Gerardo Morales Gonzales
Expediente 731/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 731/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Gerardo Morales Gonzales
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 731/2022. Puebla, Puebla, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de once de julio de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de amparo. Entonces, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 731/2022. Puebla, Puebla, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Se agrega al expediente el oficio con anexo, signado el primero por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por el que devuelve diligenciado el despacho 138/2022, con número de orden 221/2022, a través del cual se solicitó notificar al quejoso, el acuerdo de once de julio de dos mil veintidós. En consecuencia, queda notificado mediante diligencia de catorce de julio de dos mil veintidós. Se ordena dar de baja la citada comunicación oficial tanto en el libro de gobierno de este juzgado como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 731/2022.. Conste. Puebla, Puebla, once de julio de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo promovida por ++++++++, por derecho propio, contra actos del Director del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana ante la presencia del virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta al promovente a que continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, le permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias, en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos, no implica el permiso para notificar resoluciones judiciales de manera electrónica. Así, para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico, pues es indispensable que en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Desechamiento. En primer lugar, el artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" . En el presente caso, se examinó de manera integral la demanda para detectar como actos reclamados los siguientes: ".Omisión de instruir al departamento jurídico para promover los beneficios que otorga la ley a las personas privadas de su libertad, según su edad, salud y condiciones físicas degenerativas o bien porque están próximos a compurgar. En resumen, reclamo que el centro penitenciario de tepexi no otorga ninguno de los beneficios que tutela la ley. .la omisión de promover a mi favor un beneficio de preliberacion o bien el cambio de medida cautelar por mi cambio de estado de salud y condición física. .el estado de indenfencion (sic), es decir la ley establece la tutela jurídica para la persona privada de su libertad, no solo en la etapa procesal sino también en la ejecución de la medida y tal situación se refleja de manera discriminatoria. Asimismo, indicó como actos los siguientes: El derecho de petición. El derecho de preliberación. El derecho a la administración de justicia. El derecho a mi libertad. El derecho a la aplicación de un plan de actividades. El derecho a que un juez de control examine mi posición y pueda otorgarme mi libertad o una medida cautelar diferente. El derecho a que mis escritos se les de el seguimiento y trámite para que el director de medidas cautelares se pronuncie al respecto y manifieste lo que a su bien determine.". Dichos actos, a criterio del suscrito, actualizan la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece el principio de definitividad. Para demostrar la afirmación previa, se acude a los numerales 107, 109, 110 y 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal3 , porque estos disponen que las personas privadas de su libertad, pueden formular peticiones administrativas a la autoridad penitenciaria, con el fin de controvertir los actos u omisiones relativos a sus condiciones de internamiento, plan de actividades y aspectos relacionados con ambas. En ese sentido, se observa que si la petición fue resuelta contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución o como en el caso, si se trata de omisiones, podrá formularlas en cualquier momento, conforme a lo previsto en el artículo 1164 de la citada ley. Además, tales disposiciones prevén la posibilidad de acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esas omisiones, a fin de obligar a la autoridad Penitenciaria a dar contestación a las solicitudes del peticionario. A su vez, respecto de los beneficios a que alude, debe agotar el procedimiento jurisdiccional ante el juez de ejecución, previsto en el artículo 122 de la citada ley nacional. Lo mismo acontece con lo relacionado al beneficio de libertad condicionada o libertad anticipada, pues éstos están previstos en los artículos 136 a 140 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De igual modo, tal ordenamiento legal establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el Juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. Contra la resolución emitida por el Juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Como se ve, cuando una persona privada de su libertad reclame actos inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto debe agotar el mecanismo de control judicial establecido por la Ley Nacional de Ejecución Penal, para cada caso. Pues el procedimiento judicial establecido, cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual, los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos y ante una autoridad judicial independiente a la penitenciaria, los actos que alteren sus condiciones de internamiento o incluso las omisiones en que incurra respecto de alguna solicitud hecha por un interno. Ahora, en caso de que el acto provenga de un juez de Ejecución, como ya se mencionó, procede el recurso de apelación, tal como lo establece el artículo 132, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Dado que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. En esa virtud, es evidente que las personas privadas de su libertad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar actos inherentes a sus condiciones de internamiento, deben agotar los mecanismos de control establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sustenta todo lo anterior, la ejecutoria que diera vida a la jurisprudencia 79/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la décima época, publicada el viernes siete de diciembre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En ese contexto, como todos los actos reclamados en este juicio de amparo son relativos a cuestiones relacionadas con el internamiento del quejoso; es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues previo a interponerse la demanda de amparo de cuenta, la parte quejosa debió agotar el procedimiento judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esa conclusión de ninguna forma contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS" En tales condiciones, con apoyo en el numeral 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de protección constitucional presentada, respecto de los actos reclamados a las autoridades penitenciarias. Ahora, no es óbice para el suscrito el hecho de que el quejoso también introdujo como acto reclamado el haberlo dejado en estado de indefensión, y al parecer, un actuar discriminatorio. Sin embargo, conviene indicar al quejoso que para recibir un asesoramiento, debe iniciar los procedimientos administrativos y solicitar al juez de ejecución que le nombre a un defensor; circunstancia que, puede quedar, en parte satisfecha con la designación que se hará en el presente juicio de amparo, como se verá más adelante. Toma de fotografías. Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Publicación de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa a la parte quejosa el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma se habrán de salvaguardar sus datos personales y la información reservada, como lo exigen los lineamientos actuales en materia de acceso a la información. Consulta física del expediente. Se hace saber al interviniente en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberá registrar en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programada para el día en que venza dicho plazo-.Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica al interviniente que la recepción de todas las promociones que desee presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Domicilio. El quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla. Por tanto, con fundamento en los artículos 297, 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, lleve a cabo la notificación al quejoso del presente acuerdo. Ello además, con apoyo en el artículo 116 de la Ley de Amparo, pues el domicilio de referencia se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional. Asimismo, por conducto del correspondiente personal judicial, deberá correrle traslado con copia del presente acuerdo. Además, le deberá requerir que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente en el que le surta efectos la notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Puebla o en su zona conurbada (San Pedro Cholula, San Andrés Cholula o Cuautlancingo). Pero deberá apercibirlo que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista que se fije en este juzgado. Ello, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo; y sin necesidad de ulterior acuerdo, es decir, transcurrido el plazo de tres días, cualquier determinación de carácter personal se le notificará por lista, de no haber señalado por escrito un domicilio procesal. Se faculta al juez requerido, para que haga uso de las medidas que estime pertinentes, a fin de lograr lo solicitado; se habilitan desde este momento días y horas inhábiles, lo anterior de conformidad con los dispositivos 282, párrafo primero y 298, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, así como lo previsto en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia. Se requiere al juez de referencia, para que una vez hecho lo anterior, se sirva devolver el presente despacho en el término de cuarenta y ocho horas, apercibido que en caso de omitir hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta a mil unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), con apoyo en lo dispuesto en los normativos 237 fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Se designa defensor. Ahora, al encontrarse el quejoso interno en un centro penitenciario y carecer de personas que lo asistan en su defensa - porque omitió nombrar autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo-. Es preciso solicitar la intervención de la Dirección General de Defensoría Pública del Estado de Puebla, pues en el presente juicio de amparo el quejoso reclama omisiones en diversas causas penales, donde al parecer, tiene el carácter de sentenciado. Por tanto, se ordena girar oficio a la Dirección General de Defensoría Pública del Estado de Puebla, para que designe a un asesor jurídico o un defensor público para que asista a la quejosa en el presente juicio. Se pide en forma atenta a la directora de dicho instituto, que atienda este requerimiento en un plazo de tres días contados a partir del siguiente a la notificación del mismo. Asimismo, se le apercibe que de ser omisa en cumplir con lo requerido en el plazo indicado y sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 237, fracción I, y sancionado con el numeral 259 ambos de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso que nos ocupa, la jurisprudencia de rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO". Además de lo anterior, se hace notar a la Directora de la Defensoría Pública Federal que una vez que se nombre al defensor público del quejoso, lo deberá instruir para que entre en contacto con él y se imponga de las manifestaciones que hace valer en su demanda de amparo, sobre todo porque aquél afirma ha tenido una defensa discriminatoria y deficiente en la etapa procesal en la cual se encuentra. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al Oficial Judicial "A"; realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento planteado. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Integración de la demanda original al expediente. Por último, debido a las circunstancias de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Notifíquese; y en forma personal al quejoso mediante despacho, en su lugar de reclusión.; y cúmplase
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