Galia Rosa Echeverría Herrera y Otros.

Expediente 156/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
156/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
10/05/2022

Partes del expediente

  • Galia Rosa Echeverría Herrera y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, diez de mayo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual remite el testimonio correspondiente a la sesión ordinaria virtual de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dictada en los autos del conflicto competencial 9/2022, formado con motivo de la controversia planteada por el Juez Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; en la que se determinó: "ÚNICO. Se declara legalmente competente para cocer de la demanda de amparo al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en términos del último considerando de este fallo.". Sin que haya lugar a acusar recibo, por así haberlo solicitado el oficiante. Glósese al cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Ahora bien, toda vez que no existen actuaciones pendientes por desahogar en el presente asunto, previas las anotaciones e el libro de gobierno, archívese como totalmente concluido. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente, así como al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que se trata de un EXPEDIENTE AUXILIAR (cuaderno de antecedentes); en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el apartado 8.1.1, fracción I, inciso a), del aludido Manual, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de seis meses en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, seis de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio signado por el Actuario del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual hace de conocimiento que en proveído de cuatro de abril último, dictado en el C.C.A. 9/2022, se tuvo por recibido el oficio del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el que insistió carecer de competencia para conocer del presente juicio; asimismo, que se avocó al conocimiento de dicho conflicto competencial. En consecuencia, se toma de conocimiento lo anterior y se está en espera de la determinación que tome dicho órgano colegiado. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual hace de conocimiento que en proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 454/2022 de su índice, determinó que insiste en declinar competencia en favor del suscrito y por ello, planteó conflicto competencial; lo anterior, se toma de conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, tres de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por la Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual remite los autos originales del juicio de amparo 454/2022 de su índice, ello en razón de que declina competencia por razón de materia para conocer de la demanda de amparo promovida por ********* en representación de ******** y ***********; en tal virtud, regístrese en el libro de juicios de amparo con el número 156/2022-I, y fórmese el expediente correspondiente. Acúsese recibo. En atención al contenido del oficio de referencia y de un estudio íntegro de las constancias remitidas, el suscrito juzgador por el momento no acepta la competencia declinada para conocer del presente asunto, en atención a las consideraciones siguientes. Uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Lo anterior, en consideración a que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto se advierta. Ahora, el artículo 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece: "Artículo 56. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito, y III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo (.).". Por su parte, el diverso 57 del mismo ordenamiento legal, dispone: "Artículo 57. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas. (.) IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente.". (Lo destacado es nuestro) De los numerales anteriores se obtiene que, en cuanto a la especialización por materia y concretamente en la materia administrativa, los Jueces de Distrito, conocerán de controversias relativas a la aplicación y legalidad de leyes federales y locales y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa; de procedimientos seguidos ante autoridades administrativas; contra actos de autoridad distinta a la judicial; contra actos de tribunales administrativos; o con motivo del incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras, que en cuanto a la especialización por materia y concretamente en la materia penal, los Jueces de Distrito conocerán de entre otros actos, de aquellos actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal. Ahora bien, en la especie debe precisarse cuál es la naturaleza de los actos reclamados. Como se indicó con anterioridad, el citado artículo 56, fracción I, concede competencia a los jueces de distrito de amparo en materia penal para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra, entre otros, actos que afecten la libertad personal o que importen deportación. Ahora bien, del apartado correspondiente a los actos reclamados se observa que el promovente señala los siguientes: a) Detención. b) Retención. c) Traslado a cualquier estación migratoria. d) Deportación. e) Expulsión. f) Proscripción. g) Destierro. i) Omisión de brindar o proporcionar información, en específico: el derecho a solicitar y recibir asilo; y, el derecho a tener representación y asistencia legal. Al respecto, es menester precisar que un acto administrativo se define como la declaración unilateral de voluntad, concreta y ejecutiva de la administración pública que crea, reconoce, modifica, transmite o extingue una situación jurídica y su finalidad es la de satisfacer el interés general, basado en una relación de supra a subordinación. De ahí que sus elementos son: I. Sujeto. Órgano del Estado competente que se manifiesta a través de su titular, el servidor público; II. Voluntad. Facultad interna por la que el servidor público se mueve a realizar o no un acto administrativo; III. Objeto. Materia del acto, debe ser determinado o determinable, posible y lícito, preciso en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar previsto por la ley; IV. Motivo. Es el antecedente que provoca la adecuación a un caso concreto al supuesto de la ley; V. Fin. La autoridad sólo debe perseguir los fines del interés general o el bien común; y, VI. Forma. Son las manifestaciones materiales u objetivas en que se plasma el acto. Son las solemnidades necesarias de todo mandamiento de autoridad competente. En ese contexto, es dable mencionar que los actos de autoridad relacionados con temas migratorios, se encuentran regulados por la Ley de Migración y el Reglamento de la Ley de Migración. En tales circunstancias, como puede observarse, el acto omisivo del que se duele la parte quejosa, el cual se encuentra relacionado con la falta de información proporcionada a los directo quejosos sobre su derecho a solicitar y recibir asilo, a tener representación y asistencia legal, es de naturaleza administrativa, e incluso se encuentra atribuido a diversas autoridades que cuentan con ese carácter y que pertenecen al Instituto Nacional de Migración -Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación-, institución que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia y, en específico, en materia de control y verificación migratoria. Así, retomando la premisa planteada, cabe indicar que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y de la totalidad de autoridades señaladas como responsables (administrativa), es incontrovertible que la competencia para conocer del acto que nos ocupa, se surte a favor de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa. Es aplicable en lo conducente, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la foja 2889, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, junio de 2016, Tomo IV, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI EL QUEJOSO ES EXTRANJERO Y RECLAMA QUE FUE RECHAZADO SU INGRESO AL PAÍS POR LA AUTORIDAD MIGRATORIA Y QUE SUFRIÓ ACTOS DE INCOMUNICACIÓN, DETENCIÓN Y/O PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD, AL SER EL PRIMERO UN ACTO QUE PUEDE ESTUDIARSE INDEPENDIENTE A LA LUZ DE LA MATERIA QUE LO RIGE, PUEDE DIVIDIRSE AQUÉLLA SIN AFECTAR LA CONTINENCIA DE LA CAUSA, PARA QUE SU CONSTITUCIONALIDAD SEA ANALIZADA POR UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE QUE UNO EN MATERIA PENAL CONOZCA RESPECTO DE LOS DEMÁS ACTOS RECLAMADOS. El Máximo Tribunal del País ha establecido que las disposiciones relativas a la Ley de Amparo, manifiestan un claro espíritu en el sentido de la indivisibilidad de la demanda considerándola un todo. Esta interpretación obedeció al supuesto en el que los actos reclamados se encontraban fuertemente ligados entre sí; sin embargo, cuando el citado libelo contenga actos aislados o independientes que puedan examinarse de manera autónoma, no opera esa regla y sí es factible que su análisis se efectúe separadamente, máxime si éstos son de diversas materias en las que, por especialización, deben conocer juzgadores con la competencia en la rama de que se trate. En ese sentido, si el quejoso es extranjero y en su demanda de amparo indirecto reclama que fue rechazado su ingreso al país por la autoridad migratoria y que sufrió actos de incomunicación, detención y/o privación de su libertad, de acuerdo con el artículo 78, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de Migración, aquél jurídicamente se encuentra fuera del territorio nacional, lo cual implica que no pueda considerarse que en virtud de ello esté incomunicado, detenido y menos aún privado de su libertad; por tanto, el mencionado rechazo, al ser un acto que puede estudiarse independiente a la luz de la materia que lo rige (administrativa), puede dividirse la demanda sin afectar la continencia de la causa, para el efecto de que la constitucionalidad de ese acto, sea analizada por un Juez de Distrito de dicha especialidad; sin perjuicio de que uno en materia penal conozca respecto de los demás actos de incomunicación, detención y privación de la libertad.". Finalmente, para el caso de que la autoridad oficiante insista en declinar competencia, deberá dividir la continencia de la causa, a efecto de que este juzgado esté en aptitud de pronunciarse en torno a los actos reclamados de naturaleza penal. Por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, devuélvase el expediente original y anexo a su lugar de origen; solicitando atentamente acuse de recibo. Sin que haya lugar a emitir pronunciamiento alguno respecto a la suspensión de plano, toda vez que el juez declinante se pronunció sobre ese tópico. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Acceso al expediente electrónico y notificaciones Toda vez que este órgano de control constitucional cuenta con los nombres de usuario generados por el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico de la parte quejosa instrúyase a la Oficial judicial "A" para que capture la autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese tenor, infórmese a la parte quejosa, que desde este momento queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, y en virtud de garantizar la expedites en la tramitación del presente juicio y transitar en la medida de lo posible bajo el esquema de actuaciones electrónicas, instrúyase al actuario judicial adscrito, para que le realice la notificación del presente acuerdo, así como las subsecuentes a través de la vía electrónica. Teléfono y correo electrónico Se toma conocimiento del teléfono y correo electrónico proporcionado con el único efecto de establecer comunicación, en su caso. Notifíquese; y personalmente.

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