Georgina Reyes Ochoa
Expediente 993/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 993/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Georgina Reyes Ochoa
- Martín Cisneros Mejía y Otros.
- Martín Cisneros Mejía
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por ********************.********************DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. SE ORDENA ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede de la que se advierte que en este juicio no existe actuación pendiente por desahogar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. En otro aspecto, acorde a lo dispuesto en los artículos 12 y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevén los artículos 15, 17 y 18 del mismo Acuerdo, al tratarse de un juicio de amparo en que se decretó su sobreseimiento. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio.********************INCIDENTE No se hace pronunciamiento en relación al incidente de suspensión en razón de que no se solicitó la medida cautelar. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO.********************Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretario, dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo X-993/2023, promovido por ********************, contra actos del Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que en el presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica, en representación de la autoridad señalada como responsable Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la parte quejosa adjuntó documentales al libelo constitucional y la autoridad señalada como responsable remitió documentales con su informe justificado, pruebas que se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional formuló manifestaciones mediante escrito de alegato 625/2023. EL JUEZ: Se tienen por formulados los alegatos de la representante social adscrita; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo X-993/2023, promovido por ********************, contra actos del Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido el mismo día, por razón de turno, a este Juzgado Federal, ********************, promovió demanda de amparo indirecto contra el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Los quejosos precisaron como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante proveído de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número de expediente X-993/2023; se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. En el mismo proveído se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos de la presente actuación, previos diferimientos; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación. TERCERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el acto reclamado consiste en: La omisión de dictar acuerdo a la petición presentada ante la autoridad responsable el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, por medio de la cual los quejosos solicitaron el pago de seguro de vida de Ana Yareli Cisneros Reyes, quien laboraba para la Secretaría de Educación en el Estado. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica, en representación de la autoridad señalada como responsable Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, negó la existencia del acto reclamado. Sin embargo, dicha negativa debe desvirtuarse en razón de que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda -veintiuno de julio de dos mil veintitrés-, existía el acto reclamado, toda vez que fue hasta el nueve de agosto de dos mil veintitrés, que se emitió el oficio SFA-SA/DRH/5774/2023 dirigido a los aquí quejosos, con la finalidad de informarles que en atención a su solicitud de veintiséis de enero del año actual, actualmente no se cuenta con una normativa vigente que regule el monto o cálculo del monto por concepto de seguro institucional o de vida de los trabajadores adscritos a la Secretaría de Educación del Estado, siendo ésta la que se encuentra en condición de proporcionar instrucción precisa del trámite conducente a efecto de su debida ejecución. Derivado de lo anterior se determinó devolver todas y cada una de las documentales que fueran anexadas al pliego petitorio que se reclama en esta instancia constitucional; sugiriendo a los requirentes constitucionales que turnaran las mismas a la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas dependiente de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo, para que a través de esa dependencia, se remita a la Dirección de Recursos Humanos el expediente y la normatividad que sustente el pago; tal y como lo acredita con la constancia que adjuntó al informe de ley. Además, precisó la autoridad que rindió el informe justificado que esa respuesta fue notificada a los quejosos a los números de teléfono celular referidos en la solicitud, por lo que Georgina Reyes Rocha, acudió a la Dirección de Recursos Humanos, sin embargo, se negó a recibir el oficio de contestación a su solicitud. En esos términos lo procedente es considerar ciertos los datos asentados por la parte quejosa en su escrito de demanda, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que el acto reclamado existió. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Registro digital: 249047 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, página 15 Tipo: Aislada "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACION SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equiparse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido". Además, dicha existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la autoridad responsable remitió junto a su informe justificado. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia de la omisión reclamada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica, en representación de la autoridad señalada como responsable Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado refirió actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, ello en razón de que contestó la petición aquí reclamada por medio del oficio SFA-SA/DRH/5774/2023 de nueve de agosto de dos mil veintitrés, dirigido a los aquí quejosos; y, que fue notificado a estos a los números de teléfono celular referidos en la solicitud, por lo que Georgina Reyes Rocha, acudió a la Dirección de Recursos Humanos, sin embargo, se negó a recibir el oficio de contestación a su solicitud, tal y como lo acredita con la constancia que adjuntó al informe de ley. Atento a lo anterior, el que suscribe comparte con la autoridad responsable, la actualización de la causal de improcedencia invocada, por advertirse de las constancias que obran en autos que ha cesado el acto reclamado. En consecuencia, se omitirá el análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados identificados en el considerando tercero de la presente resolución; ello, en virtud de que se advierte actualizada una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente al fondo del negocio, por ser cuestión de orden público en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. La fracción XXI, del citado numeral 61, de la Ley de Amparo vigente, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al agraviado en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del inconforme, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al impetrante en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho humano exija. Ahora, de las constancias que la responsable acompañó a su informe justificado, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda, veintiuno de julio de dos mil veintitrés, existía el acto reclamado, toda vez que fue hasta el nueve de agosto de dos mil veintitrés, que se emitió el oficio SFA-SA/DRH/5774/2023 dirigido a los aquí quejosos, con la finalidad de informarle la respuesta a la solicitud que presentaron el nueve de agosto del año actual, esto es para hacerles saber que actualmente no se cuenta con una normativa vigente que regule el monto o cálculo del monto por concepto de seguro institucional o de vida de los trabajadores adscritos a la Secretaría de Educación del Estado, siendo ésta la que se encuentra en condición de proporcionar instrucción precisa del trámite conducente a efecto de su debida ejecución. Derivado de lo anterior se determinó devolver todas y cada una de las documentales que fueran anexadas al pliego petitorio que se reclama en esta instancia constitucional; sugiriendo a los requirentes constitucionales que turnaran las mismas a la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas dependiente de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo, para que a través de esa dependencia, se remita a la Dirección de Recursos Humanos el expediente y la normatividad que sustente el pago; tal y como lo acredita con la constancia que adjuntó al informe de ley; tal y como lo acredita con las constancia que anexó la autoridad. Sin que se ignore el hecho de que la autoridad responsable por conducto de su representante, refirió que esa respuesta fue notificada a los quejosos a los números de teléfono celular referidos en la solicitud, por lo que Georgina Reyes Rocha, acudió a la Dirección de Recursos Humanos, sin embargo, se negó a recibir el oficio de contestación a su solicitud; sin que dicha circunstancia pueda considerarse que la autoridad responsable incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término a los quejosos, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad deba realizar las gestiones para investigar el posible domicilio actual de los quejosos para poder notificarles la respuesta dada a la solicitud, ya que quienes realizan peticiones lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse. Cobra aplicación al caso concreto el criterio de rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 181149 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 98/2004 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Julio de 2004, página 248 Tipo: Jurisprudencia DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse". Por otra parte, no se soslaya que los peticionarios de amparo tienen conocimiento de la respuesta de la autoridad responsable al imponerse del informe justificado, pues en auto de veintiocho de agosto del año en curso, se difirió la audiencia constitucional para que transcurriera el término de ocho días para tal efecto, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo; y, con data veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó notificar personalmente y correrles traslado con tal informe y anexos, lo que sucedió el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Sin que hubiera lugar a darle vista para ampliar la demanda en contra de la respuesta, en tanto, esta se vincula al otorgamiento de una prestación (pago de seguro de vida) de una trabajadora extinta de la Secretaría de Educación del Estado; por tanto, el amparo no es la vía idónea para reclamar su pago. Apoya a lo anterior por identidad jurídica esencial la tesis de rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2011948 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 66/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 898 Tipo: Jurisprudencia INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo". De ahí que, se corrobora que los efectos de la omisión reclamada, han desaparecido totalmente, ya que se le dio respuesta a la petición que se reclama en esta instancia constitucional; actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, pues en el caso, se ha generado una situación jurídica que definitivamente destruye a la que dio motivo al amparo y se restituyó a los quejosos en el goce del derecho fundamental que estimaron menoscabado. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia 59/99, que establece: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, identificada con el número 9/98, que dispone: "Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En tal virtud, es inconcuso que respecto al acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, razón por la cual debe sobreseerse en el mismo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mencionado ordenamiento legal. Finalmente, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." Por lo expuesto, fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de la autoridad y por el acto precisados en el considerado tercero de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe. aeol
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Morelia, Michoacán, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se imponga del contenido del oficio y anexos que la autoridad responsable presentó el veintitrés de agosto del año en curso, con lo que acredita haber dado respuesta a la petición cuya omisión se reclama en este juicio. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy FeRclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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Morelia, Michoacán, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza, la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. NOTIFCAR PERSONALMENTE EL INFORME Y ANEXOS. Ahora, como la responsable niega la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de dictar acuerdo a su solicitud, indicando que mediante oficio SFA-SA/DRH75774/2023 de nueve de agosto de dos mil veintitrés dio respuesta al escrito presentado por la parte aquí amparista el veintiséis de enero del año en curso, manifestando que al no haberse señalado domicilio para recibir dicha respuesta, estaba imposibilitada para hacerla del conocimiento de los ahora quejosos. En tales condiciones, hágase del conocimiento inmediato mediante notificación personal a la parte quejosa del oficio y anexos de cuenta, para lo cual se le deberá entregar copia de esos documentales para su debido conocimiento. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa con entrega de las constancias indicadas. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.RclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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