Gerardo Perez Zayas
Expediente 87/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 87/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Gerardo Perez Zayas
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 87/2021-VII. Puebla, Puebla, tres de marzo de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de amparo. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Puebla, Puebla, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Antecedentes. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio para esta juzgadora el brote epidémico de infecciones por COVID-19 -enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2- que condujo a adoptar una serie de acciones transversales, dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad en la República Mexicana. Por ello, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha emitido múltiples acuerdos relativos a los esquemas de trabajo y medidas de contingencia aplicables en los órganos jurisdiccionales ante el referido fenómeno de salud pública -partiendo de una suspensión de actividades ordinarias hacia un retorno paulatino-. Así, mediante el Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 37/2020), el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal estableció un esquema para la reanudación de plazos procesales y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales -vigente a partir del tres de agosto de dos mil veinte- reactivando en su totalidad el funcionamiento de éstos. Sin embargo, dicha reactivación se vio interrumpida por los diversos acuerdos de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, siendo la última ocasión la que abarcó del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, conforme lo dispuesto en las circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021. Con base en éstas, se ordenó a los órganos jurisdiccionales del sexto circuito (entre otros) regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, lo que implicó, entre otras cuestiones, la suspensión de plazos y términos procesales durante su vigencia, dando trámite solamente a los asuntos catalogados como urgentes o seguidos en la modalidad de "juicio en línea". Reanudación de plazos y términos procesales. Ahora, en sesión de trece de febrero de dos mil veintiuno -comunicada mediante la circular SECNO/10/2021-, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó que a partir del dieciocho de febrero del mismo año (en el sexto circuito y otros) retoma su vigencia el esquema de operación previsto en el ya citado Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 37/2020). Por tanto, de conformidad con el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso 20 del Acuerdo General 21/2020, se reanudan los plazos y términos procesales del presente juicio. Sin embargo, es menester precisar que la reanudación de ninguna manera implica su reinicio. Plazo para impugnar el auto por el cual se desechó de plano la demanda de amparo Visto el estado procesal del juicio, se observa que mediante proveído de cuatro de febrero de dos mil veintiuno se desechó de plano la demanda que originó el presente juicio de amparo de amparo. Además, el referido acuerdo fue notificado a la parte quejosa, por lista el día once de febrero siguiente. De modo que el plazo de cinco días para interponer recurso de queja -previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo- no ha comenzado a transcurrir, porque la suspensión de plazos no permitió que la referida notificación surtiera sus efectos. Por tanto, toda vez que se ha decretado la reanudación de los plazos y términos procesales, se informa a las partes que su notificación surtirá efectos en este día, por lo que a partir del día hábil siguiente comenzarán a computarse los cinco días con los que cuentan para interponer el referido recurso de queja. Consulta física del expediente y presentación de promociones físicas. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que se retoman las medidas de contingencia sanitaria establecidas en el Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 37/2020), por lo que el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta del expediente de manera física será mediante cita que deberán agendar en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ". De igual forma, la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Notificación del presente proveído. Del artículo 309, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se deduce que, cuando el proceso se mantiene inactivo por un lapso prolongado -más de seis meses- antes de la sentencia definitiva o entre ésta y el cumplimiento o ejecución forzosa, la notificación ordenada a alguna de las partes deberá hacerse en forma personal. Sin embargo, la suspensión del presente asunto únicamente abarcó del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, esto es, menos de seis meses. De ahí se obtiene que este acuerdo deba notificarse mediante listas; pues, la carga procesal de las partes de vigilar regularmente las actuaciones publicadas de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, no se diluyó durante este breve periodo de inactividad. En efecto, las cargas procesales para las partes y demás sujetos que intervienen en el proceso, parten del supuesto lógico y jurídico de que los sujetos a quienes se les imponen conocen la existencia del procedimiento, activo y no paralizado, ante un tribunal determinado, lo cual ocurre ordinariamente, en el caso del quejoso, cuando presenta su demanda; y, de las autoridades responsables y terceros interesados, cuando son emplazadas a juicio. Así, con tales actos, se genera y mantiene la vinculación de dichos sujetos a las consecuencias del proceso, hasta el dictado de la sentencia definitiva o resolución final del juicio, y en su caso, se prolonga hasta las actuaciones concernientes a su cumplimiento o ejecución forzosa, cuando se inician y continúen a la brevedad. Luego, el presente asunto únicamente tuvo un periodo breve de inactividad, motivo por el cual resulta innecesario refrendar la vinculación de las partes; pues, como ya se precisó, estas tienen la carga procesal de vigilar regularmente las actuaciones. Además, debe destacarse que tanto la suspensión de labores como su reanudación fueron dadas a conocer al público en general en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, se ordena notificar este acuerdo por lista, dado que no contiene algún requerimiento para las partes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 87/2021-VII. Puebla, Puebla, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada vía electrónica por el quejoso *, por propio derecho, con una firma electrónica de *, contra actos del Juez de Oralidad y Ejecución Penal de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, determina que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que se advierte en forma clara y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. En el presente caso, se tiene una demanda de amparo presentada vía electrónica a nombre del quejoso *, pero sin su firma electrónica. Dicha modalidad (la electrónica) obliga a considerar el artículo 3 de la Ley de Amparo, el cual dispone que podrán presentarse escritos en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, es decir, utilizando la "firma electrónica" y cumpliendo los lineamientos que para su regulación emita el Consejo de la Judicatura Federal. Además, el mencionado precepto legal, señala que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como vía para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Luego, es necesario que las personas interesadas en promover por esa vía, tengan firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; máxime que el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal, y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Así, cada documento electrónico que se reciba, debe contener en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma electrónica que, entre otros aspectos, mostrará el nombre del titular de la firma electrónica. De donde se colige que las personas físicas pueden instaurar el juicio de amparo vía electrónica, con el uso de su firma electrónica. Misma situación acontecería en caso de que el juicio se promoviera en representación de diversa persona, sin embargo, previamente se debe tener reconocida capacidad procesal para tal fin, esto es, un supuesto que actualice la hipótesis jurídica de personalidad, para que el promovente pueda presentar promoción electrónica a favor de diversa persona. Tales datos habrán de examinarlos tanto los juzgados de distrito como los tribunales de circuito, para acordar lo correspondiente. Bajo este contexto, se efectuó una revisión a la demanda presentada vía electrónica por el quejoso *, lo cual permitió visualizar que no tiene firma electrónica con evidencia criptográfica. En consecuencia, el promovente soslayó el principio de "instancia de parte agraviada", previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, la demanda de amparo presentada vía electrónica por el quejoso *, por propio derecho, no cumple el principio de "instancia de parte agraviada", razón por la cual procede desecharla. Máxime que los actos reclamados en la demanda, no encuadran en los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal, ni en los previstos por el diverso 15 de la Ley de Amparo, porque aquellos están circunscritos a supuestas órdenes de citación, búsqueda, localización, aprehensión, detención, presentación, comparecencia, entre otros. Entonces, ninguna circunstancia extraordinaria se tiene para considerar el supuesto de excepción para la ausencia de firma electrónica, que se actualiza cuando se reclaman actos urgentes. Al respecto, es menester precisar que, no pasa inadvertido el hecho de que el quejoso manifieste que "el suscrito [es] persona humilde que apenas sabe leer y escribir", motivo por el cual carece de firma electrónica; pues, de los antecedentes se desprende que en su domicilio tenia instaladas cámaras de vigilancia, una televisión marca Sony, así como la cantidad de dinero de $50,000.00 (cincuenta mil pesos, cero centavos, moneda nacional) y una cadena de oro de catorce quilates de costo aproximado de $25,000.00 (veinticinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional), lo cual resulta contrario a la postura que adopta en el sentido de que por ser una persona humilde se encuentra impedido para obtener su firma electrónica; pues, se presume que éste puede tener acceso a un equipo de cómputo; tanto es así, que la demanda de amparo fue presentada de manera electrónica por quien se ostenta su abogado particular. De igual forma, en torno a que las condiciones de la pandemia le han complicado la tramitación de la firma electrónica, hágase saber al quejoso que contrario a lo que sostiene, el Consejo de la Judicatura Federal ha puesto a su disposición medios alternativos que facilitan la tramitación de dicha firma, incluso a través de un equipo de telefonía móvil (celular); entonces, carece de justificación el hecho de que omita suscribir la demanda de amparo por propio derecho, esto es, sin la firma electrónica del directo quejoso. Por otra parte, debe señalarse que se advirtió una firma electrónica de la persona de nombre **, sin embargo, resulta ineficaz para la demanda de amparo presentada por el quejoso ***, por propio derecho. Lo anterior obedece a que la demanda del citado quejoso, no demuestra algún supuesto de representación legal que le permitiera utilizar la firma electrónica de la persona de nombre ***. Sobre todo porque la demanda de amparo no contiene manifestaciones que converjan al supuesto de representación legal, previsto en el artículo 14 de la Ley de Amparo, el cual establece que el defensor del quejoso podrá instaurar el juicio de tutela constitucional, con la manifestación bajo protesta de decir verdad, de tener reconocido ese carácter en el proceso penal instaurado a su defendido. Empero, la demanda del quejoso ***, no contiene la manifestación de la persona de nombre ***-bajo protesta de decir verdad- de tener reconocido el carácter de defensor del quejoso en mención, en algún proceso penal del cual deriven los actos reclamados. Lo cual determina la ineficacia de la firma electrónica de ***, pues el quejoso utilizó esa firma para presentar su demanda de amparo, sin que existieran condiciones para actualizar el supuesto de representación legal, previsto en el artículo 14 de la Ley de Amparo. De ahí que se haya considerado que la demanda de amparo presentada vía electrónica por el quejoso *, por propio derecho, no cumple el principio de "instancia de parte agraviada", al carecer de la firma electrónica necesaria para la instauración del juicio de protección, en la vía electrónica. Sólo resta decir que la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención regulada en el artículo 114 de la Ley de Amparo, dado que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención. Por tanto, con fundamento en la fracción XII, del artículo 61, en relación con los diversos 3, 6, 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso Gerardo Pérez Zayas, por propio derecho, debido a las razones expuestas con antelación. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio procesal del quejoso para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda de amparo. Quedan autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, las personas que señala la parte quejosa porque tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Sin que resulte procedente tener como medio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico y número telefónico que proporciona, pues el artículo 26 de la Ley de Amparo, no lo contempla las notificaciones por dicha vía; en efecto, el citado artículo únicamente prevé la notificación electrónica cuando las partes que expresamente así lo soliciten hayan tramitado de manera previa la firma electrónica. Acceso expediente electrónico. En relación a la solicitud para poder acceder al expediente electrónico, con fundamento en el artículo 355 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es procedente su pretensión porque proporciona el "nombre de usuario" utilizado al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, el nombre de usuario "*", no se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal; a pesar de ello, se instruye al secretario encargado de la tramitación del presente expediente, realice las gestiones necesarias para materializar la autorización al usuario "*", pues éste corresponde a *, quien es autorizado por la parte quejosa para tal efecto. Comunicación de las partes. Con independencia a lo anterior, el correo electrónico y número de teléfono proporcionados, podrán considerarse, de manera excepcional -dado el estado de contingencia sanitaria, derivado del fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, a partir del virus COVID-19-, por los actuarios correspondientes, como medio para establecer contacto con la parte impetrante del amparo, a fin de localizarla, no así para notificarla, pues esto último deberá hacerse únicamente en la forma y términos previstos por la ley de la materia Hago saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse las partes al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de quienes comparezcan a este juzgado, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información susceptible de protección6. .., se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Notifíquese; de forma personal al quejoso y cúmplase.
- Principal
SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÒN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO.-Puebla, Puebla, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada vía electrónica por el quejoso *, por propio derecho, con una firma electrónica de *, contra actos del Juez de Oralidad y Ejecución Penal de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, determina que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que se advierte en forma clara y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. En el presente caso, se tiene una demanda de amparo presentada vía electrónica a nombre del quejoso *, pero sin su firma electrónica. Dicha modalidad (la electrónica) obliga a considerar el artículo 3 de la Ley de Amparo, el cual dispone que podrán presentarse escritos en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, es decir, utilizando la "firma electrónica" y cumpliendo los lineamientos que para su regulación emita el Consejo de la Judicatura Federal. Además, el mencionado precepto legal, señala que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como vía para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Luego, es necesario que las personas interesadas en promover por esa vía, tengan firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; máxime que el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal, y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Así, cada documento electrónico que se reciba, debe contener en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma electrónica que, entre otros aspectos, mostrará el nombre del titular de la firma electrónica. De donde se colige que las personas físicas pueden instaurar el juicio de amparo vía electrónica, con el uso de su firma electrónica. Misma situación acontecería en caso de que el juicio se promoviera en representación de diversa persona, sin embargo, previamente se debe tener reconocida capacidad procesal para tal fin, esto es, un supuesto que actualice la hipótesis jurídica de personalidad, para que el promovente pueda presentar promoción electrónica a favor de diversa persona. Tales datos habrán de examinarlos tanto los juzgados de distrito como los tribunales de circuito, para acordar lo correspondiente. Bajo este contexto, se efectuó una revisión a la demanda presentada vía electrónica por el quejoso *, lo cual permitió visualizar que no tiene firma electrónica con evidencia criptográfica. En consecuencia, el promovente soslayó el principio de "instancia de parte agraviada", previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, la demanda de amparo presentada vía electrónica por el quejoso *, por propio derecho, no cumple el principio de "instancia de parte agraviada", razón por la cual procede desecharla. Máxime que los actos reclamados en la demanda, no encuadran en los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal, ni en los previstos por el diverso 15 de la Ley de Amparo, porque aquellos están circunscritos a supuestas órdenes de citación, búsqueda, localización, aprehensión, detención, presentación, comparecencia, entre otros. Entonces, ninguna circunstancia extraordinaria se tiene para considerar el supuesto de excepción para la ausencia de firma electrónica, que se actualiza cuando se reclaman actos urgentes. Al respecto, es menester precisar que, no pasa inadvertido el hecho de que el quejoso manifieste que "el suscrito [es] persona humilde que apenas sabe leer y escribir", motivo por el cual carece de firma electrónica; pues, de los antecedentes se desprende que en su domicilio tenia instaladas cámaras de vigilancia, una televisión marca Sony, así como la cantidad de dinero de $50,000.00 (cincuenta mil pesos, cero centavos, moneda nacional) y una cadena de oro de catorce quilates de costo aproximado de $25,000.00 (veinticinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional), lo cual resulta contrario a la postura que adopta en el sentido de que por ser una persona humilde se encuentra impedido para obtener su firma electrónica; pues, se presume que éste puede tener acceso a un equipo de cómputo; tanto es así, que la demanda de amparo fue presentada de manera electrónica por quien se ostenta su abogado particular. De igual forma, en torno a que las condiciones de la pandemia le han complicado la tramitación de la firma electrónica, hágase saber al quejoso que contrario a lo que sostiene, el Consejo de la Judicatura Federal ha puesto a su disposición medios alternativos que facilitan la tramitación de dicha firma, incluso a través de un equipo de telefonía móvil (celular); entonces, carece de justificación el hecho de que omita suscribir la demanda de amparo por propio derecho, esto es, sin la firma electrónica del directo quejoso. Por otra parte, debe señalarse que se advirtió una firma electrónica de la persona de nombre **, sin embargo, resulta ineficaz para la demanda de amparo presentada por el quejoso ***, por propio derecho. Lo anterior obedece a que la demanda del citado quejoso, no demuestra algún supuesto de representación legal que le permitiera utilizar la firma electrónica de la persona de nombre ***. Sobre todo porque la demanda de amparo no contiene manifestaciones que converjan al supuesto de representación legal, previsto en el artículo 14 de la Ley de Amparo, el cual establece que el defensor del quejoso podrá instaurar el juicio de tutela constitucional, con la manifestación bajo protesta de decir verdad, de tener reconocido ese carácter en el proceso penal instaurado a su defendido. Empero, la demanda del quejoso ***, no contiene la manifestación de la persona de nombre ***-bajo protesta de decir verdad- de tener reconocido el carácter de defensor del quejoso en mención, en algún proceso penal del cual deriven los actos reclamados. Lo cual determina la ineficacia de la firma electrónica de ***, pues el quejoso utilizó esa firma para presentar su demanda de amparo, sin que existieran condiciones para actualizar el supuesto de representación legal, previsto en el artículo 14 de la Ley de Amparo. De ahí que se haya considerado que la demanda de amparo presentada vía electrónica por el quejoso *, por propio derecho, no cumple el principio de "instancia de parte agraviada", al carecer de la firma electrónica necesaria para la instauración del juicio de protección, en la vía electrónica. Sólo resta decir que la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención regulada en el artículo 114 de la Ley de Amparo, dado que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención. Por tanto, con fundamento en la fracción XII, del artículo 61, en relación con los diversos 3, 6, 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso Gerardo Pérez Zayas, por propio derecho, debido a las razones expuestas con antelación. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio procesal del quejoso para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda de amparo. Quedan autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, las personas que señala la parte quejosa porque tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Sin que resulte procedente tener como medio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico y número telefónico que proporciona, pues el artículo 26 de la Ley de Amparo, no lo contempla las notificaciones por dicha vía; en efecto, el citado artículo únicamente prevé la notificación electrónica cuando las partes que expresamente así lo soliciten hayan tramitado de manera previa la firma electrónica. Acceso expediente electrónico. En relación a la solicitud para poder acceder al expediente electrónico, con fundamento en el artículo 355 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es procedente su pretensión porque proporciona el "nombre de usuario" utilizado al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, el nombre de usuario "*", no se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal; a pesar de ello, se instruye al secretario encargado de la tramitación del presente expediente, realice las gestiones necesarias para materializar la autorización al usuario "*", pues éste corresponde a *, quien es autorizado por la parte quejosa para tal efecto. Comunicación de las partes. Con independencia a lo anterior, el correo electrónico y número de teléfono proporcionados, podrán considerarse, de manera excepcional -dado el estado de contingencia sanitaria, derivado del fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, a partir del virus COVID-19-, por los actuarios correspondientes, como medio para establecer contacto con la parte impetrante del amparo, a fin de localizarla, no así para notificarla, pues esto último deberá hacerse únicamente en la forma y términos previstos por la ley de la materia Hago saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse las partes al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de quienes comparezcan a este juzgado, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información susceptible de protección6. .., se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Notifíquese; de forma personal al quejoso y cúmplase.
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