Gerardo Alberto Jaber Zaga
Expediente 1047/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1047/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/08/2019
Partes del expediente
- Gerardo Alberto Jaber Zaga
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, quince de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese la razón de imposibilidad de cuenta, a través de la cual el actuario judicial adscrito a este juzgado manifiesta su imposibilidad para notificar a la quejosa, el proveído de nueve de agosto del año en curso, por los motivos que expone. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa la aludida determinación y las subsecuentes que le resulten de carácter personal, por lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado; hasta en tanto, no señale domicilio procesal dentro de la residencia de este órgano Jurisdiccional (Municipio de Toluca), o en su defecto, dentro de la zona conurbada (municipio de Metepec).
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE 15 DE AGOSTO DE 2019, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL AUTO DE 9 DE AGOSTO DE 2019, EL CUAL, EN ESENCIA, dice: Visto el escrito de demanda promovida por *******************, regístrese bajo el número 1047/2019-I-C. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA De inicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se procede al análisis de causales de improcedencia, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, del escrito de demanda se colige que el promovente de amparo, reclama de la Dirección General de Recaudación dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México: El acta de siete de agosto de dos mil diecinueve, a través de la cual se efectuó del mandamiento de requerimiento de pago y embargo respecto del mandamiento de ejecución CFF/DFTOL/839/2019 de dieciséis de julio de dos mil diecinueve; a través de la cual se embargaron: *************************************DESECHAMIENTO Respecto del cual, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, al tratarse de una determinación emitida por autoridad administrativa sin que previamente se agotara el recurso ordinario correspondiente. ... Del contenido de la anterior disposición legal se desprende que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, el quejoso tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. En consecuencia, el órgano de control constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia al principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. ....Al respecto, el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación establece que contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal se podrá interponer el recurso de revocación y el artículo 117 de la citada legislación prevé las diversas resoluciones y actos contra los que se puede interponer dicho medio de defensa en sede administrativa, y en lo que aquí interesa señala: "Artículo 117. El recurso de revocación procederá contra:. II. Los actos de autoridades fiscales federales que: b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley, o determinen el valor de los bienes embargados." El precepto legal transcrito establece que procede el recurso de revocación, contra los actos que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se argumente que éste no se ha ajustado a la ley. Por otro lado, el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación, prevé el plazo en que debe interponerse el recurso de revocación, el cual debe interponerse a través del buzón tributario, por regla general, dentro del plazo de treinta días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto impugnado, salvo las excepciones previstas en los artículos 127 y 175 del Código Fiscal de la Federación. De los preceptos legales invocados se advierte que los supuestos de excepción a que se refiere el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación, respecto del plazo para interponer el recurso de revocación, consisten en los casos en que se pretende recurrir actos dictados en el procedimiento administrativo de ejecución, por no haberse ajustado a la ley (violaciones cometidas hasta antes del remate). El artículo 127 del Código Fiscal de la Federación establece, como regla general, que cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria; empero, también prevé dos hipótesis de excepción a la mencionada regla general de procedencia, a saber, la primera se actualiza cuando se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables en tanto que la segunda se surte cuando se esté en presencia de actos de imposible reparación material. Asimismo, el propio artículo establece que en los dos últimos supuestos excepcionales, el plazo para interponer el recurso de revocación se computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo. En relación con este tipo de actos, es pertinente puntualizar que la regla de excepción al plazo previsto en el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, no opera respecto de cualquier tipo de embargo, sino únicamente para aquellos que han recaído sobre dinero en efectivo, depósitos en cuentas de instituciones de crédito (cuentas bancarias), organizaciones auxiliares de crédito o sociedades corporativas de ahorro y préstamo, así como en bienes inembargables y que, en los demás supuestos, rige el plazo genérico de impugnación hasta antes de la convocatoria de remate. Como se advierte del contenido de los artículos invocados, el embargo de cuentas bancarias es un acto susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación, en los términos y plazos que ya han quedado precisados. En tales términos, ante la determinación de la autoridad administrativa de embargar e inmovilizar cuentas bancarias, el gobernado afectado tiene a su alcance el recurso de revocación, el cual, puede agotarse previamente antes de acudir al juicio contencioso administrativo. Esto, en virtud que este medio de impugnación es de naturaleza optativa, en términos del diverso artículo 120 del Código Fiscal de la Federación; es decir, dicho medio ordinario de defensa carece de obligatoriedad y que su ejercicio es opcional y, en tal medida, no es exigible para el gobernado; sin embargo, si decide no agotarlo, tiene expedita la vía ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; es decir, el juicio de nulidad ya sea ordinario o vía sumaria (dependiendo de la cuantía), previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En ambos casos, esto es, bien en el recurso de revocación, o bien, en el procedimiento contencioso administrativo, existe la posibilidad de suspender el acto, pues en las dos vías rige lo dispuesto en el artículo 28 de le Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. De lo anterior se deduce que dicho numeral prevé la posibilidad de suspender el acto administrativo, el cual deberá tramitarse, de conformidad con las reglas que el mismo precepto establece. ....Al tenor de lo expuesto, ante la posibilidad de suspender el acto reclamado a través del medio ordinario de defensa de revocación, o bien, en el juicio contencioso administrativo, sin mayores requisitos que los establecidos en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, debe concluirse que la diligencia de siete de agosto de dos mil diecinueve, en que se embargaron entre otras cosas, cuentas bancarias de la parte quejosa, encuentran reparabilidad por dichos medios ordinarios. Y, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo directo en su contra. ... En segundo término, tampoco se está en presencia de actos carentes de fundamentación, porque de la apreciación del aludido mandamiento de ejecución y diligencia de requerimiento de pago y embargo correspondiente, se advierte que no carecen de una fundamentación absoluta que permita promover de manera directa el juicio de amparo, pues en el mismo se citaron diversos artículos del Código Fiscal de la Federación, de modo que, es evidente que en la especie, no se está ante una ausencia absoluta de fundamentación. En tercer término, el recurso o medio de defensa que procede no se encuentra previsto en un reglamento pues como se indicó se encuentran previstos en el Código Fiscal de la Federación. En cuarto término en necesario puntualizar que el quejoso no es tercero extraño en el juicio de origen, circunstancia que se puede advertir de los antecedes que el quejoso, bajo protesta de decir verdad arguyó a su ocurso constitucional y que no se reclaman actos de imposible reparación. ...Por tanto, dado que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por *******. DOMICILIO y AUTORIZADOS Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En relación a las personas que designa como autorizados; dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos.
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