Genoveva Arce Cruz
Expediente 838/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 838/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/10/2020
Partes del expediente
- Genoveva Arce Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Causa estado desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de siete de octubre de dos mil veinte, por el que se determinó desechar la demanda de amparo indirecto, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del presente año, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que en el juicio se desechó la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;...". Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto en el que se desechó la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Puebla, las copias certificadas de los juicios reivindicatorios ... y ..., de su índice, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de octubre de dos mil veinte. Juez de Distrito acusa de recibo. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, mediante el cual acusa de recibo del oficio 25227/2019, por el que se le remitió copia certificada del presente juicio con motivo de la separación de actos ordenada en auto del veintidós de septiembre de dos mil veinte; asimismo, informa que se avocó al conocimiento del asunto separado, de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Solicitud de copias. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ..., a través del cual solicita copia certificada del juicio ..., del índice del Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Puebla, al respecto, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, expídanse a su costa las copias certificadas que solicita, previa razón que por su entrega se asiente en autos de la persona que las reciba; se autoriza a las personas que refiere para su recepción, en el entendido que deberán comparecer debidamente identificados con credencial oficial vigente, y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. Se informa a la quejosa que atendiendo a los lineamientos indicados en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea, micrositio "Agenda OJ", a efecto de que el propio sistema le designe el día y hora de acuerdo a la disponibilidad de citas y se genere su código Qr. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siete de octubre de dos mil veinte. Quejosa no desahoga prevención. Se desecha demanda de amparo. Vista la certificación de cuenta de la que se desprende que transcurrió el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa en auto del veintidós de septiembre del presente año, sin que haya desahogado la prevención formulada, a fin de que subsanara las irregularidades de su demanda de amparo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído en cuestión y, se tiene como acto reclamado la falta o emplazamiento efectuado a la impetrante al juicio reivindicatorio 26/2017, del índice del Juzgado Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla y, como consecuencia, todo lo actuado, incluyendo la sentencia y su ejecución. En consecuencia, con base en el estudio exhaustivo de la demanda de amparo y las constancias que obran en el presente expediente, se procede a proveer lo conducente. Así, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la quejosa Genoveva Arce Cruz, deriva del hecho que oficiosamente se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Al respecto, conviene precisar que el juicio de amparo, como medio de control constitucional, es procedente contra actos que producen una afectación actual y cierta respecto de la esfera jurídica de las personas. En torno de las características del agravio, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Asimismo, el Máximo Tribunal de la Nación ha sostenido que el agravio debe ser directo, ya que la afectación indirecta que produzca el acto reclamado no da ningún derecho al que lo sufra para promover juicio de amparo en su contra, sino que debe promoverse por quien resulte directamente perjudicado con el acto reclamado, y no por quien sólo resienta un perjuicio indirecto, derivado del agravio que el acto ocasiona a otra persona pues, en este supuesto, esta última es a quien corresponde instaurar el juicio constitucional, tal como se advierte de las siguientes tesis: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." "AGRAVIO INDIRECTO. El agravio indirecto no da ningún derecho al que lo sufra para recurrir al juicio de amparo. Para explicar el criterio mencionado, es conveniente transcribir los precedentes en relación al perjuicio como base del amparo, que esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido en el sentido de que una correcta interpretación de la fracción IV del artículo 73 (hoy fracción V) de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos y posesiones conculcados, y aunque las lesiones de tales derechos, es natural que traigan repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen interés jurídico para promover el amparo." En esas condiciones, de acuerdo con los criterios transcritos, el agravio que da pauta a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente futura, muy cercana a ocurrir. El agravio es presente cuando sus efectos operan al promoverse el amparo; por su parte, el agravio es pasado cuando sus efectos ya han concluido, e inminentemente futuro, cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado. Aclarado lo anterior, se recuerda que la quejosa reclama la falta o emplazamiento que se le efectuó al juicio reivindicatorio 26/2017, del índice del Juzgado Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla y, como consecuencia, todo lo actuado, incluyendo la sentencia y su ejecución. Asimismo, la impetrante expresa que dicho procedimiento lo instauró en su contra Ángel Alfredo Juárez González, a fin de privarla de la posesión precaria que tiene sobre el inmueble ubicado en calle Quintana Roo, número cinco mil seiscientos veintiuno, colonia Miguel Hidalgo, en la ciudad de Puebla. No obstante, se la copia certificada del juicio reivindicatorio 26/2017, se advierte que dicho procedimiento lo promovió Lidia Trejo Juárez, en contra de Isabel Mayoral N y Carlos Oaxaca N, y es relativo al inmueble ubicado en lote de terreno cuatro, manzana doce, fraccionamiento Plazas de Guadalupe, actualmente, identificado con el número ciento veintinueve, de la calle avenida Paseo de las Fuentes, fraccionamiento Plazas de Guadalupe, en la ciudad de Puebla. En consecuencia, se estima que la falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio reivindicatorio 26/2017, no provoca una afectación o menoscabo en la esfera jurídica de la quejosa, ya que contrariamente a lo que aduce, no figura como parte demandada en ese procedimiento, pues no lo instauró en su contra Ángel Alfredo Juárez González, ya que tampoco es parte en el mismo, aunado a que la materia de la litis no es el inmueble del que se ostenta como poseedora precaria sino uno totalmente distinto, respecto del que no aduce tener algún derecho ni defiende. Aunado a lo anterior, se aprecia que en el juicio en cuestión el tres de mayo de dos mil diecisiete se dictó sentencia definitiva, en la cual se declaró improcedente la acción reivindicatoria intentada por Lidia Trejo Juárez, lo que patentiza la falta de afectación a la quejosa, pues en el supuesto hipotético de que también pretendiera defender el inmueble materia de ese procedimiento, lo cierto es que no prosperó la acción. Entonces, dado que la quejosa no figura como parte en el juicio 26/2017, del índice del Juzgado Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, aunado a que dicho procedimiento no versa sobre el inmueble del que se ostenta como poseedora precaria, e incluso el juicio concluyó con una sentencia que declaró improcedente la acción, es evidente que los actos reclamados no producen afectación alguna a la justiciable. No se soslaya que la quejosa junto con su demanda de amparo haya exhibido copia del oficio 306/2020, del cuatro de enero de dos mil veinte, en donde el Juez Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, la cita a una audiencia de conciliación en el juicio reivindicatorio 26/2017, promovido por Ángel Alfredo Juárez González en su contra; no obstante, se estima que por un error mecanográfico se anotó ese expediente, pues el citatorio en realidad pertenece al juicio 26/2020. En efecto, el Juez responsable también remitió copia certificada del juicio reivindicatorio ..., del que se desprende que ese procedimiento lo promovió ... en contra de la quejosa ..., en donde la materia de la litis es un inmueble ubicado en la ... Asimismo, se observa que el juicio se admitió a trámite mediante acuerdo del cuatro de febrero de dos mil veinte, por lo que se ordenó citar a las partes a la audiencia de conciliación, y en atención a ello se emitió el oficio que exhibe la quejosa -el cual incluso obra en la copia certificada del juicio natural-, en donde erróneamente se plasmó que el número de expediente era 26/2017, siendo el correcto 26/2020. En consecuencia, es evidente que el citatorio anterior no afecta la conclusión alcanzada en el presente acuerdo, pues por el contrario, patentiza que los actos reclamados no provocan una afectación en la esfera jurídica de la quejosa, ya que en su caso, lo que le podría afectar es lo sucedido en el diverso juicio reivindicatorio 26/2020, ya que en él figura como demandada y la materia de la controversia es un inmueble que se ubica en la misma calle y colonia que aquel que defiende. Asimismo, no se deja en estado de indefensión a la justiciable, ya que los actos reclamados relacionados con el expediente 26/2020, fueron materia de separación en el presente medio de control constitucional, por lo que en su caso, se estudiaran en un diverso juicio de amparo. Sin embargo, en el caso concreto resulta claro y evidente que no existe posibilidad de que la parte quejosa en el curso del procedimiento acredite que sufre una afectación a su esfera jurídica por los actos reclamados -falta de emplazamiento al juicio de reivindicatorio 26/2017 y todo lo actuado-, dado que no es parte el procedimiento al que controvierte no fue llamada, el cual versa sobre un inmueble distinto a aquel del que se ostenta poseedora precaria, y en el que se emitió sentencia definitiva en la que declaró improcedente la acción intentada, aunado a que está demostrado que el juicio en el que se le demandó y al parecer versa sobre el inmueble que defiende es el diverso 26/2020. Por ende, no hay lugar a dudas de que con independencia de los medios de convicción que la parte quejosa pudiera aportar en la presente instancia constitucional, de igual manera se actualizaría la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, por lo que sería ocioso y contrario a la pronta y expedita administración de justicia consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, continuar el trámite del juicio constitucional para, al final, llegar indefectiblemente al mismo resultado, que sería la improcedencia del juicio de amparo. Por tanto, el ejercicio de esta facultad de análisis no implica necesariamente que este órgano jurisdiccional deba dar trámite al juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar al sobreseimiento del mismo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ... Notifíquese personalmente.
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