Georgina Moctezuma Gonzalez
Expediente 1493/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1493/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 03/01/2022
Partes del expediente
- Georgina Moctezuma Gonzalez
- GEORGINA MOCTEZUMA GONZALEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, tres de enero de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. Asimismo, se precisa que no se computa el plazo de la autoridad responsable, toda vez que no está legitimada para interponer recurso de revisión, pues es inconcuso que el sobreseimiento fuera de audiencia le es únicamente desfavorable a la parte quejosa y, por ende, no puede producir agravio alguno a la responsable. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia siguiente: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita.". Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo 18, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Destino de incidentes de suspensión. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada; por lo que se ubica en la hipótesis prevista en artículo 21, inciso c), del mismo Acuerdo General; razón por la cual, el cuaderno incidental original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto por el cual se tuvo a bien sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional: Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Al respecto, este juzgado federal encuentra que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, de conformidad con el precepto legal en cita, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el citado juicio carecía de litis sobre la que sea factible hacer un pronunciamiento de fondo. En torno al tema resultan aplicables los siguientes criterios sostenidos por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales disponen lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY DE AMPARO. El precepto y la fracción citados prevén que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; sin embargo, esta causal no puede tener un alcance irrestricto cuando se trate de un juicio de amparo directo relacionado con otro, por impugnarse en ambos una misma sentencia y, en uno de ellos, se otorga la protección constitucional; es decir, es inadmisible una interpretación extensiva que lleve a sobreseer cuando en un juicio se deje insubsistente la sentencia reclamada, sin distinguir la causa de invalidez -por vicios de fondo, procesales o de forma-, pues debe partirse de la premisa de que la insubsistencia formal de la resolución o el acto impugnado no deja sin materia a un medio de control constitucional, ya que ello no implica necesariamente la supresión de todas las condiciones estimadas como violatorias de derechos humanos. Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera el ejercicio de escrutinio constitucional hecho sobre el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, en la tesis aislada 1a. CCXLII/2013 (10a.)(*), que establecía idéntica causal de improcedencia. De ahí que, como en su momento se concluyó respecto de la ley abrogada, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, no viola los derechos humanos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, si se interpreta de conformidad con su ámbito protector, esto es, debe estimarse que no se actualiza la cesación de efectos del acto reclamado cuando formalmente se deja insubsistente la sentencia reclamada al concederse el amparo en el juicio relacionado y la parte quejosa plantea violaciones cuyo estudio es técnicamente posible, pues con base en el principio de concentración contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), párrafo segundo, constitucional, y el derecho humano de tutela judicial efectiva, que exige proveer un medio idóneo y eficaz para lograr el estudio de violación de derechos humanos, debe maximizarse el derecho a la administración de justicia pronta y completa. Por tanto, debe ser la viabilidad técnica de estudio de la materia del amparo directo relacionado, el criterio rector que ha de determinar cuándo se actualiza la causal de improcedencia referida." Ahora bien, para demostrar la actualización de la causa de improcedencia objeto de estudio, es preciso recordar que la parte quejosa reclamó, en esencia, la omisión de incluir a los menores R.P.M. y J.C.P.M., quienes actualmente tienen quince y diecisiete años, respectivamente, en la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la Prevención de la COVID-19 en México. Para entrar en materia, es necesario tener presente que la vacunación se ha vislumbrado en el mundo como una esperanza para mitigar la propagación del virus SARS-CoV2 y, con ello, disminuir el número de decesos a causa de la COVID-19. Actualmente existen diversas vacunas disponibles que cuentan con autorización para su uso en emergencia por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, dentro de la que se encuentra la vacuna Pfizer BioNTech. Para la aplicación de tales vacunas, el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal ha determinado la política nacional rectora de vacunación, la cual se encuentra detallada en el documento denominado Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la Prevención de la COVID-19 en México. En ese documento se detalló que existen cuatro ejes de priorización para la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en México: 1. Edad de las personas; 2. Comorbilidades personales; 3. Grupos de atención prioritaria, y; 4. Comportamiento de la epidemia. Asimismo, para la estrategia de contención de defunciones, se propuso una priorización de grupos poblacionales a vacunar basados en las características asociadas con un mayor riesgo de morir por COVID-19. Para tal efecto, se realizó un análisis de mortalidad basado en los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que considera características individuales e indicadores de pobreza, desigualdad e informalidad laboral con un nivel de desagregación hasta el municipio de residencia de las personas afectadas. Los resultados actualizados de dicho análisis dieron lugar al establecimiento de los grupos priorizados en el orden de prelación siguiente: 1. Personal sanitario que enfrenta COVID-19 (estimado en un millón de personas). 2. Personas adultas mayores: a. Mayores de 80 años (2,035,415 personas) b. Personas de 70 a 79 años (4,225,668 personas) c. Personas de 60 a 69 años (8,199,671 personas) 3. Embarazadas de 18 años y más a partir del tercer mes de embarazo (2,133,951 personas) 4. Personal docente. 5. Población de 18 a 49 años (60,974,539 personas). a. Personas de 40 a 49 años (16,198,907 personas). b. Personas de 30 a 39 años (18,897,970 personas). c. Personas de 18 a 29 años (25, 877,662 personas). 6. Personas de 12 a 17 años que padecen alguna de las comorbilidades o condiciones de vida siguientes: a. Condiciones cardíacas crónicas. b. Enfermedad pulmonar crónica. c. Afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo. d. Enfermedad neurológica crónica. e. Enfermedades endócrinas. f. Inmunosupresión moderada a grave. g. Asplenia o disfunción del bazo y enfermedades hematológicas. h. Anomalías genéticas graves que afectan a varios sistemas. i. Embarazo adolescente. Bajo estos parámetros, se determinaron las etapas de la estrategia de vacunación, las cuales se ven reflejadas en la siguiente imagen. Es necesario precisar que en la Política Rectora de Vacunación también se establece que, hasta el momento, sólo la vacuna Pfizer BioNTech puede ser utilizada en la población menor de edad, específicamente entre 12 y 17 años; sin embargo, para su vacunación se contempla una priorización de acuerdo con las comorbilidades y condiciones de vida que presenten. Asimismo, en la política de vacunación actual se especifica que, hasta el momento, sólo una vacuna podría ser utilizada en población menor de edad y en un grupo específico de entre doce y diecisiete años, por lo que ninguna de las vacunas disponibles en México podría ser utilizada en personas menores de doce años, de tal manera que aún no se contempla una etapa específica para esa población. Ahora bien, el dieciséis de noviembre del año en curso, las autoridades sanitarias del País informaron que el diecinueve de noviembre se abriría el pre-registro para adolescentes de quince a diecisiete años sin comorbilidades, a fin de que reciban la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Esta información se corrobora a partir de la consulta realizada a la página oficial de la Secretaria de Salud https://mivacuna.salud.gob.mx de donde se advierte que efectivamente se encuentra disponible el pre-registro, para que tanto los menores de quince años cumplidos al quince de enero del dos mil veintidós como los menores de quince a diecisiete años con alguna comorbilidad, puedan realizar el registro para ser inoculados con la vacuna contra el virus que causa la enfermedad Covid-19, tal como se advierte de la siguiente imagen: Información oficial electrónica que constituye un hecho notorio para este Juzgado de Distrito, en términos de los artículos 88, 188 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, se destaca que ya es una realidad la aplicación de la vacuna autorizada para la población de quince años cumplidos al quince de enero del dos mil veintidós, previo registro en la página de internet habilitada por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Incluso, es preciso destacar que el propio Secretario de Salud del Estado informó que del dos al cuatro de diciembre de este año iniciaría la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 para quienes tengan quince años cumplidos al quince de enero del dos mil veintidós, tal como se advierte de la logística contenida en el boletín B-317/2021 del uno de diciembre del año en curso, lo cual también se informó en el portal electrónico de esa dependencia pública estatal en los siguientes términos: Aunado a que la Secretaría de Salud del Estado también informó que la jornada de vacunación en la población de quince años cumplidos al quince de enero del dos mil veintidós ya se está desarrollando, tal como lo revela la siguiente nota informativa del seis de diciembre de este año: En esa tesitura, si se toma en consideración que a la fecha los menores R.P.M. y J.C.P.M. actualmente tienen quince y diecisiete años, respectivamente, y no se dio noticia de que padezcan alguna comorbilidad, es claro que ya se encuentran dentro del parámetro de edad establecido por la Política Nacional de Vacunación para el acceso a la vacuna contra la Covid-19. En esas condiciones, este juzgado federal encuentra que han cesado los efectos del acto reclamado, pues si el reclamo central se hizo consistir en la omisión de incluir a los menores R.P.M. y J.C.P.M. en la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la Prevención de la COVID-19 en México y, actualmente, ya es una realidad la aplicación de la vacuna para el grupo poblacional al que pertenecen los quejosos [quince años cumplidos al quince de enero de dos mil veintidós o más], entonces es posible concluir que los actos reclamados ya no les causan agravio alguno, pues están en posibilidad de acceder a la aplicación de la vacuna contra la Covid-19. Esta conclusión se robustece a partir del criterio que sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito al resolver el recurso de queja 344/2021, en tanto determinó declarar sin materia el recurso dado que se demostró la implementación de medidas tendentes a establecer un plan de vacunación en favor de los menores de dieciocho años, tal como enseguida se advierte: "(.) De lo anterior se colige que, si la causa por la cual la inconforme solicitó la suspensión respecto de los actos reclamados fue la omisión de las autoridades de dictar las medidas preventivas indispensables tendentes a llevar a cabo un esquema de vacunación en favor de los menores de 18 años; con base en la información transcrita se advierte que dichas medidas preventivas ya fueron emitidas y están siendo aplicadas para el sector relativo a menores de quince a diecisiete años de edad sin comorbilidades. En esa virtud, bajo tal premisa de que los efectos para los que se solicitó la suspensión de los referidos actos ya se han concretado, debe concluirse que no hay materia para resolver el presente recurso (.)" En conclusión, respecto de los actos reclamados se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por lo tanto, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional programada para las catorce horas con treinta minutos del veintisiete de diciembre del año en curso. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y en forma electrónica a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, uno de diciembre de dos mil veintiuno. 1. Primera adscripción de Jueza de Distrito. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, acordó mi primera adscripción como Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en lugar del ahora magistrado Israel Flores Rodríguez, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, lo que se informó mediante el oficio SEADS/1073/2021, firmado electrónicamente por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción. 2. Modificación de los efectos de la primera adscripción. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el diez de noviembre de dos mil veintiuno, acordó modificar los efectos de mi primera adscripción como Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, a fin de que sea a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, lo que se informó mediante el oficio SEADS/1192/2021, firmado electrónicamente por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción. 3. Jurisprudencia de la SCJN. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el cambio de la persona juzgadora que dictará la sentencia de un juicio de amparo indirecto debe notificarse a las partes, pues de lo contrario se actualiza una violación procesal que ameritaría reponer el procedimiento, en tanto no se permitiría plantear recusación por impedimento. 4. Vista a las partes. En consecuencia, se informa a las partes mi primera adscripción como Jueza de Distrito, a fin de garantizarles el derecho procesal de plantear una eventual recusación en caso de existir impedimento, de acuerdo con los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo. 5. Diferimiento. En ese orden de ideas, se difiere la audiencia constitucional programada para hoy, en términos de lo dispuesto en los artículos 51, 52, 115 y 124 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esa medida, se fijan las CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para la audiencia constitucional. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL En San Andrés Cholula, Estado de Puebla, Puebla, siendo las catorce horas con cinco minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno *** SENTENCIA INTERLOCUTORIA *** RESUELVE. ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por *** por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales J.C.P.M. y R.P.M.; respecto del acto reclamado precisado en el punto III de esta resolución, y por los motivos expuestos en el diverso punto IV. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa; y, a las autoridades responsables foráneas por oficio y correo electrónico que se envíe a las siguientes cuentas:
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