Gerardo Palacios Roldán
Expediente 998/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 998/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gerardo Palacios Roldán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese la misiva señalada en la nota de cuenta al cuaderno en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito comunica el auto de veintiuno de los corrientes que el Magistrado Presidente de ese órgano jurisdiccional dictó en el toca 24/2023, en el que proveyó lo siguiente: a) Acusa recibo del original del escrito en donde se interpone el recurso de inconformidad y se expresan los agravios, de una copia de ese ocurso, del sobre que contenía dicho libelo y de los autos originales del juicio constitucional de donde deriva este cuaderno. b) Desechó de plano ese medio de impugnación que el inconforme ******************** interpuso en contra del proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen al medio extraordinario de defensa de donde emana este cuaderno al estimar que era notoriamente improcedente. Al respecto, se toma conocimiento de las determinaciones anteriores. En otro punto, se instruye a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano jurisdiccional que realice las acciones necesarias para que el expediente electrónico relativo al juicio constitucional 998/2023 del que deriva este cuaderno de antecedentes quede vinculado al distinto del recurso de inconformidad tramitado bajo el toca 24/2023 de la estadística del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito hasta que este último comunique la firmeza de la resolución de desechamiento inserta en el oficio de cuenta o la interposición de algún mecanismo de impugnación en contra de esa determinación y, en su caso, el fallo que el Pleno de ese Tribunal Constitucional pronuncie; por tanto, comuníquese a la Superioridad el presente proveído para su conocimiento. Notifíquese.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de noviembre de dos mil veintitrés.********************Agréguese un ejemplar del ocurso señalado en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos correspondientes.********************Ahora bien, de su contenido se advierte que el justiciable ******************** interpone el recurso de inconformidad en contra del proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en donde se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a este medio extraordinario de defensa y expresa sus agravios.********************Al respecto, con fundamento en lo previsto por los artículos 201 a 203 de la Ley de Amparo y por el Acuerdo General 5/2013 emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito y dado que en el caso el disidente se inconforma en contra del acuerdo en el que se desechó de plano el escrito inicial que dio origen a este asunto se estima que corresponde al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, conocer del medio de impugnación interpuesto.********************Por tanto, de conformidad con lo establecido por el punto octavo del aludido acuerdo remítanse los autos originales de este juicio de amparo, el escrito original en donde se interpone el recurso de inconformidad y se expresan los agravios, una copia de ese ocurso, así como el sobre que contenía dicho libelo y en el que se asentó el sello de recepción por la oficina postal de Puerto Escondido, Oaxaca, del Servicio Postal Mexicano al referido Tribunal de alzada para la substanciación de ese mecanismo de impugnación, por lo que se solicita a la Superioridad que de no existir impedimento legal alguno acuse de recibo de los instrumentos que se remiten.********************Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con las constancias que revelen la historia procesal del presente asunto.********************Notifíquese.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que el disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó de plano el escrito inicial ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 3, fracciones VI, VII, IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12, 14 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque los actos que se reclamaron no se ubican en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo general citado, esto es, no se trata de un asunto que verse sobre delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante los organismos públicos internacionales, tampoco tiene relación con conflictos laborales colectivos trascendentes, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni se generó por un Pleno Regional, tampoco versa sobre materia agraria, no constituye un juicio en el cual la sentencia dictada haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito y tampoco se trata de una asunto de importancia y trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo estatuido por el precepto 3, fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y como en el proveído de veintinueve de septiembre pasado, se desechó de plano la demanda de amparo en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 3, fracciones IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el diverso 20, fracción IV, del propio acuerdo general; en consecuencia, se estima que el presente expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años previsto por el ordinal 20, primer párrafo, del muticitado acuerdo de observancia general contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, realícese el procedimiento de baja documental regulado por el arábigo 44 del multicitado Acuerdo General. Finalmente, mediante el oficio que se elabore con motivo de la presente resolución devuélvase a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca el tomo I de pruebas formado con los autos originales del juicio laboral ********************que la Presidenta de ese órgano de administración de justicia remitió en apoyo de su informe justificado. Por otra parte, con apoyo en lo prescrito por el ordinal 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se requiere a ese Tribunal burocrático para que en el plazo de tres días siguiente al en el que surta efectos la notificación del comunicado con inserción de este acuerdo acuse recibo de la documentación que se devuelve bajo el apercibimiento que en el caso de no hacerlo se entenderá que recibió de conformidad tales instrumentos. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos los instrumentos señalados en la nota de cuenta para los efectos legales correspondientes. Expediente impreso y electrónico. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 998/2023. Acúsese recibo al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito del oficio presentado por la secretaria de acuerdos de su adscripción con inserción del auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo directo 625/2023, de las actuaciones originales del juicio laboral del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca y de diversas constancias del juicio constitucional, en donde obran la demanda de amparo con la firma autógrafa de ********************, dos ocursos con sellos originales de recepción de diecisiete de julio y de siete de agosto, ambas fechas del año en curso, un ejemplar de cada uno de esos libelos, el informe justificado rendido por ese Tribunal burocrático local y diversas constancias de una notificación practicada al Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec, Oaxaca. Por otro lado, para un mejor manejo de los documentos que el referido Tribunal Constitucional remitió fórmese por separado el tomo I de pruebas con las constancias originales del juicio laboral de la estadística de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este Juzgado Federal en el entendido que conforma el expediente relativo a este asunto. En otro punto, se ordena integrar el escrito inicial y sus anexos, el informe justificado rendido por ese Tribunal burocrático local y las diversas constancias de la notificación remitidos de manera secuencial en el expediente físico que se instrumenta. Se acepta la competencia declinada, por razón de la vía. Ahora bien, de la resolución inserta en el comunicado de cuenta de advierte que el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito conforme a lo estatuido por el arábigo 45 de la Ley de Amparo declaró que carecía de competencia legal, por razón de la vía, para conocer de la demanda de amparo que ******************** presentó, porque sostuvo que el acuerdo de seis de julio de dos mil veintitrés, que la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca dictó en el juicio laboral no es una sentencia definitiva, porque no decidió el juicio en lo principal, ni es una resolución que puso fin al juicio o que lo de por concluido, sin resolverlo en lo principal, sino que se trata de un acto dictado después de concluido ese contradictorio en la etapa de ejecución del laudo, lo cual señaló que pudiera hacer procedente la vía indirecta en términos de lo previsto por el numeral 107, fracción IV, de la ley de la materia, sin que tal aseveración prejuzgara sobre la procedencia de la acción de amparo que el justiciable ejerció; por tanto, dispuso la remisión del ocurso inicial y de los instrumentos que este Tribunal burocrático exhibió al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, en turno, para que resuelva lo que en derecho corresponda respecto de ese asunto; en razón de lo anterior, se turnó la demanda de amparo indicada a este Juzgado Federal. Al respecto, este órgano jurisdiccional en atención a la resolución que el Pleno del referido Tribunal Constitucional dictó acepta la competencia declinada a su favor, por razón de la vía, en términos de lo prescrito por el normativo 45 de la Ley de Amparo, por lo que se avoca al conocimiento del presente juicio de protección de los derechos fundamentales promovido por ******************** y se emite el pronunciamiento siguiente en cuanto al libelo inicial. Aspectos preliminares. Primeramente es necesario establecer que del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso ******************** reclama el acto siguiente:********************De la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca combate: El acuerdo de seis de julio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral , en los segmentos en donde determinó su negativa a la reinstalación, por lo que se tuvo por cumplimentada su reinstalación a la que fue condenada la demandada Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, en el laudo de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, ordenó la suspensión de los salarios caídos al tres de marzo del año en curso, señaló hora y fecha para requerir a la entidad pública enjuiciada el pago de las prestaciones consistentes en salarios caídos y devengados, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo que fueron cuantificadas, o bien, que exhibiera el importe liquidado en un plazo de cinco días y que en uno diverso de diez días presentara un programa de pagos razonable para cumplir dicho fallo. Es necesario precisar que aun cuando el disidente atribuye la resolución jurisdiccional descrita al referido Tribunal burocrático, como órgano colegiado, lo cierto es que de las actuaciones del citado contradictorio se desprende que ese proveído en realidad fue pronunciado por la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca conforme a lo dispuesto por el numeral 617, fracción IV, de la Ley Federal de Trabajo, ordenamiento aplicado supletoriamente a la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca en términos de lo señalado por sus normativos 7 y 82 que rigen la actuación de ese órgano de administración de justicia en la resolución de las controversias sometidas a su conocimiento. Es ese contexto, se tiene como responsable a la Presidenta del citado Tribunal burocrático aun cuando el justiciable designó por error con tal calidad a ese órgano de administración de justicia como entidad pública colegiada, porque el proveído atacado fue dictado por la autoridad citada en primer en la fase ejecutiva del laudo dictado en el juicio laboral de origen; de ahí que se tenga como responsable en términos de lo señalado por el arábigo 5, fracción II, de la Ley de Amparo a la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 57/95 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto indican: JUNTA LABORAL Y PRESIDENTE DE LA MISMA. ERROR DEL QUEJOSO AL SEÑALAR COMO RESPONSABLE A AQUELLA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE ESTE. Si bien es cierto que es esencial el correcto señalamiento de la autoridad responsable en la demanda de amparo y que ello es una carga del agraviado, ya que respecto de dichos actos es que versará el juicio y serán motivo de análisis por parte del juzgador; y si bien es cierto, asimismo, que las Juntas laborales y sus presidentes son autoridades distintas, debe considerarse que si en la demanda de amparo el quejoso señala con desacierto como acto reclamado una resolución que atribuye a una Junta como órgano colegiado, cuando ésta fue dictada por el presidente en uso de las atribuciones que le son propias, como la de ordenar la ejecución de un laudo, en estos casos, el error en el señalamiento de la autoridad responsable no da motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciación del juicio de garantías se cumple al solicitarse y rendirse el informe justificado, ya que éste invariablemente deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, por ser una atribución que le confiere la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 617, fracción VII, 618, fracción VI, y, 623, por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la Junta, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado." También es ilustrativa por las razones que expone la jurisprudencia P./J. 128/99 emitida por el Pleno del Alto Tribunal del país, que señala: "AUTORIDADES RESPONSABLES. ERROR AL SEÑALAR AL ÓRGANO COLEGIADO EN LUGAR DEL PRESIDENTE QUE EMITIÓ EL ACTO. Si bien es cierto que las Salas de un tribunal y sus presidentes, son autoridades distintas para efectos del juicio de amparo, también lo es que el incorrecto señalamiento de una Sala, como autoridad responsable, derivado de que el acto reclamado no fue emitido por el órgano colegiado sino por su presidente, no conduce, por sí mismo, a sobreseer en el juicio, cuando es rendido el informe justificado del órgano del que forme parte en su doble carácter de integrante y presidente; lo anterior, en atención a que, si de acuerdo con las funciones que tiene encomendadas y debiendo ser nombrado de entre los integrantes del órgano colegiado, por así disponerse legalmente, es inconcuso que el informe justificado deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, ya sea en lo individual, por corresponderle esa función como representante de la Sala o bien, en forma conjunta, por lo que, al hacerse sabedor del inicio del juicio de amparo es evidente que está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado. En estas condiciones, el error que se cometa, no puede por sí mismo llevar a la conclusión de que no puede juzgarse el acto de la autoridad no señalada sino únicamente cuando no exista constancia de que se hizo sabedora del inicio del procedimiento al rendir el informe justificado, ello con independencia de que el Juez de Distrito deberá requerir a la parte quejosa, en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo, si advierte de la demanda de amparo y constancias relativas, la participación de una autoridad no señalada como responsable, según se ha determinado en la jurisprudencia de la Segunda Sala de esta Suprema Corte, de rubro 'DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.'."Enseguida, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." ********************En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad.********************Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido.********************Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial y de las actuaciones originales del juicio laboral ********************del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca se dicta la determinación siguiente:********************Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda presentada por ********************, porque en relación con el acto reclamado a la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, consistente en el acuerdo de seis de julio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ********************, en los segmentos en donde determinó su negativa a la reinstalación, por lo que se tuvo por cumplimentada su reinstalación a la que fue condenada la demandada Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, en el laudo de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, ordenó la suspensión de los salarios caídos al tres de marzo del año en curso, señaló hora y fecha para requerir a la entidad pública enjuiciada el pago de las prestaciones consistentes en salarios caídos y devengados, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo que fueron cuantificadas, o bien, que exhibiera el importe liquidado en un plazo de cinco días y que en uno diverso de diez días presentara un programa de pagos razonable para cumplir dicho fallo se actualiza de manera indudable y manifiesta la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que el inconforme no observó el principio de definitividad que rige a este juicio constitucional, al no haber agotado de manera previa al ejercicio de la acción de amparo el recurso de revisión previsto por los ordinales 849, 850, 851 y 852 de la Ley Federal del Trabajo, ordenamiento aplicado supletoriamente a la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca en términos de lo señalado por sus normativos 7 y 82 que rigen la actuación de ese órgano de administración de justicia en la resolución de las controversias sometidas a su conocimiento.********************Para evidenciar dicho aserto es necesario tener presente el contenido del precepto 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, que señala:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ********************[.]********************XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.********************Se exceptúa de lo anterior:********************a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;********************b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;********************c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.********************d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.********************Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;********************[.]"********************Del tramo normativo inserto se advierte que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones de los Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por medio del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.********************Es decir, el dispositivo transcrito establece que el juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad respecto de los actos provenientes de las autoridades jurisdiccionales. ********************El aludido principio que rige al juicio constitucional implica que previo a la presentación de la demanda de amparo el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o los medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado, siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución materia de la impugnación. ********************Debe destacarse que la razón por la que el legislador restringió el acceso al juicio de protección de los derechos fundamentales mediante la causal de improcedencia en estudio atiende a la finalidad de preservar la supremacía de la acción de amparo como instrumento protector del orden constitucional, el cual impide ejercerlo contra cualquier acto de autoridad que aun cuando surja de un procedimiento pudiera válidamente enmendarse a través de los recursos ordinarios que se prevén por la ley común, por medio de los cuales la jurisdicción ordinaria podría revocarlo, anularlo o modificarlo, ya que de lo contrario el juicio de amparo se convertiría en un recurso más que el gobernado podría hacer valer a su elección, lo que de suyo resulta inadmisible. ********************El indicado motivo de improcedencia no es absoluto, toda vez que en el propio dispositivo se establece la salvedad de que no opera cuando se esté dentro de los supuestos de excepción enumerados, ya que en dicha eventualidad el quejoso estará en aptitud de elegir entre hacer valer la acción constitucional, o bien, el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija al acto reclamado sea procedente. ********************Cabe señalar que el supuesto de inejercitabilidad invocado obliga a acatar el citado principio sin distinguir la naturaleza de la autoridad responsable de quien se reclama el acto, por lo que su observancia opera tratándose de Tribunales judiciales (del Poder Judicial de la Federación cuando actúan como autoridad de instancia con jurisdicción ordinaria y los del fuero local, ya sean civiles o familiares), administrativos (Tribunales federales y locales de justicia administrativa, agrario, entre otros) o laborales (ya sea federales, locales o burocráticos). ********************En ese contexto, el quejoso previo a acudir a la Justicia Federal sobre el tópico de constitucionalidad derivado de un acto emanado de un ente judicial o que ejerce facultades materialmente jurisdiccionales debe agotar todas las instancias procesales tendentes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que se combate y una vez que con esos mecanismos ordinarios de defensa no se haya revertido los efectos del origen de la inconformidad procederá el ejercicio de la acción de amparo.********************Para los efectos del aludido principio rector se entiende que un recurso -horizontal o vertical- o medio ordinario de defensa debe agotarse únicamente cuando a través de ese mecanismo de impugnación el acto de autoridad pueda ser revocado -cambiar en su totalidad el criterio de la resolución recurrida-, modificado -hacer un cambio parcial de la resolución- o anulado -dejar insubsistente el acto de autoridad-; asimismo, debe precisarse que sólo se entenderá colmado este requisito de procedencia cuando el recurso o instancia legal que se haga valer se haya substanciado en todos sus términos hasta su resolución que lo dé por terminado. ********************En esa línea, para efectos de la procedencia del juicio de amparo biinstancial previamente deben agotarse los medios ordinarios de defensa que la ley prevea contra los actos acaecidos dentro del procedimiento, ya que de no hacerlo se actualizaría la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional a que se refiere el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. ********************Enseguida debe destacarse que la aludida causal de improcedencia establece cuatro supuestos de excepción al principio de definitividad. ********************La primera atañe a los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie no se actualizan esas hipótesis, dado que el acto reclamado tiene una naturaleza jurídica distinta a las actuaciones descritas, ya que se trata de una resolución dictada en un juicio burocrático en la fase ejecutiva de laudo, en la que se tuvo por cumplimentada la reinstalación del quejoso, se ordenó la suspensión de los salarios caídos que le correspondían, se señaló hora y fecha para requerir a la entidad pública enjuiciada el pago de las prestaciones consistentes en salarios caídos y devengados, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo que fueron cuantificadas, o bien, que exhibiera el importe liquidado en un plazo de cinco días y que en uno diverso de diez días presentara un programa de pagos razonable para cumplir dicho fallo.********************La segunda se actualiza cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o de reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de la sentencia definitiva en el proceso penal, mientras que la cuarta excepción se dirige al auto de vinculación a proceso, supuestos en los que tampoco se ubican los actos reclamados en tanto que éstos no tienen como finalidad causar una afectación a la libertad personal del justiciable directa o indirectamente ni los sujeta a un proceso del orden penal, sino que el acto impugnado se dictó en un procedimiento contencioso laboral.********************La tercera que consiste en la posibilidad de que las personas extrañas al juicio de donde deriva el acto reclamado puedan solicitar la protección constitucional sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, la cual sólo opera cuando al quejoso le revista el carácter de persona extraña al juicio de origen -es decir, que es ajeno a la relación jurídica procesal porque no es parte, pero sufre una afectación en su universo jurídico-, o bien, que se ostente como tercero extraño por equiparación -esto es, que aun cuando es parte en sentido formal no fue emplazado legalmente-, por lo que no sería factible obligarlo a interponer los medios ordinarios de defensa en un procedimiento del que no tiene conocimiento, lo que tampoco sucede en la especie en razón de que el inconforme no se ubica en esos supuestos, dado que en el juicio laboral ********************de donde deriva el acto atacado figura como parte en sentido material.********************Se sostiene lo anterior, porque de las actuaciones originales del juicio burocrático ********************del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes de Oaxaca que se remitieron se desprende que tiene la calidad de actor, por lo que esa situación pone de relieve que no es persona extraña a dicho juicio laboral; por tanto, es claro que al tener conocimiento el disidente de ese expediente con la calidad indicada revela que no se está ante una persona extraña al procedimiento de origen, puesto que tiene conocimiento de las actuaciones que integran dicho asunto y está en aptitud de acceder a su contenido, sin dificultad alguna.********************En ese sentido, es necesario destacar que el acto que la parte quejosa reclama no se encuentran dentro de los casos de excepción descritos por la norma jurídica examinada que la faculten para promover en forma inmediata el juicio de amparo en la vía indirecta, sin agotar los recursos o los medios ordinarios de defensa que la ley que rige al acto reclamado establece.********************Ahora, debe indicarse que en contra de la resolución combatida procedía el recurso de revisión previsto por los normativos 849, 850, 851 y 852 de la Ley Federal del Trabajo, ordenamiento aplicado supletoriamente a la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca en términos de lo señalado por sus preceptos 7 y 82 que rigen la actuación de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes de Oaxaca y su Presidenta en la resolución de las controversias sometidas a su conocimiento. ********************Para evidenciar tal aserto es necesario traer a contexto el contenido de las disposiciones citadas, las cuales establecen lo siguiente:********************"Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión."********************"Artículo 850. De la revisión conocerán: ********************I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; ********************II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y********************III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria."********************"Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne."********************"Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: ********************I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; ********************II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y ********************III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. ********************Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley."********************De los segmentos normativos transcritos se obtienen, en lo que interesa, las premisas siguientes:********************1. Procede el recurso de revisión en contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares.********************2. El recurso de revisión lo conocerán: i) la Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de la Ley Federal del Trabajo, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; y, ii) la Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria.********************3. El recurso de revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne.********************4. En la tramitación del recurso de revisión se observarán las reglas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. ********************5. Una vez declarado procedente el recurso de revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de la Ley Federal del Trabajo.********************Ahora, se tiene presente que el proveído atacado fue dictado por la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca conforme a lo dispuesto por el numeral 617, fracción IV, de la Ley Federal de Trabajo que prescribe lo siguiente: "El Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene las facultades y obligaciones siguientes: . IV. Ejecutar los laudos dictados por el Pleno y por las Juntas Especiales en los casos señalados en la fracción anterior;.", lo cual implica que el acto combatido se trata una actuación pronunciada en ejecución del laudo dictado en el juicio laboral de origen.********************Con base en lo anterior, es factible sostener que el acto reclamado a la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca consistente en el acuerdo de seis de julio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ********************, en los segmentos en donde determinó la negativa del quejoso a la reinstalación, por lo que se tuvo por cumplimentada su reinstalación a la que fue condenada la demandada Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, en el laudo de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, ordenó la suspensión de los salarios caídos al tres de marzo del año en curso, señaló hora y fecha para requerir a la entidad pública enjuiciada el pago de las prestaciones consistentes en salarios caídos y devengados, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo que fueron cuantificadas, o bien, que exhibiera el importe liquidado en un plazo de cinco días y que en uno diverso de diez días presentara un programa de pagos razonable para cumplir dicho fallo es susceptible de impugnarse ante ese Tribunal burocrático, como órgano colegiado, mediante el recurso de revisión previsto por los normativos 849, 850, 851 y 852 de la Ley Federal del Trabajo a través del cual podía ser modificado o revocado, porque se trata de un acuerdo dictado en la fase ejecutiva del laudo dictado en el contradictorio de origen; por tanto, se está ante un acto de la Presidenta de ese órgano de administración de justicia dictado en ejecución de ese fallo definitivo, por lo que esa resolución jurisdiccional y todo lo que en ella se haya decidido es susceptible de ser revisada en cuanto a su legalidad a través del referido mecanismo de impugnación establecido como un medio ordinario de defensa que el justiciable tenía que agotar antes de acudir a esta instancia constitucional.********************En esa línea, se advierte que en contra de esa actuación impugnada procedía el recurso de revisión previsto por los ordinales 849, 850, 851 y 852 de la Ley Federal del Trabajo.********************En efecto, el justiciable podía combatir mediante el citado mecanismo de impugnación el acto que ataca en este juicio constitucional, sin que el disidente haya agotado previo al ejercicio de la acción constitucional dicho medio ordinario de defensa, lo que evidencia que no observó el principio de definitividad rector en el juicio de amparo. ********************De manera que al existir el recurso de revisión como un medio ordinario de defensa que la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, como órgano colegiado, debe conocer para resarcir las irregularidades que el justiciable señala que se cometieron en su contra debió interponer ese mecanismo de impugnación antes de ejercer la acción constitucional, a fin de cumplir con el principio de definitividad rector en el juicio de protección de derechos fundamentales, por lo que al no agotarse previamente ese medio de defensa legal se patentiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.********************Es así, porque si el principio de definitividad exige el agotamiento previo del recurso o el medio de defensa ordinario procedente respecto a un determinado acto de autoridad esa situación se traduce en la obligación de la parte quejosa de agotar los mecanismos de impugnación antes de promover el juicio constitucional, sin que se advierta que haya observado el referido principio rector; por tanto, en la especie el juicio de protección de los derechos fundamentales es notoriamente improcedente. ********************Por las consideraciones expuestas se actualiza de manera indudable y manifiesta la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el numeral 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, dado que el disidente no observó el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo, al no haber agotado de manera previa a la promoción del presente asunto el recurso de revisión previsto por los ordinales 849, 850, 851 y 852 de la Ley Federal del Trabajo en contra de la actuación reclamada.********************En consecuencia, al patentizarse ese supuesto de improcedencia en los términos apuntados conforme a lo prescrito por el arábigo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda presentada por ******************** en contra del acto reclamado a la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, consistente en el acuerdo de seis de julio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ********************, en los segmentos en donde determinó su negativa a la reinstalación, por lo que se tuvo por cumplimentada su reinstalación a la que fue condenada la demandada Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, en el laudo de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, ordenó la suspensión de los salarios caídos al tres de marzo del año en curso, señaló hora y fecha para requerir a la entidad pública enjuiciada el pago de las prestaciones consistentes en salarios caídos y devengados, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo que fueron cuantificadas, o bien, que exhibiera el importe liquidado en un plazo de cinco días y que en uno diverso de diez días presentara un programa de pagos razonable para cumplir dicho fallo.********************Domicilio procesal y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio procesal del quejoso el que señala en su escrito inicial y como sus autorizados en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo a las personas que indica, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos, porque así lo solicitó de manera expresa.********************Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo.********************Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.********************Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.********************Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley.********************Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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