Gibrán Salvador Arce González
Expediente 1533/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1533/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 18/12/2020
Partes del expediente
- Gibrán Salvador Arce González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo presentados por la delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, el veinticuatro de febrero del año en curso, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veinticinco de febrero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación se notificó a la parte quejosa el dos de marzo siguiente, surtiendo sus efectos al siguiente día hábil, por lo que dicho plazo transcurrió del cuatro al seis de ese mes, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así pues, por sentencia de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se determinó, por una parte, sobreseer en el presente juicio; y, por otra, conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Inconforme con lo anterior, la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, interpuso recurso de revisión, el cual se sustanció ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, cuyos integrantes, por ejecutoria de veintitrés de enero de dos mil veinte, determinaron desechar el recurso de mérito; confirmando la sentencia recurrida; y, por tanto la concesión de amparo fue para los efectos siguientes: ".se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que 1. Los artículos 22, fracción I, así como 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sea desincorporado de la esfera jurídica de la parte quejosa, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos (fracción I), por el pago del concepto de inscripción de documento público, con sustento en el artículo 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por la parte quejosa, acreditada mediante la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa lo que pagó por impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó Gibran Salvador Arce González, respecto de lo que erogó por el concepto de inscripción de documento público o privado. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece la fracción I, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar el ente responsable denominado Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: No aplicar a la parte quejosa lo previsto en el numeral 22, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley y que las autoridades responsables vigilaran que no se aplicaran al promovente del amparo, en el presente ni en el futuro, tales numerales legales; y, Devolverle el remanente que excediera de la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100, moneda nacional), relativo a la cuota fija mínima por el acto de inscripción que realizó, respecto de la cantidad de $6,486.58 (seis mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 58/100 moneda nacional), que pagó por conceptos de inscripción de documento público, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit; cantidad que debía ser actualizada. Luego, la autoridad responsable, informó a este Juzgado Federal la forma en que pretendió dar cumplimiento al fallo protector, a saber, comunicó que el diecinueve de febrero de dos mil veinte, devolvió a la parte quejosa por medio de cheque, la cantidad de $6,389.58 (seis mil trescientos ochenta y nueve pesos 58/100 moneda nacional), situación que acreditó con los anexos antes indicados. Por tanto, se procede a analizar si con la cantidad devuelta la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector emitido en autos. Entonces, se tiene que al monto de $6,486.58 (seis mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 58/100 moneda nacional), se le resta la cuota mínima a pagar de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100, moneda nacional), por el acto registral realizado por la parte quejosa, dando como resultado la cantidad de $6,196.58 (seis mil ciento noventa y seis pesos 58/100 moneda nacional), la cual debía de encontrarse actualizada, en virtud que de conformidad el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, para lo cual, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el dieciocho de junio de dos mil diecinueve y el diecinueve de febrero del año en curso, se efectuó la devolución mediante cheque a la parte quejosa, por el cual la autoridad responsable devolvió la contribución reclamada en su totalidad; por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de junio de dos mil diecinueve a febrero del año en curso. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de mayo de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de enero del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de mayo de dos mil diecinueve fue 103.233; y, para el mes de enero del año en curso 106.447. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0311 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $6,389.58 (seis mil trescientos ochenta y nueve pesos 58/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $192.92 (ciento noventa y dos pesos 92/100, moneda nacional). En consecuencia, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la parte promovente del amparo $ $6,389.58 (seis mil trescientos ochenta y nueve pesos 58/100 moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio por una parte, se sobreseyó y por la otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por la Directora Jurídico de la Secretaría de Educación del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que solicitó al Encargado de la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a efecto de que se le reconozca la antigüedad laboral al aquí quejoso Jesús Omar Gajón de la Rosa, desde el mes de octubre de dos mil ocho, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a lo anterior, tal y como lo demuestra con las documentales que acompaña; en consecuencia, agréguense el comunicado y anexos de cuenta a los presentes autos, para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, visto el estado de autos, se aprecia que en el convenio de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 276 a 278), celebrado entre los Secretarios de Educación y de Administración y Finanzas, ambos del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y por el directo quejoso Jesús Omar Gajón de la Rosa, en lo conducente, se estipularon las siguientes clausulas: "PRIMERA.- "LA DEMANDADA" SE COMPROMETE Y OBLIGA A RECONOCERLE LA ANTIGÜEDAD A PARTIR DEL 1° DE OCTUBRE DEL 2008, DE IGUAL FORMA OBLIGA A PAGAR A "EL ACTOR" LA CANTIDAD DE $1,172,498.19 (UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 19/100 M.N), POR CONCEPTOS COMPRENDIDOS EN EL LAUDO DICTADO EN EL PRESENTE JUICIO EL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, COMO LO ES EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS, AUMENTOS SALARIALES AGUINALDO, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL, MISMA QUE SERÁ DESCRITA EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE DE SU RECIBOD DE PAGO Y ACTUALIZADA MEDIANTE ESTE CONVENIO DENTRO DE SU EXPEDIENTE PERSONAL DEL ACTOR, CON LA FINALIDAD DE QUE EN LO SUCESIVO SE LE CONSIDERE CON LA ANTIGÜEDAD TOTAL EFECTIVA QUE AQUÍ SE SEÑALA. (.) QUINTA.- EL PAGO DE LA CANTIDAD TOTAL CONVENIDA SERA POR LA CANTIDAD DE $1,084,119.93 (UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 93/100 M.N.), SE LLEVARA A CABO MEDIANTE 5 PARCIALIDADES, LAS CUALES A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN SUS MONTOS Y FECHAS DE PAGO:.". De lo anterior se colige que los actos que debía realizar la autoridad responsable denominada Secretario de Educación del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho convenio era reconocerle la antigüedad desde el uno de octubre de dos mil ocho, y por lo que respecta a la diversa autoridad, pagarle la cantidad convenida, la cual se llevaría mediante cinco parcialidades; luego, el pago ya fue devuelto en su totalidad; sin embargo, hasta la fecha no ha comprobado haber reconocido la antigüedad del citado quejoso, desde el uno de octubre de dos mil ocho, como se estableció en dicho convenio. En virtud de lo anterior, se advierte que el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce de la garantía violada a la parte quejosa; por tanto, este órgano de control constitucional, debe vigilar que las sentencias que dicten, queden debidamente cumplidas, por lo que si existen autoridades que no fueron señaladas como responsables en el presente juicio, pero tienen una vinculación para lograr el objetivo consistente en que se le reconozca la antigüedad laboral al aquí quejoso Jesús Omar Gajón de la Rosa, desde el uno de octubre de dos mil ocho, dentro del expediente laboral número 97/2012, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit; por lo tanto, están obligadas a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 57/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cuarenta y cuatro, Tomo XXV, Mayo de dos mil siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica.". Asimismo, la Tesis I.3o (región) 3 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, publicada en la página dos mil cuarenta y siete, Tomo III, septiembre dos mil doce, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "SENTENCIAS EJECUTORIADAS. PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO LOS ÓRGANOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL TIENEN FACULTADES PARA REQUERIR A AUTORIDADES DIVERSAS DE LAS SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, QUE SE ENCUENTREN VINCULADAS A ESOS FALLOS. De la reforma al párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se advierte un nuevo diseño respecto del tratamiento que debe darse a los derechos humanos, atendiendo al contenido normativo ahí previsto y, en su caso, a los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano sobre este rubro, en aras de beneficiar en cualquier momento a todas las personas y así poder proporcionarles una tutela mayor. Así, por imperativo constitucional, debe procurarse que la interpretación se haga conforme al principio pro persona, que también se encuentra contenido en el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, en el que se establece la obligación de los Estados Partes de garantizar el pronto y efectivo cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso judicial. En estas condiciones, se concluye que el derecho a la administración pronta y expedita de justicia es una prerrogativa fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos reconocidos en los pactos internacionales en forma no limitativa sino enunciativa, ya que no puede circunscribirse al simple significado del vocablo, pues es el continente de un sinnúmero de derechos y obligaciones tanto internos como externos, es decir, inter país y a nivel internacional. Consecuentemente, si se atiende al artículo 17 de la Carta Magna, en el que se consignan, entre otros derechos fundamentales, el relativo a la administración pronta y expedita de justicia, a fin de que se cumplan cabalmente las sentencias ejecutoriadas, se estima que los órganos de control constitucional tienen facultades, no sólo para precisar los alcances de esos fallos, sino también para requerir a autoridades diversas de las señaladas como responsables, que se encuentren vinculadas a éstos, y conseguir su eficaz, completo y pronto acatamiento.". En ese tenor, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193 tercer, párrafo de la ley de la materia, requiérase al Encargado de la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir del siguiente día al en que sea notificado del presente auto, realice las gestiones necesarias para lograr que se restituya a la parte quejosa la garantía violada; esto es, deberá reconocerle la antigüedad laboral al aquí quejoso Jesús Omar Gajón de la Rosa, desde el uno de octubre de dos mil ocho, dentro del expediente laboral número 97/2012, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado b, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo), de conformidad con el dispositivo 258 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora denominada Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Notifíquese.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta presentado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit y anexo que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y a la tercera interesada para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibidas que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido, este juzgado federal, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Por otro lado, se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por Luis Manuel Reséndiz Sánchez, en su carácter de autorizado del quejoso, mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto del acatamiento dado por la autoridad responsable al fallo protector; en consecuencia, agréguese para que obre como corresponda; en la inteligencia de que al momento de que este juzgado se pronuncie sobre el cumplimiento al fallo protector, se atenderán dichas manifestaciones. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que hasta la fecha no obra el acuse de recibo del oficio 36980/2019, a consignación del Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, a través del cual se le notifica la resolución emitida en autos. Luego, al no contarse con el acuse referente del oficio en comento, requiérase al Administrador Postal de esta ciudad, a efecto de que en términos del artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, dentro del plazo de TRES DÍAS siguientes al recibo del oficio de notificación correspondiente, se sirva informar el tratamiento aplicado a la pieza postal que le hubiera correspondido al número de oficio de referencia o en su caso, remita copia certificada del acuse respectivo, en el entendido de que éste fue depositado en esa oficina postal el veintitrés de agosto de la citada anualidad, como se acredita con las constancias que se le anexa al oficio de notificación que al efecto se envíe Apercibido que en caso de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, conforme lo establece el dispositivo 237, fracción I de la Ley de Amparo. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. **
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