Georgina Sofía Allec Prado

Expediente 374/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
374/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
05/11/2020

Partes del expediente

  • Georgina Sofía Allec Prado

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cinco de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, por medio del cual hace del conocimiento que ese tribunal admitió el recurso de queja interpuesto por la quejosa **, quien promueve por propio derecho y en representación de la menor interdicta GSAP, asignándole el número de recurso queja administrativo 125/2020; lo que comunica en vía de notificación para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintinueve de septiembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y el escrito firmado por ****************************, en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa y en representación de su menor ************************, atendiendo a su solicitud y dado que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes del presente asunto a efecto de que señalaran las constancias que deberán remitirse al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con sede en Acapulco, Guerrero, con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, por auto de once de agosto de dos mil veinte. En consecuencia, con apoyo en el artículo 101 de la ley de amparo, remítase el presente asunto, así como el original con copia del escrito de queja y ríndase informe justificado manifestando que es parcialmente cierto el acto reclamado, toda vez que el trece de marzo del año en curso, efectivamente este órgano jurisdiccional dictó un auto a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por dicha parte procesal; sin embargo, se niega que en dicho acuerdo se hayan violentado sus derechos fundamentales como lo expresa, dado que mediante la determinación impugnada se acordó los siguiente: ".Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, trece de marzo de dos mil veinte. Visto el escrito de demanda firmado por *********************, por propio derecho y en representación de ******************, quien promueve contra actos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número **************y fórmese el expediente respectivo. Ahora, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese contexto, del análisis integro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de investigar los actos de corrupción denunciados por ésta, ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, así como la omisión de investigar conductas que constituyen injustos administrativos derivadas de lo determinado en la resolución de once de febrero de dos mil veinte, dictada en el expediente administrativo 13/2019, en la que el Consejo determinó sobreseer el expediente administrativo instaurado en contra de ************************, en su carácter de Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, y determinó que no probado el punto de disenso establecido en el inciso 3), en reprochado al actuar del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta. En ese orden de ideas, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia..." De los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró la parte quejosa en lo que interesa se advierte lo siguiente: "[.] Derivado de lo anterior, el día quince de enero del año dos mil diecinueve 2019, solicite al órgano de disciplina del Consejo de la Judicatura investigara el actuar de Juzgador ************, dado que su desempeño dejaba mucho que desear, al ser lesivo para con los derechos fundamentales de una persona con incapacidad mental severa, a lo cual el día 21 de febrero del año que transcurre, recibí la comunicación oficial por parte de la responsable en el que me notifica personalmente la resolución definitiva de fecha once de febrero del año dos mil veinte, que contiene en sus puntos resolutivos la conclusión -se declara no probado el punto de disenso establecido en el inciso 3), en reprochado al Licenciado ***************, en su actuar como Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta.. [.]" Sentado lo anterior, si el fin que persiguió la instauración del procedimiento administrativo de origen, fue resolver si el funcionario judicial contra el que se interpuso la queja cometió o no alguna falta en el ejercicio de su cargo, la resolución impugnada no afecta el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, de acuerdo al criterio jurisprudencial citado, el cual es obligatorio para este órgano jurisdiccional. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia PC.II.A. J/2 A (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, noviembre de 2015, tomo III, Materia Común, Página 2365, Registro 2010368, de rubro y texto: "QUEJA ADMINISTRATIVA DECLARADA INFUNDADA O IMPROCEDENTE. EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO Y LEGÍTIMO PARA RECLAMAR EN AMPARO ESA DETERMINACIÓN Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juzgador de amparo está facultado para desechar de plano la demanda cuando advierta la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendida ésta como aquella plenamente demostrada, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de manera que aun de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base y de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 1/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1120 del Tomo XXIII, enero de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.", el denunciante de una queja administrativa declarada infundada o improcedente, carece de interés jurídico y legítimo para impugnar en amparo tal determinación, por lo que en ese caso debe desecharse de plano la demanda, al existir una causa notoria e indudable de improcedencia." Sin perjuicio de lo anterior, y como enseguida se demostrará, ya existe criterio jurisprudencial definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a que el denunciante de una queja administrativa por responsabilidad de algún servidor público, declarada infundada o improcedente, carece de interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo esa determinación, porque el régimen de responsabilidades de los servidores públicos no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante un procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, considerando que la legislación aplicable en materia de responsabilidades, sólo le otorga al particular una facultad de formular quejas o denuncias por incumplimiento de las funciones de los servidores públicos, y por ello, no pueden exigir de la autoridad relativa una determinada conducta respecto de sus pretensiones. Lo anterior se contiene en el criterio de Jurisprudencia sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2ª./J 1/2006, que dilucidó puntualmente el tema que ahora nos ocupa, del rubro y texto siguientes: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa." No impide concluirlo de ese modo, que en el criterio transcrito la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haya interpretado los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; toda vez que al margen del propósito fundamental del régimen de responsabilidades relativo, tanto a nivel federal como local, que implica preservar la función óptima del servicio, lo cierto es que en los numerales 90, 91, 92 y 93 de la Ley Número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero, también se reconoce una simple facultad del particular, para formular queja o denuncia por incumplimiento de las funciones de los servidores públicos. Para robustecer la anterior afirmación, se considera oportuno transcribir el texto de los numerales citados: "LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ARTÍCULO 49.- En las dependencias y entidades de la Administración Pública se establecerán unidades específicas, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las que se iniciará, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente. La Secretaría establecerá las normas y procedimientos para que las instancias del público sean atendidas y resueltas con eficiencia. ARTÍCULO 50.- La Secretaría, el superior jerárquico y todos los servidores públicos tienen la obligación de respetar y hacer respetar el derecho a la formulación de las quejas y denuncias a las que se refiere el artículo anterior y de evitar que con motivo de éstas se causen molestias indebidas al quejoso. Incurre en responsabilidad el servidor público que por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier medio, inhiba al quejoso para evitar la formulación o presentación de quejas y denuncias, o que con motivo de ello realice cualquier conducta injusta u omita una justa y debida que lesione los intereses de quienes las formulen o presenten. LEY NÚMERO 465 DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE GUERRERO. ARTÍCULO 90. En el curso de toda investigación deberán observarse los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos. Las autoridades competentes serán responsables de la oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación, la integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo del expediente en su conjunto. Igualmente, incorporarán a sus investigaciones, las técnicas, tecnologías y métodos de investigación que observen las mejores prácticas internacionales. Las autoridades investigadoras, de conformidad con las leyes de la materia, deberán cooperar con las autoridades nacionales a fin de fortalecer los procedimientos de investigación, compartir las mejores prácticas nacionales, y combatir de manera efectiva la corrupción. ARTÍCULO 91. La investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores externos. Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades investigadoras mantendrán con carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones. ARTÍCULO 92. Las autoridades investigadoras establecerán áreas de fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar denuncias por presuntas faltas administrativas, de conformidad con los criterios establecidos en la presente Ley. ARTÍCULO 93. La denuncia deberá contener los datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa por la comisión de faltas administrativas, y podrán ser presentadas de manera electrónica a través de los mecanismos que para tal efecto establezcan las autoridades investigadoras; lo anterior, sin menoscabo del Sistema Digital que determine para tal efecto, el Sistema Anticorrupción." Incluso, no pasa inadvertido para este Juzgador, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir el diverso criterio de Jurisprudencia 2ª./J. 41/2019 (10ª.), reitera la postura que sustentó en la ya transcrita 2ª./J. 1/2006, pues en la primera de ellas, analiza a la luz de las legislaciones locales de los Estados de Puebla y Quintana Roo, la falta de interés legítimo de los particulares para impugnar mediante el juicio de amparo indirecto la resolución que desecha una denuncia por responsabilidad de los servidores públicos. Para un mayor ilustración, se transcribe el rubro y texto de la citada jurisprudencia 2ª./J. 41/2019 (10ª.), de la Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación con número de registro 2019468, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1979, que dice lo siguiente: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA NO TIENE INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EN AMPARO INDIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LA DESECHA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, QUINTANA ROO Y AFINES). La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, así como la del Estado de Quintana Roo, establecen a favor de los particulares el derecho a presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con los cuales se inicia, en su caso, el procedimiento de responsabilidad correspondiente, sin que éste tenga como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares, sino preservar la prestación óptima del servicio público de que se trate; de esta manera, el orden jurídico procesal estatal otorga al particular una mera facultad para formular quejas y denuncias por las conductas que considera incumplen con lo dispuesto en esas legislaciones, sin que ello dé lugar a exigir de la autoridad competente el sentido de la determinación que deba emitir, al no existir un vínculo con una norma de rango constitucional que prevea ese derecho, ni siquiera implícitamente, ya que subyace la facultad exclusiva del Estado en materia de responsabilidades administrativas; máxime que la queja administrativa implica revisar la conducta del funcionario público denunciado y no el procedimiento o proceso jurisdiccional en que se llevó a cabo dicha conducta; de ahí que, quien se ostente como parte en un proceso o procedimiento jurisdiccional carece de interés legítimo para impugnar en amparo indirecto la decisión de la autoridad competente de desechar la queja relativa." Aunado a lo anterior, se cita como hecho notorio el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, en la ejecutoria dictada en el recurso de queja administrativa 177/2019 de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, derivada del juicio de amparo 540/2019, del índice de este juzgado federal, en el que se declaró infundado el recurso interpuesto contra el desechamiento de la demanda de amparo, en caso similar al presente. Por tanto, en vista de que ya existe criterio jurisprudencial aplicable y de observancia obligatoria para este Juzgado de Distrito, y para el resto de los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, Tribunales Militares y Judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, así como para los Tribunales Administrativos y del Trabajo, sean éstos locales o federales, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la presente demanda en estudio, atento a lo dispuesto en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita. DOMICILIO. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica para tal efecto. AUTORIZADOS. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Ángel Montoro Vázquez, toda vez que cuenta con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Asimismo, se tienen como sus autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Genero Rutilio Morales y Gabriel Otoniel Vázquez Guerrero, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cinco de agosto de dos mil veinte. En principio, visto el estado de los autos del juicio de amparo en que se actúa y la certificación de cuenta, se aprecia que el presente juicio de amparo se encontraba suspendido por las razones ahí precisadas; sin embargo, en el diverso Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que constriñe a reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, mediante la reactivación de los plazos procesales, tramitación de promociones y desahogo de las diligencias que requieran la presencia física de las partes. En consecuencia en el presente asunto, en términos del artículo 2°, del Acuerdo mencionado, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Por otra parte, en acatamiento al artículo 22º del citado Acuerdo, se exhorta a las partes para que de ser posible y estimarlo pertinente transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. De igual forma, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales; en el entendido de que su contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese.

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