Georgina Gómez Fierro

Expediente 951/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
951/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
12/09/2018

Partes del expediente

  • Georgina Gómez Fierro

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho (fojas 10 a 14), dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. Por otra parte, en términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica, y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Georgina Gómez Fierros, por propio derecho y ostentándose como Síndica Procuradora Municipal del Ayuntamiento Municipal de Coyuca de Catalán, Guerrero, personalidad que acredita con las copias certificadas que anexa al libelo que se acuerda, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Amparo, quien promueve demanda de amparo contra actos del Presidente Ejecutor del Tribunal De Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 951/2017 y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, analizada la demanda de amparo en su integridad, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la misma por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Por su parte, la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece lo siguiente: ". IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;..." En el caso, de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en el auto de ocho de agosto de dos mil dieciocho y su ejecución, dictado en el juicio de laboral de origen 590/2010, del índice del Tribunal de conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. En ese sentido, con fundamento en el artículo 88, del Código Federal de procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con el diverso numeral 2°, se invoca como hecho notorio el juicio de amparo 436/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, del que se advierte que mediante sentencia de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, resolución que en su considerando quinto en lo que interesa se estableció lo siguiente: "[.] De ahí, que es cierto el retardo en el procedimiento laboral que reclama la parte quejosa, porque no se han girado los oficios a la autoridad exactora, a efecto de hacer efectiva las multas impuestas, y hasta el día de hoy no se ha hecho efectivo el apercibimiento decretado en los citados proveídos ni en el diverso de quince de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que es inconcuso que no se ha proveído dentro del plazo legal correspondiente, dado que a la fecha han transcurrido más de dos años siete meses, del primero de ellos, un año diez meses, del segundo, un año cinco meses del tercer proveído y seis meses del cuarto, sin que la autoridad responsable lleve a cabo los actos necesarios tendientes a hacer efectivo el apercibimiento decretado en autos; demorando así la ejecución de laudo condenado. De igual manera, el veintinueve de enero, seis de febrero y diecinueve de febrero, todos de dos mil dieciocho, el hoy quejoso, presentó ante el Tribunal responsable, escritos en los cuales solicitó se impusiera al ayuntamiento demandado, una multa de quinientos días de salario y se procediera a la ejecución forzosa del laudo, sin que de las constancias remitidas por la autoridad, se advierta que se hubiera proveído al respecto, causando con ello, una dilación al procedimiento de casi cuatro meses. En este orden, la autoridad responsable transgrede en perjuicio de la parte quejosa los derechos fundamentales establecidos en el numeral 17 constitucional que establece que la impartición de justicia debe ser pronta y expedita, porque no ha tomado las medidas necesarias para hacer efectivo los apercibimientos decretados en el expediente 590/2010, en los términos establecidos por la ley, ni tampoco ha proveído los escritos del quejoso, mismos que le fueron presentados el veintinueve de enero, seis y diecinueve de febrero, todos de dos mil dieciocho, actuar que es contrario a lo establecido en el artículo 97 de la Ley 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, que establece: "ARTÍCULO 97. El tribunal tiene la obligación de promover a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes." Lo anterior, dado que si desde el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, nueve de agosto de dos mil dieciséis y veintitrés de enero de dos mil diecisiete, no se han girado oficios a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, para que haga efectiva las multas impuestas al Ayuntamiento demandado, por no haber dado cumplimiento al laudo condenatorio, ni tampoco se ha proveído sobre los escritos del quejoso presentados el veintinueve de enero, seis y diecinueve de febrero, todos de dos mil dieciocho, ante dicho Tribunal, así como también ha omitido notificar el diverso proveído de quince de diciembre de dos mil diecisiete, debe decirse que la autoridad responsable ha retardado el procedimiento de ejecución del laudo, toda vez que no se ha ajustado a los plazos legales que establece la ley. En ese contexto, el presidente responsable trasgrede el artículo 17 de la Constitución Federal por afectar la garantía de justicia pronta del quejoso; entonces, lo que procede es conceder el amparo y protección de la justicia federal a Ernesto Gómez Rojas. [.]" En ese orden de ideas, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa, fue emitido en cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en diverso juicio 436/2018. Por lo que, es inconcuso que el acto aquí reclamado por la parte quejosa no puede ser analizado constitucionalmente en ésta vía en virtud de que el mismo, como ya se dijo, fue dictado en ejecución del precitado juicio de amparo, y la fracción IX del citado artículo 61 de la Ley de Amparo, regula dos supuestos que hacen improcedente el juicio de amparo, a saber: Contra resoluciones emitidas en los juicios de amparo; y, Contra aquellas que se emitan en ejecución de las mismas. Por lo que en el caso nos encontramos en el segundo supuesto de dicha norma de improcedencia. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia XXI.1o. J/15, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable a página ochocientos sesenta y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Si se toma en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su razón legal y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, el correcto sentido del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo que toca a la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones dictadas en ejecución de las determinaciones emitidas en los juicios de amparo, no es el que se pudiera deducir de una vista inicial de sus términos gramaticales, que llevarían a la actualización de esa hipótesis normativa en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en ese sentido en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo." Así como la diversa II.T.12 K, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en la página mil dos del tomo XI, enero de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA. RESOLUCIONES DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. La mera interpretación literal del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en la parte relativa en que prevé esta causal de improcedencia nos llevaría a ubicar en ella a toda resolución emitida en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, lo cual sería incorrecto si consideramos la ratio legis de dicha causal que atiende a que una ejecutoria de amparo tiene la presunción de haber sido dictada en estricto apego constitucional o legal; por tanto, la resolución emitida en su cabal cumplimiento, también comparte tal presunción y debido a ella esta última resolución sólo puede impugnarse por vicios propios (exceso o defecto en su cumplimiento) o incluso el incumplimiento mismo, mediante los recursos contemplados en la propia ley, mas no por el fallo del cual proviene. Así, se considera cosa juzgada lo analizado y resuelto en esa ejecutoria a la luz de los conceptos de violación expuestos y, en su caso, la suplencia de la queja, evitando de esta manera una cadena interminable de juicios de amparo que atentaría contra la seguridad jurídica. Sin embargo, los alcances de la protección constitucional en contra de un laudo son variables en tanto que, en algunas ocasiones constriñen a la autoridad responsable a actuar en un solo y único sentido, sin posibilidad alguna de ejercer a plenitud su jurisdicción originaria, y en otras, la restitución al agraviado del derecho público subjetivo infringido conlleva a que la responsable ejerza necesariamente tal jurisdicción. Pudiéndose generar incluso un tercer supuesto, consistente en que ambos alcances se señalen en una sola ejecutoria de amparo, relacionados, por supuesto, con diferentes aspectos del laudo. En este entendido, para que un segundo o ulterior laudo dictado en cumplimiento de una ejecutoria de amparo se encuentre comprendido dentro de la hipótesis de improcedencia en estudio, existiendo identidad entre el quejoso que obtuvo la protección constitucional (que motivó tal dictado) y el promovente del actual juicio de amparo en el que se combate el nuevo laudo, requiere necesariamente que la ejecutoria de amparo quede comprendida en el primer supuesto (vinculación total), porque en los dos restantes el ejercicio por la responsable de su libre jurisdicción, al resultar un tema nuevo, si les afecta, podría ser impugnado nuevamente en vía de amparo por cualquiera de las partes, a reserva, claro está de declarar inoperantes los conceptos de violación con los que pretendiese cuestionar lo ya analizado, o las consideraciones que desde el primer laudo le paraban perjuicio y por ello estaba obligado a impugnar desde entonces, sin haberlo hecho." En mérito de lo hasta aquí expuesto, resulta inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, por lo que procede es desechar la demanda planteada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere para tal efecto; sin embargo, no ha lugar a tener como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica en su escrito de demanda, toda vez que no proporciona los datos correspondientes o documentos que acrediten que están legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, como lo prevé el citado artículo que dice: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." En tal virtud, sólo se les tiene por autorizados para oír notificaciones e imponerse de los autos, sin gozar de las demás facultades que tienen los autorizados en términos amplios. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa

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