Gerardo Armando Aguado Santacruz

Expediente 275/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
275/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
18/03/2022

Partes del expediente

  • Gerardo Armando Aguado Santacruz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de dos de marzo de dos mil veintidós, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Registro de demanda. Vista la demanda de amparo formulada por Gerardo Armando Aguado Santacruz, en contra de actos del juez Quinto Civil de Partido de esta ciudad; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 275/2022-4. Desechamiento. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio César Antonio Hernández León 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ce.20 02/09/22 13:00:20 se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En tales condiciones, se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo, de la cual se desprenden que el acto reclamado consiste en: "IV. ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades ordenadora y ejecutora, se reclama: El auto de fecha 08 ocho de febrero del año 2022 dos mil veintidós, del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido, con Residencia en Celaya, Guanajuato, que ordena el Remate en Tercera y Publica Almoneda; así también se reclaman los actos de ejecución. (.)". Ahora, de lo manifestado en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, se advierten los siguientes antecedentes:  En el Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, se radicó el juicio ordinario civil C- ***************, promovido por ****************, en contra de ************** (aquí quejoso), a quien le demandó el cumplimiento de un contrato de prestación de servicios profesionales y otras prestaciones.  El veintiséis de febrero de dos mil veinte, en el citado juicio, se dictó sentencia en la que se condenó a la parte demandada al pago de diversas prestaciones.  En contra de dicha determinación, el aquí quejoso, interpuso el recurso de apelación.  De este recurso, conoció la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, quien confirmó la resolución recurrida.  El cuatro de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia principal y el actor solicitó la ejecución de esa resolución, por lo que, en fecha dos de agosto de dos mil veintiuno se desahogó la diligencia de requerimiento de pago y embargo, en la que fue embargado el bien inmueble ubicado en ***************.  El once de agosto de dos mil veintiuno, el actor en el juicio subyacente, promovió un incidente de gastos y costas, el que fue resuelto el tres de septiembre del mismo año, condenando a la parte demandada al pago de la prestación reclamada.  En contra de lo anterior, el actor interpuso recurso de apelación, del que conoció ya la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, quien confirmó el sentido de la resolución impugnada.  El aquí quejoso, presentó demanda de amparo en la que reclamó la determinación de segunda instancia descrita en el punto precedente, el cual fue radicado en este juzgado con el número ************** y se encuentra en trámite.  El trece de septiembre de dos mil veintiuno, el actor promovió un incidente de liquidación y cuantificación de intereses, en el que se condenó al demandado al pago de la prestación reclamada.  En contra de dicha determinación, el aquí quejoso interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto el veintitrés de noviembre del año mencionado, por la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, confirmando la interlocutoria materia del recurso de apelación.  Contra esa determinación de segunda instancia, el quejoso promovió un diverso juicio de amparo, el cual fue radicado en este juzgado con el número **********, el cual se encuentra en trámite.  En auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, el juez responsable ordenó el remate en primera almoneda del bien inmueble embargado, la que se celebró el día cinco de enero del año en curso, sin que se presentaran posturas.  El doce de enero de dos mil veintidós, se ordenó el remate en segunda almoneda de ese bien, la que se celebró el tres de febrero del mismo año, y se presentaron dos posturas, pero no fueron calificadas de legales.  Finalmente, en auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio de origen, se ordenó el remate en tercera almoneda del bien inmueble embargado, para lo cual se señaló el dos de marzo de la presente anualidad para su celebración (acto reclamado). Ante el anterior contexto, se estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el juez de distrito en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos en el procedimiento de remate, solo podrá promoverse el amparo en contra de la última resolución, que es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de escritura de adjudicación y entrega de los bienes rematados; además, pueden reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. La finalidad de esta disposición es permitir el respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, último párrafo, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de remate, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, como lo es la orden de escrituración o entrega de los bienes rematados y pueden reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Cobra aplicación a lo anteriormente señalado en la tesis jurisprudencial 1a./J. 13/2016, decima época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, visible en la página 1066, tomo II, libro 29, abril de dos mil dieciséis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial.". En ese orden, se estima que el acto reclamado en forma destacada no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, pues en ella no se ordena la escrituración o entrega de los bienes rematados. Lo anterior, porque como se indicó en párrafos que preceden el acto reclamado lo constituye, el auto dictado en el expediente número ************ del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, en el cual se fijó fecha y hora para el desahogo de la diligencia de remate en tercera almoneda, sin que sea el caso de que exista una orden de escrituración o entrega de los bienes embargados. En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido contra el acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107 fracción IV, tercer párrafo, de la ley de la materia, que determina que el amparo indirecto procede solo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de remate, la que ordena la escrituración o entrega de los bienes embargados: lo que en el caso no ha sucedido. En ese sentido, el acto aquí reclamado no es susceptible de ser sujeto a análisis constitucional mediante la vía indirecta en este momento procesal, sino deberá ser controvertido, en su caso, cuando se promueva amparo indirecto en contra de la última resolución emitida en el procedimiento de remate; por tanto, el promovente del amparo no queda en estado de indefensión. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, tercer párrafo, de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa, el que indica en su escrito de demanda. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ************, toda vez que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que tiene facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el citado artículo (el número de registro de la cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); ello hasta en tanto se salve dicha situación. Asimismo, se tienen como autorizadas en iguales términos a las diversas personas que indica, por así haberlo solicitado. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

  3. Principal

    Registro de demanda. Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa, respecto delnproveido de dos de marzo de dos mil.veintidos, que a la letra dice: Vista la demanda de amparo formulada por ********, en contra de actos del juez Quinto Civil de Partido de esta ciudad; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 275/2022-4. Desechamiento. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En tales condiciones, se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo, de la cual se desprenden que el acto reclamado consiste en: "IV. ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades ordenadora y ejecutora, se reclama: El auto de fecha 08 ocho de febrero del año 2022 dos mil veintidós, del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido, con Residencia en Celaya, Guanajuato, que ordena el Remate en Tercera y Publica Almoneda; así también se reclaman los actos de ejecución. (.)". Ahora, de lo manifestado en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, se advierten los siguientes antecedentes:  En el Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, se radicó el juicio ordinario civil C- ***************, promovido por ****************, en contra de ************** (aquí quejoso), a quien le demandó el cumplimiento de un contrato de prestación de servicios profesionales y otras prestaciones.  El veintiséis de febrero de dos mil veinte, en el citado juicio, se dictó sentencia en la que se condenó a la parte demandada al pago de diversas prestaciones.  En contra de dicha determinación, el aquí quejoso, interpuso el recurso de apelación.  De este recurso, conoció la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, quien confirmó la resolución recurrida.  El cuatro de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia principal y el actor solicitó la ejecución de esa resolución, por lo que, en fecha dos de agosto de dos mil veintiuno se desahogó la diligencia de requerimiento de pago y embargo, en la que fue embargado el bien inmueble ubicado en ***************.  El once de agosto de dos mil veintiuno, el actor en el juicio subyacente, promovió un incidente de gastos y costas, el que fue resuelto el tres de septiembre del mismo año, condenando a la parte demandada al pago de la prestación reclamada.  En contra de lo anterior, el actor interpuso recurso de apelación, del que conoció ya la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, quien confirmó el sentido de la resolución impugnada.  El aquí quejoso, presentó demanda de amparo en la que reclamó la determinación de segunda instancia descrita en el punto precedente, el cual fue radicado en este juzgado con el número ************** y se encuentra en trámite.  El trece de septiembre de dos mil veintiuno, el actor promovió un incidente de liquidación y cuantificación de intereses, en el que se condenó al demandado al pago de la prestación reclamada.  En contra de dicha determinación, el aquí quejoso interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto el veintitrés de noviembre del año mencionado, por la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, confirmando la interlocutoria materia del recurso de apelación.  Contra esa determinación de segunda instancia, el quejoso promovió un diverso juicio de amparo, el cual fue radicado en este juzgado con el número **********, el cual se encuentra en trámite.  En auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, el juez responsable ordenó el remate en primera almoneda del bien inmueble embargado, la que se celebró el día cinco de enero del año en curso, sin que se presentaran posturas.  El doce de enero de dos mil veintidós, se ordenó el remate en segunda almoneda de ese bien, la que se celebró el tres de febrero del mismo año, y se presentaron dos posturas, pero no fueron calificadas de legales.  Finalmente, en auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio de origen, se ordenó el remate en tercera almoneda del bien inmueble embargado, para lo cual se señaló el dos de marzo de la presente anualidad para su celebración (acto reclamado). Ante el anterior contexto, se estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el juez de distrito en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos en el procedimiento de remate, solo podrá promoverse el amparo en contra de la última resolución, que es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de escritura de adjudicación y entrega de los bienes rematados; además, pueden reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. La finalidad de esta disposición es permitir el respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, último párrafo, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de remate, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, como lo es la orden de escrituración o entrega de los bienes rematados y pueden reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Cobra aplicación a lo anteriormente señalado en la tesis jurisprudencial 1a./J. 13/2016, decima época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, visible en la página 1066, tomo II, libro 29, abril de dos mil dieciséis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial.". En ese orden, se estima que el acto reclamado en forma destacada no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, pues en ella no se ordena la escrituración o entrega de los bienes rematados. Lo anterior, porque como se indicó en párrafos que preceden el acto reclamado lo constituye, el auto dictado en el expediente número ************ del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, en el cual se fijó fecha y hora para el desahogo de la diligencia de remate en tercera almoneda, sin que sea el caso de que exista una orden de escrituración o entrega de los bienes embargados. En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido contra el acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107 fracción IV, tercer párrafo, de la ley de la materia, que determina que el amparo indirecto procede solo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de remate, la que ordena la escrituración o entrega de los bienes embargados: lo que en el caso no ha sucedido. En ese sentido, el acto aquí reclamado no es susceptible de ser sujeto a análisis constitucional mediante la vía indirecta en este momento procesal, sino deberá ser controvertido, en su caso, cuando se promueva amparo indirecto en contra de la última resolución emitida en el procedimiento de remate; por tanto, el promovente del amparo no queda en estado de indefensión. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, tercer párrafo, de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa, el que indica en su escrito de demanda. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ************, toda vez que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que tiene facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el citado artículo (el número de registro de la cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); ello hasta en tanto se salve dicha situación. Asimismo, se tienen como autorizadas en iguales términos a las diversas personas que indica, por así haberlo solicitado. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano