Geovanni Alejandro Padilla López

Expediente 531/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
531/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
13/02/2018

Partes del expediente

  • Geovanni Alejandro Padilla López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia dictada en autos, considerando que las partes legitimadas para hacerlo no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S los autos del expediente número 531/2017-VI, a fin de resolver en SENTENCIA lo relativo al juicio de amparo promovido por el licenciado Francisco Rubén Velasco Ruiz, apoderado de la parte actora Geovanni Alejandro Padilla López, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, que estima violatorios de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y R E S U L T A N D O: I.- Mediante escrito presentado el quince de noviembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, el licenciado Francisco Rubén Velasco Ruiz, apoderado de la parte actora Geovanni Alejandro Padilla López, promovió demanda de amparo indirecto, en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se precisa: AUTORIDAD RESPONSABLE: ? Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "Se reclaman la omisión del dictado de laudo definitivo sobre el Juicio laboral registrado bajo el numeral 071/2017, lo anterior es así, debido a que a la fecha las autoridades responsables se han abstenido sin justificación alguna, el dictar del laudo en mención omitiendo a todas luces, el cumplir con su obligación de resolver de manera pronta y expedita y dentro del término prescrito dentro de la Ley Federal del Trabajo vigente". La promovente del amparo estimó vulnerados en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 de la Constitución General de la República; asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio los antecedentes de los actos que reclama y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, los cuales no se transcriben ni se sintetizan, ya que no hay precepto legal que así lo disponga. Sirve de apoyo lo establecido en la Jurisprudencia número VI.2º.J/129, que aparece publicada en la página quinientos noventa y nueve, del Tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, titulada "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS." II.- La referida demanda se turnó a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada; en diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite, lo que dio lugar a la instauración del juicio de amparo número 531/2017-VI. III.- Posteriormente, se continuó con la tramitación del juicio en los términos que al respecto establece la Ley de Amparo, se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito, se emplazó a los terceros interesados Auto Partes Baja, Sociedad Anónima de Capital Variable y José Montoya Enríquez, y se inició la audiencia constitucional con los resultados que se asientan en el acta relativa, procediéndose a dictar el fallo correspondiente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 52/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ; lo anterior, en virtud de que se reclaman actos atribuidos a una autoridad con residencia donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Materia del juicio de amparo. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al realizar el análisis integral del escrito inicial de demanda, se advierte que en el caso específico, la parte quejosa se duele de lo siguiente: ? La omisión de dictar laudo en el expediente laboral 071/2017, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad. TERCERO.- Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, pues no obstante que al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos, la misma se corrobora con las constancias que exhibió como apoyo a su informe justificado, derivadas del expediente laboral 71/2017, de su índice, a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO.- Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad de los actos que por esta vía de amparo se reclaman, debe analizarse si, en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, analizada la demanda de amparo en su integridad, así como las constancias que obran en el presente expediente, se tiene que en la especie se actualiza, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que se despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus garantías individuales que alega le fueron violadas. Esto es, que se deje insubsistente dicha actuación, que se haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales del agraviado. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, la actuación posterior debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99 , de rubro y texto que se transcriben: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Asimismo, debe añadirse que no es suficiente que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 71/2017 del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad. Esto es, el solicitante del amparo impugna la omisión de la responsable de dictar laudo en el expediente laboral 71/2017, no obstante que el catorce de junio de dos mil diecisiete se declaró cerrada la instrucción; sin embargo, dentro de su informe justificado, la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, manifestó que el ocho de diciembre de ese mismo año, emitió el laudo respectivo, notificándolo a las partes el ocho de enero de dos mil dieciocho, circunstancia que se corrobora con las copias certificadas que envió para tal efecto. Por tanto, si bien es cierto que pudo existir la omisión aquí reclamada por parte de la autoridad responsable, no menos cierto es que a la fecha ya no existe materia sobre la cual ésta pueda dar cumplimiento en caso a una sentencia en la que se conceda el amparo al quejoso. Luego, es dable concluir que los efectos de la omisión reclamada han cesado, y, por tanto, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, y el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, la suscrita se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la accionante del amparo, con apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia número 509 , de rubro y texto que se transcriben: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO.- Publicación de la sentencia. Conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011, emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. SEXTO.- Captura de sentencia. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de enero de dos mil quince, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, proceda el Secretario a realizar la captura del presente fallo y a recabar la constancia correspondiente, para que se agregue al presente expediente en su oportunidad. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 107, fracción VII, Constitucional; numerales 61 fracción XXI, 63 fracción V, 73, 74, 75, y 76 de la Ley de Amparo; y, precepto 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E: PRIMERO.- Se sobresee en el presente juicio promovido por el licenciado Francisco Rubén Velasco Ruiz, apoderado de la parte actora Geovanni Alejandro Padilla López, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO.- Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos quinto y sexto de este fallo.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el plazo de tres días concedido a José Montoya Enríquez, para que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones ha fenecido, sin que esto ocurriera. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete (foja 9); por lo que se ordena que la notificación del presente acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se hagan por lista que se fije en los estrados de este Juzgado a José Montoya Enríquez; lo anterior, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señalen domicilio para tal efecto.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, se tienen por hechas las manifestaciones, mismas que serán considerados al momento de celebrar la audiencia constitucional señalada en autos.

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