Gerardo Calas Zárate

Expediente 223/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
223/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
29/05/2023

Partes del expediente

  • Gerardo Calas Zárate

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de nueve de mayo del año en curso, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; por tanto, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en cuanto a la valoración de este expediente se determina encuadra en el supuesto a que se refiere el artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo que: a) No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este juzgado federal así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción; y d) Remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Efectivo apercibimiento Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, a fin de que manifestara si ampliaba su demanda respecto de la contestación recaída a su solicitud, dirigida al Director General del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca -respuesta que se encuentra contenida en el oficio ICEO/DG/UJ/0548/2023, de catorce de marzo del año en curso-, así como su notificación, sin que hubiese hecho manifestación alguna al respecto; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado y se ordena resolver el presente juicio de amparo en los términos planteados en el escrito inicial de demanda. Cesación de efectos. Ahora bien, del análisis de las constancias de autos se desprende la materialización del sobreseimiento en el presente juicio de amparo por las razones que a continuación se precisarán. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que conforme a lo dispuesto por la Ley de Amparo, el legislador previó la posibilidad de que durante la tramitación del juicio de amparo sobreviniera alguna causal de improcedencia de las previstas en la legislación invocada, de manera que cuando una de estas causales sea notoria y manifiesta y que no pueda ser desvirtuada mediante ningún medio probatorio, es posible decretar el sobreseimiento fuera de la fecha señalada para la audiencia constitucional, pues de no hacerlo, retardaría la impartición de la justicia. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia por contradicción 2a. /J. 10/2003, registro 184572 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En la especie, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La cesación de efectos se actualiza cuando el acto de autoridad deja de producir sus consecuencias sin condición alguna y, por ende, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, sea porque la autoridad lo deroga o revoca, restituyendo a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado, como si se hubiera otorgado el amparo. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, con registro 193758, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Para estimar actualizada la causa de improcedencia invocada, es indispensable que concurran los siguientes extremos: a) Un acto u omisión de autoridad que se considere lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; y, b) Que respecto del mismo, se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: 1. Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, que deje insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; 2. Una situación que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados; 3. Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. El primer requisito se encuentra acreditado, pues del estudio integral de la demanda ser advierte que la parte quejosa estima como acto lesivo a sus derechos fundamentales: La omisión del Director del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, de acordar su petición formulada mediante escrito presentado el doce de septiembre de dos mil veintidós, por el que le solicitó la actualización del sistema catastral, toda vez que derivado de un error, la cuenta catastral 39139, del predio ubicado en calle Nicolás Bravo, esquina con calle Jesús Acevedo, en la Villa de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, fue registrada a nombre de Teresa Zárate, siendo que dicha persona compra para Gerardo Calas Zárate (quejoso). Por lo que hace al segundo de los extremos necesarios para la configuración de la improcedencia que se analiza, se acredita el señalado en la hipótesis número dos, relativa a una situación que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violado, materia del juicio de amparo. Lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, manifestó que mediante oficio ICEO/DG/UJ/0548/2023, de catorce de marzo de dos mil veintitrés, dio respuesta al escrito de nueve de septiembre de dos mil veintidós, presentado ante la responsable el doce de septiembre siguiente, y firmado por Magalí García García, apoderada legal del quejoso Gerardo Calas Zárate. Visto el contenido del citado ocurso, la autoridad responsable hizo del conocimiento de la parte quejosa que se encuentra imposibilitado para colmar su petición, toda vez que no cuenta con facultades o atribuciones previstas en la normatividad de la materia para actualizar el sistema catastral, y por ende atender favorable lo pedido. Asimismo, le comunica que del contenido de las documentales que anexó a su libelo de petición, se advierte que la fecha de expedición de la notificación de datos catastrales, fue en el año de mil novecientos ochenta y ocho, por lo que en caso de estar inconforme con esa determinación, es decir, el error que refiere en la cuenta catastral 39139, debió interponer recurso de revisión en los plazos previstos en la ley de la materia ante esa autoridad catastral, o bien, juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. No se desatiende que en auto de veintitrés de marzo de este año, se dio vista a la parte quejosa por el término de quince días, para que manifestara si ampliaba su demanda respecto de la respuesta dada por el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, sin que lo hubiese hecho. En ese sentido, es claro que han cesado los efectos del acto reclamado. En consecuencia, al operar la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V y 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio. Sin que el hecho de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo cause agravio al quejoso o lo prive de defensa, ya que, ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causa de improcedencia, con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Ante ello, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del doce de junio de dos mil veintitrés; háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído catorce de marzo de dos mil veintitrés, este órgano de control constitucional dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, en relación al cumplimiento que dio la autoridad responsable al fallo protector, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366 del Tomo XIV, Octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA." Mediante sentencia dictada el doce de agosto de dos mil veintiuno (fojas 147 - 166), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para el efecto de que el Fiscal General del Estado de Oaxaca, realizara lo siguiente: "[.]1. Se le pague la indemnización correspondiente y demás prestaciones a que tenga derecho; 2. Ordene la anotación en su expediente personal, así como en el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública, que fue separado de su cargo de manera injustificada." Inconforme con dicha resolución, el Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, interpuso recurso de revisión, mismo que fue resuelto mediante sentencia dictada el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en el amparo en revisión número ********************, por los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, quienes confirmaron la sentencia recurrida (fojas 228 - 257). Por lo que en proveído de treinta y uno de agosto del año próximo pasado, se ordenó glosar testimonio de la ejecutoria antes mencionada y se requirió al Fiscal General del Estado de Oaxaca, su cumplimiento (fojas 258 - 260). En cumplimiento a dicha ejecutoria, el Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en representación del Fiscal de la mencionada dependencia, remitió: 1. Oficio ********************, de nueve de septiembre de dos mil veintidós, al que anexó copia certificada de la constancia de baja y la captura de pantalla de la inscripción, ambas en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, en que se asentó que el quejoso fue dado de baja de su cargo de manera injustificada (fojas 275 y 282 - 284). 2. Oficio ********************, de diez de marzo del año en curso, al que adjuntó la diligencia de pago de la indemnización correspondiente y demás prestaciones a que tiene derecho el quejoso ********************, de diez de marzo del año en curso, de la que se advierte, se le hizo entrega del cheque número ********************de nueve de marzo del año en curso, por la cantidad de $******************** (********************.); así como copia certificada del referido cheque (fojas 378 - 383). Sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, ya que la responsable omitió enviar la documental con la que acredite que ordenó realizar la anotación en el expediente personal del quejoso, en el sentido de que fue separado de su cargo de manera injustificada, cuyo efecto aparece identificado con el número dos de la sentencia de amparo. En ese orden de ideas, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Fiscal General del Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, siguientes a la legal notificación del presente auto, remita la documental con la que compruebe que ordenó realizar la anotación en el expediente personal del quejoso, en el sentido de que fue separado de su cargo de manera injustificada. Apercibido que de no hacerlo así, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con los artículos 192, 193 y 258, de la Ley de Amparo; y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, incorpórese al expediente físico el presente acuerdo, toda vez que se trata de una determinación relevante, en razón de que en el presente auto se requiere nuevamente el cumplimiento del fallo dictado en este asunto. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, ********************, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por conducto de su apoderada legal ********************, -personalidad que acredita con la copia certificada del instrumento notarial ********************volumen ********************, otorgado ante la fe del Notario Público número ciento cinco del Estado de ********************; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese el expediente correspondiente, y regístrese con el número 223/2023. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por ********************, por conducto de su apoderada legal ********************, contra actos del Director del Instituto Catastral del Estado de ********************. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Requerimiento de informes. Pídase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, y acompañe copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia de este juicio de amparo, las cuales deberán remitirse digitalizadas y físicamente, aunado a que se exhorta a que sean remitidas mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de la fracción II del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Apercibida que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente al valor vigente en que se haga efectiva la medida de apremio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, cualquiera de las partes, deberán informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente al valor vigente en que se haga efectiva la medida de apremio, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. De igual forma, requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado, de ser cierto el acto reclamado, manifieste si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente, del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó y remita las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndola que de no hacerlo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente al valor vigente en que se haga efectiva la medida de apremio, con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento. Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el que indica y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, y a las restantes personas que menciona únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, por así haberlo solicitado expresamente. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales las que acompañó la quejosa a su demanda de amparo; consistentes en copias certificadas por notario público de: (1) Escrito dirigido al Director General del Instituto Catastral del Estado de ********************, recibido en dicha dependencia el doce de septiembre de dos mil veintidós e (2) Instrumento notarial ********************volumen ********************; mismas que en razón de su especial naturaleza se tienen por desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. Exhortación a tramitar juicio en línea. Se exhorta a las partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; para lo cual deberá proporcionar el nombre de usuario con que se encuentra registrado en el citado portal; además, del acceso al expediente electrónico, solicite la práctica de notificaciones electrónicas, con su nombre de usuario, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, a efecto de continuar con el trámite de este asunto en "Línea". Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones que se ordenen en el presente juicio de amparo. Intervención. Dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Nueva integración del expediente físico y electrónico. Con motivo de la publicación del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, artículos 252, 253 y 263; así como con fundamento en el precepto 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica Firel. 2. Únicamente formarán el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. NOTIFÍQUESE.

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