Genaro Guevara Carmona

Expediente 735/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
735/2018
Año
2018
Actuaciones
19
Última actuación
12/06/2019

Partes del expediente

  • Genaro Guevara Carmona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de junio de dos mil diecinueve. SE SOLICITA ACUSE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que aún no obra el acuse de recibo del oficio número 5834, dirigido al Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, mediante el cual se le devolvió el tomo de pruebas formado con las documentales que adjuntó a su informe justificado; en consecuencia, se solicita a la citada responsable, para que de no existir impedimento legal alguno, envíe el acuse de recibo correspondiente; lo anterior, a fin de estar en condiciones de remitir el presente asunto al archivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.-

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de mayo de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de veintinueve de marzo del año en curso, en la que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo en que se actúa, promovido por Genaro Guevara Carmona; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución del tomo de prueba que se formó con las documentales que la autoridad responsable Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, adjuntó como sustento de su informe justificado, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de abril de dos mil diecinueve. SE DA CUENTA CON AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no obra constancia de que se haya girado el oficio correspondiente al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Menor Mixto de Puruándiro, Michoacán, respecto de la notificación de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo el veintinueve de marzo del año en curso. En tal virtud, a fin de subsanar dicha omisión, mediante atento oficio que al efecto se le envíe, acompáñese copia certificada de la sentencia de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo I-735/2018, promovido por GENARO GUEVARA CARMONA, por su propio derecho, contra actos del Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, recibido por este Juzgado en esa misma data, GENARO GUEVARA CARMONA, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, respecto de los actos reclamados al Juez Menor Mixto de Puruándiro Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14,16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- ADMISIÓN DEMANDA Y AMPLIACIÓN.- Por razón de turno correspondió conocer de dicho libelo a este órgano jurisdiccional, quien en proveído de diez de septiembre de dos mil dieciocho, admitió la demanda de amparo, se registró el juicio con el número I-735/2018; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó emplazar a los tercero interesados BRAULIO JESÚS ARREDONDO GONZÁLEZ y al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Menor Mixto de Puruándiro, Michoacán, lo cual ocurrió según se advierte a foja 42 a 44 y76 de este expediente, seguido el juicio por sus demás trámites, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDOS PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, previa fijación de los mismos. Al respecto resulta aplicable la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro." En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que el quejoso, reclama: El auto de dictado el tres de septiembre de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 1/2018, donde a solicitud de la parte ofendida, aquí tercero interesado, ordenó la restitución provisional del bien inmueble objeto material del delito, ubicado en una fracción de la parcela ejidal 591 a-1 p 1/2, en el predio conocido como el Salitrillo, del Ejido de Puruándiro, Michoacán, y la ejecución del mismo. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, cuyos datos de localización rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Del contenido integral del informe justificado rendido por el Juez responsable, se advierte la existencia del acto reclamado. Lo anterior se corrobora, con el contenido de las documentales que el propio juzgador responsable adjuntó a su informe justificado, consistentes en copias certificadas de la causa penal 1/2018, instruida al ahora quejoso GENARO GUEVARA CARMONA, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo de inmueble, en agravio de BRAULIO JESÚS ARREDONDO GONZÁLEZ. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS"." CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.- En efecto, al realizar de manera oficiosa el análisis de las causales de improcedencia, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se advierte que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIII, del diverso numeral 61 del mismo cuerpo normativo, en el que se prevé: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Cuando se trate del auto de vinculación a proceso." A consideración del suscrito se actualiza el motivo de improcedencia planteado. Para así estimarlo es necesario destacar que de las constancias remitidas por las responsables, valoradas en párrafos precedentes se advierte lo siguiente: El veintitrés de octubre de dos mil catorce, GENARO GUEVARA CARMONA, presentó denuncia o querella penal en contra de BRUALIO JESÚS ARREDONDO GONZÁLEZ, por lo cual el veintitrés de octubre de dos mil catorce, la Agente del Ministerio Público Investigador de la Agencia Segunda de este Distrito Judicial, dio inicio a la averiguación previa 176/2014-II, respecto de la cual en auto de once de mayo de dos mil dieciocho, consignó ante el Juez Menor Mixto de Puruándiro, Michoacán. El veintisiete de octubre de dos mil catorce, compareció dentro de esa averiguación previa BRAULIO JESÚS ARREDONDO GONZÁLEZ, a presentar escrito de denuncia, la cual ratificó en esa misma data, ante la Agente antes referida El Juez Menor Mixto de Puruándiro, Michoacán, el dieciséis de mayo del pasado año, dictó auto de inicio del proceso penal 1/2018, dentro del cual, el veintidós de mayo de ese año, dictó orden de aprehensión en contra de GENARO GUEVARA CARMONA, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de despojo de inmueble previsto y sancionado por el artículo 226, fracción I del Código Penal del Estado de Michoacán, en agravio de BRAULIO JESÚS ARREDONDO GONZÁLEZ. El dos de junio del dos mil dieciocho, el juez de mérito, dictó auto de cumplimiento de orden de aprehensión, ratificó la detención; por lo cual al inculpado, ahora quejoso, se le tomó su declaración preparatoria el dos de junio del año en cita. En el acuerdo del dos de junio del mismo año, se concedió al inculpado la libertad provisional bajo caución. El siete de junio del pasado año, el aludido Juez Menor dictó auto de formal prisión a GENARO GUEVARA CARMONA, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de despojo de inmueble previsto por el numeral 226, fracción I, del Código Penal del Estado de Michoacán, en agravio de BRAULIO ARREDONDO GONZÁLEZ. En proveído de veintinueve de junio del año próximo pasado, se tuvo a LORENA MARTÍNEZ LÓPEZ, en cuanto apoderada de la víctima, constituyéndose como parte civil en el proceso. A través de escrito presentado el treinta de agosto de dos mil dieciocho, la apoderada de la víctima solicitó la restitución provisional de la posesión del inmueble en conflicto. En auto de tres de septiembre el referido año, el Juez Menor Mixto de Puruándiro, Michoacán, proveyó de conformidad dicha solicitud, por lo cual señaló las once horas del once de septiembre del mismo año, a fin de que el personal de ese juzgado se constituyera en legal y debida forma en el predio mencionado y llevara a cabo la diligencia aludida, haciendo entrega real y material en favor de la víctima BRAULIO JESÚS ARREDONDO GONZÁLEZ, del descrito inmueble, en el entendido de que dicha entrega era de manera provisional y la medida cautelar dependía su consolidación de lo que en sentencia se comprobara en definitiva. Así en la hora y fecha antes señaladas, se ejecutó la restitución provisional ordenada en favor del ahora tercero interesado La restitución provisional ordenada y ejecutada es la que constituye el acto reclamado. Ahora bien, para resolver lo conducente en relación con tales actos, resulta relevante que son actos dictados dentro del proceso penal, que el quejoso tiene el carácter de parte ofendida en el mismo. Así, el auto de tres de septiembre de dos mil dieciocho reclamado, donde se ordenó la restitución provisional, se hizo con apoyo en el artículo 94 del Código de Procedimientos Penales del Estado, que prevé lo siguiente: "Artículo 94. Restitución del ofendido en el goce de sus derechos. Todo tribunal, cuando esté plenamente comprobado el delito, dictará las providencias necesarias para restituir al ofendido en el goce de sus derechos. La solicitud podrá ser formulada por el ofendido o por el Ministerio Público. La autoridad judicial, siempre que sea preciso, puede hacer uso de la fuerza pública para restituir los objetos muebles o inmuebles materia del delito, y para ejecutar cualquier auto relativo a la restitución en el goce de los derechos acreditados" Esto es, fue emitido como una medida precautoria dentro del proceso penal, por considerar actualizados para ello los supuestos legales de ese propio precepto legal contenido dentro del Libro Primero Disposiciones Generales, Título Quinto Actos Procesales, Capítulo Segundo Despacho de los Negocios. En ese sentido, debe destacarse que los diversos artículos 453 y 454 del Código de Procedimientos Penales del Estado, aplicable en el asunto de origen prevén lo siguiente: "Artículo 453. Apelación con efecto suspensivo. Es apelable con efecto suspensivo, la sentencia en que se imponga alguna pena o medida de seguridad. La admisión del recurso con dicho efecto, detiene la ejecución de la sentencia hasta que el magistrado dicte resolución definitiva. Asimismo, es apelable con efecto suspensivo, la resolución del juez de primera instancia que revoque la internación conforme al artículo 618". "Artículo 454. Apelación sin efecto suspensivo. Son apelables sin efecto suspensivo: Las sentencias absolutorias; Los autos en que se decrete el sobreseimiento, excepto en los casos de las fracciones I y IV del artículo 359, y aquellos en que se niegue el sobreseimiento; Los autos en que se conceda o niegue la suspensión del procedimiento penal; los que decreten o nieguen la acumulación de autos; los que decreten o nieguen la separación de autos; los que concedan o nieguen la recusación; y los autos que ratifiquen la detención o decreten la libertad a que se refiere el párrafo sexto del artículo 16 Constitucional; Los autos de formal prisión, los de sujeción a proceso y los de libertad por falta de pruebas para procesar; Los autos en que se conceda o niegue la libertad provisional bajo caución o bajo protesta; los que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos, y los que resuelvan algún incidente no especificado; Lo autos en que se nieguen las órdenes de aprehensión y los que nieguen la citación para tomar declaración preparatoria. Estos autos sólo son apelables por el Ministerio Público; Los autos en que un tribunal se niegue a declarar su incompetencia por declinatoria o a librar el oficio inhibitorio; Las resoluciones que ordenen o nieguen la internación de los ciegos, sordomudos o de quienes sufran trastorno mental; las relativas al establecimiento de la internación y las que nieguen la revocación de la medida de seguridad; Los autos que nieguen el arraigo del indiciado o inculpado, según el caso; los que nieguen el cateo; los que nieguen las medidas precautorias de carácter patrimonial; y, Las demás resoluciones que señala la ley." Del contenido de los numerales transcritos, se desprende que el auto que ordene la restitución provisional es inapelable por estar excluida de los numerales 453 y 454 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, que contemplan los supuestos de procedencia de ese recurso de apelación. Sin embargo, el precepto legal 447 de ese código, dispone: "Artículo 447. Contra qué resoluciones es admisible. El recurso de revocación es admisible en la primera instancia, contra los autos que no son apelables; y en la segunda, en contra de todos los que se pronuncien antes de la sentencia. No es admisible el recurso con relación a los autos que se dicten según lo establecido en el Libro Quinto" Conforme a dicho numeral, procede el recurso de revocación contra los autos dictados en primera instancia que no sean apelables; por lo cual es evidente que en contra del auto reclamado del tres de septiembre del dos mil dieciocho, emitido en la etapa de instrucción del proceso penal 1/2018, que ordenó como medida precautoria la restitución provisional del bien inmueble, a la parte ofendida, no es apelable; y por tanto, es susceptible de impugnarse a través del recurso de revocación en cita. Sin que se actualice el supuesto de excepción previsto en el último párrafo del numeral transcrito en último término, en cuanto a que no es admisible el recurso de revocación respecto de los autos que se dicten según lo establecido en el Libro Quinto, pues dicho libro del código adjetivo penal, se refiere a la "Ejecución" de las sentencias, pero no se refiere a la ejecución de una medida cautelar, como la que ahora se reclama, la cual se da en la etapa de instrucción del proceso. Además, debe destacarse que para determinar lo anterior, no tiene que realizarse una interpretación adicional, ni el fundamento de la procedencia del recurso es insuficiente para determinar actualizada la causal de improcedencia en análisis, de modo que no se actualiza el caso de excepción previsto en el último párrafo de la invocada fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; y por consiguiente, previamente a la promoción del juicio de garantías, debió agotarse el recurso de revocación ante el juez responsable, con el fin de respetar el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues a través del mismo era dable obtener su modificación o revocación. De igual forma, el hecho de que las medida provisionales sobre restitución de inmuebles relacionados con el delito de despojo, sea un acto de imposible reparación, no constituye una excepción al principio de definitividad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, es decir ello no exime de observar el aludido principio. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 902, que dice: "Época: Novena Época Registro: 187016 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Mayo de 2002 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Página: 902 "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Lo anterior conduce a sobreseer el presente asunto en relación con los actos analizados en este considerando, términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el diverso numeral 61, fracción XVIII, de dicho ordenamiento legal. No se pasa por alto, que la Ley de Amparo establece ciertas excepciones al principio de definitividad, en las cuales no será necesario que se agoten los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes antes de acudir al juicio de amparo, esto es, cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuando el acto reclamado consista en alguna orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Sin embargo, el acto que aquí se reclama no se encuentra dentro de alguno de esos supuestos. En ese sentido, resulta improcedente analizar el fondo del asunto, de acuerdo con la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252, del Tomo 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, consultable en el CD-2, IUS 2004, con el número de registro 226, 555, que enseguida se transcribe: "Época: Octava Época Registro: 213609 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIII, Febrero de 1994 Materia(s): Común Tesis: II.2o.183 K Página: 420 "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por GENARO GUEVARA CARMONA, en contra del acto reclamado al Juez Menor Mixto de Puruándiro, Michoacán, con base a las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este juzgado.

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