Gerardo Antonio Pinedo Chavira
Expediente 1759/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 22 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1759/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 01/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gerardo Antonio Pinedo Chavira
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto con el diverso numeral 2°, de este último ordenamiento legal, mediante oficio, remítase copia certificada de las constancias que solicita. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose de los mismos, que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, y al advertirse que se concedió la medida cautelar a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido, este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo, así como la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar, y procédase a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no se promovió incidente de violación a la suspensión, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete. Vistos los presentes autos y advirtiéndose de los mismos que la parte quejosa, quedó notificada de lo determinado en proveído de veintisiete de julio de dos mil diecisiete, sin que al efecto hubiera interpuesto el recurso de inconformidad dentro del término de quince días a que se contrae el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo vigente; en tal virtud, es de estimarse que consintió tácitamente el proveído de que se trata. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; es susceptible de depuración; en su oportunidad, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas; Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Finalmente, glósese el oficio de cuenta, suscrito por el Director del Área adscrito a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, quien firma en ausencia del Titular de dicha Unidad y éste a su vez del Coordinador General de Centros Federales, con residencia en la ciudad de México, mediante el cual informa los trámites realizados a efecto de que las autoridades responsables cumplan con la sentencia dictada en autos, únicamente para que obre como corresponda, toda vez que la sentencia dictada en autos, ya se tuvo por cumplida. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos, se advierte, transcurrió el término otorgado con la vista relacionada al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente asunto; en consecuencia, se procede al estudio respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante resolución engrosada el treinta de enero de dos mil diecisiete (fojas 26 a 34), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Gerardo Antonio Pinedo Chavira, para el efecto de que las autoridades responsables director general, Comité Técnico, Dirección Técnica, Dirección Administrativa, y encargada del Departamento de Servicios Médicos, todas del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en el ámbito de sus atribuciones, realizaran las gestiones necesarias para que de inmediato se le proporcionara al peticionario de garantías la atención médica correspondiente, con la finalidad de atender sus problemas de salud, y se le proporcionara el tratamiento y medicamentos que requiriera, los que le deberían ser suministrados recabando la constancia respectiva. Con fecha catorce de marzo de dos mil diecisiete, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en autos y se requirió a las autoridades responsables su cumplimiento (foja 40 y 41). El Director de Administración del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, quien firma en suplencia del Director General y por la Presidencia del Comité Técnico, de dicho Centro Federal, y, la Médico Penitenciario "C", quien firma en ausencia de la Encargada del Departamento de Servicios Médicos del citado Centro; el Director Administrativo del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, la Encargada del Departamento de Actividades Educativas, quien firma en suplencia de la Directora del Área Técnica de dicho Centro Federal y, el Director General de dicho Centro Federal, mediante oficios de tres de abril y siete de julio del presente año, informaron sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada en autos, remitiendo la primera y la última de las citadas autoridades, copia autorizadas de la nota médica de veinte de febrero del presente año, hoja de atención médica de la misma fecha y de la constancia donde se acredita se entregó al quejoso el medicamento prescrito por el médico tratante. En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria de referencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO, POR CONDUCTO DE SU DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL.
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