Georgina Calderón Rodríguez y Otros.

Expediente 163/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
163/2022
Año
2022
Actuaciones
22
Última actuación
14/10/2022

Partes del expediente

  • Georgina Calderón Rodríguez y Otros.
  • Brianna Chagolla Calderón
  • Georgina Calderón Rodríguez
  • Leticia Isabel Gaona Zamudio
  • Claudia Maribel Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Incidental

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con veinticinco minutos del catorce de octubre de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 163/2022, promovido por Georgina Calderón Rodríguez, Leticia Isabel Gaona Zamudio y Claudia Maribel Ruiz Silva, en representación de los menores de edad de iniciales B.C.C., B.G.G., y E.G.R., respectivamente, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. Secretario, dé cuenta con las actuaciones que integran este asunto. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe previo recibido con antelación y rendido por la autoridad responsable Secretario de Salud del Estado de Michoacán y Director General del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Michoacán, ambos con sede en esta ciudad. También se hace constar que la autoridad responsable Secretario de Salud Federal, con residencia en la Ciudad de México, fue omisa en rendir su informe previo. EL JUEZ: Se tiene por hecha la relación que antecede para los efectos legales a que haya lugar, y respecto de la omisión en rendir el informe por parte de la autoridad señalada, prosígase con la audiencia dado que esa circunstancia no es impedimento para ello. Enseguida, se declara abierto el periodo probatorio. EL SECRETARIO: Hace constar que obran en el sumario las documentales que la parte quejosa acompañó a su escrito inicial de demanda, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Al no existir prueba alguna que desahogar, se pasa al periodo de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: Se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto VII- 163/2022; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el catorce de febrero de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, remitido a este órgano jurisdiccional ese mismo día, por razón de turno, Georgina Calderón Rodríguez, Leticia Isabel Gaona Zamudio y Claudia Maribel Ruiz Silva, en representación de los menores de edad de iniciales B.C.C., B.G.G., y E.G.R., respectivamente, solicitaron la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. SEGUNDO. Mediante proveído de quince de febrero del año en curso, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa solicita en la presente vía de amparo, la omisión por parte de las autoridades de aplicar la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-Cov-2, a los menores de iniciales B.C.C., B.G.G. y E.G.R., para que se les aplicara la vacuna BioNTech Pfizer. TERCERO. EXISTENCA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido de manera conjunta por el Secretario de Salud de Michoacán y Director General denominado "Servicios de Salud de Michoacán, se advierte niegan el acto que se les reclama; sin embargo, lo cierto es que del contenido del oficio de cuenta se advierte su existencia, pues informaron las fechas para la aplicación del cuadro de la vacuna BioNTechPfizer, respecto de los infantes quejosos, por lo que se tiene por cierto el acto reclamado. Por otro lado, en términos de lo establecido en el primer párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume como cierto el acto de molestia reclamado al Secretario de Salud Federal, con residencia en la Ciudad de México, dada su omisión de rendir el informe previo que legalmente le fue solicitado como se puede apreciar de la constancia de notificación respectiva. CUARTO. SE DECLARA SIN MATERIA. No obstante la certeza de los actos reclamados y al margen de la omisión en que incurrió la autoridad responsable citada en el párrafo que antecede, procede declarar sin materia el presente asunto por lo que ve a los menores de edad en comento, debido a que en resolución de veintidós de septiembre de la presente anualidad, se determinó sobreseer en el juicio de amparo del que emana este incidente, y por auto dictado el día de hoy causó estado tal determinación, en tal virtud, se reitera no existe materia sobre la cual resolver la suspensión definitiva. Por lo anterior, ha quedado SIN MATERIA la suspensión definitiva solicitada. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se DECLARA SIN MATERIA el incidente de suspensión en que se actúa, en relación con los actos que Georgina Calderón Rodríguez, Leticia Isabel Gaona Zamudio y Claudia Maribel Ruiz Silva, en representación de los menores de edad de iniciales B.C.C., B.G.G., y E.G.R., respectivamente, reclamaron a las autoridades señaladas como responsables en este cuaderno de suspensión, en términos del considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese. Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de octubre de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra del auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la abrogada Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. CUMPLE REQUERIMIENTO Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por la promovente Dayana Díaz Monarez, en favor de los menores de iniciales B.C.C., B.G.G., y E.G.R., mediante el cual cumple con el requerimiento hecho en auto de doce de septiembre de dos mil veintidós, e informa que a los menores aquí quejosos ya les fue aplicada la segunda dosis de la vacuna anti COVID-19, anexando constancia de la misma, documental que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, y toda vez que el acto reclamado en el presente juicio lo constituye la omisión por parte de las autoridades de aplicar la Política de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, a los menores de 12 a 17 años de edad, para que se les aplique la vacuna Biontech, Pfizer, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de efectos se ha interpretado como la circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica, de tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció o por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduciría analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del peticionario es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. De la lectura del criterio invocado se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo generaba deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación o actúa ante la omisión que se le reclama, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo y restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura se reitera que, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables la omisión por parte de las autoridades de aplicar la Política de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, a los menores de iniciales S.R.O. y R.A.R.O., para que se les aplique la vacuna Biontech, Pfizer. Por lo tanto, si de las manifestaciones que realizó el autorizado de los aquí quejosos en el escrito que se provee, consistentes en: ".ya les fueron aplicadas las dosis correspondiente de la vacuna ANTICOVID-19, su primera dosis el día 16 de marzo del presente año y posteriormente su segunda dosis el día 27 de abril de 2022; así mismo concluyendo con su jornada de vacunación." La anterior manifestación, constituye una confesión expresa por parte del autorizado de los menores quejosos en términos del numeral 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en el sentido de que ya se encuentra completo el esquema de vacunación, esto es, que ya les fueron aplicadas las dos dosis de la vacuna Biontech, Pfizer. Por lo cual, con la aplicación de la primera y segunda dosis de la vacuna a los menores quejosos reclamada en su escrito inicial de demanda resulta incuestionable que HAN CESADO LOS EFECTOS DE LA OMISIÓN RECLAMADA. Por lo que, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional, señalada para el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, a las doce horas con diez minutos, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al supuesto de sobreseimiento que se actualiza, por lo tanto se deja sin efectos la referida audiencia. Apoya la determinación adoptada la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de días concedido a la parte promovente en auto de doce de septiembre dictado en el cuaderno principal de donde deriva el presente cuaderno incidental, a fin de que informe a este juzgado, si los aquí menores ya fueron inoculados con el biológico Bintech-Pfizer, contra el COVID-19; en tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia incidental señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON VEINTINCO MINUTOS DEL CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy FesvmCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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