Gerardo Rivera Luna
Expediente 1299/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1299/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gerardo Rivera Luna
Actuaciones
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JESÚS ESAU CHALÉ BRICEÑO, contra los actos que reclama del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Dirección General de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, Tabasco; Agente Investigador del Ministerio Público de la Agencia de Colaboraciones y Extravío de Documentos del Estado; y Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ambos con sede en esta capital; por las razones precisadas en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, de donde se advierte que hasta la presente fecha la autoridad responsable foránea Secretario de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, no ha rendido su informe previo, ni obra en autos la tarjeta de acuse de recibo correspondiente al oficio por el que se le solicitó. Por tal motivo, se difiere la referida audiencia y se señalan las once horas con siete minutos del treinta de junio de dos mil veintidós, como nuevas fecha y hora para su celebración. Sin que obste a lo anterior, que el artículo 138 de la Ley de Amparo, dispone que la audiencia incidental deberá celebrarse dentro de los cinco días de promovida la suspensión, sin embargo, tomando en consideración que el domicilio de dicha autoridad responsable se ubica fuera de la residencia de este Juzgado y que por la distancia no es factible que rinda su informe previo en el término aludido es que se fija la fecha referida, a fin de evitar posteriores diferimientos. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 528/2022-VII-A, promovido por William Cetina Alpuche.********************R E S U L T A N D O********************PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, compareció William Cetina Alpuche, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad.********************SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo auto aclaratorio, mediante acuerdo de fecha cuatro de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, la que se registró con el número 528/2022-VII-B, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados.********************De igual forma, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede.********************C O N S I D E R A N D O********************PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación.********************SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de cumplir con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda y no sólo del capítulo que lo refiere; a fin de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa.********************Lo anterior, atendiendo a la jurisprudencia con número de registro P./J. 40/2000, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes:********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."****************************************En el mismo sentido, tiene aplicación la tesis P. VI/2004 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: ********************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."********************En este orden de ideas, como se precisó desde el auto de admisión, el acto reclamado por la parte quejosa es:********************El auto de vinculación a proceso de fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós, dictado por la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, en autos de la carpeta administrativa 317/2021.********************TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama de la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado.********************Certeza que se encuentra corroborada con las constancias emitidas en autos de la carpeta administrativa 317/2021, que adjuntó la responsable en copias certificadas, así como el disco óptico (1) que contiene copia certificada del registro de audio y video de la audiencias de veintiséis y treinta y uno de enero de dos mil veintidós, los que alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que los primeros, son documentos expedidos por servidores públicos en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley; mientras que el restante (disco óptico), contiene las actuaciones llevadas a cabo por la autoridad de primera instancia (Juez de Control) que tienen la certificación de las fechas y lugares en que fueron realizadas, así como, de los hechos que contienen.******************** Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que establece:********************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto."********************Así como, la jurisprudencia 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone:********************"VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga."********************CUARTO. Inexistencia de Causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, porque no existe algún precepto que obligue a ello, además de que no se le causa perjuicio, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad.********************Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:********************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."********************QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. En el caso, debe decirse que los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, resultan infundados acorde a las siguientes consideraciones.********************En lo medular aduce que se vulneraron en su perjuicio los numerales 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se justificaron los requisitos para el auto vinculación a proceso.********************A fin de evidenciar lo anterior, es pertinente precisar que el auto de vinculación a proceso, del cual se duele el quejoso, se encuentra fundamentado en el artículo 19 Constitucional, el cual contiene los requisitos mínimos que deben reunir ese tipo de actuaciones judiciales, a fin de que se justifiquen los efectos de molestia al gobernado, derivados del mismo, por lo que el examen de constitucionalidad del acto que se reclama, se hará a la luz del mencionado precepto legal, el cual textualmente dispone:********************"Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial, podrá exceder del plazo de setenta y dos horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo, y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión."****************************************Por su parte los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen:********************"Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso.********************El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: ********************I. Se haya formulado la imputación;********************II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar;********************III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y********************IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito.********************El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa.********************El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente."****************************************"Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso.********************El auto de vinculación a proceso deberá contener:********************I. Los datos personales del imputado;********************II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y********************III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa."****************************************De la lectura de los preceptos legales invocados, se desprende que para el dictado del auto de vinculación a proceso, deben satisfacerse requisitos de forma y de fondo, a saber: ********************1. Requisitos de forma. Señalización del hecho delictivo que se atribuye al indiciado; fijación del lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de la conducta (formulación de la imputación). ********************2. Requisitos de fondo. Existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.********************Así, para el correcto dictado de un auto de vinculación a proceso, es menester que de los antecedentes de la investigación expuestos oralmente por el Ministerio Público en audiencia ante el Juez de Control, obren datos de prueba de los que se desprendan indicios razonables de que se ha cometido el hecho que la ley contempla como el delito que se le impute al acusado, y el lugar, tiempo y circunstancias de su ejecución, así como que exista probabilidad en su participación por parte del imputado.********************De igual forma, en el auto de vinculación a proceso, el derecho constitucional se satisface, con una correcta y sana crítica de los datos de prueba relacionados, observando las reglas de la lógica, conjugado con los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, en la valoración de aquellos elementos (individual y global), que han servido de basamento, y que llevan a establecer, como enseguida se desarrollará, si los datos de prueba son suficientes para establecer la existencia de un hecho calificado por la ley como delito y, después, la probable comisión o participación en tal evento, razonando en todo momento porqué el Juzgador de Control actúa en determinado sentido.********************Tal afirmación resulta consistente si se considera, ante todo, que la libertad personal (aunque en el sistema penal de corte acusatorio, la prisión preventiva está prevista para casos excepcionales) es un derecho sustantivo fundamental propio e inherente a todo ser humano, por lo que, en caso de que se decrete la medida cautelar consistente en la restricción de ésta, y la misma se prolongue en virtud del auto de vinculación a proceso emitido, las razones deben estar ampliamente justificadas en el acuerdo vinculatorio que, entre otras circunstancias, la produjo.******************** Entonces, de acuerdo a lo antes expuesto, para la emisión de todo auto de vinculación a proceso, es necesaria la concurrencia de las siguientes condiciones fundamentales:******************** a) Que se señale el hecho delictuoso imputado, lugar, tiempo y modo de comisión (forma).******************** b) Que obren datos de prueba suficientes, de los que deriven indicios razonables que establezcan que se ha cometido el hecho delictivo (fondo). ******************** c) La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión (de fondo).********************Ahora bien, este Resolutor Federal estima de cabal importancia destacar que para el dictado de un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, basta con que el Juez de Control encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable.********************Esto es, la emisión del auto de vinculación a proceso no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación. ********************Por tanto, si bien en el proceso penal mixto, el juicio de tipicidad se realizaba precisamente en la etapa temprana de preinstrucción, indicando y acreditando los elementos del cuerpo del delito; en cambio, en el sistema acusatorio oral se parte de una premisa distinta, por lo que sencillamente es menester establecer que un hecho encuadra en un tipo penal, tomando en cuenta que la calificación jurídica de este hecho puede variar, incluso hasta la audiencia de juicio.********************Lo antes ponderado encuentra sustento en la jurisprudencia por contradicción sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2014800, cuyo rubro es: ********************"AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)."****************************************Expuesto lo anterior, debe decirse que, en lo que atañe a los datos de prueba, el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estipula:********************"Artículo 261. El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado."****************************************Para mejor comprensión, se considera pertinente indicar el significado de los conceptos:********************"Idóneo", se conceptualiza como lo adecuado y apropiado para algo.********************"Pertinente", se entiende como el adjetivo empleado respecto de lo que viene a propósito, por ser conducente o concerniente a la controversia.********************"Razonable", se describe como la satisfacción amplia o bastante para lo que se necesita. ********************Finalmente, la "probabilidad" de que el imputado participó en el hecho delictivo, no es otra cosa más, que la revelación de la posible identidad del sujeto activo, bajo las formas de autoría o participación indicadas en el código penal sustantivo.********************Es importante resaltar que el sistema penal acusatorio, si bien facilita que una persona quede vinculada a una investigación, esa vinculación procesal, por sí misma, no trae inherente la imposición de prisión preventiva, salvo los casos excepcionales previstos por la Constitución Federal y en la propia legislación adjetiva federal. ********************Por tanto, el Ministerio Público deberá acreditar y justificar la imposición de las medidas cautelares solicitadas, dentro de las cuales la prisión preventiva reviste una nota de excepcionalidad, en tanto que el segundo párrafo del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que aquélla restricción a la libertad sólo deberá imponerse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.********************De forma genérica, deben distinguirse tres momentos cruciales en la fase de la investigación, cuya verificación, condicionadamente, apertura la subsecuente fase: ********************1. Cuando al Ministerio Público y policía, allegan datos primigenios que hacen factible la investigación; ********************2. Cuando se tienen suficientes datos de prueba que permiten formular y sostener la imputación de un hecho delictuoso a una persona determinada, ante el Juez de Control; lo que tiene como consecuencia que éste pronuncie auto de vinculación al proceso penal; y,********************3. Cuando en virtud de la anterior determinación, se continúa la investigación, teniendo un plazo máximo para decretar el cierre de ésta, en la que podrá solicitarse el sobreseimiento de la causa, la suspensión del proceso o formular acusación.********************Dicho lo anterior, es palmaria la gran trascendencia que tiene el auto de vinculación a proceso en el nuevo sistema penal de corte adversarial, precisamente porque ciñe al imputado a la investigación del hecho delictuoso durante un periodo formal (investigación complementaria), o bien, porque lo libera de esa sujeción, si es que en ese momento no existen suficientes datos de prueba que permitan la sujeción al procedimiento, pero de manera destacada, porque el procedimiento se seguirá por los hechos acotados en tal determinación. ********************En ese sentido, el auto de vinculación a proceso, tiene como efectos jurídicos, entre otros, justificar el acto de molestia a la persona vinculada al mismo, virtud a que continuará siendo investigado por la comisión del hecho ilícito precisado en dicho auto constitucional, lo cual se realizará bajo la observación del Juez de Control, quien velará por los derechos fundamentales del investigado; de ahí que dicho auto requiera que satisfaga los requisitos previstos en los artículos 16 y 19 Constitucionales, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tales como: que sea emitido por escrito, por autoridad competente; que el Ministerio Público realice la imputación; que se funde y motive la causa legal del procedimiento; que se fijen las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución en la comisión del hecho ilícito que se le atribuye, además, que se haya rendido declaración o que haya manifestación de no hacerlo en la forma y con los requisitos que establece la ley; que los datos sean suficientes para establecer que se cometió un hecho determinado en la ley como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado participó en su comisión.********************Ahora bien, es importante señalar que en el sistema penal acusatorio, y bajo los parámetros constitucionales y legales acotados en parágrafos previos, para emitir el auto de vinculación a proceso, únicamente es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, con base en los datos de prueba que haya expuesto el fiscal investigador al Juez de Control, mismos que tuvo a la vista y que deberán encontrar sustento en los registros que obran en la carpeta de investigación correspondiente, la cual excepcionalmente podría ser revisada por la Juez natural, evitando con ello la desnaturalización del régimen penal adversarial, que encuentra en los principios de oralidad y contradicción los pilares que le dan cohesión y eficacia.********************Sirve de sustento a la anterior consideración, por identidad de razón, la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 993, del Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:********************"ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda."********************En ese tenor, de la reproducción de la copia del registro de video y audio de las audiencias de veintiséis y treinta y uno de enero de dos mil veintidós, particularmente esta última en la que resolvió sobre la vinculación a proceso que por esta vía se combate, el cual fue reproducido y analizado por el suscrito Juzgador Federal, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, con la finalidad de estudiar el archivo correspondiente a las acotadas diligencias.********************Medio de convicción al que conforme a lo dispuesto en los artículos 188 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de acuerdo a su artículo 2°, se le concede valor probatorio pleno, por ser idóneos para acreditar lo acontecido en las diligencias que en ellos consta, dada la sistematización procesal del actual sistema penal de corte acusatorio aplicable en esta entidad federativa. ********************Siendo que de la audiencia inicial de veintiséis de enero de dos mil veintidós, se obtiene que en uso de la palabra, el fiscal investigador formuló imputación en contra del quejoso, por hechos que a su parecer actualizan el delito de abuso sexual equipado, previsto y sancionado en los artículos 309 y 310 del Código Penal del Estado de Yucatán (primer requisito que señala la fracción I del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales).********************Enterado de su derecho de declarar o a guardar silencio, en términos del numeral 20, fracción II, del apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa consulta con su defensor particular, el incriminado decidió no declarar (segundo requisito señalado la fracción II del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales).********************De igual manera, a solicitud del fiscal de la causa, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.********************Así, en audiencia de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se emitió auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, por su probable participación en el hecho delictuoso antes precisado; resolución que se tilda de inconstitucional en el presente juicio de amparo. ********************Ahora, la técnica del juicio de amparo impone al órgano de control constitucional, el deber de circunscribirse a la ponderación del juicio de prueba llevado a cabo por la Juzgadora de origen (Juez de Control) y resolver respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho acto; sin que ello implique que este órgano de control constitucional sustituya al Juez natural en la apreciación de los datos de prueba, pues únicamente se limita a analizar la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad responsable para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal.********************Es aplicable, por las razones que la forman, la jurisprudencia 74/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 156/2008-PS, resuelta en sesión de ocho de julio del año en curso, de rubro y texto siguientes: ********************"AUTO DE FORMAL PRISIÓN. CUANDO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO SE COMBATE LA FALTA DE DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE CIRCUNSCRIBIRSE A LA VALORACIÓN DEL JUICIO DE PRUEBA LLEVADO A CABO POR EL JUZGADOR NATURAL. El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto vigente antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) establece que el auto de formal prisión debe contener: el delito que se imputa al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la valoración de los elementos de convicción es una facultad exclusiva del juez de la causa que no pueden ejercitar los jueces de distrito, salvo que se comprueben alteraciones que afecten la actividad intelectual que aquél debe llevar a cabo para otorgar valor determinado a las pruebas; sin embargo, si bien es cierto que el juez de distrito no puede sustituirse al juez natural en la apreciación de los elementos de convicción, también lo es que ello no implica que no pueda revisar el juicio de valoración de la prueba desarrollado por la autoridad responsable, en tanto que el juicio de garantías se circunscribe a analizar la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado, no del medio de prueba en sí. Por tanto, se concluye que cuando a través del juicio de amparo se combate la falta de debida fundamentación y motivación en la valoración de las pruebas relacionadas con los requisitos de fondo del auto de formal prisión -cuerpo del delito y presunta responsabilidad-, el órgano de control constitucional debe circunscribirse a la valoración del juicio de prueba llevado a cabo por el juzgador y resolver respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho auto. Sin que lo anterior signifique que el tribunal constitucional sustituye al juez natural en la apreciación de los elementos de convicción, ya que en el caso aludido, aquél únicamente analiza la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad responsable para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal." ******************** En la citada audiencia de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en la cual se dictó el auto de vinculación a proceso impugnado en esta vía de amparo, se advierte que los hechos que relató la representación social estriban en que el aquí quejoso William Augusto Cetina Alpuche, es la persona que probablemente a las nueve horas del nueve de enero de dos mil veintiuno, encontrándose en el interior del predio número 439-A de la calle 43 por 50 y 52 de la colonia Centro, de esta ciudad, ejecutó actos lascivos explícitamente sexuales en la persona de iniciales M.G.M. que padece retraso mental moderado y en aquel entonces tenía de 21 años de edad; actos consistentes en acariciarle con una de sus manos el pene por encima de la ropa, posteriormente pedirle que se quitara el pantalón y la ropa interior para realizarle sexo oral, y pedirle al referido M.G.M. que con su miembro viril le imponga la cópula en su zona ano-rectal.********************Lo anterior permite establecer razonablemente la existencia de un hecho ilícito que se prevé en los artículos 309 y 310 del Código Penal del Estado de Yucatán, que disponen:****************************************CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN**************************************** CAPÍTULOII ******************** Abuso Sexual ****************************************"Artículo 309.- A quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, un acto lascivo o la obligue a ejecutarlo para sí o en otra persona, sin el propósito de llegar a la cópula, se le impondrá una pena de seis a diez años de prisión y de trescientos a dos mil quinientos días-multa. Si se hiciera uso de la violencia física o psicológica, las penas previstas en este artículo se aumentarán en una mitad. Este delito se perseguirá de oficio. ********************Se entenderá por actos lascivos los tocamientos, manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento."****************************************"Artículo 310.- A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de quince años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de diez a dieciocho de prisión y de cuatrocientos a dos mil quinientos días-multa. Si se hiciere uso de la violencia física o psicológica, la sanción se aumentará hasta en una mitad. Este delito se perseguirá de oficio."************************************************************En ese sentido, la Juez de origen sostuvo que los hechos imputados encuadraban en abuso sexual equiparado, puesto que William Augusto Cetina Alpuche, ejecutó actos lascivos explícitamente sexuales al joven de iniciales M.G.M., quien a pesar de ser mayor de edad por su padecimiento de retraso mental moderado no comprende el significado del hecho. ********************Lo anterior lo tuvo acreditado la Juez del conocimiento, primordialmente, con los datos de pruebas siguientes:********************Con las copias certificadas del expediente número 816/2019, del índice del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial Del Estado, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, promovidas por Alicia Martínez Sabido, a fin de que se declare en estado de interdicción a su hijo M.G.M., en donde obra la sentencia de fecha veinte de febrero de dos mil veinte, en la que entre otras determinaciones, se declaró que el ciudadano M.G.M., se encuentra en estado de interdicción ya que presenta retraso mental moderado, que es un padecimiento incurable que produce incapacidad total permanente que le impide gobernarse a sí mismo y administrar libremente sus bienes y se nombró como su tutor definitivo interdictario al señor Ventura García González, para que lo represente durante el tiempo que dure la interdicción y se encargue de la guardia, su persona y sus bienes. ********************Con la denuncia del ciudadano Ventura García González, padre del agraviado, que presentó en fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno ante el agente del Ministerio Público, en la cual refirió que es tutor definitivo del ciudadano M.G.M. de conformidad con la mencionada sentencia del veinte de febrero de dos mil veinte del índice del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, quien en lo medular denunció que su hijo y representado legal M.G.M. acostumbra salir a comprar el periódico todos los días en un puesto de venta de periódicos y revistas, que se encuentra cerca de su domicilio. ********************Siendo que el día sábado nueve de enero de veintiuno aproximadamente a las nueve de la mañana, su hijo fue a dicho puesto de periódicos y ahí se encontró con una persona a la que le dicen "Tito Cetina", que al parecer es un adulto mayor y carece de la mitad de un brazo, y dicha persona le dijo a su hijo que en su casa tenía muchas películas y revistas pornográficas las cuales les mostraría siempre y cuando lo acompañara a su domicilio.********************Relató que mediante dichas promesas el sujeto llevó a su hijo hasta su domicilio y ya estando dentro del mismo, reprodujo en la televisión una película pornográfica y posteriormente lo empezó a acariciar y tocar en su miembro viril y le practicó sexo oral; después, lo obligó a que tuvieran relaciones sexuales pues "Tito Cetina" lo obligó a penetrarlo analmente y una vez que eyaculó el joven M.G.M., el mencionado Tito Cetina le dijo que no le mencionara a nadie lo que había sucedido y que podía regresar a su casa cuando quisiera. ********************Siendo el caso que al día siguiente de los hechos, su hijo empezó a experimentar cambios en su conducta, tornándose muy irritable y no quería probar alimento en todo el día y de lo acontecido se enteró dos días después; esto, en la inteligencia que su hijo le había contado todo lo acontecido a su tío de nombre Christopher Vázquez Martínez (quien en realidad es su primo pero le dice tío).********************Narra que el once de enero de veintidós en la tarde, cuando su tío, el referido Vázquez Martínez, llevó a clases de natación a M.G.M., éste le contó lo acontecido pero le suplicó a su tío que no le dijera nada a sus padres, pero que lo ayudara a comprar una crema para sus partes íntimas ya que tenía mucha comezón en esa zona del cuerpo; sin embargo, su tío le dijo que sus padres tenían que estar enterados de lo que había sucedido, por lo que ese mismo día (once de enero de dos mil veintiuno), aproximadamente a las diecinueve o veinte horas al regresar su hijo a su domicilio en compañía de su tío, es que les relató a él y a su esposa todo lo que había acontecido.******************** Hechos que describió el referido denunciante mediante memorial ratificado ante el agente del Ministerio Público en fecha veintisiete de enero del año veintiuno.********************Con el certificado médico de fecha veintisiete de enero de veintiuno, suscrito por el médico forense Génesis Enrique Torres Galván, adscrito al Instituto de Ciencias Forenses, en el que se valoró al ciudadano M.G.M. acompañado de su padre Ventura García Martínez; quien posterior a un examen proctológico y psicofisiológico concluyó que el joven no presentó huellas de lesiones al examen proctológico y sin datos de penetración ano rectal, y tampoco presentó huellas de lesiones al momento de la valoración.********************Con el dictamen en materia de psiquiatría del cinco de abril de dos mil veintiuno, suscrito por el médico psiquiatra Raúl Alonso Ávila Díaz, quien después de valorar al ciudadano M.G.M., en el área de asuntos periciales del Hospital Psiquiátrico del Estado de Yucatán, concluyó que aquel presenta un padecimiento mental clasificado como retraso mental moderado que le impide actuar a voluntad y le dificulta discernir entre conductas que es de su agravio, es decir, que pudiera hacerlo incapaz de comprender un hecho ilícito del que fuera víctima. ********************Con la entrevista realizada a Christopher Vázquez Martínez, quien manifestó que es primo del ciudadano M.G.M. aunque le dice "tío", y en relación a los hechos que se investigan, refirió que el día once de enero de dos mil veintiuno, acudió con su primo a clases de natación y lo notó molesto y con cambios en su estado de ánimo, y al llegar a las clases de natación, en específico, en el estacionamiento, su primo le contó que en días pasados, el señor al que conoce como "Tito Cetina", lo llevó a su casa y en el lugar reprodujo películas pornográficas y le practicó sexo oral y posteriormente, lo obligó a tener relaciones sexuales, pues "Tito" le pidió que lo penetrara en su zona ano-rectal, por lo que ese día no tomaron sus clases de natación y regresaron al domicilio para hacer del conocimiento de sus tíos de lo sucedido.********************Con el acta de entrevista de Alicia Martínez Sabido, quien es madre del agraviado, en la que refirió que en relación a los hechos que se investigan, el día once de enero del dos mil veintiuno, por la noche, regresó su sobrino Christopher con su hijo, de clases de natación pues no ingresaron a dichas clases ya que tenían algo que decirles a ella y a su esposo, por lo su hijo les contó lo que sucedió, mismos hechos que narró su esposo en su denuncia.********************Con el acta de nacimiento A-31/3174846 de fecha catorce de abril de dos mil cuatro, que contiene el nombre de filiación del ciudadano M.G.M. registrando como fecha de nacimiento el doce de julio de mil novecientos noventa y nueve; en el que se encuentran asentados los datos de filiación de la persona registrada y como progenitores el ciudadano Ventura García González y la ciudadana Alicia Martínez Sabido; esta certificación fue expedida por la maestra en derecho Celia María Rivas Rodríguez, quien es directora del Registro Civil del Estado, en fecha once de febrero del año dos mil veinte.********************Con la declaración del ciudadano M.G.M., en la cual señaló sus datos personales, su edad, que vive con su papá Ventura García, su mamá Alicia Martínez y con su perrita, en la colonia Jesús Carranza y relató lo manifestado por su padre en la denuncia respectiva. ********************Con el informe policial homologado de investigación de fecha siete de mayo del año veintiuno, suscrito por el policía primero José Domínguez Pérez Sánchez, agente de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública, adscrito a la comandancia de Delitos Sexuales; en el cual refiere que al inicio de sus investigaciones, y con los datos aportados en la carpeta de investigación respectiva, se constituyó a la colonia Carranza de la ciudad de Mérida, Yucatán, donde se entrevistó con los ciudadanos Ventura García González, Christopher Vázquez Martínez y Alicia Martínez Sabido. ********************De igual manera, acudió al domicilio de la colonia Centro, el cual es el domicilio del ciudadano William Augusto Cetina Alpuche, levantando el acta correspondiente.********************Con el dictamen en materia de psicología de fecha ocho de septiembre del año veintiuno, suscrito por Luis Renán Salazar Novelo, perito en psicología del Instituto de Ciencias Forenses, quien previa valoración del ciudadano M.G.M., concluyó que éste no presentó alteraciones en sus recuerdos de los hechos denunciados, sus verbalizaciones son concretas dentro de la narrativa de los hechos, ya que le fue complicado referir algunas fechas exactas, sin embargo tuvo la noción del mes que ocurrieron, esto debido a la condición congnitiva que posee de deterioro mental; señalando que en todo momento se mostró colaborador y no manifestó alteración tanto en su discurso como en sus ademanes al momento de hablar de los hechos.********************Con la inspección técnica del lugar de los hechos de cuatro de octubre del año dos mil veintiuno, realizado por el criminalista técnico operativa Raúl Eduardo García Cue, documental referente a la inspección del predio de la calle 43, número 439-A por 50 y 52 de la colonia Centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán; en la que se describió el referido inmueble señalando que se ubica en el costado norte de la calle 43 entre los cruzamientos 50 hacia el este y 52 hacia el oeste en el fraccionamiento tiene un código postal según nomenclatura físicas ubicadas en la esquina de la calle 97000 es un predio habilitado como casa habitación de una sola planta piso nivel su frente está pintada de color blanco con motivos azules y herrería artística de color negro en la puerta principal ventanas puerta de madera al frente de la puerta de madera se observa la insignia con el número 439/A al costado de este predio se ubican predios habilitados con número de registro fotográfico es el 6110/2021 y refirió que tomó 13 fotografías y que de estas imágenes fotográficas se emitieron las impresiones fotográficas de fecha dieciséis de noviembre de veintiuno suscritas por Gilberto Antonio Koyoc Oxté, perito coordinador del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado.********************Pues bien, los datos de prueba relatados por el fiscal estatal, entendidos como la simple referencia al contenido de determinados medios de convicción aún no desahogados ante el órgano jurisdiccional, conforme con el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales; dejan de manifiesto que la Juez responsable correctamente los consideró idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, a los que asignó de manera libre y lógica el valor correspondiente; lo cual adecuadamente justificó, explicando el porqué de su valoración, con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de los elementos de prueba, en términos del numeral 265 de la codificación nacional en cita.********************Así, con tales datos de prueba relacionados, es dable establecer el hecho que la ley señala como ilícito, esto es, abuso sexual equiparado, previsto y sancionado con pena privativa de libertad por los artículos 309 y 310 del Código Penal del Estado, querellado por Ventura García González, padre y tutor del joven M.G.M.********************Pues en el caso particular se genera la convicción de que probablemente William Augusto Cetina Alpuche, aproximadamente a las nueve horas del nueve de enero de dos mil veintiuno, le pidió al ciudadano M.G.M. que lo acompañara a su domicilio en el predio número 439-A de la calle 43 por 50 y 52 de la colonia Centro, de esta ciudad, para ver películas pornográficas y en el acto comenzó a acariciarle su pene con una de sus manos por encima de la ropa, para posterior pedirle que se quitara el pantalón y la ropa interior, procediendo a practicarle sexo oral; y posteriormente le pidió al referido M.G.M. que con su miembro viril le impusiera la cópula en su zona ano-rectal, y si bien el joven M.G.M. era mayor de edad al momento de los hechos, padece retraso metal moderado por lo que no tiene la capacidad de comprender el significado del hecho acontecido y por lo tanto de consentirlo. ********************Los anteriores datos de prueba, tal y como se adelantó, fueron correctamente analizados por la Juez responsable en concordancia con el artículo 20, apartado A, fracciones II y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que además pone de manifiesto que no se encuentra demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación en favor de los imputados, aquí quejosos.********************En efecto, contrario a la apreciación del quejoso, en el caso existe la probabilidad (entendiéndose que no se requiere prueba plena de demostración), de que el imputado cometió el hecho, pues como se apuntó, existe el señalamiento del ciudadano M.G.M., la denuncia por parte de su padre Ventura García González, así como las entrevistas realizadas a los ciudadanos Alicia Martínez Sabido y Christopher Vázquez Martínez.********************Y de las copias certificadas del expediente número 816/2019, del índice del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial Del Estado, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, promovidas por Alicia Martínez Sabido, se advierte que dicha autoridad competente declaró al ciudadano M.G.M. en estado de interdicción ya que presenta retraso mental moderado, que es un padecimiento incurable, que le impide gobernarse a sí mismo.********************De igual manera, el dictamen en materia de psiquiatría de fecha cinco de abril de dos mil veintiuno, suscrito por el médico psiquiatra Raúl Alonso Ávila Díaz, confirma que el ciudadano M.G.M. presenta retraso mental moderado que le impide actuar a voluntad y le dificulta discernir entre conductas que es de su agravio, que pudiera hacerlo incapaz de comprender el hecho ilícito del que fuera víctima. ********************Además del dictamen en materia de psicología llevado a cabo el ocho de septiembre del año veintiuno, por el perito en psicología Luis Renán Salazar Novelo adscrito al Instituto de Ciencias Forenses, del que se desprende que el ciudadano M.G.M. no presentó alteraciones en sus recuerdos cuando narró los hechos denunciados a pesar de que le fue complicado referir algunas fechas exactas debido a la condición congnitiva que presenta.********************De lo anterior, la Juez responsable acertadamente estableció el grado de razonabilidad, para concluir que sí se justifica el hecho ilícito y la probabilidad de que el imputado lo cometió, así como tomó en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (se citaron hechos que pueden tipificar el delito e información que se puede constituir como datos y no pruebas), también la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), realizada por la autoridad responsable, lo cual es acorde con los datos de prueba relacionados por la fiscalía estatal, por lo que la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados en la audiencia), también fue abordada correctamente por la Juez de referencia.********************En ese sentido, son infundados los conceptos de violación referidos, los cuales se proceden a analizar de manera conjunta del capítulo respectivo así como en los razonamientos esgrimidos en los antecedentes del acto reclamo pues tienden a demostrar la contravención del acto reclamado aunque no se encuentren en el capítulo relativo, esto, de conformidad con la tesis VIII.3o. J/30, consultable en la página 2601 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, con número de registro 167756, con rubro y texto siguientes:********************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LO SON TODOS AQUELLOS RAZONAMIENTOS QUE SE CONTENGAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS Y QUE TIENDAN A DEMOSTRAR LA CONTRAVENCIÓN DEL ACTO RECLAMADO A LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN TRANSGREDIDOS, AUNQUE NO SE ENCUENTREN EN EL CAPÍTULO RELATIVO. El artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo no exige que los conceptos de violación se expresen con determinadas formalidades indispensables, ya que basta considerar que la demanda de amparo es un todo que debe analizarse en su conjunto; de ahí que deban estimarse como conceptos de violación todos aquellos razonamientos que se contengan en la demanda de garantías que tiendan a demostrar la contravención del acto reclamado a los preceptos constitucionales que se estiman transgredidos, aunque no se encuentren en el capítulo relativo; esto es, deben examinarse todos y cada uno de los capítulos que se contengan en la demanda para determinar la existencia de conceptos de violación y analizarlos al dictar la sentencia respectiva y no limitarse únicamente al capítulo relativo."********************En síntesis, en sus conceptos de violación el quejoso alega que no se satisfacen los requisitos del artículo 19 Constitucional para el dictado de la vinculación a proceso en su contra, ya que los datos de prueba son insuficientes para ese fin, pues -refiere, medularmente lo siguiente: ********************Que en la denuncia no se le señaló directamente sino a "Tito Cetina";********************Que la madre del agraviado no sabe ni le consta que su hijo estuviera con él, el día y hora de los hechos pues se enteró de ello por el ciudadano Christopher Vázquez Martínez; ********************Que de los exámenes practicados se advierte que el ciudadano M.G.M. no presentó ninguna lesión al momento de su valoración.********************Que en el informe Policial Homologado rendido por el agente de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública, adscrito a la comandancia de Delitos Sexuales, solamente llenó unos formatos que está acostumbrado a utilizar, limitándose a manifestar y corroborar lo dicho en la denuncia por el ciudadano Ventura García González;********************Que considera que son irrelevantes las diversas fotografías presentadas por Gilberto Antonio Koyoc Oxté, perito coordinador del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, por lo que no deberían considerarse;********************Que es una persona de la tercera edad que padece hiperplasia prostática benigna por lo que tiene una discapacidad permanente. ********************Como se adelantó, contrario a lo que argumenta el quejoso, con tales datos de prueba, es posible determinar la existencia del hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual equiparado, previsto y sancionado por los precitados artículos 309 y 310 del Código Penal del Estado de Yucatán; así como la probabilidad de que el imputado lo cometió.********************Toda vez que en el caso particular se generó convicción de que el día nueve de enero de dos mil veintiuno (tiempo), en la calle cuarenta y tres, número cuatrocientos treinta y nueve letra "A" por cincuenta y cuenta y dos, de la colonia Centro, de esta capital de Mérida, Yucatán (lugar), alrededor de las nueve horas, el imputado William Augusto Cetina Alpuche ejecutó actos sexuales en el joven de iniciales M.G.M., quien padece retraso mental moderado y en aquel entonces tenía de 21 años de edad, los cuales consistieron en acariciarle con una de sus manos el pene por encima de la ropa, pedirle que se quitara el pantalón y la ropa interior y realizarle sexo oral, y posteriormente pedirle al referido M.G.M. que con su miembro viril le imponga la cópula en su zona ano-rectal (circunstancias de ejecución), y debido al padecimiento de la víctima no tenía la capacidad de comprender el significado del hecho.********************De manera que, analizando los datos de prueba que expuso la Fiscalía, en concordancia con lo previsto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es factible establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió; por lo que la resolución de la Jueza responsable también cumple con el tercer requisito que señala la fracción III, del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales.********************En cuanto al último requisito previsto en la fracción cuarta del invocado numeral, también se surte, dado que no se encuentra demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación en favor del imputado, aquí quejoso.********************Cuenta habida que, respecto a los datos de prueba, no debe perderse de vista que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no se necesita prueba plena, sino única y exclusivamente que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió, tal y como sucede en este caso; ya que el estándar probatorio es menor de aquél que se requiere para el dictado de un auto de formal prisión, pues cabe recordar que aquí sólo se necesita "la probabilidad" de que el imputado cometió el delito, en la medida que el auto de vinculación a proceso sólo fija el hecho o hechos materia de la investigación y el eventual juicio, en términos del artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales.********************De este modo se reitera que la Jueza para el dictado del auto de vinculación que aquí se reclama tomó en cuenta la denuncia presentada, concatenada con las entrevistas de los familiares del agraviado, así como las documentales, fotografías, el informe pericial y los exámenes médicos practicados, y ser coincidentes entre sí, por lo que sí quedó identificado el aquí quejoso William Augusto Cetina Alpuche como la persona que posiblemente ejecutó actos sexuales en el la persona del joven de iniciales M.G.M., que por el retraso metal moderado que padece no tenía la capacidad de comprender el significado del hecho. De igual manera, se identificó el lugar en el que probablemente ocurrieron los hechos.********************Ahora bien, en cuanto a las alegaciones de que con los exámenes médicos no se demostró que M.G.M. presentara alguna lesión al momento de su valoración y que él es una persona de la tercera edad que padece hiperplasia prostática benigna; como acertadamente valoró la juez de Control en la audiencia de treinta y uno de enero del año en curso, dichas circunstancias no se encuentran controvertidas, pues en el relación al primer hecho, a él se le reclama que obligara al ciudadano M.G.M. a penetrarlo y no al contrario, por lo que en ese sentido aquel joven no presenta una lesión, y en relación a su edad y su padecimiento, las mismas se sostienen con las documentales que adjuntó, por lo que se insiste, dichas circunstancias no se encuentras controvertidas.********************De ahí que, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, el auto de vinculación a proceso dictado el treinta y uno enero de dos mil veintidós, en la carpeta administrativa 317/2021, es apegado a derecho; ya que cumple con lo establecido en el artículo 19 Constitucional, así como los requisitos que contemplan los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales; aunado a que la resolución se encuentra debidamente fundada y motivada, como se analizó; y, además, se dictó por el hecho que fue motivo de la imputación, el cual fue cabalmente analizado y valorado conforme a la etapa procesal en que estaban.********************Por todo lo anterior, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso y no advertirse motivo alguno favorable en la queja que deba suplirse de oficio, procede negarle el amparo y protección de la Justicia Federal.********************SEXTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales.********************Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares.********************Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: ********************"DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; ********************Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública.********************De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo.********************SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. ********************OCTAVO. Expedición de copias. Por último, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. ********************Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se********************R E S U E L V E:********************PRIMERO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a WILLIAM CETINA ALPUCHE contra el acto que reclamó de la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad; por las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución.********************SEGUNDO. Al causar ejecutoria la sentencia, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto. ********************TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. ********************CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. ********************Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
ELECTR.Mérida, Yucatán, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el informe justificado rendido por la Subdirectora de Área adscrita a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, recibido vía electrónica en este Juzgado, mediante el uso de la FIREL; sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, toda vez que por proveído de diez de mayo pasado se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. Independientemente de lo anterior, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones relacionadas con el presente asunto, así como sus delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, los señalados para tal fin en su informe de cuenta. Notifíquese y cúmplase.
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