Gerardo Carlos Mijangos Esperanza

Expediente 223/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
223/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
12/05/2022

Partes del expediente

  • Gerardo Carlos Mijangos Esperanza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para los efectos legales correspondientes se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes depúrese este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, y los demás documentos que considere el titular de este órgano jurisdiccional. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se acompañaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 223/2022; y R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Gerardo Carlos Mijangos Esperanza, por su propio derecho, mediante escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó a la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en la Ciudad de Oaxaca; el cual estimó violatorio de su derecho fundamental previsto en el artículo 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por razón de turno le correspondió conocer de la referida demanda, cuyo titular la admitió por auto de uno de marzo de dos mil veintidós, ordenó registrarla en el libro de gobierno con el número de juicio de amparo 223/2022; solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; ordenó emplazar a juicio a los terceros interesados Instituto Mexicano del Seguro Social y Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo como se encuentra asentado en el acta que antecede. Este juzgador federal, por auto de uno de abril de dos mil veintidós, tuvo a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por conducto de su presidenta, rindiendo el informe justificado que le fue solicitado, por lo que se ordenó dar vista a las partes de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que la omisión reclamada se atribute a una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de la omisión reclamada. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador establece que del escrito de demanda, así como de las demás constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable, lo siguiente: La omisión de dictar laudo en el juicio laboral 559/2018. TERCERO. Existencia de la omisión reclamada. La autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, al rendir su informe con justificación por conducto de su presidenta, negó parcialmente la omisión que se le reclamó. Para justificar su dicho, la referida junta responsable expuso que era cierto que no se había dictado el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 559/2018, pero que ello se debía a que en dicho enjuiciamiento no se ha cerrado la instrucción para poder proceder a su emisión. Dicha autoridad a efecto de acreditar lo anterior, exhibió copia certificada del auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio laboral 559/2018, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo al diverso numeral 2° de la Ley de Amparo, de las cuales se advierte que aún no se ha dictado el laudo dentro del citado juicio del trabajo, por lo que dicha negativa se desvirtúa; de ahí la existencia del acto reclamado. CUARTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. En caso de requerirse, el análisis de los motivos de disenso se llevará a cabo atendiendo a la suplencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, pues el quejoso tiene el carácter de trabajador en el juicio laboral de origen. El peticionario de amparo, al exponer su único concepto de violación, esencialmente argumentó que la omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 559/2018, reclamada a la junta responsable, transgrede su derecho fundamental de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal, toda vez que ha transcurrido en exceso el plazo legal para su emisión. El anterior razonamiento, aun en suplencia de la deficiencia de la queja, es infundado. El derecho fundamental de acceso a la justicia se encuentra contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, que señala lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. [.]" De lo anterior, se puede advertir el mandato constitucional dirigido a todas las autoridades encargadas de administrar justicia, de resolver los planteamientos ante ellas formulados, de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, procurando en todo momento la resolución de la controversia efectivamente planteada sobre las formalidades del procedimiento. Respecto a este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, estableció que el derecho humano de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de las personas, entre otros principios, el consistente en la justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Así, dicha Segunda Sala del Alto Tribunal, expuso que por lo anterior, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia del referido derecho fundamental, son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Lo anterior, con la salvedad, de que para resolver la controversia, es menester que se hayan agotado todas las etapas del procedimiento correspondiente, pues de no ser así, no sería factible, jurídicamente, resolver la contienda. Ahora bien, los artículos 884, 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, vigentes al iniciarse el juicio de origen, establecen lo siguiente: "Artículo 884. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: [.] V. Al concluir el desahogo de las pruebas, la Junta concederá a las partes un término de dos días para que presenten sus alegatos por escrito. Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. [.] Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. [.] Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta." Del contenido normativo de las citadas disposiciones, se advierte, entre otras cosas, que una vez desahogadas las pruebas en juicio; recibidos los alegatos dentro del procedimiento, o fenecido el plazo para efectuarlos; emitida la certificación de que no quedan probanzas pendientes por desahoga, y transcurrido el plazo para inconformarse con dicha certificación; de oficio se declarará el cierre de instrucción, y dentro de los diez días siguientes, se formulará por escrito el proyecto de laudo correspondiente. Ahora bien, de la documental remitida por la junta responsable se advierte que por auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio laboral 559/2018, entre otras cosas, se estableció que en atención a que no existían pruebas pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 884 de la Ley de Amparo, concedió a las partes un término de dos días para que formularan sus alegatos por escrito, apercibiéndolas que en caso de no efectuarlos en dicho plazo, se les tendría por perdido ese derecho. Además, la junta responsable hizo del conocimiento de este juzgado federal, que a la fecha en que rindió su informe con justificación, el referido proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós había sido notificado al actor-quejoso el quince de marzo de dos mil veintidós; al tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social el dieciséis de marzo de dos mil veintidós; y respecto a la diversa tercera interesada Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se encontraba pendiente notificarlo; por lo que una vez realizados los requisitos de ley, acordaría lo conducente. Por tanto, es evidente que la junta responsable no se encuentra las condiciones procesales para emitir el laudo correspondiente, toda vez que no se han verificado todas las etapas del procedimiento que al efecto establecen los artículos conforme a los artículos 884, 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, para su dictado, de ahí que la omisión reclamada, bajo esa condición adjetiva, no es violatoria del derecho fundamental de acceso a la justicia del quejoso, pues como quedó demostrado, de momento existe una imposibilidad jurídico-procesal para resolver la controversia laboral de origen. De ahí que, atendiendo al estado que guardan los autos del juicio laboral 559/2018, se arribe a la conclusión de que la omisión para dictar el laudo correspondiente, se encuentre justificada, pues en dicho enjuiciamiento existen fases procesales por cumplimentarse, las cuales no pueden obviarse en detrimento del debido proceso; por lo que dicho acto omisivo no transgrede el derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita contemplado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En las relatadas consideraciones y al ser infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por Gerardo Carlos Mijangos Esperanza, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en la omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral 559/2018. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74, 77, fracción II, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Gerardo Carlos Mijangos Esperanza contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 559/2018, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. veintiuno de abr i l de dos mil veintidós NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de abril de dos mil veintidós. De autos se advierte que en proveído de veintinueve de marzo del año en curso, se dio vista con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, por lo que se encuentra transcurriendo el término de ocho días concedido a las partes conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se impongan de su contenido; por lo tanto, resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere y se fijan para su verificativo las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta, signado por la presidenta por ministerio de Ley de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual rinde informe justificado, por lo que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por tanto con fundamento en el artículo 119 del ordenamiento legal citado, téngase como prueba documental la que se acompaña al oficio, misma que en razón de su especial naturaleza se tiene por desahogada en este acto, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. NOTIFÍQUESE.

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