Gerardo Rodríguez García
Expediente 235/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 39 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 235/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 09/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gerardo Rodríguez García
- Gerardo Rodríguez García y Otros.
- director del Centro de Reinsercción Social número 14 Durango CPS, Durango
- Carlos Bibiano Castro Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que el plazo de quince días con el que la parte quejosa contaba para interponer el recurso de inconformidad previsto por el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo en contra del acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se declaró cumplido el fallo protector ha transcurrido, sin que hicieran valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, se declara consentido el proveído en donde se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo previsto por el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en este juicio de amparo se otorgó la protección constitucional a los justiciables en relación con los actos reclamados, en términos de lo estatuido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del citado Acuerdo este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso b) del arábigo 18 del propio Acuerdo de observancia general; en consecuencia, se ordena su depuración. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes que conforme a los criterios de valoración establecidos por los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años contado a partir de la notificación del auto en donde se ordenó su archivo y una vez cumplido ese plazo dentro de los noventa días siguientes se procederá a su depuración, por lo que deberán conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la ejecutoria de once de febrero de dos mil diecinueve, que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito dicto en toca del recurso de revisión 720/2018, en donde la Superioridad modificó el fallo impugnado, por lo que sobreseyó en este juicio constitucional respecto de un inconforme y confirmó la resolución recurrida en cuanto al resto de los disidente, el proveído de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, el auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, en donde se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo y la presente determinación. Terminado el proceso de depuración este órgano jurisdiccional solicitará la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
".San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que el plazo concedido a la parte quejosa para que expresara lo que a su interés conviniera respecto de los informes de cumplimiento y las constancias que las autoridades responsables exhibieron, los cuales se recepcionaron en los autos de once de marzo, de ocho y de veintitrés de abril, de veintiocho de junio, de treinta y uno de julio, de quince de agosto, de cinco, de dieciocho y de veinticinco de septiembre, todos del dos mil diecinueve, así como en los acuerdos de siete de febrero y de once de marzo, las últimas dos datas de dos mil veinte, y en el diverso de veintitrés de septiembre del año en curso, transcurrió del uno al cinco de octubre de la presente anualidad, sin que hubiera realizado manifestación alguna al respecto. Por tanto, este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo que en derecho corresponde en cuanto al cumplimiento del fallo protector. I. Efectos de la concesión del amparo. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se dictó la sentencia en este asunto en la que se concedió la protección constitucional a Edgar Antonio Ayala Facundo, ****z para los efectos siguientes: "[.] 1. Que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, deje insubsistentes los oficios que contienen las ordenes de traslado de ***, contenidas en los oficios ** y *** de doce de diciembre de dos mil diecisiete, para llevarlo al Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXACA". 2. En caso de que los mencionados quejosos se encuentren actualmente en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 CPS-Oaxaca, los regrese al lugar donde se encontraban recluidos previamente a la emisión de la orden de traslado reclamada, esto es, al Centro Federal de Reinserción Social número Catorce "CPS-DURANGO" con residencia en Gómez Palacio, Durango. 3. Las restantes autoridades en el ámbito de sus funciones informen lo relativo para tener por cumplido el presente fallo protector. 4. Finalmente, si el Comisionado responsable insiste en ordenar el traslado de los quejosos deberá acudir ante el juez correspondiente para que esta autoridad judicial autorice la orden de traslado. [.]" Ese fallo fue impugnado por el Comisionado de Prevención y Readaptación Social a través del recurso de revisión que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito bajo el toca 720/2018, en cuya ejecutoria de once de febrero de dos mil diecinueve, modificó la resolución recurrida, por lo que sobreseyó en este juicio de amparo en cuanto al quejoso Víctor Manuel Cervantes Vega y confirmó dicha sentencia en cuanto al resto de los inconformes. Ahora, es necesario precisar que esta determinación solo comprende a los quejosos ****, porque en cuanto a los diversos disidentes **** en los autos de once de marzo de dos mil diecinueve, y de veintiuno de abril del año en curso, se declaró que no existía materia para la ejecución del fallo protector, por las razones establecidas en esas determinaciones, las cuales no fueron impugnadas y se encuentran firmes. II. Actos que las autoridades responsables deben llevar a cabo para cumplir el fallo protector. Para cumplir la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables Comisionado de Prevención y Readaptación Social y los Directores Generales de los Centros Federales de Readaptación Social Catorce "CPS-Durango" con residencia en Gómez Palacio, Durango, y Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, debían realizar lo siguiente: a) El Comisionado de Prevención y Readaptación Social debía dejar insubsistentes los oficios que contenían las órdenes de traslado de ***, en particular, los oficios ***y **** de doce de diciembre de dos mil diecisiete, para llevarlos al Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca". b) En el caso de que los mencionados quejosos se encontraran en el Centro Federal de Readaptación Social 13 "CPS-Oaxaca", tenía que regresarlos al lugar donde se encontraban recluidos previamente a la emisión de las órdenes de traslado reclamadas, esto es, al Centro Federal de Reinserción Social Catorce "CPS-Durango" con residencia en Gómez Palacio, Durango. c) Los Directores Generales de los Centros Federales de Readaptación Social Catorce "CPS-Durango" con residencia en Gómez Palacio, Durango, y Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en el ámbito de sus funciones debían informar lo relativo para tener por cumplido el fallo protector. III. Acciones que las autoridades responsables realizaron para acatar la ejecutoria de amparo. Las autoridades responsables Comisionado de Prevención y Readaptación Social y los Directores Generales de los Centros Federales de Readaptación Social Catorce "CPS-Durango" con residencia en Gómez Palacio, Durango, y Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, rindieron diversos informes de cumplimiento a los que anexaron distintas documentales, los cuales se recepcionaron en los autos de once de marzo, de ocho y de veintitrés de abril, de veintiocho de junio, de treinta y uno de julio, de quince de agosto, de cinco, de dieciocho y de veinticinco de septiembre, todos del dos mil diecinueve, así como en los acuerdos de siete de febrero y de once de marzo, las últimas dos datas de dos mil veinte, y en el diverso de veintitrés de septiembre del año en curso. Los instrumentos exhibidos por las responsables tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los normativos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su ordinal 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación , de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." IV. Estudio del cumplimiento. Del análisis de los informes de cumplimiento de la ejecutoria de amparo y de las constancias que las autoridades responsables exhibieron se advierten los aspectos siguientes: El Comisionado de Prevención y Readaptación Social de manera expresa dejó insubsistentes los oficios SEGOB/CNS/OADPRS/29826/2017 y SEGOB/CNS/OADPRS/29830/2017 de doce de diciembre de dos mil diecisiete, respecto de los quejosos *** y de manera implícita en cuanto al disidente ***, en donde dispuso su traslado al Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y materializó el retorno de los disidentes al Centro Federal de Reinserción Social Catorce "CPS-Durango" con residencia en ***. Tales situaciones se corroboran con el oficio OADPRS/14364/2019 de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, del acta administrativa 172/2018 y su continuación de cuatro de julio de dos mil dieciocho, del acta administrativa 190/2019 de veintisiete de julio de dos mil diecinueve, del acta administrativa de ingreso 066/2019 de veintiséis de julio de dos mil diecinueve, y del acta administrativa de entrega recepción 59/2019 de catorce de junio de dos mil diecinueve. Además, se detecta que los Directores Generales de los Centros Federales de Readaptación Social Catorce "CPS-Durango" con residencia en Gómez Palacio, Durango, y Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en el ámbito de sus funciones informaron las acciones adoptadas relacionadas con la insubsistencia de los actos reclamados y con el retorno de los quejosos a la penitenciaria donde se encontraban recluidos antes de la emisión de esas actuaciones. Así, con las acciones que los entes responsables realizaron se acredita que se dejaron insubsistentes los oficios *** y *** de doce de diciembre de dos mil diecisiete, respecto de los quejosos ***, en donde dispuso su traslado al Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y se materializó su retorno al Centro Federal de Reinserción Social Catorce "CPS-Durango" con residencia en Gómez Palacio, Durango; aunado a lo anterior, se informó las acciones efectuadas relacionadas con la insubsistencia de los actos reclamados y con el retorno de los quejosos a la penitenciaria donde se encontraban recluidos antes de la emisión de esas actuaciones. Con base en lo anterior, es factible sostener que las autoridades responsables Comisionado de Prevención y Readaptación Social y los Directores Generales de los Centros Federales de Readaptación Social Catorce "CPS-DURANGO" con residencia en Gómez Palacio, Durango y Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, acataron la ejecutoria de amparo. Con las actuaciones descritas que las autoridades responsables realizaron en consideración de este órgano jurisdiccional acataron el fallo protector, por lo que con fundamento en lo dispuesto por ordinal 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio constitucional. En el presente proveído se declara cumplido el fallo protector en términos de lo que dispone la jurisprudencia 2a./J. 201/2009 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expone: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintiuno. Agréguense sin mayor proveído los instrumentos presentados por el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, dado que el veintitrés de septiembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con todas las constancias que obran en autos asociadas con el cumplimiento del fallo protector para que dentro del plazo de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con ese aspecto; por tanto, resulta innecesario hacer algún pronunciamiento en cuanto a los documentos exhibidos. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se requirió al Director General del Centro Penitenciario Federal Dieciocho "CPS-Coahuila", con sede en ***, Coahuila, la remisión de las constancias que evidenciaran que el quejoso ** fue puesto en libertad, sin que en el expediente en el que se actúa obren esas actuaciones. En razón de lo anterior, con apoyo en lo establecido por el normativo 192 de la Ley de Amparo requiérase nuevamente al Director General del Centro Penitenciario Federal Dieciocho "CPS-Coahuila", con residencia en Ramos Arizpe, Coahuila, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del momento siguiente al en el que reciba el comunicado que derive del presente acuerdo, remita copias certificadas ordenadas, completas y legibles de todas las constancias que demuestren que el justiciable ** fue puesto en libertad, incluida la boleta de libertad respectiva, dado que esas actuaciones son necesarias para emitir un pronunciamiento sobre la imposibilidad de acatar el fallo protector que la responsable Comisionado del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social expuso en este asunto. Se apercibe a la autoridad penitenciaria que de no cumplir con el requerimiento formulado o no informar el impedimento que tenga para ello se impondrá en su contra una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización al momento en el que incurra en la conducta sancionada, en términos de lo previsto por los numerales 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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