Geovanni Gallegos Bolaños

Expediente 22/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
22/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
04/02/2015

Partes del expediente

  • Geovanni Gallegos Bolaños
  • Geovanni Gallegos Bolaños y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de las presentes actuaciones, se colige que no se encuentra pendiente de acordar promoción alguna respecto del trámite del juicio en que se actúa, en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Luego, toda vez que las partes hasta el momento no han realizado manifestación alguna respecto del auto a través del cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En concordancia con lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, se declara que este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en donde se concedió la protección constitucional. Finalmente, en su oportunidad, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que transcurrió en su totalidad el plazo de cinco días concedido a Geovanni Gallegos Bolaños, a fin de que desahogara la totalidad de los requerimientos efectuados mediante proveído de nueve de enero del año en curso, sin que lo haya hecho a pesar de estar debidamente notificado para que así lo hiciera. Por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminado en el auto antes citado y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, lo conducente es tener por no presentada la demanda de amparo. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el telegrama remitido por el Juez Penal de Primera Instancia, de El Oro, Estado de México, mediante el cual acusa recibo de las constancias que se le remitieron por oficio 33221; circunstancia de la que este juzgado queda enterado para los efectos legales procedentes.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueven Geovanni Gallegos Bolaños, Ramón Ángel Álvarez Ayala, Jonathan García Gutiérrez y Paris Adrián Urquiza Cruz, todos por propio derecho, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez y otras autoridades; por considerarlos violatorios de los artículos 1°, 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Anótese su ingreso en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) e intégrese expediente bajo el número que le corresponda. En primer lugar, resulta ser un hecho notorio que en los juicios de amparo 17/2013, 615/2014, 1418/2014 y 1556/2014, del índice de este juzgado de Distrito, fueron promovidos entre otros por Ramón Ángel Álvarez Ayala, Geovanni Gallegos Bolaños, Paris Adrián Urquiza Cruz y Jonathan García Gutiérrez, en los cuales obran las constancias de notificación efectuadas a éstos el nueve de enero de dos mil trece, nueve de mayo, seis de octubre y uno de noviembre de dos mil catorce. Circunstancias que se corroboran al tener a la vista los autos de los referidos sumarios, a los que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo que estatuyen los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, dado que las rúbricas que calzan el escrito de demanda de cuenta, difieren notablemente con las que obran en las constancias de notificación supracitadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracción I y 114 fracción II, de la actual ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase a los quejosos para que en la propia diligencia de notificación o dentro del plazo de cinco días, indiquen el porqué de las firmas discrepantes o, en su caso, en el propio acto, las ratifiquen o manifiesten lo que a su interés legal convenga, en virtud de que este juzgado presume que las rúbricas que calzan la demanda con las que se da cuenta, no corresponden a las personas que aparecen como promoventes, dado que ésta constituye la manifestación de su voluntad para accionar al órgano jurisdiccional y es inusual que discrepen en forma tan evidente. Todo lo anterior, en atención a que, de proveer lo conducente en relación a la demanda, sin antes aclarar esa situación, es decir, sin tener la certeza que la persona que la promueve efectivamente manifestó su voluntad, iría en franco perjuicio del sistema de impartición de justicia, al permitir que cualquier persona, sin el consentimiento del gobernado supuestamente afectado, a su arbitrio, acudiera a instar los mecanismos legales del estado. En esa virtud, agréguense para que obren como legalmente corresponda, copias certificadas de las constancias de notificación que se encuentran glosadas en los juicios de amparo 17/2013, 615/2014, 1418/2014 y 1556/2014, aludidas en líneas anteriores, para debida constancia legal. Por otra parte, a efecto de estar en aptitud de proveer lo que corresponda, con fundamento en los artículos 108 fracción V y 114 fracción II, ambos del ordenamiento legal invocado, requiérase también a los promoventes para que dentro del precitado plazo de cinco días, y bajo protesta de decir verdad, satisfagan los requisitos que establece el numeral 108 de la legislación de la materia, es decir, expresen los antecedentes que dieron origen a los actos reclamados, entre los cuales deberán especificar cuáles fueron las condiciones de las solicitudes de atención médica en la especialidad de oftalmología, ante quién las formularon y por qué medios. De la misma manera, se les requiere para que precisen si señalan como acto reclamado la negativa a contestar las peticiones formuladas, especificando la autoridad ante quién fueron realizadas -del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México-, para recibir la atención médica que refieren, según los padecimientos que en su caso presenten; asimismo, para que precisen las fechas en las cuales fueron formuladas las peticiones en comento; lo anterior, en virtud que del contenido de la demanda no se advierten tales circunstancias, lo cual genera incertidumbre respecto a los alcances que pretenden los promoventes al acudir al juicio de garantías En el mismo tenor: 1. Refieran si dentro de una temporalidad reciente han promovido diverso o diversos juicios de garantías en contra de los mismos actos, o similares a los que impugnan a través del presente; y, 2. En su caso, indiquen los números de juicios con los cuales fueron registrados y ante qué órgano jurisdiccional se llevó su trámite, así como también, cuáles fueron los efectos de la suspensión que, de actualizarse tal supuesto, se hubiere decretado. 3. De igual forma, deberán indicar si ya realizaron las solicitudes de otorgar atención médica en forma escrita, previa y directamente a las autoridades penitenciarias correspondientes, como lo ordena el artículo 77 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, que indica: Artículo 77. Todo interno podrá formular quejas y solicitudes individuales a través del representante de la Coordinación General integrante del Consejo, quien deberá recabarlas, transmitirlas y darles seguimiento ante el Coordinador General. 4. Y para el caso, de que esto así sea, refieran las fechas en que realizaron dichas solicitudes y ante qué autoridades del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", dirigieron las mismas. Por otra parte, acorde a lo establecido en el numeral 16 fracción IV, del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, se aprecia que la autoridad encargada de otorgar la atención médica lo es el Titular del Área Técnica del Centro Federal en el que se encuentran recluidos; en consecuencia, requiéraseles para que en el mismo plazo manifiesten si señalan a la referida autoridad como responsable. Lo anterior en razón de que como está planteada la demanda pueden tener al alcance mayores datos de los que fueron proporcionados por la parte agraviada, con el fin de conocer provisionalmente los actos que se tildan de inconstitucionales. Se les apercibe, que para el caso de no desahogar el primer requerimiento formulado, dentro del término que se les concedió, se acordará lo que en derecho corresponda; en cuanto a los diversos requerimientos efectuados consistentes en expresar los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, en caso de ser omisos al respecto, se tendrá por no presentada la demanda de mérito, atento a lo que dispone el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia. De igual forma, de no desahogar el último requerimiento, relativo a señalar como autoridad responsable al Titular del Área Técnica del Centro Federal en que se encuentran recluidos; quedan apercibidos que se proveerá lo que en derecho proceda respecto de la demanda, en los términos planteados inicialmente. Así también, hágase del conocimiento de los impetrantes de amparo de las penas a que se hacen acreedores los que afirman hechos falsos ante la autoridad jurisdiccional, de conformidad con lo que establece el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia; por tanto, se les apercibe que para el caso de desahogar el requerimiento de mérito, pero manifiesten hechos falsos u omita los que le consten, en el momento procesal oportuno se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por la probable comisión de algún delito. Apoya la anterior determinación, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. (9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIV, Julio de 2006; Pág. 348) De acuerdo a lo que dispone el artículo 13 de la Ley de Amparo, se requiere a los promoventes para que al momento de ser notificados del presente, designen representante común de entre ellos; apercibidos que de incumplir este requerimiento, sin necesidad de previo acuerdo este órgano jurisdiccional federal tendrá con ese carácter a Jonathan García Gutiérrez. Por otra parte, a pesar de que los promoventes manifiestan que con la negativa de otorgar atención médica se vulnera la garantía prevista por el artículo 22 Constitucional, lo cierto es, que no se ubican en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 15 en relación al diverso 126 de la Ley de Amparo (aplicables a la casuística y naturaleza de los actos de que se trata). Convicción a la que se arriba, porque lo cierto es que los actos reclamados no se ubican en alguna de las hipótesis que prevén lo citados numerales; es decir, de aquellos que ameritan la inmediata intervención de este juzgador, para proveer respecto de éstos. El último precepto, regula la procedencia de la suspensión de plano aplicable (según los hechos narrados en la demanda) y, como se aprecia, los actos que ahí se prevén, tienen como característica la pronta e inmediata necesidad -debido a su naturaleza- de actuar para detener su ejecución, con el objeto de evitar la consumación de un perjuicio al impetrante, pero que tengan la singularidad de ser un menoscabo grave y de notoria lesión al bien jurídico tutelado por la norma, pues de lo contrario, el análisis relativo a si pueden ser suspendidos, será materia de estudio en otro momento procesal, no en este auto. Para emprender el análisis en cuestión, es menester hacer referencia a los diferentes supuestos relacionados con el acto que se reclama, a saber: a) Los que ponen en peligro la vida; (.) d) Los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. (.) Ahora, con relación a dichos actos, no obliga al juez de Distrito a suspenderlo de plano, en virtud de que para ello, debe decirse que si bien el acto que refiere los numerales citados con antelación abarcan un parámetro muy vasto, no por esa circunstancia se debe considerar, en automático, inmerso dentro de dicho parámetro a cualquier acto, sólo por el hecho de que así lo califique el solicitante de amparo en su demanda; sino que, en todo caso, es labor del juzgador ponderar si en verdad la ejecución de dichos actos son equivalentes a un riesgo fundado para la vida de los quejosos, lo anterior en relación a la falta de atención médica que se aduce, pues ello implicaría la pronta e inmediata necesidad de suspender los actos, verbigracia, infarto agudo al miocardio, traumatismo craneoencefálico, etcétera; es decir, lesiones que en realidad pudieran significar un peligro de la extinción del funcionamiento orgánico de una persona, para justificar la suspensión que recaerá también, de inmediato. Si así fuera, es decir, catalogarlos como de ese tipo (urgentes) nada más atendiendo a las manifestaciones de quien promueve, perdería sentido entonces la tarea conferida al juez de Distrito en los numerales 109 en relación con el 114 de la Ley de Amparo, que no sólo faculta, sino que obliga al juzgador a examinar todas y cada una de las demandas que son sometidas a su consideración, para luego, entre otras cosas, prevenir al solicitante, admitir o desechar la demanda. Inclusive, tales aseveraciones son congruentes con lo estipulado por la Norma Oficial Mexicana NOM-1681-1998, denominada Del Expediente Clínico, en su capítulo relativo a las definiciones, pues precisamente en su artículo 4.10, estable como significado del vocablo "urgencia", lo siguiente: 4.10. Urgencia, a todo problema médico-quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida, o la pérdida de un órgano o una función y requiera atención inmediata. Por consiguiente, la omisión de proporcionar atención médica a los quejosos, no implica necesariamente que puedan perder la vida o algún órgano, en razón de ello no es viable hasta el momento decretar la suspensión de plano. Aun cuando la expresión "actos que importen peligro de privación de la vida", englobe parámetros muy amplios, éstos deben representar un peligro fundado para la vida, y por lo expresado en la demanda, esto no se actualiza; es decir, no se soslaya que existe cierta afectación, pero no es correspondiente al apremio o urgencia, en grado tal, que amerite suspenderlos a través de este auto. Lo anterior, ya que de la lectura integra de la demanda, hasta el momento no se aprecia que el acto reclamado constituya alguna de las penas prohibidas por el artículo 22 Constitucional ya que no se está en presencia de la imposición de penas inusitadas (aquellas que han sido abolidas por inhumanas, infamantes, crueles o excesivas); penas trascendentales (aquellas que afecta de modo directo a las personas allegadas a los sentenciados); así como los demás previstos en el numeral 15 de la ley de la materia (incomunicación e incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales). Estimar lo contrario, es decir, suspender los actos con la manifestación del promovente, causaría un perjuicio con notoria lesión a los intereses de la sociedad y a las disposiciones de orden público; por una parte, porque estas últimas dejan de cumplirse y pierde razón de ser su establecimiento dentro del sistema jurídico mexicano; y por otra, en virtud de que la sociedad está interesada en que las leyes se cumplan, pero sobre todo, en que los centros de reclusión de máxima seguridad, como el de nuestra atención, cuiden celosamente las medidas de seguridad (reduciendo al mínimo los conatos de motín, evasión, fuga de internos, etcétera), bajo los estrictos controles de vigilancia que son requeridos, a fin de que no sea burlada la norma legal aplicable. Por otra parte, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de los promoventes el centro de reclusión en el que se encuentran privados de su libertad, por así haberlo solicitado. Como lo refiere el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario de esta adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. Luego, atento a lo establecido en el arábigo 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las constancias por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno impreso como el electrónico del presente asunto. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuesto de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros"; atendiendo a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de Distrito, en relación con el artículo 5 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; se hace del conocimiento de las partes vinculadas con el presente asunto, el derecho que les asiste a oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8, en relación con el diverso 3 de la Ley Federal en comento, en la inteligencia de que solamente se omitirán sus datos personales cuando manifiesten su oposición de manera expresa.

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