Gerardo Valeriano Pérez o Gerardo Ramón Valeriano Pérez
Expediente 215/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 215/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gerardo Valeriano Pérez o Gerardo Ramón Valeriano Pérez
- Gerardo Valeriano Pérez o Gerardo Ramón Valeriano Pérez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Mesa de Amparo III-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de agosto de dos mil dieciocho. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo sin que lo haya hecho. En consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archívese este expediente como asunto concluido. Se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción. [...]. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación que antecede, en este expediente no existen documentos considerados originales... Hágase del conocimiento de las partes..., el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal , para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
". San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 215/2018. Desechamiento. Este juzgado considera que debe desecharse la demanda de amparo promovida por . . .. En el caso, la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable Comisión Federal de Electricidad, a través de quien resulte ser su representante o apoderado legal y del Superteniente Básico de Zona Oaxaca, CFE SSB División Comercial Sureste, lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: A).- El Cobro indebido de $1391 (UN MIL TRECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CERO CENTAVOS 00/100 M.N.) B).- La suspensión inminente del servicio de energía eléctrica, mismo que se me brinda por parte de la Comisión Federal de Electricidad". Lo anterior, con motivo del ajuste relativo al período comprendido del 12/04/2016 al 12/04/2017, derivado de una verificación efectuada el veintiuno de abril de dos mil diecisiete, de la cual refiere no recibió aviso, citatorio o notificación y en su ausencia y en la que se obtuvo como resultado que en su domicilio se consumía energía eléctrica a través de instalaciones que evitaban, alteraban e impedían el funcionamiento normal de los equipos o instrumentos de medición utilizando energía en forma y cantidad que no está autorizada en su contrato de suministro de energía eléctrica, es decir, que existía una diferencia entre la energía eléctrica facturada y la que realmente se consumió y que se hizo de su conocimiento mediante copia del oficio número DK09A-179/2018, de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, que le entregaron por debajo de la puerta en su domicilio. En las relatadas consideraciones, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación al numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, al no estar en presencia de actos de autoridad, preceptos cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo con tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". Causal de improcedencia fundada que imposibilita jurídicamente a este juzgador emprender el análisis de fondo, tocante al acto que por esta vía pretende combatir el quejoso, consistente en el ajuste de consumo de energía eléctrica durante los períodos que refiere (12/04/2016 al 12/04/2017), ya que dicha circunstancia deriva de un acto comercial donde la emisora (Comisión Federal de Electricidad) no funge como autoridad, sino más bien se trata de cuestiones inherentes al campo de derechos y obligaciones que derivan del contrato de suministro de energía eléctrica. Para dar sustento a la calificativa aludida, resulta oportuno tener presente el contenido del artículo 30 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada, así como el numeral 43 del Reglamento de dicha ley -cabe precisar que si bien dichos artículos no fueron citados en los actos reclamados, son útiles para justificar la relación entablada entre el quejoso y la Comisión Federal de Electricidad, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 30.- La venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las condiciones de la prestación de los servicios que deban consignarse en los contratos de suministro y de los modelos de éstos, serán aprobadas por la Secretaría de Economía, oyendo a la de Energía. Dichas formas de contrato se publicarán en el Diario Oficial de la Federación" "Artículo 43. El suministrador es el único facultado para vender energía eléctrica destinada al servicio, previa celebración del contrato de suministro correspondiente y de acuerdo con las tarifas aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las disposiciones correspondientes a la contratación, facturación, prepago de energía eléctrica, medición, contenido del aviso-recibo, períodos de consumo y demás conceptos relacionados con la venta de energía eléctrica, estarán contemplados en el Manual de disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctrica destinada al servicio público, que elaborará el suministrador y aprobará la Secretaría. Dicho manual se publicará en el Diario Oficial de la Federación". De los reproducidos artículos se advierte que los actos que despliega la Comisión Federal de Electricidad, en relación con la prestación del servicio público de energía eléctrica, entre otros, es el suministro de energía eléctrica a quien lo solicite, mediante la suscripción del contrato respectivo. Es así, porque el artículo 43 del Reglamento expresamente disponía que el suministrador es el único facultado para vender energía eléctrica destinada al servicio, previa celebración del contrato de suministro correspondiente y de acuerdo con las tarifas aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por tanto, si bien es verdad que de las constancias del sumario constitucional no se advierte que se haya exhibido el contrato respectivo, esa razón no resulta suficiente para desvirtuar la actualización de la citada causal de improcedencia, dado que no sería factible que el impetrante acudiera a defender su derecho de suministro de energía eléctrica sí previamente no hubiera contratado con la Comisión Federal de Electricidad. Máxime que en la legislación aplicable vigente, específicamente en el artículo 51 de la Ley de la Industria Eléctrica, se prevé también que previo al inicio del suministro básico, el usuario final deberá celebrar un contrato de suministro con un suministrador. Por tanto, la causa de improcedencia se sustenta primordialmente en la existencia del contrato de suministro de energía eléctrica, pese a que no se exhibió como prueba, pues su existencia queda patentizada con las disposiciones legales citadas líneas precedentes. Además, conforme a la normatividad vigente ahora es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, y ha dejado de ser un organismo público descentralizado, que fue una de las cuestiones torales por las que, en su momento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la llegó a considerar como autoridad para los fines del juicio de amparo. Sin embargo, la nueva normatividad obliga a analizar si en la actualidad las funciones que realiza la Comisión Federal de Electricidad, constituyen actos desplegados por el Estado, en tanto que ahora, la legislación secundaria prevé que la comercialización de la energía eléctrica ya no es una actividad exclusiva de aquél. En ese sentido, los artículos 1, 4 y 5 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada el once de agosto de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, establecen lo siguiente: "Artículo 1. La presente ley es reglamentaria de los artículos 25, párrafo cuarto; 27 párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica. Las disposiciones de esta ley son de interés social y orden público. Esta ley tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes." "Artículo 4. El suministro eléctrico es un servicio de interés público. La generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional son de utilidad pública y se sujetarán a obligaciones de servicio público y universal en términos de esta ley y de las disposiciones aplicables, a fin de lograr el cabal cumplimiento de los objetivos establecidos en este ordenamiento legal. Son consideradas obligaciones de servicio público y universal las siguientes: I. Otorgar acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución en términos no indebidamente discriminatorios; II. Ofrecer y prestar el suministro eléctrico a todo aquél que lo solicite, cuando ello sea técnicamente factible, en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad; III. Cumplir con las disposiciones de impacto social y desarrollo sustentable establecidas en el capítulo II del título cuarto de esta Ley; IV. Contribuir al Fondo de Servicio Universal Eléctrico, conforme a lo señalado en el artículo 114 de esta ley; V. Cumplir con las obligaciones en materia de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes que al efecto se establezcan en las disposiciones aplicables, y VI. Ofrecer energía eléctrica, potencia y servicios conexos al mercado Eléctrico Mayorista basado en los costos de producción conforme a las reglas del mercado y entregar dichos productos al Sistema Eléctrico Nacional cuando sea técnicamente factible, sujeto a las instrucciones del CENACE." "Artículo 5. El Gobierno Federal, los generadores, los transportistas, los distribuidores, los comercializadores, los usuarios calificados participantes del mercado y el CENACE, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. En lo no previsto por esta ley, se consideran mercantiles los actos de la industria eléctrica, por lo que se regirán por el Código de Comercio y, de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal." Por su parte, los numerales 1, 2, 4 párrafo segundo y 118, así como el artículo segundo transitorio, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad en vigor, disponen: "Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 25, párrafo cuarto, de la Constitución y del transitorio vigésimo del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, es de interés público y tiene por objeto regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de la empresa productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad, así como establecer su régimen especial en materia de: I. Empresas productivas subsidiarias y empresas filiales; II. Remuneraciones; III. Adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras; IV. Bienes; V. Responsabilidades; VI. Dividendo estatal; VII. Presupuesto, y VIII. Deuda." "Artículo 2. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente ley. La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en territorio nacional como en el extranjero." "Artículo 4. La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia." "Artículo 5. La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano. Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades siguientes: I. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados, incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía; II. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; III. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de su objeto; IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su objeto, conforme a las disposiciones aplicables; V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industria eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados; VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros; VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar, análogo o compatible con su propio objeto, y VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto. La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el país o en el extranjero." "Artículo 118. Las controversias nacionales en que sean parte la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán pactar medios alternativos de solución de controversias, cláusulas o compromisos arbitrales, en términos de la legislación mercantil aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte. Tratándose de actos jurídicos o contratos que surtan sus efectos o se ejecuten fuera del territorio nacional, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán convenir la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto. "TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad se transforma, por ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su personalidad jurídica, así como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que le corresponden, excepto los explícitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica." De los artículos transcritos, se advierte que la comercialización de la energía eléctrica ya no es una actividad exclusiva del Estado, en tanto que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Esto es, la comercialización de la energía eléctrica podrá prestarse incluso, por un particular, siempre que éste cuente con el permiso necesario para ofrecer el suministro eléctrico, en términos del artículo 3, fracción XLV, de la citada Ley de la Industria Eléctrica. De esta manera, la prestación del servicio de energía eléctrica podrá llevarse a cabo a través de una persona distinta de la Comisión Federal de Electricidad, en términos del artículo 51 de la citada ley, el cual dispone: "Artículo 51. Previo al inicio del Suministro Básico o Suministro Calificado, el Usuario Final deberá celebrar un contrato de suministro con un Suministrador. Dichos contratos deberán cumplir con las condiciones generales para la prestación del Suministro Eléctrico y, en el caso del Suministro Básico, deberán ser registrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor. El Suministro de Último Recurso se preverá en los contratos de Suministro Calificado y los contratos de Participante de Mercado que celebren los Usuarios Calificados." Por otro lado, conforme a la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, ésta constituye ahora una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios y goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, la cual tiene por objeto prestar el servicio público de trasmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, así como llevar a cabo las actividades relacionadas con la generación, trasmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, y que tiene como fin el desarrollo de las actividades empresariales, económicas industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. Lo hasta aquí expuesto, permite llegar a la conclusión que si bien los actos que realice la Comisión Federal de Electricidad relacionados con su obligación de prestar el servicio público de energía eléctrica, son de orden público, ya no pueden entenderse como actos desplegados por el Estado. Lo anterior es así, pues ese servicio ya no es facultad exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad, dado que si bien en el desarrollo de su actividad de generar, conducir, transformar, distribuir y vender energía eléctrica, actúa bajo un marco legal establecido, lo cierto es que ahora, al menos en la comercialización de la energía eléctrica, son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Derivado de lo anterior, ya no puede afirmarse que los actos que emite o que haya emitido la Comisión Federal de Electricidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica constituyen actos administrativos, debido a que por disposición de la ley, no emanan de un ente del Estado, pues como se dijo, ahora se considera a la citada Comisión como una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal y ya no cuenta con la función pública exclusiva consistente en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Por tanto, la nueva regulación en cuanto al servicio de energía eléctrica incide en la naturaleza de los actos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad y por ende, en que no puedan considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. No es óbice a lo anterior que el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, ahora sea más flexible para considerar ciertos actos de autoridad a los de particulares, sin embargo, para ello se deben de cumplir ciertas características en las que actualmente no encuadra la Comisión federal de Electricidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 423/2014 interpretó el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, y precisó que el legislador ordinario determinó que los particulares tendrán el carácter de autoridad cuando "sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que objetivamente se define en la fracción II (del artículo 5o.) y cuya potestad o función deriva de una norma general y abstracta", de modo tal que su reconocimiento, como tal "dependerá del planteamiento realizado por el quejoso y la posibilidad de evaluar, por el tribunal, el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales". Puntualizó que de conformidad con lo previsto en los artículos 1o., último párrafo, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, los actos de particulares tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando crean, modifican o extinguen una situación jurídica de forma unilateral y obligatoria, siempre que su actuación esté prevista en una norma general y afecte directamente algún derecho fundamental, o bien, omite dictar el acto que de realizarse produciría tal afectación, lo que deberá valorarse por el tribunal de amparo. Dijo que a la luz del nuevo alcance del concepto de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, no resulta posible que se reclamen todos los actos de particulares que pudieran dar lugar a una violación de derechos fundamentales, sino sólo aquellos homologables a los de autoridad y que tengan su origen en una norma general. Que en este contexto, el particular que actúa con carácter de autoridad se ubica en una situación de supra a subordinación respecto de un gobernado, con lo cual, dicha relación se reviste del imperio similar al de la fuerza pública, entendiendo ésta no como un poder coactivo material, en consecuencia, tiene un carácter estatal similar al de la actuación de una entidad pública, misma que tiene como base una autorización de carácter legal. Que en ese orden de ideas, al actuar el particular como un ente con poder público, se encuentra constreñido a la observancia de los derechos fundamentales en un plano jurídico subjetivo, en consecuencia, los actos que fueran realizados sin apego a los derechos humanos pueden ser materia de reclamo a través del juicio de amparo, el cual resulta ser el medio de control constitucional idóneo para que los gobernados puedan impugnar los actos de autoridad estatal, o sus equivalentes, que estimen violatorios de su esfera jurídica. En resumidas cuentas dijo, las características que deben ostentar los actos realizados por particulares con calidad de autoridad, son los siguientes: a) Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. b) Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. c) Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Las características aludidas, como se dijo con anterioridad, no se actualizan en la especie, porque conforme a la nueva normatividad que regula las actuaciones de la Comisión Federal de Electricidad, ahora tiene la calidad de empresa productiva del Estado, que la ubica en una relación de coordinación con el particular, pues se asemeja a cualquier empresa privada como suministrador o transportista que ofrece el servicio de suministro eléctrico. En efecto, si el legislador al establecer la naturaleza de la Comisión Federal de Electricidad, usó el término "empresa", es indudable que tiene una connotación de tipo económico, distinta a la de un organismo público descentralizado -como era considerada anteriormente-, pues por empresa se entiende al conjunto de personas y cosas organizadas por el titular, con el fin de realizar una actividad onerosa, generalmente lucrativa de producción o de intercambio de bienes o de servicios destinados al mercado. En ese sentido las empresas públicas, o sea, aquellas que el Estado (federal, local o municipal) organiza y explota en forma exclusiva, también deben considerarse como mercantiles, porque responden a la naturaleza, a la actividad y a la finalidad propias de ellas de esta materia, que es ejercer una actividad comercial o industrial en forma habitual o profesional, para ofrecer bienes y servicios al mercado; y en segundo lugar, porque los actos y la actividad que realicen se consideran como actos de comercio y de carácter lucrativo, tomando el concepto de lucro en sentido amplio, no sólo como beneficio del titular o del socio titular, sino como plusvalor del costo total de la producción de la mercancía o del servicio. Es importante apuntar que los contratos y todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán, en términos del artículo 7º de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común, debiendo cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda. Por tanto, conforme a la regulación actual, las relaciones jurídicas que existen entre la empresa productiva del Estado -Comisión Federal de Electricidad-, en calidad de suministrador de energía eléctrica y los ciudadanos como usuarios, no pueden considerarse como de autoridad, en razón de que dicho ente dejó de ser un organismo público descentralizado, para convertirse en una empresa productiva del Estado, por lo que con esa calidad, a la fecha de presentación de la demanda no puede encuadrar en la hipótesis que prevé el último párrafo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo. Inclusive, siguiendo en la misma línea, cabe indicar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido pronunciamiento respecto de la vía en la cual se debe conocer de los actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, al resolver la contradicción de tesis 250/2018, en que la parte que interesa, determino lo siguiente: "QUINTO.-Estudio de fondo. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que se exponen a continuación: La presente contradicción tiene como materia determinar la vía procedente para impugnar los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.(7) Esta Segunda Sala considera que la vía procedente es la ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo señaló esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014.(8) La conclusión alcanzada en el párrafo anterior se puede corroborar de la lectura de los artículos 75, fracciones V y XXV, y 1049 del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: "... "V. Las empresas de abastecimientos y suministros; "... "XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código." "Artículo 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales." Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual.(9) Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio. (.)" De la transcripción anterior, se advierte que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, determino que la vía procedente es la ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, por constituir un acto de comercio, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos, como se dijo, de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Lo que no deja duda que en el caso particular, al constituir dichas pretensiones actos derivados de un contrato de energía eléctrica, el amparo biinstancial resulta improcedente, de conformidad con las consideraciones que fueron reproducidas con antelación y que dieron origen a la jurisprudencia 2ª./J. 156/2017 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que dispone: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil.". En esas condiciones, debe concluirse que el acto ahora cuestionado y que es atribuido a la Comisión Federal de Electricidad, no puede ser objeto de análisis constitucional en esta vía, pues atender las pretensiones del quejoso implicaría soslayar la naturaleza actual del ente jurídico en comento, incluso este juzgador no puede desconocer que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, ya marcó las directrices a seguir, cuando se reclaman actos derivados del contrato de energía eléctrica. En ese orden de ideas, si a la fecha de presentación de la demanda de amparo la Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado, es dable sostener que no puede ser considerada autoridad para los efectos del amparo, toda vez que la nueva calidad "empresa", influye para concluir que sus actuaciones en relación con los consumidores del servicio, se encuentren en un plano de coordinación y no de supra a subordinación, las cuales deben ser reclamadas en la vía ordinaria mercantil, por lo que ante tal circunstancia, el juicio de amparo resulta improcedente. En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación al numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizados únicamente para tales efectos y entrega de documentos a las personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Leonel Medina Rubio, ante el secretario Gamaliel Sánchez Cruz, que autoriza y da fe. SE NOTIFICÓ EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO
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