Gerardo Antonio Madrazo Placeres
Expediente 1005/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1005/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gerardo Antonio Madrazo Placeres
Actuaciones
- Principal
A sus autos el oficio con evidencia criptográfica, remitido por la Juez Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato, por el cual acusa recibo del diverso 16963/2019 del índice de este juzgado e informa que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por **********. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, mismo que a la letra dice: Vista la demanda formulada por ********** en contra de actos de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, fórmese el expediente físico y digital bajo el número 1005/2019-IV-A. Incompetencia. Del análisis que se efectúa a la demanda propuesta se desprende la incompetencia legal por razón de territorio, para que este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato conozca del asunto; se explica: La competencia constituye un presupuesto de orden público, por lo que primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene para conocer del presente juicio constitucional. Es aplicable a lo anterior, el criterio jurisprudencial contenido en la tesis 679, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito , cuyo rubro y texto a continuación se citan: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo que textualmente establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Dicho precepto alude a "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los jueces de distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. De ahí, que la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Es importante destacar, que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material y, lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces de distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero solo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto, se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, ya que si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde reside la autoridad que lo emitió o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Sirve de apoyo, la tesis I. 1. A. 44 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el rubro siguiente: COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. De ahí, que para fijar la competencia de un juez de distrito para conocer de un juicio de amparo se debe determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material y, en caso de que sí la requiera, analizar si ya se ejecutó, se va a ejecutar o se está ejecutando y en qué sitio tuvo, tiene o tendrá lugar dicha ejecución; lo que en el caso se concluye es que al ser el acto reclamado la determinación de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en el toca 485/2019 del índice de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, que confirmó la resolución incidental de liquidación de intereses moratorios, dictada por el juez Quinto Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato en el juicio ejecutivo mercantil M-5/2017, en la que se condenó al quejoso, necesariamente tiene ejecución en la ciudad donde reside el juez de primera instancia. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2008, sostuvo: si bien en un principio pudiera parecer que siendo el acto reclamado en la demanda de garantías, sólo la resolución dictada por una Sala del Tribunal Superior de Justicia en un recurso de apelación, no podría tener una ejecución material porque la Sala responsable no es la que requiere de pago, ni lleva a cabo, en su caso, el embargo respectivo en caso de desacato; lo cierto es que sólo en apariencia no la tiene, pero de ninguna manera puede sostenerse que se trata de una resolución declarativa, ya que sí es ejecutable, en la medida en que lo que ese fallo determina, es la cantidad precisa que una de las partes en el juicio de origen debe pagar por concepto de intereses moratorios, porque al analizar la legalidad de la planilla de liquidación fijada por el Juez de primera instancia, aprobó el pago de intereses en cantidad líquida; y, los efectos inmediatos son el requerimiento de pago, que evidentemente implican una ejecución.- Por consiguiente, ya sea que en el juicio de amparo únicamente se impugne por vicios propios la resolución dictada en segunda instancia, y se señale como responsable a la autoridad que la emitió; o bien, también se señale como autoridad a la ejecutora: Juez de primera instancia, reclamando en la demanda los efectos y consecuencias del fallo reclamado; debe determinarse que se trata de una resolución que lleva inmersa una ejecución material y, por tanto, el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo indirecto será aquel en cuya jurisdicción deba ejecutarse el acto, y no aquel en cuyo Distrito resida la autoridad que lo emitió.- Lo anterior se basa en que el solo señalamiento de una autoridad ejecutora o la omisión de éste, no evidencia la competencia del Juez de Distrito, sino que ésta deriva de la naturaleza del acto reclamado.- Asimismo, si en el incidente de liquidación de intereses ya confirmado, se determinó una cantidad cierta a que está obligada a pagar una de las partes del juicio de origen, esto evidencia la existencia de un procedimiento que tiene ejecución material; y, si ese acto es susceptible de suspenderse con la simple promoción del juicio de garantías, cuyos efectos son precisamente que no se ejecute esa decisión, que se mantengan las cosas en el estado que guardan sin exigir el pago de los intereses, y que de ningún modo se proceda al embargo correspondiente en caso de desacato; entonces, se hace patente que no se trata de una resolución sólo declarativa, sino con ejecución material, desde el momento en que dicha ejecución puede ser suspendida.- En las relatadas condiciones, si en un juicio de amparo indirecto se combate de la Sala responsable la resolución de un recurso de apelación mediante el cual se aprueba el pago de intereses en cantidad cierta, debe concluirse que se trata de un acto ejecutable; por tanto, el Juez de Distrito donde dicho acto deba ejecutarse es el competente para conocer del asunto; sin que obste el que no se hubieren señalado autoridades ejecutoras, ni reclamado los efectos y consecuencias de dicho fallo, ya que como se expuso, la resolución impugnada, por sí, está obligando a que una de las partes del juicio natural pague intereses moratorios en la cantidad fijada en una planilla de liquidación; obligación que necesariamente es ejecutable en el lugar en que reside el Juez de primera instancia, y porque siendo susceptible de suspenderse el acto al momento de la promoción de la demanda de garantías, no podría afirmarse que se trata de una resolución sólo declarativa.- Por tanto, en el supuesto analizado se actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que determina que es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (lo resaltado no es de origen). Las consideraciones transcritas dieron origen a la jurisprudencia localizable en la página 606 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, enero de 2009, materia civil, cuyo rubro y texto son los siguientes: COMPETENCIA EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE APELACIÓN QUE APRUEBA UNA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RADIQUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE DEBA EJECUTAR EL ACTO. Cuando en la demanda de garantías se reclama la resolución recaída a un recurso de apelación que aprueba la planilla de liquidación de intereses moratorios fijada por un Juez de primera instancia, debe considerarse que dicha sentencia lleva inmersa una ejecución material que es susceptible de suspenderse en caso de solicitarse la medida cautelar relativa, siendo sus efectos que el fallo no se ejecute, esto es, que no se obligue al pago de los intereses, debiendo permanecer las cosas en el estado que guardan. En estas condiciones, independientemente de que la Sala responsable no sea la que en su momento requiera el pago ni lleve a cabo el embargo respectivo en caso de desacato, la resolución combatida sí es ejecutable, pues lo que se determina es la cantidad cierta que una de las partes en el juicio natural debe pagar por concepto de intereses moratorios y, por ende, se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, que determina que es competente para conocer del juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. El criterio transcrito es aplicable al caso, pues el acto reclamado consiste en la resolución de segunda instancia, que confirmó la interlocutoria dictada en el incidente de liquidación de intereses, que condena al demandado al pago de dicho concepto. De ahí que, si el acto reclamado tendrá ejecución en Irapuato, Guanajuato, por ser la sede del juzgado donde se siguió el juicio de origen y porque dicho juzgador es quien dictará las medidas respectivas para ejecutar materialmente la resolución reclamada; por tanto, de acuerdo con la primera de las reglas establecidas por el numeral 37 de la Ley de Amparo, se considera que se surte competencia para conocer de la presente demanda a favor del Juzgado de Distrito en el estado de Guanajuato en turno, con residencia en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, pues, es donde habrá de llevarse la ejecución del acto reclamado, esto es, en el Juzgado Quinto Civil de Partido de la citada ciudad, lugar que se encuentra dentro de su jurisdicción. En tal virtud, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda, pues dicho acto reclamado tiene ejecución en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, que se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal y, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, corresponde conocer del asunto al juez de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de Irapuato. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente controvertido y sus copias de traslado al juez de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de Irapuato, a quien se considera competente para conocer del presente juicio. b. Solicitarle que informe si acepta o no el conocimiento. c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Domicilio. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa, el ubicado en ***. Por otra parte, se tienen como autorizados de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tienen inscrita cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, Por otra parte, se tienen como autorizados en términos restringidos del citado numeral a **********, al no encontrarse en ese supuesto. Asimismo, se tienen como autorizados en los mismos términos a **********, dado que el promovente no proporcionó dato alguno con el que se acredite que tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la ley de la materia (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
- Principal
Vista la demanda formulada por ********** en contra de actos de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, fórmese el expediente físico y digital bajo el número 1005/2019-IV-A. Incompetencia. Del análisis que se efectúa a la demanda propuesta se desprende la incompetencia legal por razón de territorio, para que este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato conozca del asunto; se explica: La competencia constituye un presupuesto de orden público, por lo que primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene para conocer del presente juicio constitucional. Es aplicable a lo anterior, el criterio jurisprudencial contenido en la tesis 679, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito , cuyo rubro y texto a continuación se citan: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo que textualmente establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Dicho precepto alude a "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los jueces de distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. De ahí, que la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Es importante destacar, que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material y, lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces de distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero solo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto, se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, ya que si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde reside la autoridad que lo emitió o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Sirve de apoyo, la tesis I. 1. A. 44 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el rubro siguiente: COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. De ahí, que para fijar la competencia de un juez de distrito para conocer de un juicio de amparo se debe determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material y, en caso de que sí la requiera, analizar si ya se ejecutó, se va a ejecutar o se está ejecutando y en qué sitio tuvo, tiene o tendrá lugar dicha ejecución; lo que en el caso se concluye es que al ser el acto reclamado la determinación de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en el toca 485/2019 del índice de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, que confirmó la resolución incidental de liquidación de intereses moratorios, dictada por el juez Quinto Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato en el juicio ejecutivo mercantil M-5/2017, en la que se condenó al quejoso, necesariamente tiene ejecución en la ciudad donde reside el juez de primera instancia. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2008, sostuvo: si bien en un principio pudiera parecer que siendo el acto reclamado en la demanda de garantías, sólo la resolución dictada por una Sala del Tribunal Superior de Justicia en un recurso de apelación, no podría tener una ejecución material porque la Sala responsable no es la que requiere de pago, ni lleva a cabo, en su caso, el embargo respectivo en caso de desacato; lo cierto es que sólo en apariencia no la tiene, pero de ninguna manera puede sostenerse que se trata de una resolución declarativa, ya que sí es ejecutable, en la medida en que lo que ese fallo determina, es la cantidad precisa que una de las partes en el juicio de origen debe pagar por concepto de intereses moratorios, porque al analizar la legalidad de la planilla de liquidación fijada por el Juez de primera instancia, aprobó el pago de intereses en cantidad líquida; y, los efectos inmediatos son el requerimiento de pago, que evidentemente implican una ejecución.- Por consiguiente, ya sea que en el juicio de amparo únicamente se impugne por vicios propios la resolución dictada en segunda instancia, y se señale como responsable a la autoridad que la emitió; o bien, también se señale como autoridad a la ejecutora: Juez de primera instancia, reclamando en la demanda los efectos y consecuencias del fallo reclamado; debe determinarse que se trata de una resolución que lleva inmersa una ejecución material y, por tanto, el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo indirecto será aquel en cuya jurisdicción deba ejecutarse el acto, y no aquel en cuyo Distrito resida la autoridad que lo emitió.- Lo anterior se basa en que el solo señalamiento de una autoridad ejecutora o la omisión de éste, no evidencia la competencia del Juez de Distrito, sino que ésta deriva de la naturaleza del acto reclamado.- Asimismo, si en el incidente de liquidación de intereses ya confirmado, se determinó una cantidad cierta a que está obligada a pagar una de las partes del juicio de origen, esto evidencia la existencia de un procedimiento que tiene ejecución material; y, si ese acto es susceptible de suspenderse con la simple promoción del juicio de garantías, cuyos efectos son precisamente que no se ejecute esa decisión, que se mantengan las cosas en el estado que guardan sin exigir el pago de los intereses, y que de ningún modo se proceda al embargo correspondiente en caso de desacato; entonces, se hace patente que no se trata de una resolución sólo declarativa, sino con ejecución material, desde el momento en que dicha ejecución puede ser suspendida.- En las relatadas condiciones, si en un juicio de amparo indirecto se combate de la Sala responsable la resolución de un recurso de apelación mediante el cual se aprueba el pago de intereses en cantidad cierta, debe concluirse que se trata de un acto ejecutable; por tanto, el Juez de Distrito donde dicho acto deba ejecutarse es el competente para conocer del asunto; sin que obste el que no se hubieren señalado autoridades ejecutoras, ni reclamado los efectos y consecuencias de dicho fallo, ya que como se expuso, la resolución impugnada, por sí, está obligando a que una de las partes del juicio natural pague intereses moratorios en la cantidad fijada en una planilla de liquidación; obligación que necesariamente es ejecutable en el lugar en que reside el Juez de primera instancia, y porque siendo susceptible de suspenderse el acto al momento de la promoción de la demanda de garantías, no podría afirmarse que se trata de una resolución sólo declarativa.- Por tanto, en el supuesto analizado se actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que determina que es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (lo resaltado no es de origen). Las consideraciones transcritas dieron origen a la jurisprudencia localizable en la página 606 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, enero de 2009, materia civil, cuyo rubro y texto son los siguientes: COMPETENCIA EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE APELACIÓN QUE APRUEBA UNA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RADIQUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE DEBA EJECUTAR EL ACTO. Cuando en la demanda de garantías se reclama la resolución recaída a un recurso de apelación que aprueba la planilla de liquidación de intereses moratorios fijada por un Juez de primera instancia, debe considerarse que dicha sentencia lleva inmersa una ejecución material que es susceptible de suspenderse en caso de solicitarse la medida cautelar relativa, siendo sus efectos que el fallo no se ejecute, esto es, que no se obligue al pago de los intereses, debiendo permanecer las cosas en el estado que guardan. En estas condiciones, independientemente de que la Sala responsable no sea la que en su momento requiera el pago ni lleve a cabo el embargo respectivo en caso de desacato, la resolución combatida sí es ejecutable, pues lo que se determina es la cantidad cierta que una de las partes en el juicio natural debe pagar por concepto de intereses moratorios y, por ende, se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, que determina que es competente para conocer del juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. El criterio transcrito es aplicable al caso, pues el acto reclamado consiste en la resolución de segunda instancia, que confirmó la interlocutoria dictada en el incidente de liquidación de intereses, que condena al demandado al pago de dicho concepto. De ahí que, si el acto reclamado tendrá ejecución en Irapuato, Guanajuato, por ser la sede del juzgado donde se siguió el juicio de origen y porque dicho juzgador es quien dictará las medidas respectivas para ejecutar materialmente la resolución reclamada; por tanto, de acuerdo con la primera de las reglas establecidas por el numeral 37 de la Ley de Amparo, se considera que se surte competencia para conocer de la presente demanda a favor del Juzgado de Distrito en el estado de Guanajuato en turno, con residencia en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, pues, es donde habrá de llevarse la ejecución del acto reclamado, esto es, en el Juzgado Quinto Civil de Partido de la citada ciudad, lugar que se encuentra dentro de su jurisdicción. En tal virtud, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda, pues dicho acto reclamado tiene ejecución en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, que se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal y, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, corresponde conocer del asunto al juez de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de Irapuato. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente controvertido y sus copias de traslado al juez de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de Irapuato, a quien se considera competente para conocer del presente juicio. b. Solicitarle que informe si acepta o no el conocimiento. c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Domicilio. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa, el ubicado en ***. Por otra parte, se tienen como autorizados de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tienen inscrita cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, Por otra parte, se tienen como autorizados en términos restringidos del citado numeral a **********, al no encontrarse en ese supuesto. Asimismo, se tienen como autorizados en los mismos términos a **********, dado que el promovente no proporcionó dato alguno con el que se acredite que tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la ley de la materia (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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