Genaro Dominguez Rojas
Expediente 1452/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1452/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Genaro Dominguez Rojas
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Número de expediente: 1452/2016 Acuerdo: San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo presentada por Genaro Domínguez Rojas, contra actos del Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, misma que se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, de acuerdo al artículo primero transitorio de dicha ley, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1452/2016-I-D. Ahora bien, previo a proveer respecto a la admisión, si en el caso procede o no, con apoyo en el artículo 114, fracciones I y IV de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días siguiente a que quede notificado, realice lo siguiente: Único.- Manifieste de forma clara y específica en qué consiste el acto reclamado al Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla. Lo anterior es así, ya que en el capítulo relativo a los actos reclamados, el promovente señaló lo siguiente: "A). Lo es el retardo del procedimiento para dictar los acuerdos necesarios en los plazos establecidos por la Ley, y en especial lo es el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, dentro de la Causa Penal número 511/2014, que se instruye en contra de la señora Blanca Ángeles Méndez Jiménez, por el delito de Despojo cometido en mi agravio." Sin embargo, como se advierte de la anterior transcripción, el señalamiento de dicho acto reclamado resulta vago e impreciso, pues de un estudio integral de la demanda no se logra advertir con claridad de qué se duele el quejoso en ese apartado; esto es, no se advierte en qué consiste el retardo a que hace mención, pues no precisa de qué acto en específico se duele. Bajo ese tenor, el promovente deberá manifestar claramente en qué consiste dicho acto reclamado, pues de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe expresarse la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame), en relación con el 74, fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley de Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los mismos. Luego, ante la oscuridad de la demanda en el aspecto indicado procede realizar la presente prevención. En la inteligencia de que el escrito aclaratorio que presente la parte promovente, deberá ser en original y con las copias suficientes del mismo, para correr traslado a las partes, en términos del artículo 110 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P./J. 36/2001, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Se apercibe al promovente que de no cumplir con la prevención indicada, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. Así mismo, hágase del conocimiento del quejoso que únicamente él podrá desahogar la presente prevención, pues no se tendrá por hecha la realizada por alguno de sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda; y, como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas Daniel Cortez Salazar y Janet García Flores, por haber acreditado tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, como se aprecia de la certificación de cuenta; y, por autorizado en términos restringidos del citado artículo 12 de la Ley de Amparo a Osvaldo Munguía Huelitl, pues como se advierte de la certificación que antecede, no acreditó encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, ni proporciona los datos correspondientes en el escrito de cuenta, de conformidad con el artículo 12 del citado cuerpo normativo (reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis); sin perjuicio de que con posterioridad pueda acreditar contar con tal calidad. Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Finalmente, de conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente.
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