Gamaliel González Gómez
Expediente 512/2015 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 512/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/06/2015
Partes del expediente
- Gamaliel González Gómez
Actuaciones
- Principal
México, Distrito Federal, a diecisiete de junio de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, por medio del cual acusa recibo del diverso 44223/2015, con el que se le remitieron los autos originales del presente juicio de amparo e informa que acepta la competencia planteada por este juzgado federal. Ahora bien, toda vez que no existen actuaciones pendientes por desahogar en el presente asunto, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo, fracción I, se hace la indicación de que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, una vez transcurridos seis meses, a partir del presente proveído, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese.
- Principal
México, Distrito Federal, veintiuno de mayo de dos mil quince. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio de amparo 512/2015-V. Incompetencia Vista la demanda de amparo promovida por *********, por propio derecho y en representación de ECO TRANSFORMA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra actos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, residencia en México Distrito Federal, es de precisar que este juzgador federal carece de competencia para conocer del presente asunto, en atención a las siguientes consideraciones. Uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de garantías, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Lo anterior, en consideración a que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto se advierta. Es de precisarse que este juzgado de distrito considera carecer de competencia legal para conocer del presente asunto por cuestión de territorio, en razón de lo siguiente: La competencia constitucional de los jueces de distrito, está prevista por el precepto 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el diverso 37, párrafo primero, de la ley de la materia, los cuales establecen lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse...". Ley de Amparo. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Conforme lo dispuesto por este numeral, se advierten tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) Será competente el del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, al tratarse de un acto que requiera ejecución material, el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese sentido, es menester precisar que GAMALIEL GONZÁLEZ GÓMEZ y ÁLVARO DEL VALLE MEMIJE, por propio derecho y en representación de ECO TRANSFORMA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el aseguramiento, bloqueo y/o congelamiento de la cuenta bancaria número 0220561732, aperturada en el Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Así las cosas, dentro de los documentos exhibidos por el quejoso con la demanda de amparo, se encuentra el "contrato de servicios bancarios sección de datos generales", se advierte que, en el caso, la cuenta bancaria manifestada por el quejoso fue aperturada en la sucursal 0715 Acapulco Costera la cual se ubica en el Avenida Costera Miguel Alemán 180, esquina Francisco Pizarro Colonia Fracc. Magallanes Acapulco; por tanto, en este supuesto, se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En el caso, los actos reclamados consisten en el aseguramiento, bloqueo y/o congelamiento de la cuenta bancaria número 0220561732, aperturada en el Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, que incide en la esfera jurídica del quejoso, actos que tienen aparejada una ejecución material. De esta suerte, resulta competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice el aseguramiento, bloqueo y/o congelamiento de la cuenta bancaria número 0220561732, aperturada en el Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, la orden o inmovilización de las cuentas, es decir, la localidad en la que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico, es evidente que la sucursal bancaria en donde se aperturó la cuenta del quejoso esta ubicada en el municipio de Acapulco, Estado de Guerrero; por tanto, el Juzgado de Distrito competente lo será aquél que tenga su residencia en el Estado de Guerrero, con residencia en la Acapulco, en turno. Por tanto, al tener ejecución material el acto que por esta vía se reclama, este asunto se ubica en la primera regla de competencia del artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, que el juez de distrito competente para conocer de este juicio de garantías es aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se ejecute dicho acto. Bajo esa lógica, en autos no obra prueba alguna que demuestre que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se esté ejecutando en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción, lo que permite concluir que será en Acapulco en el Estado de Guerrero, donde se ejecutará el acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37, 48 y 217 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo procedente es remitir el juicio de amparo promovido por GAMALIEL GONZÁLEZ GÓMEZ y ÁLVARO DEL VALLE MEMIJE, por propio derecho y en representación de ECO TRANSFORMA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, para que, a su vez, lo remita al juzgado de distrito en turno, a quien se estima competente para conocer de la controversia planteada; solicitándole a ese órgano jurisdiccional, el acuse de recibo correspondiente y que informe si acepta la competencia declinada. No se soslaya que el promovente señaló como domicilio uno ubicado en el Distrito Federal, dentro de la jurisdicción de este juzgado de distrito; sin embargo, tal circunstancia no incide para determinar la competencia, ya que el domicilio de la parte quejosa no puede fincar competencia a determinado órgano jurisdiccional en materia de amparo. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de garantías, así como los del incidente suspensión. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Notifíquese.
- Principal
México, Distrito Federal, veintiocho de mayo de dos mil quince. Agréguese a sus autos el escrito de la tercero interesada, por medio del cual solicita que de conformidad con el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se aclare el proveído de veintidós de mayo de dos mil quince, en virtud de que al momento que plateó la objeción de falsedad de la firma del quejoso plasmada en la demanda de amparo, solicitó que el quejoso estampara su firma ante la presencia judicial. En ese sentido, en el proveído que cita se señaló al respecto lo siguiente: "[.] En el entendido que las muestras de firma las deberán recabar del Instrumento Público Número 73598 de fecha diez de marzo de dos mil quince, y con la credencial para votar con número "OCR": 4941050114437; mismos que obran en el presente expediente en el que se actúa, en el que deberán resolver los cuestionamientos propuestos por el quejoso y la tercera interesada. [.]" Atento a lo expuesto, el punto que solicita la promovente se aclare consiste en modificar dicho proveído para que acuda el quejoso ante este órgano jurisdiccional a estampar firmas para que los peritos puedan determinar si dichos rasgos coinciden con las que aparecen en la demanda de amparo. No ha lugar a modificar el proveído de veintidós del presente mes y año, atento a de conformidad con el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que se pueda regularizar un juicio de amparo debe de existir alguna omisión. En el caso, en el proveído en cita, existe un pronunciamiento expreso sobre la forma en que los peritos deben de elaborar sus respectivos dictámenes; por lo que contrario a lo señalado por la parte tercero interesada, no existió alguna omisión, requisito necesario para regularizar el juicio de amparo, máxime que el suscrito no puede revocar sus propias determinaciones. No se soslaya que la parte tercero interesada solicitó desde que promovió la objeción de firmas del quejoso, que éste acudiera ante la presencia judicial a efecto de que las estampara. Sin embargo, al acordar su admisión mediante proveído de cuatro de marzo de dos mil quince, se requirió al quejoso para que nombrara perito de su parte y adicionara el cuestionario. Al desahogar dichos requerimientos el quejoso señaló perito de su parte, adicionó el cuestionario y acompañó documentales que contienen sus firmas consistentes en el instrumento público número 73598 de fecha diez de marzo de dos mil quince, pasada ante la fe del Notario Público número 233 en el Distrito Federal, en la cual obra la fe de hechos de que ante la presencia del notario, el quejoso estampó de puño y letra sus firmas, así como de la credencial para votar con fotografía número de "OCR": 4941050114437 expedida por el Instituto Federal Electoral a favor del quejoso. En este sentido, ante dos puntos de vista contradictorios en el que por un lado, una parte solicita que acuda el quejoso ante la presencia judicial, a efecto de que estampe firmas y la otra se ofrecen documentos en los consta firmas del quejoso ante un funcionario que cuenta con fe pública, así como los estampados que obran en un documento público, es que este órgano jurisdiccional tomando en cuenta el objeto de la prueba consistente en verificar la autenticidad de la firma que calza la demanda de amparo, esto es, que en realidad haya sido estampada por el quejoso, se estima que los documentos exhibidos por este, cumplen con dicho cometido sin que sea necesaria su presencia para ese mismo efecto, tal como se estimó en dicho proveído. En virtud de lo anterior, dígase a la tercero interesada que no ha lugar a proveer de conformidad lo que solicita, toda vez que este Órgano de Control Constitucional, tal como se señaló en el proveído de veintidós de los presentes, estima que no es necesario la comparecencia del quejoso, toda vez que ya se cuenta con documentos suficientes para determinar la autenticidad de la firma en controversia. Cabe señalar que en similares términos se pronunció el Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito en la resolución emitida en sesión de catorce de mayo de los presentes, al resolver el recurso de queja número 34/2015 interpuesto por la tercero interesada, en el que textualmente se estableció: "[.] Al respecto debe decirse que el juez de Distrito correctamente señaló que la inconforme debía estarse a lo acordado en el proveído de veinte de febrero de dos mil quince -se indicó que no había lugar a acordar de conformidad que el quejoso ante la presencia judicial reconociera el contenido y firma de la demanda de amparo, en razón que el juicio lo promovió por propio derecho-, ya que la prueba en cuestión no es idónea para acreditar la falsedad pretendida a través del incidente de objeción respectivo, ya que la demanda de amparo la promovió por propio derecho, es decir, tal reconocimiento de firma no es apto para acreditar la falsedad de la firma, por lo que fue legal que no se admitiera tal medio de prueba; de ahí que, no le asiste la razón a la tercera interesada inconforme cuando aduce que si dicha probanza no se admite, se está prejuzgando, es decir, aun sin admitirla se está valorando su eficacia, pues la finalidad de la prueba en cuestión es restar eficacia a la demanda de amparo. [.]" Por otra parte, intégrese el escrito de la parte quejosa; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, expídase la copia certificada que solicita; lo anterior, previa identificación y constancia que por su recibo se deje en autos, en la inteligencia de que su expedición sólo se hará en el horario establecido por este juzgado. Notifíquese.Así lo proveyó y firma José Alfonso Montalvo Martínez, Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, ante el secretario Javier Arturo Herrejón Cedeño que autoriza y da fe.
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