Genaro Monterrosas Velez

Expediente 24/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
24/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
27/01/2021

Partes del expediente

  • Genaro Monterrosas Velez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Covid-19. La pandemia derivada del virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad denominada Covid-19, continúa activa y en aumento. Consejo de la Judicatura Federal. El CJF ha emitido diversos Acuerdos mediante los cuales ha adoptado medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general; procurado, en la medida de lo posible, que los órganos jurisdiccionales continúen prestando el servicio público de impartición de justicia en modalidades de trabajo a distancia, en línea, con guardias y con jornadas de trabajo restringidas en horario y personal. Acuerdo General 13/2020 del CJF. En el Acuerdo General 13/2020, el Pleno del CJF adoptó un esquema de trabajo y medidas de contingencia, en el que solo se recibían, tramitaban y resolvían asuntos urgentes y en línea; asimismo, se resolvían aquellos asuntos tramitados en físico que ya estuviesen radicados y solo faltase dictar la sentencia; quedando suspendidos los plazos y términos para los casos restantes. Acuerdo General 21/2020 del CJF. En el Acuerdo General 21/2020 el Pleno del CJF dispuso la reanudación de los plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2; con efectos a partir del tres de agosto de dos mil veinte. Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 del CJF. A través de los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, respectivamente, el Pleno del CJF amplió en dos ocasiones la temporalidad del 21/2020, quedando vigente la reanudación de los plazos y el esquema de trabajo escalonado con horario y personal reducidos hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. Circular CAP/3/2020. A través de la Circular CAP/3/2020, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó medidas especiales vigentes del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; en particular, el regreso al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; es decir, solo para atender los casos urgentes, en línea y físicos listos para fallar y se volvieron a suspender los plazos para el resto de casos. Circulares SECNO/1/2021, SECNO/4/2021 y SECNO/6/2021. Finalmente, a través de las Circulares SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, y posteriormente la SECNO/6/2021, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó nuevas medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, considerando la incidencia de contagios por la emergencia sanitaria. En particular, se dispuso: a. Que las medidas estarían vigentes del veintiséis de enero al nueve de febrero de dos mil veintiuno; b. Que en la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Jalisco (Tercer Circuito), Nuevo León (Cuarto Circuito), Coahuila (Octavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Querétaro (Vigesimosegundo Circuito), Tlaxcala (Vigesimoctavo Circuito) e Hidalgo (Vigesimonoveno Circuito), continúa el esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; y, c. Que en el resto de los Circuitos Judiciales (entre ellos el Sexto: Puebla), el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales sería el Acuerdo General 21/2020; esto es, el relativo que reanuda plazos y dispone el regreso escalonado en los órganos. Reanudación. En consecuencia, procede la reanudación del presente asunto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, las Circulares SECNO/1/2021, SECNO/4/2021 y SECNO/6/2021, que establece las medidas vigentes del veintiséis de enero al nueve de febrero de dos mil veintiuno. En esa medida, se reanuda el procedimiento de este juicio de amparo indirecto. En el entendido que dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el procedimiento se reanuda en el punto en que quedó pausado. Causa estado cumplimiento. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto del uno de diciembre de dos mil veinte, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional... Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del presente asunto. Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, uno de diciembre de dos mil veinte. Se declara cumplida sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes mediante auto del once de noviembre del dos mil veinte, para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que se hayan pronunciado al respecto; por tanto, este órgano de control constitucional procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de derechos, constituye una cuestión de orden público. Al respecto, se precisa que mediante sentencia del diecinueve de febrero de dos mil veinte, en su punto resolutivo se estableció: "(.) ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ..., respecto del acto y autoridades precisados en el punto III de este fallo, por las razones expuestas y para los efectos señalados en los apartados VI y VII de esta resolución." Inconforme con dicha determinación, la autoridad responsable Coordinador de Oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, interpuso recurso de revisión, el cual fue radicado bajo el amparo en revisión 125/2020 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el que mediante sesión del veintisiete de agosto de dos mil veinte, determinó: (.) PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia de diecinueve de febrero de dos mil veinte, dictada por el Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo 24/2020. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ..., contra el acto que reclamó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, para los efectos precisados en la sentencia recurrida. Por lo anterior, el siete de octubre de la presente anualidad, se requirió al Jefe del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, el cumplimiento a la concesión del amparo. En síntesis, el amparo y la protección de la Justicia Federal se concedió para el efecto de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla: VII. DECISIÓN 79. Con base en las premisas expuestas, se impone conceder la protección constitucional solicitada para los efectos siguientes. a) Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes, resuelva sobre la petición de solicitud de pensión formulada por la parte quejosa, es decir, integre el expediente relativo, lo turne para su valoración y elaboración del proyecto conducente y se resuelva por conducto de la Junta Directiva. b) En la inteligencia que de no encontrarse integrado, deberá requerir a la quejosa para que exhiba la documentación que corresponda, siempre que no se trate de información que deba o pueda recabar oficiosamente el Instituto responsable. c) Además, para el caso ser favorable su solicitud, deberá notificar el dictamen conducente y entregarle la Patente original que prevé la legislación de la materia -por conducto del Departamento de Pensiones y Jubilaciones-. 80. Además, para dar cabal cumplimiento a esta sentencia de amparo, deberá vincularse a las áreas cuya intervención resulte necesaria en razón de sus funciones, aun cuando no hayan sido señaladas como responsables en este juicio, ya que están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora. Ahora, la autoridad responsable Coordinador de Oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, mediante oficio recibido el once de noviembre del año en curso, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para lo cual remitió copia certificada del memorándum del nueve de noviembre de dos mil veinte, así como del oficio DG/139-070/2020; que por ser documentos públicos, se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, y de la cual se advierte que fue aprobada la solicitud de pensión por jubilación planteada por la quejosa. Fallo cumplido. Por tanto, la protección constitucional se concedió para el efecto de que la autoridad responsable resolviera sobre la petición de solicitud de pensión formulada por la quejosa, es decir, integrara el expediente relativo, lo turnara para su valoración y elaboración del proyecto conducente y se resolviera por conducto de la Junta Directiva, y al respecto atendió la solicitud de la quejosa de aprobar su solicitud de pensión por jubilación, dejando a salvo sus derechos para que en el momento en que la quejosa decida, haga efectivo el oficio resolutivo de su petición, previo cumplimiento de los requisitos administrativos ahí descritos, lo que le fue notificado el seis de noviembre del dos mil veinte, como se advierte del oficio DG/139-070/2020, remitido por la autoridad oficiante. Así, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable, con las constancias antes citadas, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, al haberse restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos contenidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tomar en consideración lo determinado en la sentencia dictada en autos, con lo que se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, uno de diciembre de dos mil veinte. Se declara cumplida sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes mediante auto del once de noviembre del dos mil veinte, para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que se hayan pronunciado al respecto; por tanto, este órgano de control constitucional procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de derechos, constituye una cuestión de orden público. Al respecto, se precisa que mediante sentencia del diecinueve de febrero de dos mil veinte, en su punto resolutivo se estableció: "(.) ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ..., respecto del acto y autoridades precisados en el punto III de este fallo, por las razones expuestas y para los efectos señalados en los apartados VI y VII de esta resolución." Inconforme con dicha determinación, la autoridad responsable Coordinador de Oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, interpuso recurso de revisión, el cual fue radicado bajo el amparo en revisión 125/2020 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el que mediante sesión del veintisiete de agosto de dos mil veinte, determinó: (.) PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia de diecinueve de febrero de dos mil veinte, dictada por el Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo 24/2020. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ..., contra el acto que reclamó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, para los efectos precisados en la sentencia recurrida. Por lo anterior, el siete de octubre de la presente anualidad, se requirió al Jefe del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, el cumplimiento a la concesión del amparo. En síntesis, el amparo y la protección de la Justicia Federal se concedió para el efecto de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla: VII. DECISIÓN 79. Con base en las premisas expuestas, se impone conceder la protección constitucional solicitada para los efectos siguientes. a) Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes, resuelva sobre la petición de solicitud de pensión formulada por la parte quejosa, es decir, integre el expediente relativo, lo turne para su valoración y elaboración del proyecto conducente y se resuelva por conducto de la Junta Directiva. b) En la inteligencia que de no encontrarse integrado, deberá requerir a la quejosa para que exhiba la documentación que corresponda, siempre que no se trate de información que deba o pueda recabar oficiosamente el Instituto responsable. c) Además, para el caso ser favorable su solicitud, deberá notificar el dictamen conducente y entregarle la Patente original que prevé la legislación de la materia -por conducto del Departamento de Pensiones y Jubilaciones-. 80. Además, para dar cabal cumplimiento a esta sentencia de amparo, deberá vincularse a las áreas cuya intervención resulte necesaria en razón de sus funciones, aun cuando no hayan sido señaladas como responsables en este juicio, ya que están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora. Ahora, la autoridad responsable Coordinador de Oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, mediante oficio recibido el once de noviembre del año en curso, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para lo cual remitió copia certificada del memorándum del nueve de noviembre de dos mil veinte, así como del oficio DG/139-070/2020; que por ser documentos públicos, se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, y de la cual se advierte que fue aprobada la solicitud de pensión por jubilación planteada por la quejosa. Fallo cumplido. Por tanto, la protección constitucional se concedió para el efecto de que la autoridad responsable resolviera sobre la petición de solicitud de pensión formulada por la quejosa, es decir, integrara el expediente relativo, lo turnara para su valoración y elaboración del proyecto conducente y se resolviera por conducto de la Junta Directiva, y al respecto atendió la solicitud de la quejosa de aprobar su solicitud de pensión por jubilación, dejando a salvo sus derechos para que en el momento en que la quejosa decida, haga efectivo el oficio resolutivo de su petición, previo cumplimiento de los requisitos administrativos ahí descritos, lo que le fue notificado el seis de noviembre del dos mil veinte, como se advierte del oficio DG/139-070/2020, remitido por la autoridad oficiante. Así, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable, con las constancias antes citadas, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, al haberse restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos contenidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tomar en consideración lo determinado en la sentencia dictada en autos, con lo que se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, once de noviembre de dos mil veinte. Vista con cumplimiento. Agréguese el oficio y anexo remitidos por el Coordinador de Oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, por el cual en atención al auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, remite copia certificada del memorándum ******************** emitido por el Departamento de Pensiones y Jubilaciones y del oficio ********************de los cuales se advierte fue aprobada la solicitud de jubilación solicitada por la quejosa mediante acuerdo********************misma que le fue notificada el seis de noviembre del año en curso. En consecuencia, con apoyo en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, los cuales establecen la obligación del Juez de Distrito de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, así como con fundamento en el artículo 196 del citado ordenamiento, dese vista a las partes con el oficio y anexo de cuenta por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga, en el entendido de que dar vista significa que los autos quedan en la secretaría, para que se impongan de ellos los interesados, de conformidad con el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, apercibidos que de no desahogar la vista ordenada, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con los elementos que obren en autos. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

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