Georgina Guadalupe Jordan Avalos
Expediente 167/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 167/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 28/07/2015
Partes del expediente
- Georgina Guadalupe Jordan Avalos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el tercer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veintiséis de junio de dos mil quince, en el cual se declaró cumplido el fallo protector. En consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, considerando que ninguna de las partes hizo alguna manifestación al respecto. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo a la parte quejosa, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva del acto reclamado. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
hago efectivo el percibimiento del aviso de veintinueve de junio de dos mil quince, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, por lo que se ordena la notificación del auto de veintiséis de junio de dos mil quince, por lista y por lista en una página electrónica, que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficios registrados con los folios 15231 (fojas 81 a 86) y 15751 (fojas 96 a 100), la autoridad responsable 1. Juez Segundo de lo Civil provisional, con residencia en esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable en lo que interesa, al Juez Segundo de lo Civil, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: [.] "La orden de arresto emitida en contra de la quejosa en data diecinueve de febrero de dos mil quince, ante el desacato al mandato de poner a disposición de la responsable el vehículo que le fue embargado en cumplimiento al auto de exequendo pronunciado en el juicio ejecutivo mercantil 704/2014." [.] Ahora bien, mediante resolución de ocho de mayo de dos mil quince, pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el dos de junio del presente año, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: [.] "lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California: a) Deje sin efectos el proveído de diecinueve de febrero de dos mil quince, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 704/2014; y, b) En su lugar, emita una nueva determinación en la que, de estimarlo necesario, reitere la medida de apremio impuesta a la quejosa, pero purgando los vicios formales destacados en el presente fallo constitucional. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos atribuidos a la autoridad ejecutora, por no haberse reclamado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de los actos reclamados a la ordenadora, respecto de los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal." [.] ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficios registrados con los folios 15231 (fojas 81 a 86) y 15751 (fojas 96 a 100), la autoridad responsable 1. Juez Segundo de lo Civil provisional, con residencia en esta ciudad, informó que procedió en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con las copias certificadas de los autos de cinco y diez de junio del presente año (fojas 84 y 99), emitidos dentro del juicio ejecutivo mercantil 704/2014, de su índice; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. ANÁLISIS EVALUATIVO Lo anterior se evidencia por el hecho de que la 1. Juez Segundo de lo Civil provisional, con residencia en esta ciudad, mediante auto de cinco de junio de los corrientes, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil 704/2014, de su índice -dejó sin efecto el proveído de diecinueve de febrero del dos mil catorce-, asimismo en fecha diez de junio del año en curso, la autoridad responsable dictó un nuevo proveído, en el cual acató los términos señalados en la sentencia dictada en el presente juicio, esto es, expresó las razones por las cuales consideró que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente la base de la emisión del nuevo acto, con lo que purgó los vicios formales que afectaban el mismo, determinando imponer un arresto de dos horas a la aquí quejosa; lo anterior, aconteció derivado del análisis que realizó a las constancias de autos, evidenciando la conducta de la impetrante de amparo a rehusarse en dos ocasiones a entregar el bien materia de la controversia de origen, imponiendo así el arresto por dos horas, aclarando que el precepto aplicable no contempla un orden a seguir en cuanto a la imposición de la medida, pues ello depende de las constancias y circunstancias que se presenten en el caso concreto. Tal y como se aprecia del auto de diez de junio de los corrientes, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 704/2014, del índice de la autoridad responsable, al señalar: [.] "Ensenada, Baja California, a diez de Junio del año dos mil quince. Dada nueva cuenta con los presentes autos y considerando el contenido del oficio número 2283/2015 remitido a este juzgado el día de hoy, en cumplimiento al fallo protector concedido a Georgina Guadalupe Jordán Avalos en el juicio de amparo 167/2015 del que conoce el Juzgado Octavo de Distrito en esta ciudad, se procede a expresar de manera detallada las circunstancias particulares que motivaron la decisión de imponer un arresto de dos horas a la parte demandada, lo que se hace aclarando el proveído dictado el cinco de junio del año en curso emitiéndose una determinación en contestación a la petición hecha por DAVID RÍOS ORTIZ el catorce de noviembre de dos mil catorce, en lo relativo, para quedar en los siguientes términos: Como pide y toda vez que la demandada no puso a disposición de este Juzgado el vehículo embargado en autos y que se describe como camioneta marca Ford Explorer modelo dos mil tres color guinda, sin placas de circulación, con número de serie 1FMZU63K53UA60361, dentro del término que se le señaló para tal efecto en auto del nueve de octubre de dos mil catorce (fojas 27) y con fundamento en el artículo 1067 bis del Código de Comercio, se le impone un arresto de DOS HORAS. Lo anterior considerando que de las constancias que integran el expediente en que se actúa se desprende que en la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento llevada a cabo el once de septiembre de dos mil catorce (fojas 11) la demandada se negó a entregar al depositario designado por la parte actora el bien mueble embargado no obstante que el artículo 1392 del Código de Comercio señala que es a este último a quien corresponde la custodia de los bienes embarados (sic); igualmente y en cumplimiento al proveído dictado el nueve de octubre de dos mil catorce (fojas 15), el cuatro de noviembre de dos mil catorce (fojas 27) se previno a la demandada para que dentro del término de tres días pusiera a disposición de este Juzgado el vehículo embargado (lo que hace evidente que la demandada sabía a qué se exponía en caso de desacato o resistencia a lo ordenado en el expediente en que se actúa), lo que no hizo por lo que, dada la conducta de la parte demandada a rehusarse en DOS OCASIONES a entregar dicho bien contraviniendo lo establecido por los artículo 1392 del Código de Comercio en relación con los artículos 451, 452 y relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a aquel, a juicio del suscrito y con fundamento en el artículo 1067 Bis del mismo Código, se le impone un arresto por dos horas. No es obstáculo para decidir lo anterior el hecho de que el artículo 1067 Bis del Código de Comercio señale diversas medidas de apremio alicables (sic) para hacer cumplir las determinaciones dictadas por un juzgador ya que el propio artículo señala claramente que no es necesario que el juzgador se ciña a orden señalado en el artículo en comento." [.] De ahí que al haber dejado insubsistente la autoridad responsable 1. Juez Segundo de lo Civil provisional, con residencia en esta ciudad, el auto de diecinueve de febrero del dos mil quince, y al haber emitido uno nuevo subsanando las deficiencias señaladas en la sentencia dictada en el presente juicio, se afirma que la violación cometida en perjuicio de la accionante de amparo quedó subsanada. Lo anterior se corrobora por el hecho que la autoridad responsable, cumplió con el requisito constitucional de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para decretar la privación de la libertad por un lapso mayor al mínimo que prevé la norma legal 1067 Bis del Código de Comercio, es decir, dio a conocer a la impetrante de amparo el "por qué" de la conducta de la autoridad, así como todas las circunstancias y condiciones que determinaron dicho acto. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.
- Principal
hago efectivo el percibimiento del aviso de dieciséis de junio de dos mil quince, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, por lo que se ordena la notificación del auto de quince de junio de dos mil quince, por lista y por lista en una página electrónica, que dice: Ensenada, Baja California, quince de junio de dos mil quince. Se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la 1. Juez Segundo de lo Civil provisional, con residencia en esta ciudad, y anexo, los cuales se relacionan con el cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el oficio de cuenta por el plazo de tres días a efecto que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento.
- Principal
Se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la 1. Juez Segundo de lo Civil provisional, con residencia en esta ciudad, y anexo, los cuales se relacionan con el cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; circunstancia de la que este Órgano Jurisdiccional toma conocimiento, teniendo a la responsable informando que se encuentra en vías de dar cumplimiento a la sentencia protectora. De las constancias que adjunta la autoridad responsable se advierte que mediante proveído de cinco de junio del presente año, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 704/2014, dejó sin efecto el acuerdo de diecinueve de febrero del año en curso y ordenó girar oficio cancelatorio en relación con el diverso 168-c, y como consecuencia de lo anterior, emitió un nuevo acto con base a la petición hecha por el aquí tercero interesado, imponiendo a la quejosa Georgina Guadalupe Jordán Avalos un arresto de dos horas, por los motivos que asentó en el referido proveído, sin que expresara de manera detallada las circunstancias particulares que motivaron su decisión, con relación a los fundamentos invocados para tomar tal determinación; de ahí que tal actuación es insuficiente para considerar cumplida la garantía de motivación exigida por el artículo 16 constitucional. Pues en el caso, no basta con emitir acuerdo de manera genérica, sino que resulta necesario que la autoridad responsable se pronuncie, de manera que cumpla con el requisito constitucional de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para decretar la privación de la libertad por un lapso mayor al mínimo que prevé la norma legal 1067 Bis del Código de Comercio, es decir, debe tener como propósito primordial que la impetrante de amparo conozca el "por qué" de la conducta de la autoridad, pues constituye una obligación por parte de la autoridad responsable dar a conocer a las partes, en detalle y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que la afectada pueda cuestionar y controvertir la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa, las que además de ser congruentes con la pretensión deducida, deben adecuarse a la norma aplicable. En ese sentido, la declaración de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, está condicionada por la determinación del núcleo esencial del derecho que debe ser respetado, lo cual en la especie se traduce, como se indicó, en la reparación de la violación cometida, consistente en dejar insubsistente el acto reclamado, formalmente ilegal; debido a que la concesión de amparo pronunciada en el presente juicio fue por la falta de fundamentación y motivación del auto reclamado, siendo que los efectos de la misma, son los de constreñir a la autoridad responsable a dejarlo sin efectos y a emitir uno nuevo subsanando la irregularidad cometida, es decir, que el acto sin fundamentación y motivación se sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo contrario, se dejaría sin resolver lo pedido. De lo anterior es dable concluir que la autoridad responsable 1. Juez Segundo de lo Civil provisional, con residencia en esta ciudad, ha realizado actos tendentes a cumplir con la ejecutoria de amparo, sin que haya atendido los puntos medulares de la garantía individual cuya restitución en su goce se ordenó a favor de la quejosa, por lo que resulta procedente de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo, del artículo 192, de la Ley de Amparo, requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable 1. Juez Segundo de lo Civil, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, remita el proveído correspondiente en que exprese los motivos y/o las circunstancias especiales que den cabida a dar a conocer los elementos que basten a la afectada para defender sus derechos, pues es preciso que el acto indebidamente fundado y motivado se sustituya por otro sin esas deficiencias, pues de lo contrario, se dejaría sin resolver la referida petición, instancia, recurso o juicio; máxime que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en esta zona geográfica, en términos de los ordinales 238 y 258 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en Mexicali, en turno, para continuar con el trámite ahí previsto para la inejecución. Resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, tomo I-libro 12, noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, cuya sinopsis es: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Notifíquese
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