Gerardo Albarran Ochoa
Expediente 484/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 484/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/05/2023
Partes del expediente
- Gerardo Albarran Ochoa
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, tres de mayo de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas para ello interpongan recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por tanto, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos tres años de su archivo, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para mejor identificación del asunto. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, trece de abril de dos mil veintitrés. Precluye derecho de parte quejosa. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista otorgada en proveído de tres de abril de dos mil veintitrés, a fin de que ampliara por escrito los puntos sobre los cuales versará la pericial en contabilidad ofrecida dentro del incidente de liquidación de sentencia y designara perito de su parte. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado y se tiene por precluído el derecho de la parte quejosa para señalar perito y adicionar el cuestionario propuesto al tenor del cual se desahogará la prueba pericial. En consecuencia: 1. Se le tiene por conforme con el cuestionario propuesto por esta autoridad y adicionado por el Director de Asuntos Jurídicos y Representante Legal del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla. 2. Se le tiene por conforme con el dictamen que en su momento emita el perito oficial y el que, en su caso, designen las autoridades responsables de la Comisión del Servicio de Carrera Policial, acorde a los cuestionarios propuestos en autos. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio." Autoridad informa gestiones. En diverso orden de ideas, el Director General de Administración de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Puebla, informa el contenido del oficio SSP/SDIAP/DGA/3039/2023, dirigido a la Encargada de Despacho de la Dirección de Supervisión de Centros Penitenciarios, por el que solicitó que se realice la anotación en el Registro Nacional de Seguridad Pública, en el sentido de que el quejoso fue dado de baja de manera injustificada. Se toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales correspondientes, en la inteligencia de que se encuentra transcurriendo el término concedido, a la autoridad vinculada Encargada de Despacho de la Dirección de Supervisión de Centros Penitenciarios, a fin de que informe la contestación emitida a la petición que antecede. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, del que se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a las partes mediante auto del dos de marzo de dos mil veintitrés, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Mediante sentencia dictada el siete de abril de dos mil veintidós, en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes. *** Mediante proveído de tres de mayo de dos mil veintidós, la sentencia de mérito causo ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla y Actuario de su adscripción, para que informaran sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitieran las constancias relativas para acreditarlo. Cumplimiento En ese sentido, la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla y Actuario de su adscripción, mediante acuerdo de dos de marzo de dos mil veintitrés, remitió copia certificada de lo siguiente: Emplazamiento de la parte demandada *** realizada el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en el juicio laboral ***. Por lo tanto, si la protección constitucional se concedió para efecto de que la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, emplazara a la parte demandada dentro del juicio laboral *** resulta evidente que la sentencia de amparo se cumplió. En ese orden de ideas, se advierte que la autoridad responsable satisfizo los efectos de la sentencia de amparo, conforme a los parámetros fijados en el fallo protector, toda vez que desahogó las referidas probanzas, dentro del juicio de origen. Conclusión. Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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