Gerardo Antonio Madruzo Placeres
Expediente 1004/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1004/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gerardo Antonio Madruzo Placeres
Actuaciones
- Principal
A sus autos el oficio recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por el cual el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, comunica que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en Irapuato y éste órgano judicial, registrándolo con el número *** de su estadística. En tal virtud, estese a la espera de que se tenga conocimiento de lo resuelto en dicha controversia a fin de proveer lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Por recibido el oficio y anexos que remite la juez Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, por el cual manifiesta que no acepta la competencia planteada por este juzgado en atención a los motivos que expone en su acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Asimismo remite su expediente **** y seis copias de demanda. Respetuosamente, se disiente del criterio sostenido por la juzgadora federal que no aceptó la competencia y se insiste en declinarla. Al efecto, habrá que precisar que el quejoso ********** , acude a esta instancia constitucional y reclama la resolución de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca 480/2019, en la cual se confirmó el auto de dos de agosto de dos mil diecinueve, en el que se decretó improcedente y se resolvió no dar trámite al incidente innominado sobre reducción de intereses planteado por el quejoso, en el juicio ejecutivo mercantil M5/2017 del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido en Irapuato, Guanajuato, el que funge como demandado. Si bien, el acto reclamado, por su forma de expresión, constituye un acto negativo, a través del cual, la autoridad rechaza la pretensión ejercida en la queja, sus efectos son positivos; por ende, ejecutables, pues se traduce en la ejecución de los intereses en los términos determinados inicialmente (sin reducción). Es decir, indirectamente permite la ejecución de dicha determinación, lo que se traduce en el pago de los intereses sin la reducción que pretende el aquí quejoso, lo que se materializa en el ámbito donde se tramita el juicio, es decir, Irapuato, Guanajuato. En ese sentido, cuando en el juicio constitucional se reclama aquella resolución, se actualiza la regla de competencia establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponde al juez de Distrito en cuya jurisdicción pueda eventualmente pueda traer consecuencias ejecutables el acto. Orienta a lo anterior por las razones que ahí se invocan, la jurisprudencia por contradicción PC.XVI.A JA/23 A (10ª), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con registro 2019174, del Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente tenor: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD QUE CONDENÓ AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A CUANTIFICAR LA PENSIÓN CON LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS. CORRESPONDE AL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. La locución "ejecución material" es el común denominador de las tres hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito, la cual debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o por virtud de sus efectos y consecuencias. Así, de no ser ejecutable, el acto reclamado se regirá por el tercer párrafo del precepto invocado (cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda) y, si lo es, habrá que distinguir si se ejecuta en un lugar o en diferentes para efecto de ubicarlo en los párrafos primero (es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse se esté ejecutando o se haya ejecutado) o segundo (si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda). De acuerdo con lo anterior, la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cuantificar la pensión con los incrementos respectivos, por su forma de expresión, constituye un acto negativo, a través del cual, la autoridad rechaza la pretensión ejercida en la queja, pero cuyos efectos son positivos, por ende, ejecutables, pues de manera directa deja firme, en la instancia jurisdiccional ordinaria, la determinación dictada por el Instituto citado en cumplimiento a la sentencia de nulidad e indirectamente permite la ejecución de dicha determinación, lo que se traduce en el pago de la pensión de acuerdo con los incrementos fijados por el propio Instituto, lo que se materializa en el ámbito privado de los pensionados, el cual se desenvuelve en su domicilio. En ese sentido, cuando en el juicio constitucional se reclama aquella resolución, se actualiza la regla de competencia establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponde al juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, pues además de que atiende al lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución, con ello respeta el derecho de acceso a la jurisdicción." Entonces, si el juicio de origen es tramitado en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda, pues el acto de que se duele tiene ejecución y consecuencias en la referida ciudad, que se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal. Sin perjuicio de ello, y ante la estrecha vinculación entre ambos asuntos se estima importante puntualizar, como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo siguiente: Que el aquí quejoso promovió diverso juicio de amparo que fue conocido por este tribunal con el número *** en el que reclamó la determinación de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en el toca 485/2019 del índice de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, que confirmó la resolución incidental de liquidación de intereses moratorios, dictada por el juez Quinto Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato en el juicio ejecutivo mercantil M-5/2017, en la que se condenó al quejoso. Así, en tal asunto este Juzgado se declaró igualmente incompetente para conocerlo y declinó la competencia en favor del Juzgado de Distrito con residencia en Irapuato. De dicho asunto correspondió conocer a la misma oficiante, juez Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, quien aceptó la competencia planteada bajo el número 954/2019. Luego, si allá se reclama la resolución de liquidación de intereses y aquí la desestimación del diverso incidente de reducción de tales intereses, existe estrecha vinculación y consecuencias, a manera de ejecución. En tales condiciones, esto es, ante la existencia de un conflicto competencia, con apoyo el artículo 48 de la Ley de Amparo, así como el diverso 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en turno, con residencia en Guanajuato, Guanajuato para lo que tenga a bien resolver. Remítase igualmente, para los efectos legales a que haya lugar, copia certificada de los autos que integran el juicio de amparo 1005/2019 del índice de este juzgado. Solicítese atentamente acuse de recibo. Mediante oficio que derive del presente auto comuníquese lo anterior a la juez oficiante. Notifíquese. Así lo proveyó y firma ********** , juez Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, asistido de Antonio Guiza Cabrera, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Celaya, Guanajuato, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. ? Recepción y registro de la demanda. Vista la demanda de amparo formulada por*********, por propio derecho, en contra de actos de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el registro número 1004/2019-III. ? Incompetencia. La competencia constituye un presupuesto de orden público, por lo que primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene para conocer del presente juicio constitucional. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo que textualmente establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Pues bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso********, acude a esta instancia constitucional y reclama la resolución de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca******, en la cual se confirmó el auto de dos de agosto de dos mil diecinueve, en el que se decretó improcedente y se resolvió no dar trámite al incidente innominado sobre reducción de intereses planteado por el quejoso, en el juicio ejecutivo mercantil *******del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido en Irapuato, Guanajuato, el que funge como demandado. Bajo ese contexto legal, si el juicio de origen se tramita ante el Juzgado Quinto Civil de Partido, que se ubica en Irapuato, Guanajuato este Tribunal estima carecer de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda que se estudia. En efecto, si bien, el acto reclamado, por su forma de expresión, constituye un acto negativo, a través del cual, la autoridad rechaza la pretensión ejercida en la queja, sus efectos son positivos; por ende, ejecutables, pues se traduce en la ejecución de los intereses en los términos determinados inicialmente (sin reducción). Es decir, indirectamente permite la ejecución de dicha determinación, lo que se traduce en el pago de los intereses sin la reducción que pretende el aquí quejoso, lo que se materializa en el ámbito donde se tramita el juicio, es decir, Irapuato, Guanajuato. En ese sentido, cuando en el juicio constitucional se reclama aquella resolución, se actualiza la regla de competencia establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponde al juez de Distrito en cuya jurisdicción pueda eventualmente pueda traer consecuencias ejecutables el acto. Sirve de apoyo por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia con número de registro 168187, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XXIX, enero de 2009, página 606, del tenor literal siguiente: COMPETENCIA EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE APELACIÓN QUE APRUEBA UNA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RADIQUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE DEBA EJECUTAR EL ACTO. Cuando en la demanda de garantías se reclama la resolución recaída a un recurso de apelación que aprueba la planilla de liquidación de intereses moratorios fijada por un Juez de primera instancia, debe considerarse que dicha sentencia lleva inmersa una ejecución material que es susceptible de suspenderse en caso de solicitarse la medida cautelar relativa, siendo sus efectos que el fallo no se ejecute, esto es, que no se obligue al pago de los intereses, debiendo permanecer las cosas en el estado que guardan. En estas condiciones, independientemente de que la Sala responsable no sea la que en su momento requiera el pago ni lleve a cabo el embargo respectivo en caso de desacato, la resolución combatida sí es ejecutable, pues lo que se determina es la cantidad cierta que una de las partes en el juicio natural debe pagar por concepto de intereses moratorios y, por ende, se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, que determina que es competente para conocer del juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Entonces, si el juicio de origen es tramitado en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda, pues el acto de que se duele tiene ejecución en la referida ciudad, que se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal y, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, corresponde conocer del asunto al juez de Distrito en turno, en Irapuato, Guanajuato. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente controvertido y sus copias de traslado al juez de Distrito en turno, en Irapuato, Guanajuato, a quien se considera competente para conocer del presente juicio. b. Solicitarle que informe si acepta o no el conocimiento. c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. ? Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa, el ubicado en********. Por otra parte, se tienen como autorizados de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a: ***************, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tienen inscrita cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Respecto a las diversas personas que menciona en su escrito se tienen por autorizados en términos restringidos del citado numeral, en atención a lo siguiente: **********, no cuentan con su cédula inscrita en el sistema relativo. Por cuanto hace a*********, el promovente no proporcionó dato alguno con el que se acredite que tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la ley de la materia (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); En el entendido, que podrán autorizarse en términos amplios si se salvan las situaciones por las que se les restringe. ? Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. ? Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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