Gerardo Miguel Cadena Y Montes

Expediente 1026/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1026/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
25/10/2021

Partes del expediente

  • Gerardo Miguel Cadena Y Montes

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1026/2021-VI. Puebla, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 97, fracción I) inciso a), de la Ley de Amparo; sin embargo, la parte quejosa no se inconformó contra el auto de once de octubre del presente año que desechó la demanda de amparo. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 - publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá verificar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1026/2021. Puebla, Puebla, once de octubre de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el (SISE), promovido por , en contra de los actos de los Jueces de Oralidad Penal , se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo , se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo2, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que se reclama por la parte quejosa lo siguiente: ? La violación evidente al contenido al derecho del suscrito a ser juzgado antes de un año, si la pena excediere de ese tiempo, sin que el suscrito haya solicitado un mayor plazo para mi defensa, esto dentro de la causa penal *, de la región judicial Centro, con sede en Puebla. ? EL hecho de que el juez de Control, al tener a su vista los autos no haya analizado de oficio la oportunidad de que el suscrito, al ser una persona mayor de 70 años ordene que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio del suscrito o en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan. Al respecto, el quejoso expresa bajo protesta de decir verdad (como parte de los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados) que, entre otras cosas, lo siguiente: "(...) De conformidad con la legislación procesal penal vigente, desde el auto de vinculación a proceso hasta el día de hoy, transcurrió el plazo de un año dentro del cual, estimo, las autoridades encargadas de procesar al suscrito, tuvieron el tiempo suficiente para recabar indicios, datos de prueba y en su caso el desahogo, así como para convocar al suscrito a audiencia de juicio en la cual se resolviera la situación jurídica en la que se determinara mi culpabilidad o inocencia, a través del juicio Oral en el que el Actor representante social, demostrara plenamente la culpabilidad del suscrito bajo el principio absolutorio de no ser culpable hasta demostrarlo plenamente en juicio(.) (.) Sin embargo, es el caso que al día de hoy, dentro de la Causa Penal antes citada, se ha excedido el tiempo que indica la fracción VII del apartado B del Artículo 20 de nuestra Carta Magna, para que el suscrito sea juzgado y de manera contumaz se violenta este derecho del suscrito pues aún no se ha podido desahogar la AUDIENCIA INTERMEDIA, dentro de la causa penal, por cuestiones ajenas al suscrito, lo cual, no ha sido debidamente CONTROLADO por el juez responsable, debido a que si bien, se han diferido las audiencias dentro de la CAUSA PENAL, estimo que la autoridad debe señalar las fechas de audiencia dentro de un plazo razonable que no exceda el término indicado en la fracción citada pues, el retardo, implica violentar uno de los derechos fundamentales del suscrito que es la LIBERTAD, estimando que el aquí narrador debo de ser restituido en mi derecho de libertad debido a que se ha dejado de respetar esa prerrogativa constitucional(.) (.) Debo indicar también, que durante el plazo en que me he encontrado recluido, el suscrito he alcanzado la edad de SETENTA AÑOS, y que el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Civiles, impone al órgano jurisdiccional que en el caso de que el imputado sea una persona mayor de setenta años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan, lo cual estimo que debe hacer aún sin la petición de parte pues en este caso, no se impone que sean las partes las que deban solicitarlo sino que, el numeral indica la actuación de la autoridad que, cuando se dé uno de los supuestos 'persona mayor de setenta años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal', el órgano jurisdiccional puede regular al respecto de la prisión preventiva, lo cual debe ser analizado por el Juez de Control sin petición de parte(.)". Como se ve, los actos reclamados se hacen consistir esencialmente en (i) la violación al derecho del quejoso a ser juzgado antes de un año dentro de la causa penal 1768/2020/PUEBLA, lo cual derive de la falta de celebración de la audiencia intermedia dentro de ese proceso penal; asimismo, en (ii) que no se haya analizado de oficio por el juez responsable que el impetrante del amparo es una persona mayor de setenta años, a fin de que la prisión preventiva que se le impuso se ejecute en su domicilio o en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan; en el entendido que destaca que lo anterior debía hacer de oficio y, derivado de ello, refiere que se ha encontrado en prisión preventiva (en el centro de reclusión donde está interno) Luego, en lo tocante a ambos actos reclamados se actualiza, en la especie, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 20, Apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 75 de la Ley de Amparo, "...". Del contenido del precepto constitucional y diversos numerales transcritos, se advierte que el cuestionamiento de la subsistencia de la continuación de la prisión preventiva que hace la parte quejosa (derivado tanto de la falta de celebración de la audiencia intermedia porque ha pasado más de un año sin que se le sentencia, como del hecho de que refiere tener más de setenta años de edad lo que, en su parecer, implicaría que el juzgador natural de oficio analizara ese aspecto y le otorgara una medida cautelar diversa para ejecutarse en su domicilio o en un centro médico o geriátrico, no se pueden analizar en el juicio de amparo de modo autónomo e independiente al proceso penal acusatorio, sino que es necesario, que en primer término y dentro del procedimiento penal acusatorio, todas las partes involucradas conozcan, controviertan o confronten los medios de prueba y de esa manera se opongan a las peticiones y alegatos de sus contrarias. En efecto, en términos de la Ley de Amparo no se podría analizar los referidos actos reclamados consistentes en: (i) la violación al derecho del quejoso a ser juzgado antes de un año dentro de la causa penal 1768/2020/PUEBLA, lo cual derive de la falta de celebración de la audiencia intermedia dentro de ese proceso penal; y, (ii) que no se haya analizado de oficio por el juez responsable que el impetrante del amparo es una persona mayor de setenta años, todo lo cual incide en la subsistencia de la prisión preventiva ejecutada dentro del centro de reclusión en el que se halla interno; sin que previamente se haya realizado el debate correspondiente en el proceso de origen, ya que de lo contrario, es decir, de aceptar el análisis de los mencionados actos reclamados, implicaría el análisis directo de la información, sin que las partes del proceso de origen hayan tenido la oportunidad de ejercer los derechos protegidos constitucionalmente bajo los principios del proceso penal acusatorio. Por ende, lo anterior conllevaría a que, además de vulnerarse el artículo 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo establecido al respecto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se soslayaría directamente el artículo 75, de la Ley de Amparo, que impide valorar pruebas no practicadas o desahogadas ante la responsable y que vía excepción lo permite en materia penal, a condición de que ello no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. Lo anterior, con independencia, de que el aludido imputado, ahora quejoso, en términos con el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puede plantear la revisión de la mencionada medida cautelar, de acuerdo a lo que alega, en el sentido de que cambiaron las condiciones objetivas de la prisión preventiva que le fue impuesta (al aducir en lo medular que ya tiene setenta años). Máxime que, como se ha expuesto, no se podrían analizar los tópicos derivados de los actos reclamados tales como el excesivo tiempo transcurrido durante la tramitación del proceso penal que ha implicado que en un año no se haya resuelto el asunto natural y continúe en prisión preventiva (que se impuso al solicitante de amparo) a raíz de la falta de celebración de la audiencia intermedia, así como el hecho de que tiene setenta años de edad y por vía de consecuencia aduce que debe ejecutarse la medida cautelar de mérito en un centro médico o de geriatría o en su caso en su domicilio; puesto que todo ello debió ser analizado de manera previa en el juicio penal acusatorio iniciado en su contra, a fin de que sean observados los citados principios, pues de considerarlo de forma contraria, además de infringir los principios que rigen dicho procedimiento penal. También se pasaría por alto lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, habida cuenta que de llevarse a cabo el estudio respectivo, se contravendría la oralidad y los principios que rigen el proceso penal acusatorio, pues el juez responsable no se ha pronunciado sobre el particular. De ahí que se actualiza en el caso dicha causal de improcedencia en estudio. Sin que se pierda de vista que en torno a la violación reclamada sobre el derecho a ser juzgado antes de un año dentro de la causa penal se actualiza - del mismo modo- la causa de improcedencia establecida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa al principio de definitividad. Lo anterior, porque el quejoso también estaba en aptitud de acudir al recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé: "Artículo 135. La queja y su procedencia.-- Procederá queja en contra del juzgado de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador.-- La queja será interpuesta ante el órgano jurisdiccional omiso, éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al órgano jurisdiccional competente.-- La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de disposiciones aplicables.-- En ningún caso el órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al órgano jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido". En efecto, dicha violación reclamada sobre el derecho a ser juzgado antes de un año dentro de la causa penal , deriva (como se ha visto) de la falta de celebración de la audiencia intermedia dentro de ese proceso penal, lo que se ha suscitado porque se señala por el impetrante del amparo que se ha diferido la audiencia en diversas ocasiones; esto es, al no realizarse un acto procesal en el plazo legal previsto para ello, tal como se infiere de la parte conducente de las siguientes manifestaciones vertidas en la demanda de amparo: "(.) se ha excedido el tiempo que indica la fracción VII del apartado B del 20 de nuestra Carta Magna, para que el suscrito sea juzgado y de manera contumaz se violenta este derecho del suscrito pues aún no se ha podido desahogar la AUDIENCIA INTERMEDIA, dentro de la causa penal, por cuestiones ajenas al suscrito, lo cual, no ha sido debidamente CONTROLADO por el juez responsable, debido a que si bien, se han diferido las audiencias dentro de la CAUSA PENAL, estimo que la autoridad debe señalar las fechas de audiencia dentro de un plazo razonable que no exceda el término indicado en la fracción citada (.)". Es así, pues el acto reclamado de mérito (violación a ser juzgado en el plazo en mención), no deriva de la negativa expresa que haya consignado la autoridad judicial en un acuerdo específico, sino de la omisión (suscitada por diversos diferimientos) en celebrar la audiencia intermedia en el plazo legal previsto para ello. En consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por el mencionado quejoso respecto de los actos ya precisados, al actualizarse de manera manifiesta e indudable los motivos de improcedencia invocados. Similar criterio se tuvo, con respecto a la primera causal de improcedencia, en la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de trece de agosto de dos mil veinte, en el toca relativo al recurso de queja 49/2020 de su índice, que constituye un hecho notorio para esta operadora jurídica, porque es consultable en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Autorizados para recibir y oír notificaciones. Se tiene como autorizado únicamente para efectos de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a la persona nombrada por la parte quejosa, porque no le confirió en forma expresa la autorización en los términos amplios que prevé el artículo 12 de Ley de Amparo. Lugar para recibir y oír notificaciones. Se tienen las listas que se fijan en este juzgado, para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, por así haberlo solicitado; además, dado que el promovente se encuentra interno, se ordena que todas las notificaciones de carácter personal se le hagan -de igual modo- en el lugar en el que se encuentra recluido. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa (por lista y en el lugar en donde está recluido), y cúmplase.

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