Georgina Méndez Guerrero
Expediente 518/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 18 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 518/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 26/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Georgina Méndez Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Firmeza del auto de sobreseimiento Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído de uno de agosto del año en curso, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo no fue recurrido; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que causó estado. Asimismo, en atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes, toda vez que dicha determinación no les irroga perjuicio. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Clasificación. En cumplimiento a los dispuesto en punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que complementa el Acuerdo General citado en el párrafo que antecede, se determina que el presente expediente es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano solicitada. Anotaciones Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Devolución de documentos. Por otro lado, en razón que en el presente expediente obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del aludido Acuerdo General, requiérasele para que, previa cita que obtenga en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) ocurra a recogerlos, dentro del término de noventa días naturales; apercibida que en caso de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, los documentos podrán ser destruidos conjuntamente con el expediente, de conformidad con el aludido precepto.
- Principal
Informe de suspensión de plano Agréguese el oficio signado por el presidente del Consejo de Salubridad General, mediante el cual rinde su informe respecto de la suspensión de plano concedida a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se tiene como domicilio procesal el designado en su comunicado y, con apoyo en el artículo 9 de la Ley de Amparo, como delegados a las personas que señala.
- Principal
Celaya, Guanajuato, uno de agosto de dos mil veintidós. Plazo vencido para ampliar demanda De la certificación secretarial de cuenta se observa que el once de julio pasado, feneció el término concedido a la parte quejosa en auto de dieciséis de junio del año en curso, para que manifestara su deseo de designar como autoridad responsable a la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato, sin que haya pronunciado al respecto; continúese el trámite del presente juicio en los términos señalados inicialmente. Estado procesal Por otro lado, del estado de autos se advierte que mediante proveído de quince de julio de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa lo siguiente: "[.] Por consiguiente, se ordena requerir a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, informe si la menor quejosa ya fue vacunada con la primera dosis del biológico contra la Covid-19; en caso afirmativo, exhiba las constancias con que acredite su dicho y comunique la fecha en que le será aplicada la segunda dosis o bien, la imposibilidad que tenga para ello. En la inteligencia de que de no haber acontecido lo anterior, deberá hacer del conocimiento el motivo de ello y, en su caso, justificarlo fehacientemente. Se apercibe a la parte promovente que de incumplir el requerimiento formulado, o no haber realizado los actos conducentes para inocular a la menor, o bien, no acreditar el impedimento justificado para ello, se entenderá que hay desinterés para su vacunación y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión atribuida a las autoridades responsables [.]" Sin embargo, no obstante encontrarse notificada la parte quejosa de lo anterior (según constancia actuarial de dieciocho de julio de dos mil veintidós), ha sido omisa en atender el requerimiento; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí contenido, y se entiende que hay desinterés para que la infante quejosa directa sea vacunada y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, trae como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. [.]" En relación con el citado supuesto, esto es, que la parte quejosa consintió el acto que reclama, éste impide examinar la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento de la parte quejosa, entendido como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos. De manera que ese consentimiento no puede presumirse ni inducirse, sino que debe constar de forma indubitable. La anterior regla deriva del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer la voluntad que externó libre y espontáneamente para patentizar su conformidad con los efectos normativos del acto reclamado de modo que es indispensable que concurran los elementos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha precisado: a. La existencia del acto o ley reclamados y, b. Que la parte quejosa se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y del que, por tanto, no se han ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Tal aceptación implica que la parte quejosa exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Sentada la premisa normativa, es menester citar porqué se considera actualizada la causal de improcedencia aludida: En relación con el requisito identificado como a) relativo a la existencia de la omisión reclamada, debe decirse que se actualiza en la especie, pues al menos a la fecha de la presentación de la demanda (doce de mayo pasado), el grupo etario de entre cinco y once años al que pertenece la menor de edad aquí quejosa (nacida el tres de abril de dos mil quince -siete años al día de hoy-) no era considerado en la política nacional de vacunación como susceptible de ser inoculada. Con lo que, para esta etapa procesal, se tiene por existente a la fecha de presentación de la demanda el acto reclamado, consistente en la omisión de aplicar el esquema completo a la menor quejosa de identidad reservada de iniciales ********************, de la vacuna Pfizer-BioNtech contra el virus SARS-CoV2, comúnmente conocido como COVID-19, ante el riesgo de que pueda enfermar gravemente, o incluso perder la vida. Pues como se dijo, al momento de la interposición del ocurso constitucional que nos ocupa, el grupo etario al que pertenece la menor quejosa no era considerado como susceptible de ser vacunado. Y aun cuando a la presente fecha ese grupo etario ya fue incluido de forma efectiva en el documento denominado "Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", versión 10.0, de quince de junio de dos mil veintidós, la cual constituye un hecho notorio de conformidad con los artículos 88 y 210-A del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; no existe certeza de que, al menos a la aquí quejosa, ya le fuera aplicado el esquema de vacunación completo. Por otro lado, el requisito identificado como b), también está satisfecho, pues con la omisión de la parte quejosa de atender el requerimiento de quince de julio pasado, se entiende que hay desinterés para que la infante quejosa directa sea vacunada y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, pone de manifiesto que la parte quejosa externó su conformidad de que a la infante directa quejosa no le fueran aplicadas las dosis de la vacuna preventiva COVID-19 Pfizer-BioNtech. Por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la causal de improcedencia invocada se configura de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento podría desvirtuarse, resultando innecesario esperar la fecha de audiencia para decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." La anterior determinación se toma, debido a que a nada práctico conduciría continuar el asunto hasta el dictado de sentencia, en la que se determinaría lo mismo, en la medida en que se impusieron cargas procesales a la parte quejosa y fueron incumplidas; incluso, se podría llegar al extremo de un fallo protector cuyo cumplimiento fuera irrealizable, debido a la falta de intención de quien promovió esta instancia. Atento a lo que antecede, resulta innecesario verificar la audiencia constitucional programada en autos, por lo que se deja sin efectos. Comuníquese el presente proveído a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Estado de autos Visto el estado procesal, se advierte que mediante acuerdo de veintiuno de junio del año en curso, como hecho notorio, se le hizo del conocimiento de la parte quejosa que en la conferencia matutina del ejecutivo federal, concretamente la efectuada el catorce de los corrientes, el subsecretario de salud Hugo López-Gatell anunció la adquisición de un determinado número de dosis pediátricas del fármaco, a fin de comenzar con el proceso de vacunación para el sector poblacional de infantes de entre 5 y 11 años cumplidos y que el registro habitual en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/ inició el jueves dieciséis de junio de dos mil veintidós, lo fue incorporado a un boletín publicado por Presidencia de la República. Asimismo, que esta Potestad consideró imprescindible que la aquí quejosa que encuadra en la hipótesis publicada, fuera incorporada al procedimiento, lo cual inicia con el registro respectivo; ello de conformidad con lo mandado en la propia suspensión concedida en el sumario y porque forma parte de un procedimiento que tiene como fin el mismo para el que fue dictada, acorde con el artículo 126 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se requirió a la parte promovente para que a partir del plazo establecido para el registro correspondiente y, en su caso, la inoculación, en el supuesto de que cumpliera con los requisitos solicitados para tal efecto; lo hiciera inmediatamente del conocimiento de este Juzgado. Sin embargo, hasta este momento la parte promovente no ha realizado manifestación alguna sobre el requerimiento formulado en el citado auto de veinticuatro de junio pasado. Requerimiento a la parte quejosa Bajo ese panorama, se estima oportuno destacar que es de conocimiento general que en el estado de Guanajuato, concretamente, en esta ciudad de Celaya, la aplicación de la primera dosis de vacunación para el sector poblacional de infantes de entre 5 y 11 años cumplidos, aconteció entre el cuatro al seis de julio del año en curso, o agotar existencias, en el horario e instalaciones conforme a lo establecido en la página oficial de la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato. Por consiguiente, se ordena requerir a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, informe si la menor quejosa ya fue vacunada con la primera dosis del biológico contra la Covid-19; en caso afirmativo, exhiba las constancias con que acredite su dicho y comunique la fecha en que le será aplicada la segunda dosis o bien, la imposibilidad que tenga para ello. En la inteligencia de que de no haber acontecido lo anterior, deberá hacer del conocimiento el motivo de ello y, en su caso, justificarlo fehacientemente. Se apercibe a la parte promovente que de incumplir el requerimiento formulado, o no haber realizado los actos conducentes para inocular a la menor, o bien, no acreditar el impedimento justificado para ello, se entenderá que hay desinterés para su vacunación y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión atribuida a las autoridades responsables. Requerimiento a la autoridad responsable Sin perjuicio de lo anterior, se estima conveniente requerir a la Secretaría de Bienestar Social del estado de Guanajuato, para que dentro del plazo de tres días, informe si tiene registro de que la menor quejosa D.M.M.M. ya fue inoculada contra el virus COVID-19 y, en su caso, la data en que recibió la primera dosis, así como la fecha en que se aplicará la segunda; o bien, comunique el impedimento legal que tenga para ello. En el entendido que deberá remitir las constancias que acrediten su dicho. Se le apercibe que, de incumplir, se le aplicará una multa equivalente a cincuenta días de Unidad de Medida y Actualización, en conformidad con los artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la ley de la materia Lo que precede releva la posible actualización de una causa de improcedencia, por lo cual se torna necesario recabar los medios de convicción conducentes para constatar su actualización. Es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, visible en la página 319 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXIII, enero de 2006, Novena Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL." Diferimiento. Por lo anterior, no es posible celebrar la audiencia constitucional programada para esta fecha, por lo que se difiere y se fijan las once horas con treinta y siete minutos del quince de agosto de dos mil veintidós.
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