Georgina Martínez Pineda

Expediente 448/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
448/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
25/03/2021

Partes del expediente

  • Georgina Martínez Pineda

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Decimoquinto Circuito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante el cual informa que aceptó la competencia plateada por este juzgado y se avocó al conocimiento del juicio de amparo directo laboral 93/2021. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); de igual forma, se ordena su archivo como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: Destruir el presente cuadernillo, al ser un expediente auxiliar, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido. Notifiquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente al quejoso.

  3. Principal

    hago efectivo el apercibimiento del aviso de doce de noviembre de dos mil veinte, dejado en el domicilio procesal de la promovente ******** en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de diez de noviembre de dos mil veinte, por lista y por lista en una página electrónica publicada el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo de los artículos 26, 27 fracción I inciso c y 29 de la Ley de Amparo, que dice: Se tiene recibida la demanda de amparo que promueve *********; personalidad que acredita con copia de la resolución de dos de octubre de dos mil dieciocho, emitida en el juicio laboral 107/2002, con sello original, por tanto, en términos del artículo 11, de la Ley de Amparo, se reconoce la personalidad con la que se ostenta. COMPETENCIA Ahora, es oportuno verificar la competencia objetiva del órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo, en tanto ello constituye un presupuesto procesal de orden público. Apoya lo anterior la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y seis de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cincuenta y seis, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Materia Penal, Octava Época, cuyo contenido y rubro es el siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En ese tenor, de la lectura íntegra del escrito de demanda, esta juzgadora advierte que carece de competencia legal para conocer del presente asunto por razón de vía para resolver el presente juicio de amparo, acorde con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 47, 170, de la Ley de Amparo y, 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Del escrito inicial de demanda se aprecia que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- a).- Se señala como acto reclamado de la H. Junta Especial Numero 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, B.C.; la resolución interlocutoria del 10 de diciembre de 2019 dictada dentro de la Tercería Excluyente de Dominio, interpuesto por la tercero interesada Josefa Guadalupe López Castro, actos del Actuario y del C. Presidente de la H. Junta Especial Número 01 de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, B.C. misma que bajo protesta de decir verdad, le fue notificado a la quejosa el 15 de octubre de 2020. b).- Y del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Ensenada, B.C.; que se abstenga de acatar cualquier orden del C. Presidente de la Junta Especial Numero 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, B.C. para que cancele la inscripción del embargo dentro del bien embargado a la patronal (hoy tercero interesado Manuel Marco Antonio Espinoza Villavicencio) consistente en: Partida numero: 5267817. Fecha de Inscripción.- 10 de Marzo del 2014. Ubicación: Lote 18, Manzana 2, Folio real.- 203361. Del Fraccionamiento Villas Cíbola del Mar. Superficie.- 510 metros cuadrados. Clave Catastral: VC-002-018. Sección: Civil. Partida número 5084596. Fecha de inscripción: 18 de Junio del 2001. Ubicado: en lote 1, fracción G, MANZANA 12, Úrsulo Galván, Municipio de Ensenada, B.C. Superficie: 458.34 metros cuadrados. Folio real: 677236 Sección: Civil. Inscritos ambos terrenos a nombre de Manuel Marco Antonio Espinoza Villavicencio. Como se desprende del acta de requerimiento de pago y embargo de fecha 10 de Octubre del 2017. Misma que obra agregada a los autos del expediente laboral de donde emana el acto reclamado." Lo anterior, permite determinar que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, ya que el acto que por esta vía se combate, debe ser impugnado mediante el juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito. La anterior conclusión, deviene del análisis de competencia, bajo el esquema normativo de los artículos 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. ." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido." Los numerales citados, norman la hipótesis de procedencia de Amparo Directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, que se circunscribe básicamente en el acreditamiento de lo siguiente: a) La existencia de una sentencia definitiva, laudo o resolución; b) Que esa sentencia definitiva, laudo o resolución decida el juicio en lo principal; o por resoluciones que pongan fin al juicio -supuesto en el que se subsume el acto reclamado en estudio-; c) Que esa sentencia definitiva, laudo o resolución haya sido dictada por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. En el caso particular, la resolución de diez de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en la tercería excluyente de dominio, promovida por Josefa Guadalupe López Castro, en el juicio laboral 107/2002, constituye una determinación que puso fin al juicio de tercería; por lo que esta juzgadora resulta legalmente incompetente para resolver el presente juicio de amparo. En efecto, en relación con las resoluciones que pongan fin al juicio o que lo den por concluido, contra las que no proceda recurso alguno por el que puedan ser modificadas o revocadas, procederá el amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. En el caso concreto, se considera que la resolución de diez de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en la tercería excluyente de dominio, es de considerarse, que para los efectos que prevé el artículo 170 de la Ley de Amparo, no puede ser materia de estudio en amparo indirecto o biinstancial, pues en el caso concreto es claro y patente que la resolución que se combate se trata de una determinación que puso fin al juicio; de ahí que la misma sólo sea susceptible de ser combatida por medio del juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. Resulta aplicable por las razones jurídicas que se invocan, la jurisprudencia 2a./J. 126/20051 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. De los artículos 976, 977 y 978 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que las tercerías excluyentes de dominio o de preferencia, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio y no de incidente, pese a que el segundo de los preceptos citados establezca que se tramitarán en forma incidental, pues esta mención sólo se refiere a la forma procesal, pero no a su naturaleza sustancial, toda vez que mientras el incidente resuelve generalmente cuestiones de carácter adjetivo, la tercería decide un aspecto sustantivo (la propiedad del bien embargado o la preferencia del crédito reclamado), ajeno a la cuestión ventilada en el juicio del que surge, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. Además, el tercero es ajeno a la controversia principal y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquélla; la nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento singular en el que el tercerista 1 Registro: 176797, Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, Página: 952 tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, y no suspende el curso del juicio preexistente, lo que evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios y, por ende, que las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo, por tratarse de sentencias definitivas, son impugnables en amparo directo, en términos de los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía e identidad jurídica, la Jurisprudencia 1ª./J.59/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , del siguiente rubro y texto: "TERCERÍAS EXCLUYENTES TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE. De los artículos 1362 y 1368 del Código de Comercio se desprende que las tercerías excluyentes, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio y no de incidente. En efecto, en la tercería excluyente se ventila una acción distinta a la que se debate en el juicio principal, es decir, la materia de la controversia en la tercería es distinta a la del juicio preexistente, lo cual materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. El tercero es ajeno a la controversia principal y, al ejercer la nueva acción debe acreditar tener un interés propio y distinto al de quienes son parte en el juicio principal, esta nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento propio en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes y no suspende el curso del juicio preexistente, todo esto evidencia que las tercerías excluyente son formalmente juicios. En esas condiciones, la resolución que se emite en una tercería excluyente, una vez que causa ejecutoria, no puede ser modificada o anulada por la que se dicte en el juicio que le da origen. Además el artículo 1369, del mencionado ordenamiento, les da la calidad de juicios, sin que pueda estimarse que por la vinculación de la tercería con el juicio que la motiva se trate de un incidente, pues tal vinculación constituye una característica propia de las tercerías excluyentes, las cuales tienen su origen en la afectación judicial sobre bienes de la parte demandada, respecto de los cuales el tercerista alega tener mejores derechos." 2 Visible en la página 83, Tomo XX, septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Por lo anterior, se considera que respecto al acto reclamado en mención, el presente juicio de amparo resulta de la competencia del Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en Materias Civil y de Trabajo en turno, con residencia en Tijuana, Baja California, en términos de lo que establecen los artículos 170 de la Ley de Amparo, y 37 fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, razón por la que, con fundamento en el artículo 47, párrafo primero, de la Ley de la materia, esta juzgadora declara carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir los autos del juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en Materias Civil y de Trabajo en turno, con residencia en Tijuana, Baja California; a quien se considera competente para conocer del asunto. Fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. De igual forma, solicítese atentamente a dicho Tribunal Colegiado el acuse de recibo correspondiente. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en **********a, en esta ciudad; y, autorizando con las facultades que señala el artículo 12, de la ley de la materia a María Francisca Yolanda Torres Castillo y Edgar Octavio Mata Coria, toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y para los mismos efectos a ***********, quien no cuenta con cédula registrada en el referido sistema, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12, segundo párrafo, del mismo ordenamiento

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