Genaro Perez Huerta
Expediente 804/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 804/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Genaro Perez Huerta
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto de veintidós de agosto del año en curso (fojas 39 y 40), en el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo haya hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos la diligencia de ratificación de desistimiento de demanda signada por la Actuaria Judicial adscrita a este juzgado, junto con el quejoso, a fin de notificarle el auto de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, al quejoso Genaro Pérez Huerta, y asimismo, ratificar el escrito de desistimiento de demanda, presentado el veinte de agosto de dos mil diecinueve en la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal y turnado a este Juzgado al siguiente día. Ahora, de la constancia de notificación, se advierte que el quejoso Genaro Pérez Huerta manifestó que es su deseo desistirse del presente juicio de garantías. En primer término, debe precisarse que el Máximo Tribunal ha señalado que el juicio de amparo se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano judicial, tal y como se establece en la jurisprudencia que a continuación se cita: "JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INICIA. El juicio de garantías se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano judicial, y por ello, los proveídos como el de incompetencia y los relativos a la medida cautelar, anteriores a la admisión son de carácter netamente procesal y se dan durante la tramitación del juicio mismo, atento a lo cual, resulta desafortunado señalar que se trata de acuerdos prejudiciales, pues la decisión sobre la incompetencia y el acuerdo de suspensión se dan dentro del procedimiento que se inicia con la presentación de la demanda." Así mismo, conforme al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Por otra parte, no obstante el estado procesal que guardan los presentes autos, la parte quejosa conserva su derecho para desistirse del juicio en el momento en que lo considere conveniente y, el órgano de control constitucional, tiene el deber de aceptar esa renuncia. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 33/2000 (9a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, de rubro y texto siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." En consecuencia, dado que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y el aquí quejoso renunció expresamente a que este órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6 (contrario sentido), 63, fracción I, y 113 todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA propuesta, dado que el principio de instancia de parte agraviada constituye uno de los fundamentos del juicio de amparo, por lo que la dimisión que formula el promovente, impide al órgano constitucional continuar y culminar el juicio, toda vez que ha dejado de existir su voluntad de proseguir con él. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otro lado, del estado de autos se advierte que en proveído de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve (foja 34), se reservó proveer respecto de la solicitud hecha por el promovente en el sentido de revocar y designar autorizados, ello hasta en tanto ratificara el escrito recibido en este juzgado el veintiuno del presente mes y año; y, toda vez que ello ya aconteció al efecto se provee: Vista la solicitud hecha por el quejoso en el escrito registrado con el folio 16617, téngasele revocando el nombramiento hecho con anterioridad respecto de Ivon Viridiana Fernández Vega, a quien había autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; sin que haya lugar a tenerle como designados "señalando a los mencionados en los acumulados de amparo del expediente 758/2019 y acumulado 759/2019" pues en el referido escrito no menciona sobre quienes recae tal designación aunado, a que dicho controvertido constitucional se tramita por cuerda separada. Finalmente, agréguese a los autos el escrito del quejoso por medio del cual pretende desahogar la prevención realizada el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, sin que haya lugar a realizar mayor proveído dado que el quejoso ratificó el desistimiento del juicio de amparo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos, para que surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por el quejoso Genaro Pérez Huerta, a través del cual, manifiesta que se desiste de la demanda de amparo; al respecto, se provee: Toda vez que el promovente cuenta con la facultad para desistirse de la presente instancia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso para que ratifique la promoción de cuenta, por lo que se comisiona al actuario judicial que corresponda realice dicha diligencia, en el Hospital de Traumatología y Ortopedia Doctor y General Rafael Moreno Valle (lugar en donde se encuentra internado el quejoso); apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado su ocurso y se continuará con el procedimiento del presente juicio. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 119/2006, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y contenido son: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." Por otra parte, una vez que obre en autos la ratificación ordenada en líneas precedentes, se acordará lo conducente respecto a la solicitud del promovente de revocar y nombrar nuevos autorizados para oír y recibir notificaciones.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. FORMACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Genaro Pérez Huerta, fórmese expediente y regístrese con el número 804/2019-C, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. PREVENCIÓN. Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede o no, con fundamento en lo establecido en los artículos 108, fracción IV, 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: ÚNICO. Precise la fecha en que se emitió el acto reclamado, consistente en el auto de vinculación a proceso decretado en su contra, dentro de la causa penal 1442/2019/PUEBLA del índice del juez responsable. Pues en el capítulo relativo al acto reclamado de la demanda de amparo, el quejoso asentó que dicho auto de vinculación a proceso fue emitido el tres de agosto de dos mil diecinueve; sin embargo, del informe previo rendido por la autoridad Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, dentro del incidente de suspensión 758/2019-E y su acumulado 759/2019 del índice de este órgano jurisdiccional, se advierte que el dos de agosto del año en curso se dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, en la misma causa penal 1442/2019/PUEBLA. Lo que se hace valer como hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe expresarse la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame), en relación con el 74, fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley de Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los mismos; razón por la cual, el promovente deberá especificar la fecha del auto de vinculación a proceso decretado en su contra, que reclama en la presente instancia constitucional, derivado de la causa penal 1442/2019/PUEBLA del índice del juez responsable. Hágase del conocimiento del promovente que la presente prevención es con el fin de que precise lo ya indicado, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Signifíquese al promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por él mismo, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." DOMICILIO. Toda vez que el promovente manifiesta que se encuentra internado en el Hospital de Traumatología y Ortopedia Doctor y General Rafael Moreno Valle, realícense las notificaciones que este juzgado estime pertinentes en dicho recinto. Así mismo, téngase como domicilio de la parte quejosa, el indicado en su escrito de demanda, donde se realizarán las notificaciones a que se refiere el artículo 26 de la Ley de Amparo, a las personas que autoriza para tal efecto. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ivón Viridiana Fernández Vega, atento a que después de consultar la página de internet www.cedulaprofesional.sep.gob.mx, se constató que cuenta con cédula profesional que la acredita como licenciada en derecho; asimismo, en términos del párrafo segundo, parte in fine, del citado artículo, se tienen como autorizados sólo para oír notificaciones e imponerse de autos, a las restantes personas designadas, quienes no gozarán de las demás facultades a que se refiere el párrafo primero de dicho numeral, por así haberlo solicitado expresamente el quejoso. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS. Finalmente, respecto a la petición de la parte quejosa de utilizar cámaras fotográficas y de video, así como escáner y cualquier otro medio electrónico para obtener imágenes y/o fotografías de las actuaciones y documentos que obren en el presente juicio, resérvese acordar lo que en derecho resulte procedente, hasta en tanto, en su caso, se advierta la existencia de los actos reclamados y si las constancias que remitan las autoridades responsables como justificación a sus informes, contienen información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 26/2015 siguiente sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo."
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