Geovanni Alejandro Flores Diaz

Expediente 1112/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1112/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Geovanni Alejandro Flores Diaz

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y remite las constancias relativas. En tal virtud, se deja sin efectos el apercibimiento decretado al respecto y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con la totalidad de constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, para que dentro del plazo de tres días, computado a partir de la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.Jjg

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de veintinueve de septiembre del año en curso, en la que se concedió la protección de la Justicia Federal solicitada en el juicio de amparo en que se actúa, sin que lo hayan realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Asimismo, en dicha resolución se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para que el Presidente y Actuario, ambos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, realicen lo siguiente: " a) De acuerdo con los artículos 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, ordene de inmediato la elaboración del proyecto de laudo, el cual deberá formularse dentro del plazo de diez días; en su momento, entregar copia del proyecto de laudo a los miembros de la junta responsable; b) De no solicitar la práctica de otras diligencias dentro del plazo de cinco días, citar a los miembros de la junta para la discusión y votación del proyecto de laudo dentro de los diez días siguientes; y, c) Una vez aprobado el proyecto, elevarlo a la categoría de laudo y firmarlo de inmediato, ordenando notificar a las partes. " Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiéranse a las autoridades responsables Presidente y Actuario, ambos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de cinco días, computado legalmente cumplan con la sentencia ejecutoriada de referencia, sin dilaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá de la forma siguiente: 1. Se realizará el pronunciamiento respectivo; 2. Se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con las hipótesis que prevén los artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 238 y 258 del propio ordenamiento, en el entendido que de continuar con la actitud contumaz, se le podrá imponer una diversa por mayor cantidad de acuerdo a las particularidades del caso concreto; y, 3. Se remitirán los autos al tribunal colegiado que corresponda, a efecto de que determine lo que corresponda en torno al incidente de inejecución respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2007914, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1112/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta al juez con el pedimento registrado bajo el número 17197, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes; de igual manera se tiene por recibido el pedimento formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este órgano jurisdiccional, de lo que se ordena hacer relación en la etapa respectiva del desarrollo de la presente audiencia. Abierto el periodo probatorio el secretario da cuenta con las documentales que allegó al juicio la Junta responsable. El juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales referidas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos el secretario da cuenta con los alegatos formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este órgano jurisdiccional y certifica que las demás partes no los hicieron valer. En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este órgano jurisdiccional. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, ********************, a través de su apoderada jurídica ********************compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, en los términos siguientes: Autoridades responsables: 1. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán; y, 2. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán. Ambos con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: ". la omisión de elaborar el proyecto de laudo, emitir el laudo y notificar a las partes, actos derivados del expediente ordinario número ********************;" Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró en el libro de gobierno con el número 1112/2023, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal; la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a la autoridad responsable, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S : Primera. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que la parte quejosa reclama una omisión y la demanda fue presentada en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, el acto reclamado consiste en: La falta de emisión del laudo por parte de la autoridad responsable, dentro del juicio laboral ********************." Tercera. Certeza del acto reclamado. De los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Presidente y Actuario, ambos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, se advierte que es cierto el acto reclamado que se les atribuye. Lo anterior, toda vez que de la copia certificada del auto de fecha siete de diciembre de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio laboral de origen que remitió la autoridad, se advierte que la junta responsable ordenó turnar los autos para el efecto de emitir el laudo correspondiente, lo que consiste en la última actuación en dicho juicio. Documental que adquiere valor probatorio pleno respecto de los hechos enumerados en su contenido, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°, en razón de su naturaleza de públicas.. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época, del Apéndice 1917-septiembre 2011, registro 1002815, que a la letra dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. No se hicieron valer por las partes, ni este juzgador advierte de oficio alguna causa de improcedencia del juicio, por lo que se procede al análisis del concepto de violación que hizo valer la parte quejosa, el cual consta en su escrito inicial de demanda, mismo que no se transcribe por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, que prevé los requisitos formales que deben contener las sentencias dictadas en los juicios de amparo, ni por existir precepto legal alguno que establezca dicha obligación, además, de que con esa omisión, no se deja en estado de indefensión a las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del Tomo XXXI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a mayo de 2010, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Quinta. Estudio de fondo. La parte peticionaria de amparo en el planteamiento formulado básicamente argumentó que la junta responsable vulnera el contenido del artículo 17 Constitucional, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En efecto el artículo 17 Constitucional, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Conforme a dicho precepto, las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales están obligadas a impartir justicia pronta, lo cual implica resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la prontitud en la impartición de justicia comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva que dirima la controversia y que tales principios generales, aplicados a la materia laboral, se deben entender referidos al juicio laboral y al laudo. Asimismo, el máximo tribunal del país se ha pronunciado en el sentido de que en materia de términos y plazos existe una remisión de la norma fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces. En la especie, el acto reclamado deriva de un juicio laboral, por lo que a efecto de determinar si la omisión de la autoridad responsable origina un retardo o dilación en el procedimiento se debe analizar lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo respecto de los términos y plazos para que la junta realice determinados actos procesales. Al respecto, los artículos 744, 885, 886, 887, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo disponen lo siguiente: "Artículo 744. Las ulteriores notificaciones personales se harán al interesado o persona autorizada para ello, el mismo día en que se dicte la resolución si concurre al local de la Junta o en el domicilio que hubiese designado y si no se hallare presente, se le dejará una copia de la resolución autorizada por el Actuario; si la casa o local está cerrado, se fijará la copia en la puerta de entrada o en el lugar de trabajo. El actuario asentará razón en autos. (.)." "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar de oficio declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo que deberá contener: (.) ". "Artículo 886. Del proyecto del laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta con citación a las partes, señalará en su caso, día y hora para el desahogo, dentro del término de ocho días, (.)". Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta." En ese sentido, asiste razón a la parte quejosa al afirmar que la autoridad responsable no ha emitido el laudo respectivo dentro del plazo que marca la legislación aplicable, ya que de acuerdo a la constancia remitida, se advierte que desde el auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, por el que se ordenó turnar los autos a la Auxiliaría de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, no ha actuado con la celeridad necesaria a fin de realizar el pronunciamiento respectivo. Por tanto, es evidente que todo lo anterior, trae como consecuencia la dilación del trámite del juicio de origen. Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el sentido de que la omisión o el retardo de la autoridad en la tramitación y resolución del juicio actualiza la violación al derecho a la impartición de justicia pronta, lo cual afecta a todo el procedimiento, pues éste se configura por una serie de actos y etapas concatenadas o unidas entre sí, que se van desarrollando una tras otra en forma lógica y sistematizada para la consecución de un resultado que consiste en la emisión del laudo que dirima la controversia planteada. En consecuencia, está demostrada la violación del derecho aducido; por tanto, procede conceder a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal para que la junta responsable realice lo siguiente: a) De acuerdo con los artículos 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, ordene de inmediato la elaboración del proyecto de laudo, el cual deberá formularse dentro del plazo de diez días; en su momento, entregar copia del proyecto de laudo a los miembros de la junta responsable; b) De no solicitar la práctica de otras diligencias dentro del plazo de cinco días, citar a los miembros de la junta para la discusión y votación del proyecto de laudo dentro de los diez días siguientes; y, c) Una vez aprobado el proyecto, elevarlo a la categoría de laudo y firmarlo de inmediato, ordenando notificar a las partes. Lo anterior, tomando en cuenta que la concesión del amparo abarca únicamente la dilación a estudio en el presente juicio y no respecto de aquellas futuras o inciertas que lleguen surgir en el procedimiento, toda vez que de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, existe jurisprudencia obligatoria aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, de rubro y testo siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. Por las razones expresadas en la quinta consideración de la presente sentencia, la Justicia de la Unión ampara y protege a ******************** Díaz, contra los actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, así como actuario adscrito, para los efectos ahí precisados. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinden las siguientes autoridades responsables: 1. Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado; y, 2. Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Ambas, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales públicas que acompaña a su informe de cuenta las autoridades responsables. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.Jjg

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