Gerardo Sanchez Rodriguez

Expediente 1367/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1367/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
24/06/2022

Partes del expediente

  • Gerardo Sanchez Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la Materia, en contra del acuerdo de catorce de junio del presente año, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, fracción b), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo en el que sin haberse decidido en lo principal, se dio por concluido y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: toda vez que de la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término de cinco días otorgado en proveído de dos de junio del año en curso, a fin de que la parte promovente aclarara su escrito de demanda, sin que a la presente fecha lo hiciera. En consecuencia, habiendo transcurrido el término concedido para tal efecto, se hace efectivo el apercibimiento decretado y, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, que dio origen a este expediente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de junio de dos mil veintidós. TESTIMONIO DE RESOLUCIÓN DE LA SUPERIORIDAD Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio 977 signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que remite testimonio de la resolución de diecinueve de mayo del presente año, pronunciada por ese Tribunal en el toca 180/2021, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por Freddy Guadalupe Romero Pérez, quien se ostenta asesor jurídico de Gerardo Sánchez Rodríguez, Administrador Único de la persona moral "ORTOPEDIA Y TRAUMALOGÍA INTEGRAL SÁNCHEZ", Sociedad Civil, en contra del acuerdo de seis de agosto de dos mil veintiuno, dictado en estos propios autos. Al respecto, se desprende que la Superioridad resolvió: "ÚNICO. Es FUNDADO el recurso de queja interpuesto por Freddy Guadalupe Romero Pérez, quien se ostenta asesor jurídico de Gerardo Sánchez Rodríguez, Administrador Único de la persona moral denominada ORTOPEDIA Y TRAUMALOGÍA INTEGRAL SÁNCHEZ, SOCIEDAD CIVIL, contra el auto dictado el seis de agosto de dos mil veintiuno, por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, en el juicio de amparo indirecto 1367/2021-V-B, donde se desechó de plano la demanda." Acúsese recibo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, y con apoyo en el artículo 26 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes el sentido de dicha ejecutoria. DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Freddy Guadalupe Romero Pérez, quien se ostenta asesor jurídico de Gerardo Sánchez Rodríguez, Administrador Único de la persona moral "ORTOPEDIA Y TRAUMALOGÍA INTEGRAL SÁNCHEZ", Sociedad Civil, contra el acto que reclama al Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que hace consistir en: La resolución de trece de julio de dos mil veintiuno dictada en autos del expedientillo 210/2021 de su índice, mediante el cual se autorizó el acceso a la persona moral "CORPORACIÓN FINANCIERA ATLAS", Sociedad Anónima de Capital Variable, a los autos de la carpeta de investigación UNADT35-GC/0001621/2020 del índice de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres de la Fiscalía General del Estado, para los efectos ahí precisados. PREVENCIÓN DE ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Ahora bien, a fin de estar en aptitud de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, fracción I, 110, 112 y 114, fracción III, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le realice del presente proveído, cumpla con lo siguiente: - Acredite con la documentación idónea, el carácter con el que promueve el presente juicio y que lo faculte como tal, en virtud de que no exhibió documento alguno para tal efecto; o bien, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, manifieste, bajo protesta de decir verdad, que la tiene acreditada en autos de la carpeta de investigación de origen. Sin que obste lo anterior, las manifestaciones efectuadas por la parte promovente en relación a que es asesor jurídico de la aquí parte quejosa en autos de la carpeta de investigación UNADT35-GC/0001621/2020 del índice de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, puesto que se limitó a realizar manifestaciones en ese sentido, sin que exhibiera documental alguna que acreditara dicha circunstancia o, en su caso, lo manifestara bajo protesta de decir verdad. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 23/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 7, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época, Materia Común, con número de registro en Ius Intranet 167431, que dice: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." Así como la jurisprudencia 1a./J. 13/2021 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3399, Undécima Época, Materias Constitucional y Común, con registro digital 2023191, del rublo siguiente: "ASESOR JURÍDICO VICTIMAL. PARA EFECTOS DE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO QUE PROMUEVA EN NOMBRE DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, BASTA LA SIMPLE MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE TENER RECONOCIDO AQUEL CARÁCTER ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL ACTUALIZARSE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de los recursos de queja respectivos sostuvieron un criterio divergente en torno a si basta la manifestación del asesor jurídico victimal de ostentar dicha representación ante la autoridad responsable, para efecto de que le sea admitida la demanda de amparo indirecto, promovida por éste a nombre de la víctima u ofendido del delito, que representa. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, en materia penal, el asesor jurídico de la víctima u ofendido del delito se encuentra facultado para promover la demanda de amparo en nombre de ésta, a quien representa en el procedimiento penal, por lo que tratándose de la presentación del juicio de amparo indirecto, bastará su simple manifestación, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de tener reconocido ese carácter ante la autoridad responsable, para que la demanda sea admitida a trámite. En este supuesto, se tendrá por actualizada la excepción prevista en el artículo 11, párrafo primero, en relación con el 14, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Así, cuando la citada ley refiere que en materia penal bastará que el defensor manifieste bajo protesta de decir verdad tener ese carácter, no puede limitarse únicamente al defensor del imputado, sino que necesariamente debe incluir al asesor jurídico de la víctima que actúa en su representación, a fin de que ésta no quede en estado de vulnerabilidad frente al poder punitivo estatal y las determinaciones que el Ministerio Público o los Jueces realicen a lo largo del procedimiento penal. Justificación: De una interpretación sistemática de la Ley de Amparo, en relación con el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas, se advierte un reconocimiento explícito de las víctimas como parte de los procedimientos y el derecho a la asesoría jurídica técnica -por una persona licenciada en derecho con cédula profesional- como una garantía del pleno ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad. También se reconoce el derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo contra las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos, por lo que la legislación en la materia deberá regular la intervención en los diferentes procedimientos, a efecto de facilitar su participación. En ese sentido, resulta fundamental que el juicio de amparo, como medio constitucional de defensa de los derechos humanos, equilibre las asimetrías y el estado de vulnerabilidad que pueden llegar a enfrentar las víctimas en el acceso a la justicia, lo que conlleva el deber de flexibilizar ciertas reglas -como la forma de acreditar la representación- ante la necesidad de asegurar que los recursos sean efectivos y protejan a las víctimas contra actos que violen sus derechos humanos." APERCIBIMIENTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con el requerimiento efectuado, dentro del plazo otorgado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, como lo dispone el penúltimo párrafo del invocado numeral 114, de la Ley de la materia. REQUERIMIENTO DE COPIAS DEL DOCUMENTO RELATIVO A LA PERSONALIDAD En la inteligencia de que, en su caso, deberá exhibir seis copias del documento relativo a su personalidad, para correrle traslado a las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la ley de la materia, las cuales se distribuirán de la siguiente manera: una para la autoridad responsable, otra para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, dos para los terceros interesados y dos más para la tramitación del incidente de suspensión que solicita. Lo anterior, toda vez que el acreditamiento pleno de la personalidad es requisito de la demanda que debe quedar satisfecho desde su presentación, en su caso, por lo que el documento con el que se satisface esa carga probatoria es parte integrante de la demanda y, por tanto, la parte quejosa está obligada a exhibir además de las copias de la demanda, las copias del documento o documentos que acrediten la representación de quien promueve a su nombre para que se les entregue a las demás partes en el juicio. Ello persigue el doble propósito que tiene el establecimiento de los requisitos de la demanda, entre ellos, que se señalen el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, que la representación quede plenamente acreditada, así como la exigencia de exhibir copias de la demanda, incluyendo las del documento o documentos con los que se satisfaga esa carga probatoria, ya que además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, facilita a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con la atribución relativa. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia visible en la página 373, del Tomo II, diciembre de 1995, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- Una reflexión sobre los preceptos de la Ley de Amparo que regulan el tema de la personalidad y de los criterios sucesivos adoptados por este alto tribunal, conduce a esta Sala a apartarse de las tesis jurisprudenciales publicadas en la compilación de 1988, Segunda Parte, con el número 1302 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (Octava Epoca) números 19-21, con los títulos de 'PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES ILEGAL' y 'PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS AL DICTARSE LA SENTENCIA, NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER', para adoptar el criterio de que el Juez de Distrito no pueda analizar de oficio la personalidad del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de examen oficioso, lo cual da lugar a que, de estar plenamente acreditada, el Juez así la reconozca en el auto admisorio y, de no estarlo, la considere una irregularidad de la demanda que dé lugar a prevenir al promovente en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que la acredite dentro del plazo legal, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tenga por no interpuesta; criterio que además de estar fundado en la Ley de Amparo, es acorde con los imperativos del artículo 17 constitucional y los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, por cuanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en la tramitación de juicios iniciados por quien carece de personalidad para hacerlo y evita los graves daños que se ocasionan, tanto para el sistema de impartición de justicia cuando para las partes. La inobservancia de este criterio, dará lugar a que el tribunal revisor, si estima que no está acreditada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento conforme al artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia con número de registro 2012992, Materia Común, Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Tesis 2a./J. 124/2016, Página 1449, que dice: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." Y la tesis jurisprudencial 1a./J. 106/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 170, del Tomo XXII, Octubre de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con números de registro 177046, en el IUS Intranet, que dice: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional." Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: téngase por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, su oficio número 6854/2021, por medio del cual transcribe el contenido del acuerdo de veinticuatro de agosto pasado, dictado en autos del toca relativo al recurso de queja 180/2021, del cual se advierte que entre otras cuestiones, se admitió a trámite dicho recurso interpuesto por la parte quejosa, en contra del acuerdo de seis de agosto de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo que nos atañe. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria que autoriza y da fe.

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