asimismo, para que se le devolviera la cantidad de $18,261.93 (dieciocho mil doscientos sesenta y un pesos con noventa y tres centavos moneda nacional), que resulta lo pagado por concepto de la inscripción registral del instrumento público y por inscripción de préstamo hipotecario, en relación con los diversos conceptos de Fomento a la Educación, Asistencia Social y Universidad Autónoma de Nayarit, debidamente actualizada y sin la cantidad de "$280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional), que corresponde a la cuota fija mínima de las contribuciones adicionales a que está obligado el contribuyente, respectivamente. Ante ello, a través del oficio recibido enunciado con anterioridad, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su Director General Jurídico, informó la forma en que se dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntó copia de la transferencia bancaria en favor de la parte promovente de garantías por la cantidad de $18,221.01 (dieciocho mil doscientos veintiún pesos con un centavo moneda nacional), por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $18,261.93 (dieciocho mil doscientos sesenta y un pesos con noventa y tres centavos moneda nacional); sin embargo, el amparo se concedió únicamente para que se le devolviera el numerario de $17,981.93 (diecisiete mil novecientos ochenta y un pesos con noventa y tres centavos moneda nacional), que resultó de restar la cantidad $280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional), por los numerarios indicados en los párrafos precedentes, sobre el cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el ocho de diciembre de dos mil diecisiete y en el mes de junio de dos mil dieciocho, se efectúo la entrega de la cantidad actualizada a la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de diciembre de dos mil diecisiete a junio de dos mil dieciocho; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, que en la especie corresponde a mayo de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de mayo de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de noviembre de dos mil diecisiete (al ser este último el mes inmediato anterior del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de noviembre de dos mil diecisiete fue de 130.044; y para el mes de junio de dos mil dieciocho de 131.773 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.013295499984691. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver $17,981.93 (diecisiete mil novecientos ochenta y un pesos con noventa y tres centavos moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $18,221.00 (dieciocho mil doscientos veintiún pesos moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al remanente a devolver $17,981.93 (diecisiete mil novecientos ochenta y un pesos con noventa y tres centavos moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $239.07 (doscientos treinta y nueve pesos con siete centavos moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad en acatamiento a los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, tenía que devolver la cantidad $18,221.00 (dieciocho mil doscientos veintiún pesos moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización; sin embargo, la cantidad devuelta lo fue por $18,221.01 (dieciocho mil doscientos veintiún pesos con un centavo moneda nacional); es decir, devolvió un centavo de más; empero, dicho centavo excedido no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectúe el quejoso, dado que serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otro lado, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su Director General Jurídico (fojas 108 a la 109), manifestó la forma en que se dió cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de veinte del mes anterior (folio 110), se dio vista a la parte gestionante del amparo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Así pues, mediante resolución dictada en los presentes autos (fojas 80 a la 94), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables, para efectos de que se desincorporara de la esfera jurídica de la parte gestionante del amparo lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 de la misma, asimismo, para que se le devolviera la cantidad de $18,261.93 (dieciocho mil doscientos sesenta y un pesos con noventa y tres centavos moneda nacional), que resulta lo pagado por concepto de la inscripción registral del instrumento público y por inscripción de préstamo hipotecario, en relación con los diversos conceptos de Fomento a la Educación, Asistencia Social y Universidad Autónoma de Nayarit, debidamente actualizada y sin la cantidad de "$280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional), que corresponde a la cuota fija mínima de las contribuciones adicionales a que está obligado el contribuyente, respectivamente. Ante ello, a través del oficio recibido enunciado con anterioridad, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su Director General Jurídico, informó la forma en que se dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntó copia de la transferencia bancaria en favor de la parte promovente de garantías por la cantidad de $18,221.01 (dieciocho mil doscientos veintiún pesos con un centavo moneda nacional), por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $18,261.93 (dieciocho mil doscientos sesenta y un pesos con noventa y tres centavos moneda nacional); sin embargo, el amparo se concedió únicamente para que se le devolviera el numerario de $17,981.93 (diecisiete mil novecientos ochenta y un pesos con noventa y tres centavos moneda nacional), que resultó de restar la cantidad $280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional), por los numerarios indicados en los párrafos precedentes, sobre el cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el ocho de diciembre de dos mil diecisiete y en el mes de junio de dos mil dieciocho, se efectúo la entrega de la cantidad actualizada a la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de diciembre de dos mil diecisiete a junio de dos mil dieciocho; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, que en la especie corresponde a mayo de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de mayo de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de noviembre de dos mil diecisiete (al ser este último el mes inmediato anterior del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de noviembre de dos mil diecisiete fue de 130.044; y para el mes de junio de dos mil dieciocho de 131.773 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.013295499984691. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver $17,981.93 (diecisiete mil novecientos ochenta y un pesos con noventa y tres centavos moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $18,221.00 (dieciocho mil doscientos veintiún pesos moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al remanente a devolver $17,981.93 (diecisiete mil novecientos ochenta y un pesos con noventa y tres centavos moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $239.07 (doscientos treinta y nueve pesos con siete centavos moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad en acatamiento a los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, tenía que devolver la cantidad $18,221.00 (dieciocho mil doscientos veintiún pesos moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización; sin embargo, la cantidad devuelta lo fue por $18,221.01 (dieciocho mil doscientos veintiún pesos con un centavo moneda nacional); es decir, devolvió un centavo de más; empero, dicho centavo excedido no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectúe el quejoso, dado que serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otro lado, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta presentado por el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su Director General Jurídico, mediante el cual informa el cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo y acompaña copia simple de la transferencia bancaria realizada a la parte quejosa; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte gestionante del amparo, con el escrito de cuenta y anexo, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta presentado por el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su Director General Jurídico, mediante el cual informa el cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo y acompaña copia simple de la transferencia bancaria realizada a la parte quejosa; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte gestionante del amparo, con el escrito de cuenta y anexo, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

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