Gerardo Avila Calderon
Expediente 984/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 984/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gerardo Avila Calderon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo referido, el cuaderno único del incidente de suspensión es susceptible de conservarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevén los artículos 17 y 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y depúrese el cuaderno único del incidente, el cual deberá transferirse a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene al secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, informando que deja a disposición de este juzgado el expediente electrónico relativo al juicio de amparo 1036/2017 de su índice, y realizó la vinculación correspondiente, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar sentencia; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintitrés (fojas 2-11), ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 16 y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró con el número 984/2023, se admitió mediante proveído de veinticinco de julio de dos mil veintitrés; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; y, se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. En proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés (fojas 26 y 27) se determinó que tenía el carácter de tercero interesado y se ordenó su emplazamiento al presente juicio de amparo. En el propio auto se ordenó emplazar a los Agentes del Ministerio Público que intervinieron en la solicitud de orden de aprehensión. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución material en el ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo.****************************************Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, del siguiente contenido y rubro: ****************************************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."****************************************En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado por la parte quejosa al Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora, es:****************************************La orden de aprehensión dictada el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal ********************, instruida en contra de ********************por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, en agravio de ********************.****************************************Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, del siguiente rubro y contenido:****************************************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."******************** ********************Tercero. Certeza de los actos reclamados. El Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado (foja 20). ****************************************Certeza que se corrobora con el disco compacto de audio y video remitidos por el Juez responsable; las que dado su carácter de documentales públicas tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°, por lo que así deberán tenerse para todos los efectos legales procedentes.****************************************Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 917812, que establece:****************************************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto."****************************************También es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de Tesis 455/2012 [Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito], registro digital 2004362, de rubro y texto:****************************************"VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga".******************** ********************Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice:****************************************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto."****************************************Cuarto. Estudio de las causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, corresponde ahora examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone:********************"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."********************Este juzgador de oficio estima que en el caso se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracciones X y XI, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente:********************".X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;********************XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; ********************[...]"********************La referida causal de improcedencia tiene como finalidad preservar la cosa juzgada, pues no permite que se tramite una nueva demanda de amparo en la que se reclame a la misma autoridad, por el propio quejoso, el acto que ya fue reclamado en un juicio anterior que se encuentre concluido.****************************************En materia de amparo, la cosa juzgada, por regla general, opera cuando existe una sentencia ejecutoria contra la que no procede recurso alguno y cuyo sentido no puede ser modificado, siempre y cuando se resuelva la controversia en lo principal o de fondo, y que en el juicio posterior las partes en la controversia sean las mismas y el acto reclamado haya sido analizado o estudiado en un primer juicio.****************************************Su justificación parte de la intención del legislador de evitar el estudio reiterado de una misma acción constitucional cuando ya hubo pronunciamiento por parte de una autoridad judicial, pues de lo contrario, se afectarían los principios de seguridad jurídica, debido proceso y firmeza procesal en que se encuentran inmersas las resoluciones que constituyen cosa juzgada, que resultan inmodificables, irrecurribles e inatacables, características de las resoluciones que constituyen la verdad legal; que además, implicarían también una transgresión al orden constitucional que deben observar todos los juicios conforme al mandamiento del artículo 17 constitucional, en virtud que su admisión implicaría retrasar los procedimientos, obligando a los tribunales, a examinar juicios ociosos, y permitir el abuso del juicio de amparo en perjuicio de la función jurisdiccional. ****************************************No obstante lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que existen casos de excepción, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio de tutela constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto.****************************************Orienta esta determinación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y texto siguientes:****************************************"COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías".****************************************Así como, la jurisprudencia 40/2008 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de dos de abril de dos ocho, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XXVIII, octubre de dos mil ocho, página 286, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente:****************************************"ORDEN DE APREHENSIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A LA COSA JUZGADA, CUANDO LA ORDEN RECLAMADA YA FUE MATERIA DE UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, AUNQUE SE ALEGUE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL." Acorde con el artículo 73 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de oficio y de orden público. Por otra parte, para que opere la causal a que se refiere la fracción IV del citado precepto legal, el amparo debe interponerse por el propio quejoso contra las mismas autoridades y acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diferentes. En congruencia con lo expuesto, se concluye que cuando se promueve un juicio de amparo contra una orden de aprehensión que ya fue materia de un diverso juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de la materia, aunque se alegue como violación la prescripción de la acción penal. Sin que sea óbice a lo anterior, lo establecido en el artículo 183 de la Ley citada, pues conforme a su correcta interpretación, en los asuntos del orden penal la violación consistente en la extinción de la acción persecutoria es de estudio preferente a cualquier otra cuestión de fondo o violación procesal. De ahí que sea incorrecto sostener que dicho artículo permita analizar la prescripción de la acción penal previo al estudio y acreditamiento de la procedencia del juicio de amparo, pues además de que tal extremo no puede desprenderse del propio numeral, estimar lo contrario, es decir, que el estudio de la prescripción de la acción penal es previo al de las causas de improcedencia, haría procedente el amparo en tal aspecto (aunque ya sea cosa juzgada), otorgándole la naturaleza de un recurso ordinario en el proceso penal, aunque evidentemente no lo sea."****************************************Así, de lo hasta aquí expuesto se tiene que son tres las condiciones necesarias para que se actualice el supuesto de improcedencia en análisis, a saber:****************************************Que exista un diverso juicio de amparo.****************************************Que éste sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado.****************************************c) Que se haya dictado ejecutoria al respecto.****************************************Ahora bien, en el caso, la parte quejosa comparece en su calidad de imputado dentro de la causa penal ********************, del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora, en el que se libró orden de aprehensión en su contra, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, en agravio de ********************, emitida el veinticinco de abril de dos mil diecisiete.********************Por otra parte, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 217 de la Ley de Amparo, constituye hecho notorio para este juzgado que el aquí quejoso promovió diverso juicio de amparo registrado con el ********************, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, contra la misma autoridad ordenadora y el mismo acto reclamado en el juicio de cuenta, el cual fue resulto el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, y causó ejecutoria el veinte de marzo siguiente, lo cual se corrobora con el expediente que fue vinculado a solicitud de este Juzgado que aparece en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) del Poder Judicial de la Federación, lo anterior con apoyo además en la jurisprudencia XXI.3o. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 183053, de rubro y texto siguientes: ********************"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN". ******************** De igual forma, la jurisprudencia XX.2o. J/24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 168124, que dice: ******************** "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR". ******************** Dicho juicio de amparo fue promovido por el propio quejoso ********************en los términos siguientes:********************Acto reclamado:********************La emisión de la orden de aprehensión dictada contra el quejoso en audiencia celebrada el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, por hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado en agravio de ********************, dentro de la causa penal ********************.****************************************Autoridades responsables:**************************************** Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Acusatorio y Oral Región Zamora; ********************Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Zamora; ********************Director de Seguridad Pública Municipal de Pajacuarán, Michoacán; y,******************** Director de Seguridad Pública Municipal de Sahuayo, Michoacán.************************************************************Así, realizando un contraste de ambos juicios revela que en el juicio en que se actúa el amparista reclama de la misma autoridad ordenadora la orden de aprehensión dictada el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal ********************, instruida en contra de ********************aquí quejoso, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, en agravio de ********************; y que en el diverso juicio ********************, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se resolvió sobre el mismo acto reclamado, por el propio quejoso y contra la misma autoridad ordenadora responsable, y se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal, resolución que causó ejecutoria el veinte de marzo de dos mil dieciocho.****************************************De ahí que, resulta inconcuso que se cumplen las tres condiciones necesarias para que se actualice la figura jurídica de la cosa juzgada y, por consiguiente, el presente contradictorio deviene improcedente.****************************************Ello porque, tiene como objeto impedir que en una segunda ocasión se realice el análisis de cuestiones litigiosas que ya fueron motivo de decisión en un amparo, no sólo al fondo de la controversia planteada, sino que también puede aplicarse a causas de improcedencia y sobreseimiento respecto de las que, con antelación, ya se hubiere tomado una decisión.****************************************En las relatadas condiciones, confrontados los datos del juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad-en el que ya existe pronunciamiento definitivo de fondo- con los señalados en la demanda de amparo que inició esta instancia constitucional, se llega a la conclusión de que en ambas demandas existe identidad de promovente, de autoridad responsable y de acto reclamado; razón por la cual se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracciones X y XI, de la Ley de Amparo.****************************************En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer en este juicio de garantías, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada V.2º.215 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 256, Tomo XIV, Septiembre de 1994 de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:****************************************"AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. POR HABER SIDO EL ACTO MATERIA DE OTRO AMPARO (ARTICULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). La causa de improcedencia que establece la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse sino a juicios completamente terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y al citar la disposición mencionada, la fracción que le precede, se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, y no puede pretenderse que quiera referirse a amparos que se encuentren pendientes de resolución".****************************************En tales condiciones, al acreditarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones X y XI, de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio.****************************************Consecuentemente, ante el sobreseimiento decretado, este órgano jurisdiccional está impedido para examinar los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece:****************************************"SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio."****************************************Sentado lo anterior, lo aquí resuelto no contraviene el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el derecho de toda persona a un recurso judicial o positivo, sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. ****************************************El precepto aludido, ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los siguientes términos:****************************************A efectos de cumplir su obligación convencional de establecer en el ordenamiento jurídico interno un recurso efectivo en los términos de la Convención, los Estados deben promover recursos accesibles a toda persona para la protección de sus derechos. Si una determinada acción es el recurso destinado por la ley para obtener la restitución del derecho que se considera violado, toda persona que sea titular de dicho derecho debe tener la posibilidad real de interponerlo. (.) Un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un recurso capaz de conducir a un análisis por parte de un tribunal competente a efectos de establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación.****************************************Igualmente ha señalado que el artículo 25.1 incorpora el principio, reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales derechos y que de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar; subrayando que para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla y agregando que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios.****************************************En efecto, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas. Por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. ****************************************De tal manera, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado.****************************************En el mismo sentido se ha pronunciado la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que el artículo 17 constitucional garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formalismos o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia.****************************************En este orden de ideas, resulta claro que si bien el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales; lo cierto es que de hecho el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos por una de las partes, en el caso el quejoso, no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. ****************************************Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 325, del Tomo I, Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época de rubro y texto siguientes: ****************************************"DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental.".****************************************Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada.****************************************Por lo expuesto y fundado, se resuelve:****************************************Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************contra el acto y por los motivos que quedaron precisados en el considerando cuarto de esta sentencia.****************************************Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.****************************************Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. ****************************************Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte de la revisión del contenido del informe justificado remitido por la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, Michoacán, la existencia del juicio de amparo 1036/2017, promovido por el aquí quejoso Gerardo Ávila Calderón, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad. Por tanto, solicítese al titular del juzgado antes mencionado, tenga a bien poner a disposición el respectivo expediente electrónico relativo al citado juicio de amparo, a efecto de que este juzgado pueda vincularlos al expediente en que se actúa, o bien, informe el impedimento que tengan para ello. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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