Genaro Pulido Flores

Expediente 703/2015 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 24 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
703/2015
Año
2015
Actuaciones
24
Última actuación
21/10/2015

Partes del expediente

  • Genaro Pulido Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Incidental

    México, Distrito Federal, veintiuno de octubre de dos mil quince. Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal pendiente de resolverse ni diligencias pendientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, se establece que el original de este incidente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otro lado, respecto del duplicado del incidente de suspensión con fundamento en el artículo vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez transcurridos seis meses a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, procédase a su destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    México, Distrito Federal, veintiuno de octubre de dos mil quince. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al artículo 2 de la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y de conformidad con el numeral 113 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existen diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no obran documentos originales en el mismo. Finalmente, obran en autos diversos tomos de constancias remitidos por las autoridades responsables, atento a ello, devuélvanse a su lugar de origen, en el entendido de que el sello de la autoridad que lo recibe en la constancia de notificación, se tomara como acuse de recibo de los mismos. Notifíquese

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 703/2015-III, promovido por **************, por propio derecho. ANTECEDENTES 1. Del acto reclamado. El 18 de junio de 2015, dentro del toca *********del índice de la Cuarta Sala Penal del Distrito Federal, derivado de la causa penal ***********del índice del Juzgado Vigésimo Cuarto Penal del Distrito Federal, se confirmó el auto de formal prisión dictado en contra del quejoso de referencia, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro agravado, pues la sala responsable consideró que el justiciable tuvo intervención en la privación ilegal de la libertad de la tercera interesada, a quien cuidaba en la casa en que se encontraba cautiva. La resolución de segunda instancia y su ejecución son los actos reclamados en el presente juicio. 2. Del juicio de amparo. Presentación de la demanda: 14 de julio de 2015 (foja 2). Admisión con apertura de incidente de suspensión: 16 de julio de 2015 (foja 8). Emplazamiento al Agente del Ministerio Público adscrito: 16 de julio de 2015 (foja 10), quien no formuló pedimento. Emplazamiento al ministerio público adscrito a la autoridad judicial de origen: 17 de julio y 3 de agosto de 2015 (fojas 14 y 17). Emplazamiento a la tercera interesada víctima del delito: 14 de septiembre de 2015 (foja 71). Audiencia constitucional: 28 de septiembre de 2015 (foja 78). CONSIDERACIONES 1. Competencia. Este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto reclamado se atribuyó a autoridades con residencia en el lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce competencia. 2. Fijación de litis. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es el siguiente: Resolución de 18 de junio de 2015 dictada en el toca 545/2015, del índice de la Cuarta Sala Penal del Distrito Federal, que confirmó el auto de formal prisión de 29 de abril de 2015 dictado por el Juez Vigésimo Cuarto Penal del Distrito Federal, en la causa penal 67/2015, por el delito de secuestro agravado. Ejecución. 3. Certeza de los actos reclamados. Orden Autoridad responsable Acto reclamado Sentido del informe Foja 1 Cuarta Sala Penal del Distrito Federal Resolución de 18 de junio de 2015 dictada en el toca *****, del índice de la Cuarta Sala Penal del Distrito Federal, que confirmó el auto de formal prisión de 29 de abril de 2015 dictado por el Juez Vigésimo Cuarto Penal del Distrito Federal, en la causa penal ********, por el delito de secuestro agravado. Acepta 22 2 Juez Vigésimo Cuarto Penal del Distrito Federal Ejecución. Acepta 18 Sí existen los actos reclamados por el quejoso, pues así lo manifestaron las autoridades responsables. Afirmaciones que se corroboran con las copias certificadas de la causa penal ************y del toca ********, cuyo valor probatorio es pleno al tratarse de documentos públicos. 4. Procedencia. En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, que prevé que el juicio de derechos es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por éstos, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Se afirma lo anterior por las siguientes consideraciones. El artículo 17 de la Ley de Amparo señala que por regla el plazo para presentar la demanda es de 15 días, con la excepción, entre otras, de que podrá ser promovido en cualquier tiempo si el acto reclamado implica lo siguiente: - Peligro de privación de la vida. - Ataques al a libertad personal fuera de procedimiento. - Incomunicación. - Deportación o expulsión. - Proscripción o destierro. - Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Área Nacionales. - Desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, el auto de formal prisión reclamado, no se ubica en ninguno de los supuestos de excepción referidos, lo que resulta indispensable para poder sostener que este juicio constitucional podía ser promovido en cualquier tiempo, sin sujetarse al término genérico de 15 días. Es así porque el quejoso se encuentra sujeto a la causa penal *************, del índice del juzgado responsable, así como que fue la parte apelante dentro del toca ********, lo que se obtiene que el auto de formal prisión reclamado y sus consecuencias, fueron dictadas dentro del procedimiento que se le instruye al justiciable por el delito de secuestro agravado. Por ende, aun cuando dicho acto reclamado ataque la libertad personal, no puede considerarse que fue emitido fuera de procedimiento. Bajo esas condiciones, para la promoción del amparo, el peticionario constitucional debió sujetarse al término de 15 días referido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que en la especie no ocurrió, como enseguida se verá. Por su parte el artículo se advierte que el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución. c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Dichas reglas son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación. De ahí que con independencia de lo manifestado por las partes, este juzgador primero debe verificar en el expediente si existe algún medio de prueba del que se desprenda que el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado. Ahora, el mencionado precepto establece que el término de 15 días a que se refiere, entre otros supuestos, contará el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución reclamada. Esta regla se actualiza cuando de autos se desprende que el primer medio por el que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado es una notificación, situación que ocurre en la especie, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que el 19 de junio de 2015 (fojas 55 vuelta y 57 anexo V) personal del juzgado responsable notificó a la quejosa y a su defensa oficial la resolución reclamada en esta instancia constitucional. Precisado lo anterior, la resolución reclamada emana de un toca penal radicado ante la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. En consecuencia, dicho acto se rige por el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, por lo que el cómputo del término correspondiente, debe realizarse con base en las reglas establecidas en dicha codificación. En ese sentido, el artículo 57 del ordenamiento legal mencionado establece que los plazos son improrrogables y que empezarán a correr desde el día siguiente al de la de notificación. Atendiendo a lo anterior, como se apuntó, en autos obra copia certificada de la notificación de 19 de junio de 2015, en la que se notificó al quejoso y a la defensa oficial el sentido y contenido de la resolución reclamada. Notificaciones que se practicaron de forma correcta, pues en ellas se desprende que el defensor oficial y el quejoso de mérito firmaron de enterados, pues incluso dichas firmas son coincidentes a simple vista con las diversas firmas que obran en autos pertenecientes a ellos, en específico la firma del defensor público que calza el escrito de expresión de agravios (foja 16 del anexo V), así como la firma del procesado que calza la demanda de amparo, tal como se ilustra en los siguientes cuadros. Por tanto, en términos del artículo 57 del código adjetivo penal para el Distrito Federal, el término de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda, transcurrió para el quejoso y su defensa, quienes fueron notificados el mismo día, del 22 de junio al 10 de julio de 2015, sin contar los días 19, 20, 27 y 28 de junio, así como 4 y 5 de julio de 2015, por haber sido inhábiles, acorde con el artículo 19 de la Ley de Amparo, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Acuerdo General 18/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Acuerdo 32-39/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, así como la circular CJDF 55/2014 emitida por el Secretario General del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Se ilustra lo anterior en el siguiente cuadro de resumen. JUNIO 2015 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Se notifica acto reclamado (surte efectos) 20 21 22 Inicia Término 23 DÍA DOS 24 DÍA TRES 25 DÍA CUATRO 26 DÍA CINCO 27 28 29 DÍA SEIS 30 DÍA SIETE JULIO 2015 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 DÍA OCHO 2 DÍA NUEVE 3 DÍA DIEZ 4 5 6 DÍA ONCE 7 DÍA DOCE 8 DÍA TRECE 9 DÍA CATORCE 10 DÍA QUINCE 11 12 13 14 Presentación de la demanda (Día diecisiete). 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 En ese sentido, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, 14 de julio de 2015 (sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal); el término de 15 días que alude el artículo 18 de la Ley de la Materia, había transcurrió en exceso. Atento a lo anterior, el peticionario de amparo consintió tácitamente el acto que ahora reclama, en tanto que esta demanda de amparo fue promovida fuera del término legal de 15 días. Actualizándose la causal de improcedencia invocada. No se soslaya que en la demanda de amparo, la quejosa manifestó que tuvo conocimiento del acto reclamado el 23 de junio de 2015, sin embargo, como quedó de manifiesto en autos, se acreditó que la responsable notificó legalmente el acto reclamado desde el 19 de junio de 2015. De ahí que como las hipótesis del artículo 18 de la Ley de Amparo son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación, la notificación cronológicamente ocurrió primero, por lo que es la que debe tomarse en cuenta como inicio del cómputo. En razón de lo expuesto, y una vez que ha quedado plenamente demostrada la causal de improcedencia aducida, se sobresee en el presente juicio de garantías en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XIV, ambos de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución al no haberse reclamado por vicios propios. 5. Tortura. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión **********, al interpretar el contenido de los artículos 22 y 29 Constitucionales, 7º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, determinó que es obligación de toda autoridad, ante la noticia, manifestación o advertencia de actos de tortura o malos tratos, y la existencia de prueba razonable al respecto, hacerlo del conocimiento de la autoridad ministerial, para la realización de la investigación correspondiente. En el caso concreto, de autos que integran la causa penal *********se advierte que María Guadalupe Castellanos Calvillo, coinculpada del quejoso, desde su declaración ministerial hasta la preparatoria, así como mediante los diversos escritos que ha presentado ante el juez de primer grado, ha señalado que los agentes de la policía de investigación la torturaron desde el momento en que la detuvieron, así como durante el trayecto a la agencia del Ministerio Público. Manifestaciones que encuentran un grado razonable de corroboración con el contenido del certificado de integridad física expedido por el médico legista adscrito a las oficinas ministeriales, del que se desprende que a la exploración física la coinculpada presentó múltiples equimosis rojas de forma irregular localizadas en la región supraclavicular, hemitórax derecho, hemitórax izquierdo, tercio proximal del brazo derecho, tercio proximal del brazo y antebrazo izquierdo, pliegue de codo del lado derecho, en la cara anterior del tórax, en la rodilla derecha, en la cara antero interna del tercio proximal de la pierna del lado derecho, en la cara postero-interna del tercio distal del antebrazo derecho, en el dorso del pie izquierdo, las cuales tardan en sanar menos de quince días. Manifestaciones a las que la responsable respondió en sentido negativo mediante autos de 5 y 12 de junio de 2015 (fojas 215 a 217 y 276 a 279 del anexo II) -que si bien no forman parte de la litis en este asunto no pueden pasar desapercibidas para quien esto resuelve-, al señalar que es obligación de la parte que manifiesta haber sido objeto de tortura, hacer del conocimiento del Ministerio Público tales hechos delictivos. No obstante lo anterior, de autos también se obtiene la propia coinculpada María Guadalupe Castellanos Calvillo denunció los hechos ante la autoridad investigadora, derivando de ello la averiguación FSP/B/T2/1224/15-05, integrada por el delito de tortura en agravio de aquélla (foja 313 del anexo II). Por lo que en el caso se hace innecesario que este órgano jurisdiccional dé vista al Procurador General de Justicia del Distrito Federal con la denuncia de hechos posiblemente constitutivos de tortura que se advierte de la causa penal, toda vez que ya se encuentra en trámite una indagatoria por la posible comisión de dicho ilícito, iniciada por el quejoso, pero no por el juez primigenio responsable, quien estaba obligado a dar vista a la autoridad ministerial, así como a realizar una investigación de violación a derechos dentro de la propia causa penal, a fin de excluir las pruebas que en su caso se hayan obtenido de forma ilícita. No obstante lo anterior, recuérdese al Juez Vigésimo Cuarto Penal del Distrito Federal que no corresponde a la parte que alega haber sufrido un acto de tortura, dar vista a las autoridades competentes, ni ofrecer y desahogar pruebas tendientes a corroborar los actos que ha sufrido con el fin de excluir pruebas ilícitas, pues es obligación de las autoridades estatales cumplir con los mandatos constitucionales e internacionales en torno a dichas conductas denostadoras, que las constriñen a actuar de oficio para lograr su esclarecimiento. 6. Protección de datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73 al 79, todos de la Ley de Amparo, se dicta la presente RESOLUCIÓN: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, respecto del acto reclamado precisado en el considerando tercero de este fallo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese.

  4. Principal

    México, Distrito Federal, a veintiocho de septiembre de dos mil quince. Vista la certificación y cuenta que anteceden, se advierte que para esta fecha se encuentra señalada para su verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías; sin embargo, dado que el encargado del despacho no se encuentra facultado legalmente para dictar resoluciones de fondo, sino sólo para efectuar diligencias y emitir determinaciones urgentes, así como providencias de mero trámite, según lo dispuesto por el artículo 43, primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por tanto, se difiere la aludida audiencia constitucional y para su verificativo se señalan las 11:40 horas del 30 de septiembre de 2015. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Óscar Osorio Álvarez, Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, Encargado del Despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con base en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, asistido del secretario Javier Arturo Herrejón Cedeño que autoriza y da fe.

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