Gerardo Raúl Morcillo Zetina
Expediente 26/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 21 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 26/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 16/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gerardo Raúl Morcillo Zetina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Se agrega el oficio de la responsable, sin hacer mayor pronunciamiento...
- Principal
MÉRIDA, YUCATÁN, A QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveídos de veintitrés de abril y siete de mayo del presente año, se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada, con lo informado por las autoridades responsables con relación al cumplimiento de la sentencia constitucional; asimismo, en dichos proveídos se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación de dichos proveídos se hizo el ocho de mayo último, sin que a la fecha hubieren hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. Al estimarse fundados los conceptos de violación expuestos, por resolución de veintidós de marzo último, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal solicitado, para el efecto de que la Juez responsable dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio extraordinario hipotecario 331/2014 de su índice, a partir del ilegal emplazamiento y hecho ello, ordenara nuevamente realizar el mismo. Lo que se hizo extensivo a los actos reclamados al actuario de su adscripción y Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado. Por auto de trece de abril de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió a las autoridades responsables su cumplimiento. Por acuerdo de dieciocho de abril del presente año, se agregó un oficio signado por la Juez responsable, en el que informó que por auto de diecisiete de abril del presente año, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio extraordinario hipotecario 331/2014, a partir de la diligencia de emplazamiento al demandado Gerardo Raúl Morcillo Zetina, y comisionó al actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, a fin de que procediera nuevamente a su emplazamiento. Seguidamente, el veintitrés de abril siguiente, se agregaron dos oficios, signados respectivamente por la actuaria adscrita a los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado y la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad, siendo que el primero informó que la sentencia constitucional se encontraba en vías de ejecución y el segundo comunicó que había asentado una anotación de subsistencia e insubsistencia cuyos efectos se habían traducido en dejar vigentes y no vigentes las inscripciones mencionadas en dicho oficio. Por auto de treinta de abril último, se agregaron dos oficios signados respectivamente por la actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y la Juez Tercero Civil, ambos del Primer Departamento Judicial del Estado, en los que la primera informó que había procedido al emplazamiento del demandado en el juicio de origen, aquí quejoso, con resultados infructuosos, y el segundo informó y acreditó que el Notario Público Número Cincuenta y Dos del Estado y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, con residencia en esta ciudad, no había informado sobre la cancelación de la escritura de adjudicación relativa al predio número seiscientos noventa, letra H, de la calle treinta y nueve, letra A, del fraccionamiento Ciudad Caucel, de la localidad del mismo nombre, por lo que por auto de veintisiete de abril último, nuevamente le requirió que dentro del término de veinticuatro horas, ordenara dicha cancelación. Por último, por auto de siete de mayo de dos mil dieciocho, se agregó un oficio signado por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con el que informó y acreditó que ya había quedado cancelada la escritura con número de acta doscientos cincuenta y cinco, de fecha tres de mayo de dos mil diecisiete. En este orden de ideas, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia, se encontraban obligadas a dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio extraordinario hipotecario 331/2014, a partir del ilegal emplazamiento del aquí quejoso y hecho ello, ordenara realizar el mismo, lo que se hizo extensivo al actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, en lo relativo a sus consecuencias jurídicas, lo que efectivamente informaron y acreditaron las citadas responsables. Luego, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la citada Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Sin que sea óbice para arribar a la anterior determinación, el hecho de que el actuario responsable hubieren manifestado que aún no habían logrado verificar el emplazamiento del demandado aquí quejoso, en virtud de que el efecto de la sentencia constitucional, como se dijo anteriormente, fue, en lo que aquí interesa, que se dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen y se ordenara nuevamente el emplazamiento del demandado, independientemente del resultado que pudiere obtenerse en dicha diligencia, sin que ello implicara, para efectos de este juicio, que efectivamente se verificara su emplazamiento. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. En virtud de lo anterior, devuélvase a la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, el legajo de copias certificadas que remitió a este juzgado como justificación del acto reclamado. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda este expediente y la certificación de cuenta que antecede, se acuerda: con conocimiento de las partes, agréguese a estos autos el oficio de cuenta, signado por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, que remite en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de treinta de abril del presente año. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional, dése vista a las partes quejosa y tercero interesada de lo anterior, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, haciéndolo personalmente a las partes quejosa y tercero interesada.
- Principal
Mérida, Yucatán, a treinta de abril de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta signados respectivamente por la actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares y la Juez Tercero Civil ambos del Primer Departamento Judicial del Estado y anexos que acompañan, que remiten en relación al cumplimiento de la sentencia constitucional. Ahora bien, en atención a lo solicitado por la Juez Tercero Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el sentido de que este Juzgado prevenga al aquí quejoso Gerardo Raúl Morcillo Zetina, a fin de que señale un domicilio donde pudiere ser emplazado en el procedimiento de origen, no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que dicha autoridad responsable, se encuentra vinculada al cumplimiento de la sentencia constitucional, en términos de lo ordenado por auto de trece de abril del presente año, por lo que deberá hacer valer los medios legales que tenga a su alcance, a fin de lograr el emplazamiento del demandado Gerardo Raúl Morcillo Zetina al juicio de origen. Sin perjuicio de lo anterior, hágase de su conocimiento que por auto de veintisiete de abril último, se agregó una constancia elaborada por el actuario adscrito a este Juzgado, en la que hizo constar la imposibilidad para notificar a dicha persona, por lo que se ordenó que la notificación de dicho auto, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le hicieran por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto proporcionara un domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, lo cual no ha acontecido. Por lo que toca a lo manifestado por dicha autoridad, en el sentido de que el Notario Público Número Cincuenta y Dos del Estado y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, con residencia en esta ciudad, no ha informado sobre la cancelación de la escritura de adjudicación relativa al predio número seiscientos noventa, letra H, de la calle treinta y nueve, letra A, del fraccionamiento Ciudad Caucel, de la localidad del mismo nombre, Municipio de Mérida, inserta en el acta número doscientos cincuenta del folio treinta y cinco al ciento cuarenta y uno, del tomo veintidós, del protocolo de dicha notaría, por lo que por auto de veintisiete de abril último, nuevamente le requirió que dentro del término de veinticuatro horas, ordenara dicha cancelación. Al efecto, prevéngase a la Juez Tercero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, a fin de que, dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comunique a este Juzgado lo informado con relación a la cancelación de la escritura pública descrita en el párrafo que antecede, en términos del requerimiento que formuló por auto de veintisiete de abril recién transcurrido. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, adicionado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y en vigor a partir del veintiocho de enero siguiente, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
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