Geovely Flores Cuevas y Otros.

Expediente 1567/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1567/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
09/01/2023

Partes del expediente

  • Geovely Flores Cuevas y Otros.
  • Manuel Vazquez Basilio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de enero de dos mil veintitrés. En principio, agréguese a los autos el escrito firmado por ********************, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual solicita el acceso al expediente electrónico para lo cual exhibe diversos nombres de usuarios para dicho efecto. Al respecto, es necesario hacer notar al promovente que si bien las partes y sus representantes podrán acceder al expediente electrónico del juicio de amparo de que se trate, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esto se encuentra condicionado a que expresamente lo soliciten, así como a la anuencia del órgano jurisdiccional ante el que se tramite el asunto, como lo prevén los artículos 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, también se advierte del acuerdo en cita que para el otorgamiento y revocación de los accesos a la consulta del expediente electrónico se atenderá a las reglas establecidas en el capítulo segundo del título primero de la Ley de Amparo, referente a la "capacidad y personería", conforme al cual existe la figura del representante legal o apoderado de las partes, así como el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la misma ley. En el primero está facultado para accionar el juicio de amparo y designar autorizados en términos amplios, pues se trata de un mandatario que interviene mediante un poder general o especial que le permite actuar en nombre y representación del poderdante o por contar con dicha facultad expresa en la norma que lo legitima como representante legal y, el segundo, sólo es un autorizado procesal encargado de llevar a cabo los actos de esa naturaleza que correspondan a la parte que lo designó dentro del juicio, es decir, no constituye una representación, sino la concesión de una de las partes (quejoso o tercero interesado) para la realización de actos procesales, sin incluir la representación de los intereses del autorizante, lo cual se corrobora con la prohibición expresa prevista en el primer párrafo de dicho precepto 12, en el sentido de que no puede sustituir o delegar dicha autorización a un tercero. De ahí que no se le permita llevar a cabo los actos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado, como en el caso, la solicitud del acceso a la consulta del expediente electrónico en el juicio de amparo al rubro indicado, corresponde únicamente a las partes o por sus representantes legales, pero en ningún caso por sus autorizados con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo. Por tanto, dígasele a la promovente que no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado, en virtud de que carece de facultades para solicitar el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo, al corresponder dicha petición a la parte quejosa directamente. En otro orden, visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobresee ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por medio del cual devuelve despacho 959/2022, en razón de no encontrarse debidamente integrado para su diligenciación. Sin embargo, glósese a los autos para que obre como legalmente corresponda, en razón de que por auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes y dése de baja en el Libro de Comunicaciones Oficiales de este juzgado federal el referido despacho sin diligenciar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, al cual acompañó copias certificadas relativas al expediente laboral 881/2015, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo, sin que sea necesario dar vista a las partes con el citado informe, en razón de lo siguiente. En ese sentido, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia. En el caso, por escrito presentado el siete de noviembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Geovely Flores Cuevas y Manuel Vázquez Basilio, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, que hizo consistir en: ".IV.- ACTOS RECLAMADOS: -El hecho de omitir acatar lo contenido en el artículo 81 de la Ley 51 del Estado, dentro del expediente 881/2015, pues inclusive aún no emite laudo, aún cuando ya transcurrió término para tal efecto." Sentado lo anterior, es preciso destacar que la identificación del acto reclamado, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada por las partes procesales en esa etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que Geovely Flores Cuevas y Manuel Vázquez Basilio, por propio derecho, reclaman del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. 1. La omisión de dictar el laudo relativo al expediente laboral 881/2015. 2. Así como la omisión de acordar la promoción presentada el veintinueve de abril de dos mil veintidós, en la que solicita se dé vista a las partes para que formulen alegatos. Entonces, analizado lo anterior se tiene que el primer acto reclamado es inexistente. Lo anterior, dado que debe realizarse el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si está en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar si esa autoridad podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Tales argumentos se leen en la ejecutoria que se trascribe: "49. La autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe;(15) sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. 50. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 51. Por ejemplo, en el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa." Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos.1 " En ese orden, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional, y." En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable a las cuales previamente se les concedió valor probatorio pleno, se advierte que mediante proveído de dos de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral de origen, se proveyó acerca de la solicitud de vista para formular alegatos negando la posibilidad para celebrar dicho acto procesal, ello, atendiendo a que por auto de veinte de abril de dos mil diecisiete se proveyó respecto el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por el 1 Décima Época. Registro: 2018110. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 19 de octubre de 2018 10:29 h. Materia(s): (Común). demandado sin que se haya desahogado a la fecha de dictar el auto citado, por lo que la responsable fijó fecha para el desahogo de la citada prueba. Con lo anterior, se evidencia que la omisión reclamada es inexistente, porque a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (siete de noviembre de dos mil veintidós), la autoridad responsable se encontraba impedida para dictar el laudo correspondiente, ello en razón de que aún está pendiente de desahogar la prueba de inspección en el juicio laboral de origen. Ahora, respecto del segundo acto reclamado consistente en la omisión de acordar la promoción presentada el veintinueve de abril de dos mil veintidós, en la que solicita se dé vista a las partes para que formulen alegatos, la suscrita juzgadora estima que el acto reclamado ha cesado. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal."2 2 Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, Materia: común, Página: 38. 26/02/23 16:32:02 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.33.36.36.37.36.39.33 BIANCA SAYURI MORA PERALTA JUICIO DE AMPARO: 1567/2022 9 La jurisprudencia resulta aplicable, no obstante de referirse a la Ley de Amparo anterior, porque en esencia, no se contrapone al sentido de la Ley de Amparo actual, en términos del artículo Sexto transitorio, del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. En el caso, como antes se dijo la parte quejosa reclama la omisión de acordar la promoción que exhibió el veintinueve de abril de dos mil veintidós, en la que solicitó se pusieran los autos a la vista de las partes para que formularan sus respectivos alegatos; sin embargo, de las actuaciones que remitió la responsable a las que con anterioridad se les concedió valor probatorio pleno, se advierte que ésta emitió el proveído de dos de diciembre de dos mil veintidós, en el expediente laboral de origen, en el cual se aprecia que acordó el escrito que le fue presentado por la parte actora aquí quejosa, para lo cual negó la posibilidad de dar vista a las partes para que formulen alegatos en atención a que se encuentra pendiente de desahogar la prueba de inspección ofrecida por el demandado, por ello, fijó fecha para el desahogó de la probanza. Como resultado de lo anterior, cesó en sus efectos la omisión en la que había incurrido la autoridad responsable al haberse pronunciado sobre el acto reclamado por la parte quejosa; por lo cual, los efectos del acto reclamado han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. En esas condiciones, al haberse advertido que respecto de los actos reclamados uno es inexistente y respecto del otro cesaron los efectos del acto reclamado lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V y IV de la Ley Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio; misma que no es posible BIANCA SAYURI MORA PERALTA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.33.36.36.37.36.39.33 26/02/23 16:32:02 2 desahogar, toda vez que no obra en autos el acuse de recibo relativo a la notificación del oficio 31391/2022, de ocho de noviembre de dos mil veintidós (auto de admisión), correspondiente al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Mártir de Cuilapan, Guerrero. Por lo anterior, mediante acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintidós se giró despacho al Juez Mixto de Paz del Municipio de Mártir de Cuilapan, Guerrero, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, emplace a juicio al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Mártir de Cuilapan, Guerrero, con copia simple de la demanda. En relatadas circunstancias, no se encuentra debidamente notificadas todas las partes en el juicio de amparo en el que se actúa. En consecuencia a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · 12,048 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano