Geovanni Gallegos Bolaños
Expediente 1223/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1223/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 13/10/2016
Partes del expediente
- Geovanni Gallegos Bolaños
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Toluca, Estado de México; trece de octubre de dos mil dieciséis. Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo; en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad vinculada con su acatamiento. Así, en atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecinueve, Tomo I, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: I. Antecedentes de la sentencia ejecutoriada: 1. El treinta y uno de diciembre de dos mil quince, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la que se sobreseyó y concedió la protección de la justicia de la Unión (fojas 103 a 117) 2. Inconforme con lo anterior, mediante escrito presentado el doce de enero de dos mil dieciséis en la oficialía de partes de este Juzgado, las autoridades responsable interpusieron recurso de revisión contra la sentencia descrita en el párrafo que antecede (fojas 121 a 129), mismo que por acuerdo de trece de ese mes y año, fue tramitado a efecto de enviarlo al Tribunal Colegiado en Materia de Penal del Segundo Circuito en turno, para su substanciación (foja 130). 3. Por razón de turno conoció del medio de impugnación intentado el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Penal del Segundo Circuito; órgano colegiado que mediante resolución de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, en los autos del amparo en revisión 47/2016, resolvió: ""PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia revisada. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio, respecto del acto y autoridades señaladas en el considerando tercero de la sentencia impugnada. TERCERO. La Justicia de la Unión amparo y protege a GEOVANNI GALLEGOS BOLAÑOS, contra el acto imputado al Director General y Presidente, así como al Representante Legal del Consejo Técnico Interdisciplinario, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", consistente en el acta administrativa de veintitrés de junio de dos mil quince y sus consecuencias." 4. Posteriormente, en acuerdo de diez de mayo de dos mil dieciséis (fojas 191 y 192), en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al análisis siguiente: Los efectos de la concesión de amparo son para que las autoridades responsables del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México: "".dejen insubsistente la medida disciplinaria inmersa en el acta de veintitrés de junio de dos mil quince, consistente en suspensión total de estímulos por setenta y seis días, con restricción a los límites de su estancia, incluyendo visita familiar e íntima, la restricción de tránsito a los límites de su estancia, la suspensión de actividades de patio, ludoterapia y escuela preparatoria; y, con las formalidades pertinentes se proceda a notificar al interno el inicio del procedimiento sancionador, el cargo que se le atribuye, la identidad de la persona que lo denuncia y las posibles consecuencias de su infracción, otorgarle un plazo, aunque sea breve, pero suficiente para que prepare su defensa y tenga oportunidad de designar defensor a fin de que, si es su deseo ofrezca pruebas y alegue lo que a su interés convenga, finalmente, dicte resolución fundada y motivada con plenitud de potestad." En ese tenor, mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS1/DG/6503/2016 presentado en la oficialía de partes de este Juzgado el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, las autoridades responsables, remitieron copias certificadas del acta administrativa de cumplimiento a la ejecutoria de amparo de diecinueve de mayo del año en curso, por medio del cual dejó sin efectos la diversa de veintitrés de junio de dos mil quince; otorgó garantía de audiencia al quejoso y determinó no imponer sanción alguna contra el impetrante del amparo. Todo lo anterior, en atención a los lineamientos establecidos en el fallo protector. Constancia a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agregadas a las presentes actuaciones. Luego, en proveído de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis (foja 260), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo a su derecho conviniere en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, sin que alguna de las partes se pronunciara. Establecido lo anterior, y al hacer un análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, en el que se tuvo presente el límite señalado en la ejecutoria, así como la libertad de jurisdicción que fue otorgado a la responsable ordenadora, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional concluye que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos de la sentencia constitucional, por las razones siguientes: El diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables dejó insubsistente el acta administrativa de veintitrés de junio de dos mil quince; otorgó garantía de audiencia al quejoso y determinó no imponer sanción alguna contra el impetrante del amparo. Por tanto, atendiendo al análisis de las constancias de este juicio, es dable concluir que la autoridad obligada a cumplir la concesión de amparo acató los aspectos establecidos en la sentencia dictada por este órgano de control constitucional y confirmada por el tribunal de alzada cumplió los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio; en consecuencia, se estima que ha sido atendida en su núcleo esencial. De igual manera, en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no se advierte que se hubiese llevado a cabo un pronunciamiento de manera parcial o incompleta, pues por el contrario, se ajustó al tenor exacto del fallo, no extralimitándose en su cumplimiento, es decir, no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. En las relatas circunstancias, al advertirse que la sentencia protectora se observó cabalmente, sin exceso o defecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se sobreseyó y concedió el amparo solicitado. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, último párrafo, del punto vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de depurar, pues se concedió y se negó la medida cautelar solicitada. e) Pasados cinco años, del dictado del presente auto, este expediente es depurable. f) Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, primera parte, del punto Vigésimo del citado acuerdo. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Notifíquese; personalmente al quejoso y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, se agrega a los autos el oficio signado por el Director Técnico del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, en suplencia del Director General y Presidente de dicha dependencia, por medio del cual, informa el cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de amparo y adjunta copias certificadas de las constancias con las que refiere lo acredita. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir de su legal notificación, a efecto de que manifiesten lo que a su interés legal convenga, en lo atinente al cumplimiento dado al fallo protector, por parte de las autoridades responsables.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Director de Administración en representación del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, en respuesta al requerimiento formulado el diez de mayo del año en curso, informa que el pleno del Consejo Técnico Interdisciplinario del ese Centro Federal, resolverá lo conducente a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio el diecinueve de mayo del año en curso, misma actuación que una vez acontecida, la comunicará a este órgano jurisdiccional; circunstancia de la cual se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la Ley de Amparo supletoria, en términos del numeral 2, se agrega a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite el original del juicio de amparo indirecto 1223/2015, promovido por Geovanni Gallegos Bolaños, así como copia certificada de la ejecutoria de veintiuno de abril del año actual, emitida en el amparo en revisión 47/2016, de su índice, en cuyos puntos resolutivos se determinó: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia revisada. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio, respecto del acto y autoridades señaladas en el considerando tercero de la sentencia impugnada. TERCERO. La Justicia de la Unión amparo y protege a GEOVANNU GALLEGOS BOLAÑOS, contra el acto imputado al Director General y Presidente, así como al Representante Legal del Consejo Técnico Interdisciplinario, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", consistente en el acta administrativa de veintitrés de junio de dos mil quince y sus consecuencias." Por ende, acúsese el recibo de estilo correspondiente; glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes del expediente en que se actúa, que fue formado por motivo del recurso de revisión interpuesto. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, glósese únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y resguárdese el duplicado de éste, hasta en tanto transcurran seis meses a partir del proveído que se dicta y, fenecido dicho plazo, procédase a su destrucción, conforme a lo que establece el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009. En mérito de lo anterior, considerando que el cumplimiento de la sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público, respecto del cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI de la Constitución General de la República, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, toda vez que es cosa juzgada. Ahora, atendiendo a que se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, cumplan con la ejecutoria, lo que deberá acreditar en el mismo lapso con las constancias respectivas, la cual se otorgó para que las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, de cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, en los términos siguientes: ".dejen insubsistente la medida disciplinaria inmersa en el acta de veintitrés de junio de dos mil quince, consistente en suspensión total de estímulos por setenta y seis días, con restricción a los límites de su estancia, incluyendo visita familiar e íntima, la restricción de tránsito a los límites de su estancia, la suspensión de actividades de patio, ludoterapia y escuela preparatoria; y, con las formalidades pertinentes se proceda a notificar al interno el inicio del procedimiento sancionador, el cargo que se le atribuye, la identidad de la persona que lo denuncia y las posibles consecuencias de su infracción, otorgarle un plazo, aunque sea breve, pero suficiente para que prepare su defensa y tenga oportunidad de designar defensor a fin de que, si es su deseo ofrezca pruebas y alegue lo que a su interés convenga, finalmente, dicte resolución fundada y motivada con plenitud de potestad." Con el apercibimiento que de no hacerlo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 192, párrafo segundo y 258 de la Ley de Amparo, se impondrá multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a cada uno, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, con independencia de remitir el juicio que se trata al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, para la continuación del procedimiento de inejecución de la sentencia. Con independencia de lo anterior, se informa a la citada autoridad que de constituirse en actitud omisiva, también puede hacerse acreedora a las sanciones previstas en el artículo 267 de la Ley de Amparo, así como que en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, con apoyo en el precepto invocado y en armonía con el Acuerdo General número 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, esto es, para que el Máximo Tribunal determine lo conducente sobre la separación del cargo de la autoridad contumaz y la consigne al Juez de Distrito que corresponda, por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo. Además, entérese a las autoridades requeridas, que aun cuando deje su puesto, seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional, durante el tiempo que duró su encargo y que por esa razón, también podrá ser consignada en términos de la fracción XVI, del artículo 107 constitucional. Finalmente, se recuerda que de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que la autoridad antes señalada.
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