Gianni Raúl Ramírez Ocampo
Expediente 397/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 397/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/05/2021
Partes del expediente
- Gianni Raúl Ramírez Ocampo
- Titular de la Autoridad Substanciadora de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación de cuenta, se desprende que no se interpuso medio de impugnación en contra del proveído de siete de abril de este año, por el que se desechó el escrito de demanda; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los arábigos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso d) del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Notifíquese.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se obtiene que a la fecha no se encuentran notificadas las partes del proveído de quince de diciembre de dos mil veinte, en el que se reanudó el trámite del juicio de amparo y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones comisiónese al actuario judicial para que le notifique personalmente a la parte quejosa el presente proveído, así como el de seis de octubre de la presente anualidad en sus términos, así como al resto de las partes. En consecuencia, para dar margen a lo anterior se difiere y en su lugar se señalan las diez horas con dieciocho minutos del ocho de junio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Reitérese a las partes, que en caso de ser su deseo de presenciar la celebración de la audiencia constitucional a través del sistema de videoconferencia en el equipo de cómputo de este juzgado destinado para ese propósito, los interesados deberán informarlo en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, a fin de estar en condiciones de realizar las gestiones que resulten necesarias. Notifíquese en los términos indicados.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el oficio signado por el secretario de este órgano jurisdiccional, a través del cual, en cumplimiento al diverso proveído de veintinueve de marzo de este año emitido dentro del diverso juicio de amparo indirecto número 246/2021, promovido por ****, se ordena la sustanciación de un nuevo sumario constitucional por lo que respecta al acto reclamado consistente en: -La resolución emitida el diez de marzo del año en curso, por la Titular de la Autoridad Substanciadora de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, dentro del recurso de reclamación ***, de su índice. Lo anterior, derivado de la separación de autos ordenada en dicho acuerdo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los dispositivos 72 y 73, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados a contrario sensu y de manera supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo su precepto 2°, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, se AVOCA al conocimiento de la demanda de amparo referida, promovida por ***, únicamente en lo que respecta al acto reclamado a la Titular de la Autoridad Substanciadora de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, consistente en la resolución emitida el diez de marzo del año en curso, dentro del recurso de reclamación ****, de su índice. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 397/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la Titular de la Autoridad Substanciadora de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, la resolución emitida el diez de marzo del año en curso, dentro del recurso de reclamación ****, de su índice, medio de impugnación interpuesto en contra del auto de catorce de julio de dos mil veinte, dictado en los autos del expediente ****, por la responsable de mérito, a través del cual se dio inicio al procedimiento administrativo instaurado en su contra. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este juzgado de distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. En términos del numeral invocado, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de amparo, toda vez que este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III, inciso a, del artículo 107, ambos de la ley de la materia, el último aplicado en sentido contrario que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" [.] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis, o bien de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, pues, se insiste, la improcedencia del juicio puede derivar de cualquier otra disposición de la Ley Fundamental o de la Ley de Amparo. Ahora, bien el artículo 107, fracción III, del ordenamiento en mención, que establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con el anterior precepto, el juicio de amparo contra actos dictados en procedimientos administrativos en forma de juicio es procedente en dos supuestos: Contra la resolución definitiva, donde se pueden reclamar los vicios de dicha resolución o, incluso, violaciones procesales cometidas dentro del procedimiento administrativo. Contra resoluciones intraprocesales, siempre que causen perjuicio de imposible reparación. Respecto del segundo supuesto, el propio precepto establece que debe entenderse que se causa un perjuicio de imposible reparación cuando se afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, de acuerdo con la fracción III, inciso b, del artículo 107 de la Ley de Amparo, la acción constitucional es procedente contra resoluciones intraprocesales dictadas en procedimientos administrativos de responsabilidad, cuando causan daño de imposible reparación. En ese orden de ideas, tal disposición, entendida en sentido contrario, establece que la vía de amparo indirecto es improcedente contra actos dictados durante la substanciación de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, si estos pueden ser reparables con el dictado de la sentencia definitiva dictada en dicho procedimiento. La razón fundamental del requisito anterior es que si la parte en contra de quien se cometieron violaciones procesales en un juicio obtiene sentencia favorable, el perjuicio que se le pudo ocasionar desaparece, dado que el ejercicio de los derechos adjetivos con que cuentan las partes tiene como fin último la obtención de una resolución favorable, por lo que de actualizarse este supuesto, los efectos de las violaciones de esa naturaleza son reparados. En efecto, producen "ejecución irreparable" los actos dentro de procedimiento administrativo seguido en forma de juicio sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto. Considerar lo contrario implicaría que el juicio de amparo indirecto pudiera promoverse tantas veces como violaciones de ese carácter se estimara fueron cometidas en un procedimiento, lo que motivaría la demora en la resolución del conflicto. Lo anterior, incluso, porque el diverso inciso a, fracción III, del artículo 107 de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de garantías contra la resolución definitiva en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en la cual se pueden reclamar violaciones intraprocesales, por lo que es evidente que tales violaciones reclamadas en amparo promovido bajo ese supuesto de procedencia también pueden ser objeto de reparación en una eventual sentencia concesora. De ahí que el juicio de amparo es improcedente contra los actos dictados en el trámite de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio que no cumplan con ese criterio (ejecución irreparable), como se expuso. Por identidad jurídica sustancial, los razonamientos expuestos tienen sustento en la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, del volumen 56, agosto de 1992, de la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así como también resulta ilustrativa la tesis I.1o.A.E.30 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la república, consultable en la página 2317, del Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución.". En el caso, de la lectura de la demanda de amparo, el quejoso reclama de la Titular de la Autoridad Substanciadora de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, emitida el diez de marzo del año en curso, dentro del recurso de reclamación ****, a través de la cual resolvió que era infundado el citado medio de impugnación. Dicho recurso, se advierte, fue promovido contra el proveído de catorce de julio de dos mil veinte, dictado en los autos del expediente ***, por el cual, la responsable dio inicio al procedimiento administrativo de responsabilidad instaurado contra el quejoso. En esos términos, se advierte, la resolución reclamada de diez de marzo del año en curso tiene como consecuencia la confirmación del proveído del de catorce de julio de dos mil veinte que dio inicio al procedimiento administrativo de responsabilidad incoado contra el quejoso, lo que implica la instauración y consecución de dicho procedimiento, en el que se le otorgará oportunidad de ejercer defensa y, posteriormente, se dictará resolución definitiva. Lo anterior, como lo establece el artículo 67 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, que prevé las formalidades que deben seguirse en procedimientos administrativos de responsabilidad. Así, se concluye que la determinación reclamada en el presente juicio, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos del quejoso, pues sólo implica la instauración y consecución en su contra de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y las posibles violaciones que reclama en sus motivos de informidad pueden ser reparadas en la resolución que concluya con dicho procedimiento, en caso de serle favorable. Lo anterior, se reitera, no puede considerarse una afectación en grado predominante o superior a sus derechos sustantivos, ya que únicamente se afectan sus derechos adjetivos o procesales. Incluso, de no serle favorable dicha resolución, las violaciones intraprocesales ocurridas en dicho procedimiento administrativo podrían ser objeto de reparación en un posterior juicio de amparo indirecto promovido en términos del artículo 107, fracción III, inciso a, de la Ley de Amparo, en el que se dicte una eventual sentencia concesora. En lo conducente, lo anterior tiene fundamento en la jurisprudencia 2a./J. 43/2006, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del Nación, Décima Época, visible en la página 242, Abril de 2006, Tomo XXIII de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE. La determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de la materia, debe atender a su naturaleza y a las consecuencias que produce, es decir, a si afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, o si produce una afectación en grado predominante o superior de derechos formales o procesales, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, ya que bastaría que le imputara al acto correspondiente una transgresión a sus derechos sustantivos para que procediera el juicio de garantías, independientemente de lo fundado o infundado de su planteamiento, en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto, además de que sería contrario a la presunción de legalidad o legitimidad del acto jurídico administrativo, que lleva a considerarlo legalmente válido mientras no sea declarado nulo, y que impide tener por cierta, a priori, la violación que le impute el gobernado, como lo sería la relativa a que el citatorio para la audiencia del procedimiento de responsabilidades administrativas de un servidor público viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por incompetencia de la autoridad que lo emitió. Así, en atención a la naturaleza y efectos del aludido citatorio, se concluye que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto." En consecuencia, con fundamento en los artículos fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b, ambos de la Ley de Amparo, el último mencionado interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ****. Luego, obténgase copia certificada de esta determinación, para que se glose al juicio de amparo número 246/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, visto el escrito inicial de demanda relativo al diverso juicio de amparo 246/2021, del índice de este juzgado federal, con sustento en lo establecido por el artículo 108, fracción I, en relación con el ordinal 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente el ubicado en ****, toda vez que fue el que el quejoso señaló en el capítulo respectivo del escrito de mérito. Lo anterior, a fin de no dejar a la citada parte procesal en estado de indefensión. Lo previamente narrado, se invoca como hecho notorio al tenor del dispositivo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, y con sustento además en la Jurisprudencia XXII. J/12, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Distrito, publicada en la página doscientos noventa y cinco, del Tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA RESGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SALUD DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS Y DE LAS PERSONAS JUSTICIABLES EN GENERAL, ANTE EL FENOMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID-19 En términos del artículo 22 y 28, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que procuren la continuación del presente expediente en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes de este órgano judicial, la promoción u oficio, de lunes a viernes, de las 8:30 a las 14:30 horas. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. Con la finalidad de cumplir con las medidas de distanciamiento social y coadyuvar a frenar la propagación del COVID-19. En obvio de mayores dilaciones, desde este momento se habilitan días y horas, para practicar las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, siempre y cuando exista imposibilidad de practicarlas en días y horas hábiles, de conformidad con el numeral 21 de la ley de la materia. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el precepto 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que pueden manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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