Gerardo Bonifacio Ortega Roque

Expediente 560/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
560/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
07/05/2021

Partes del expediente

  • Gerardo Bonifacio Ortega Roque

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Visto el estado de autos y en atención a que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada en el presente asunto, que sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara que dicha resolución ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, incisos a) y c) del citado acuerdo general, el presente expediente y el cuaderno principal del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se negó la suspensión provisional y definitiva y se dictó resolución en la que únicamente sobreseyó en el juicio. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por las partes.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos que integran el juicio de amparo número 560/2020, promovido por ****; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, que por razón de turno conoció este Juzgado Octavo, ****** solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del juez de Partido Civil, así como del director de la Oficina Central de Actuarios, ambos residentes en Cortazar, Guanajuato, que estimó violatorios de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. En auto de seis de noviembre siguiente, una vez subsanada la prevención que se formuló al quejoso, se admitió la demanda. En ese mismo proveído se mandó pedir informe justificado a las autoridades responsables, dio intervención legal a la fiscal de la adscripción y se mandó emplazar al tercero interesado, **, por conducto de la autoridad responsable (las constancias respectivas fueron acordadas el ocho de diciembre de dos mil veinte). TERCERO. Finalmente, se verificó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal. La competencia territorial se surte conforme a la primera regla del artículo 37 en mención, pues los actos reclamados se hacen consistir en actos cuya ejecución tuvo lugar en la ciudad de Cortazar, en la que ejerce jurisdicción este Tribunal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias remitidas por las autoridades responsables, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se precisará el acto reclamado. El quejoso se ostenta tercero extraño al procedimiento en el que, expuso "se dejó a disposición del Notario el expediente *** en el que al parecer mi medio hermano Pedro Roque realizó un trámite de escriturar únicamente en su favor un predio que nos pertenece al suscrito (.) y a mi medio hermano". Además, indica que "si es que mi hermano hubiera realizado algún tipo de trámite o juicio respecto del mismo, sería con pleno desconocimiento y sin consentimiento del suscrito (.) dejándome en completo estado de indefensión." L o anterior permite concluir que se ostenta tercero extraño al procedimiento de jurisdicción voluntaria sobre información testimonial ad-perpetuam ***. De ahí que se precisan como actos: La falta de llamamiento a tal procedimiento y todos los actos tendientes a privarlo del derecho que dice tener sobre el predio. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El director de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común, expresó que "sí es cierto el acto reclamado"; empero, enseguida expuso que "no se ordenó la práctica de alguna diligencia de trámite tendiente a emplazar a la quejosa por conducto de los actuarios adscritos a esta oficina." Ante la ambigüedad, basta acudir a las constancias del procedimiento para advertir que no se desprende su participación. Además, sus atribuciones son únicamente de naturaleza administrativa. Es aplicable por identidad jurídica, la parte conducente de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto: "ACTUARIO. TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UNA PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN, AUN CUANDO EN LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL LOCAL DE LA ENTIDAD EXISTA UNA OFICINA CENTRAL DE NOTIFICADORES Y EJECUTORES. En el juicio de amparo indirecto promovido por una persona que se ostenta extraña a juicio por equiparación, debe señalar tanto a la autoridad ordenadora como a la ejecutora, esto, pues la autoridad ordenadora de un emplazamiento es el Juez que admite la demanda y ordena el llamamiento a juicio del demandado, mientras que a la ejecutora corresponde materializar dicha orden. Ahora bien, para designar a la autoridad responsable ejecutora, en aquellas entidades en las que el Poder Judicial local se integra con una Oficina Central de Notificadores y Ejecutores, debe tenerse en cuenta que el Director de dicha Oficina tiene a su cargo facultades meramente administrativas, sin que a éste le corresponda llevar a cabo las diligencias ordenadas por el órgano judicial. Por tanto, la autoridad responsable ordenadora es el Juez que emitió la orden de emplazamiento y la ejecutora será el actuario que materialmente llevó a cabo la diligencia que se reclama. Esto, ya que la autoridad responsable ejecutora es aquella cuya actuación se constriñe a llevar a cabo el mandato legal o la orden emitida por la autoridad ordenadora, sin actuar de manera autónoma, sino que cumple una orden. Así entonces, en aquellos casos en que exista una Oficina Central de Notificadores y Ejecutores, la calidad de autoridad responsable ejecutora no corresponde a su Director, pues no materializa el acto judicial." En esa medida, con fundamento en el artículo 61, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de actos atribuibles a dicha autoridad, se sobresee en el presente juicio respecto de ella. CUARTO. Existencia de actos. El juez Único Civil de Partido, residente en Cortazar, Guanajuato aceptó la existencia de los actos que se le atribuyen, lo que se corrobora con las constancias que adjuntaron. QUINTO. Antecedentes. De la copia certificada de las constancias que integran las diligencias de información testimonial ad perpetuam ***, a las que se confiere valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprenden diversos antecedentes que, enseguida, se citan: El tercero interesado, ***, solicitó que se declarara en su favor la posesión que, según su dicho, tiene sobre el predio en conflicto, ubicado en la ***, Guanajuato. En auto de cinco de junio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda. Seguido el procedimiento, se citó a los colindantes, ***, ***y al síndico del municipio de Villagrán; además de que publicaron edictos y se exhibió un certificado de "no inscripción" emitido por el Registro Público de la Propiedad competente. Finalmente, el uno de agosto de dos mil diecinueve se emitió resolución en la que se consideró: ".se acredita plenamente por parte del promovente en juicio, que ha tenido la posesión del bien sujeto a las presentes diligencias, la cual se ha ejercitado con el carácter de propietario, con las restricciones a que hace referencia el artículo 734 del Código de Procedimientos Civiles. (.) Una vez que la presente resolución (.) cause ejecutoria, remítase el expediente a la Notaría Pública que se designe para su protocolización y posterior inscripción en el Registro Público." e) El veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, se declaró que el fallo causó estado y se dejó a disposición de la titular de la Notaría Pública número * en ** "para su prosecución respectiva". f) En auto y razón secretarial posterior, se puso a disposición y entregó el expediente a diverso fedatario (Notario Público número * en ***, Guanajuato). Sin que se desprendan diversas actuaciones posteriores. SEXTO. Improcedencia. No obstante la certeza de los actos, esto es que, existe un procedimiento en el que se omitió llamar al aquí quejoso, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia relacionada con el interés jurídico, cuyo estudio es de orden público; por ende, preferente y oficioso, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente, contra actos u omisiones que no afecten los intereses jurídicos del peticionario. En el caso se actualiza la causal referida, pues para la procedencia del juicio de amparo no sólo es necesario demostrar la existencia del acto reclamado, sino que además debe acreditarse que esa conducta de autoridad atente contra algún derecho tutelado por la ley, a favor del peticionario de amparo, esto es, que afecte su interés jurídico. Además, es indispensable que se pruebe fehacientemente, por ser un requisito sine qua non para la procedencia de la acción constitucional, tal y como lo establece la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Tercer Circuito, que a la letra reza: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." Ahora bien, el solicitante del amparo se ostenta tercero extraño al procedimiento, bajo el argumento de que se le pretende privar del derecho que tiene sobre el inmueble en conflicto, sin haberle dado oportunidad de defenderlo, lo que es violatorio de la garantía de audiencia tutelada en el artículo 14 de la Carta Magna. No obstante, el peticionario no ofreció elementos de convicción suficientes para demostrar el derecho que dice tener. Esto es, resultaba necesario que demostrara la existencia de un derecho legítimamente tutelado a su favor, que la facultara para exigir el respeto a la posesión o, en su caso, propiedad del bien, lo que no ocurrió como enseguida se verá. Con la finalidad de demostrar su interés jurídico, el peticionario anexó a su demanda copia simple de la credencial de elector expedida a su nombre, del que se desprende como domicilio, el ubicado en calle ****, número 145, del municipio de ***, el cual es coincidente con lo que narró en su demanda (domicilio distinto al del inmueble en conflicto). El citado documento cuenta con el valor probatorio que le confieren los artículos 202, 203 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo; sin embargo, resulta insuficiente para demostrar el interés jurídico a favor de la promovente, debido a que, sin perjuicio de que se trata de una copia simple, sólo es apto para demostrar el hecho que contiene, a saber: que ante el entonces Instituto Federal Electoral señaló que tiene ese domicilio y que cuenta con un derecho político consagrado en su favor, pero de ninguna manera es apta ni para demostrar que tiene materialmente la posesión del inmueble en controversia ni, menos, algún derecho diverso como el de propiedad. Para ello, era necesario que desahogara elementos de prueba diversos que, por si, o adminiculados con los exhibidos, apoyaran su dicho, es decir que acreditara fehacientemente el derecho que dice tener. Sirve de orientación la jurisprudencia que, a la letra, dice: "POSESIÓN. LA SOLICITUD DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LOS RECIBOS POR PAGO DE ESE SERVICIO, SON INEFICACES PARA ACREDITARLA. La solicitud formulada por la quejosa para el suministro de energía eléctrica y los recibos de pago por ese servicio, aun cuando en los términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles demuestren la verdad de su contenido, porque la parte contraria no los objete; sin embargo, para efectos de la posesión constituyen un indicio que, por sí solo, sin adminicularse con otros medios de convicción, no es apto para acreditar aquélla, pues una persona puede solicitar a la Comisión Federal de Electricidad que le proporcione ese servicio, sin que ello implique, necesariamente, que la solicitante sea poseedora del inmueble de que se trata." Además, si el quejoso se ostentara poseedor, sería necesario que se demostrara la causa generadora, es decir, que el derecho está fundado en un título que legitime al reclamante a ejercitarlo. Así lo consideró el Alto Tribunal en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación, de rubro y texto: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En esas condiciones, es decir, ante la falta de acreditamiento del interés jurídico, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 75, 76, 77, 78, 155 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por *****, en contra del acto y autoridades precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en los diversos tercero y sexto.

  3. Principal

    Reanudación de los plazos. En atención a lo dispuesto por la circular SECNO/13/2021 y el artículo 2, fracción I, del Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al tres de marzo de dos mil veintiuno. Consecuentemente, se fijan las trece horas con treinta minutos del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, para el verificativo de la audiencia constitucional en el presente asunto.

  4. Principal

    Agréguese únicamente para efectos de control el oficio signado por el juez Único Civil de Partido, con residencia en Cortázar, Guanajuato, ya que el ocho de diciembre pasado se tuvieron por recibidas las constancias del emplazamiento del tercero interesado que adjunta al comunicado que ahora se atiende.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano