Genaro Cruz Llanos
Expediente 1441/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1441/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/11/2021
Partes del expediente
- Genaro Cruz Llanos
- Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta Y Siete
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista cumplimiento. La Presidenta de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, remite copia certificada del acuerdo del tres de noviembre de dos mil veintiuno, emitido en el expediente D-1/394/2015, del que se advierte en lo que interesa, lo siguiente: a. Declaró la imposibilidad para desahogar la prueba vía informe a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, por falta de elementos para su desahogó. b. Recibió la información requerida a la institución bancaria BBVA Bancomer, sociedad anónima, institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México [antes BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancomer] y dio vista a las partes. c. Por otra parte, remite el escrito de BBVA Bancomer, sociedad anónima, institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México [antes BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancomer], por medio del cual desahoga el requerimiento realizado por la junta responsable. En cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con apoyo en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, los cuales establecen la obligación del Juez de Distrito de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, así como con fundamento en el artículo 196 del citado ordenamiento, dese vista a las partes con el oficio y anexo de cuenta por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga. En el entendido de que dar vista significa que los autos quedan en la secretaría, para que se impongan de ellos los interesados, de conformidad con el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. Apercibidos que de no desahogar la vista ordenada, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con los elementos que obren en autos. Finalmente, para dar margen a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, notifíquese el contenido del presente acuerdo, así como el oficio y anexo remitidos en cumplimiento al fallo protector de manera personal a la parte quejosa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, once de noviembre de dos mil veintiuno. Solicitud de devolución de documentos. El quejoso Bonifacio Zárate Aguilar, solicita la devolución de los documentos que adjuntó a su demanda y designa personas para tal efecto; al respecto, dígasele que deberá estarse a lo acordado el pasado veintisiete de octubre del actual, en el cual se dejó a su disposición los documentos exhibidos en el presente asunto. Se le tiene autorizando a las personas que designa a fin de comparecer a recoger los documentos que solicita. Al respecto, se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en donde en su artículo 2° se determinó que, si bien subsistía la situación de emergencia sanitaria, se levanta la suspensión de plazos y términos en cuestión a partir del tres de agosto de esta anualidad, deberá atender a los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal por el documento requerido. Asimismo, deberá presentarse con identificación oficial y vigente (y una copia simple de la misma), entendiéndose únicamente como identificaciones oficiales: el pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores; la credencial para votar expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, cédula profesional [con fotografía] emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; así como la cartilla del servicio militar expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional. Notifíquese.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 18 DE OCTUBRE DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Se tiene por no presentado escrito. Se desecha demanda de amparo. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el quejoso *** no dio cumplimiento a lo requerido en auto del seis de octubre del presente año, esto es, que se presentara a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a fin de ratificar la firma que obra en el escrito presentado en este juzgado el cinco del mismo mes y año, registrado en el libro de correspondencia con el número 15828; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí impuesto y se tiene por no presentando el ocurso. En ese contexto, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa en auto del veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, sin que haya desahogado la prevención que se le formuló, a fin de que subsanara las irregularidades de su demanda de amparo y cumpliera con los requisitos a que se refieren los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo; no obstante, en la especie no es factible hacer efectivo el apercibimiento que se le impuso. Lo anterior, ya que se requirió al justiciable a fin de que proporcionara el domicilio de los terceros interesados; sin embargo, por auto del ocho de octubre de este año se tuvo al Tribunal Agrario responsable remitiendo copia certificada del juicio agrario sucesorio 194/2015, del que se desprenden dichos datos. Por otra parte, también se requirió al impetrante para que exhibiera seis copias más de su demanda de amparo; no obstante, en virtud de que el acto reclamado está relacionado con los derechos agrarios que adquirió de diversas parcelas, se estima que se actualiza la prerrogativa de exención prevista en el artículo 110 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se cuenta con todos los elementos necesarios para proveer sobre la demanda de amparo, por lo que con base en el estudio exhaustivo de la misma y las constancias remitidas por el Tribunal responsable se acuerda lo siguiente. Así, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE." También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." Sentado lo anterior, se aprecia que el quejoso esencialmente reclama el acuerdo del veinticinco de agosto de dos mil veintiuno dictado en el juicio sucesorio agrario 194/2015 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Siete, en el que se tuvo al justiciable informando el fallecimiento de sus hermanos Miguel María Laura y Ciro, de apellidos Cruz Llanos, y se ordenó girar oficio al Director del Archivo de Notarias del Estado, a fin de que informara los nombres de quienes hubieren sido instituidos para sus sucesiones. Así, respecto a dicho acto, oficiosamente se advierte que se actualiza de forma patente, notoria y clara la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Es corolario de lo anterior, que el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el transcrito numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece dos hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, después de concluido el juicio de origen, en los términos siguientes: Actos que gozan de autonomía en relación con la ejecución de sentencia; esto es, actos que no tienen como finalidad directa e inmediata cumplimentar la sentencia o laudo dictados en el juicio natural, por lo que pueden ser impugnados de manera inmediata (previo cumplimiento del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo); Actos dictados en ejecución de sentencia. Hipótesis en la cual el juicio constitucional procede, únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; tratándose de remates contra aquella que los aprueba o desaprueba -en lo sustantivo-, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Las hipótesis vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XXXIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Mayo de 2011, que prevé: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". Ahora, la hipótesis de procedencia del juicio de amparo respecto de los actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia o laudo, prevé que sólo procede contra la última resolución dictada en esa etapa procesal; entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la que lo da por concluido, o en su caso, la que ordenan el archivo definitivo del expediente; pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Tal concepto fue adoptado en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ya que tomó como base la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, del Tomo XIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Abril de 2001, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Las consideraciones expuestas en el criterio transcrito, parten de la premisa de que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada y que por la naturaleza propia del procedimiento, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa al quejoso, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento para retardar la administración de justicia. Debe destacarse que la razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio de derechos sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Por tal motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa. Las consideraciones vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, del Tomo XX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a julio de 2004, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." Así, para demostrar la actualización de la causa de improcedencia invocada conviene destacar los antecedentes más relevantes que motivaron el acto reclamado, y que son del tenor siguiente: Mediante escrito presentado el veintidós de abril de dos mil quince, María Martha Cruz Llanos, promovió juicio sucesorio agrario a bienes de Ricarda Llanos González (fojas 1 a 5 del tomo anexo I). De la demanda correspondió conocer al Tribunal Agrario Distrito Cuarenta y Siete, quien por auto del veinticuatro de abril siguiente la registró con el número 194/2015 y la admitió a trámite, por lo que señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ley, y requirió a la actora para que presentara en la misma a sus hermanos ***; asimismo, se ordenó notificar el Comisariado Ejidal respectivo (fojas 24 a 26 ídem). El diecinueve de junio de dos mil quince se efectuó la audiencia en cuestión, en la que la actora amplió su demanda, por lo que se ordenó emplazar a Ciro y Genaro, de apellidos Cruz Llanos, y se fijó nueva fecha y hora para continuar con la audiencia (fojas 60 a 62 ídem). El dos de diciembre posterior, se realizó la audiencia en comento, en donde la actora ratificó la demanda; asimismo, *** hicieron suya la demanda y la ratificaron; mientras que se tuvo a *** formulando su contestación, y al último de los nombrados promoviendo acción reconvencional en contra de los actores, por lo que se ordenó emplazarlos (fojas 132 a 141 ídem). Seguidas las etapas procesales correspondientes, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho se dictó sentencia definitiva, en la que, entre otras cosas, se declaró que los actores habían probado parcialmente su acción y se les reconoció junto con *** como herederos de los derechos agrarios de la difunta, por lo que se ordenó la venta en subasta de los derechos de las parcelas materia de la sucesión, cuyo importe debía repartirse entre los herederos; asimismo, se declaró improcedente la acción reconvencional (fojas 446 a 457 del tomo anexo II). Inconforme con lo anterior, Genaro Cruz Llanos promovió juicio de amparo directo, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien lo radicó con el número 194/2018 y lo resolvió el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, en el sentido de negar la protección constitucional solicitada (fojas 494 a 506 ídem) En consecuencia, por auto del treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, el Tribunal Agrario fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación de la ejecución de sentencia (foja 507 ídem). El dos de julio se efectuó la audiencia en comento, y dado que las partes no llegaron a un consenso, el Tribunal Agrario procedió a dar impulso a la ejecución, por lo que se tuvo a los actores designando perito valuador de su parte, y se requirió a los demandados para que hicieran lo propio (fojas 514 a 516 ídem). Tomando en cuenta que los peritajes de los profesionistas de las partes fueron contradictorios, el diez de enero de dos mil veinte se determinó nombrar un perito tercero en discordia, para lo cual se giró oficio a la Delegación de la Procuraduría General de la República (foja 669 ídem). Mediante escrito presentado el uno de junio de dos mil veintiuno el quejoso informó acerca del fallecimiento de sus hermanos Miguel, María Laura y Ciro de apellidos Cruz Llanos, por lo que solicitó la interrupción del procedimiento, hasta en tanto comparecieran sus sucesores o causahabientes (foja 726 ídem). En atención a lo anterior, el Tribunal responsable dictó el acuerdo del veinticinco de septiembre del presente año, en el que con el fin de proveer sobre la existencia de algún sucesor o causahabiente de los fallecidos, ordenó girar oficio al Director del Archivo de Notarias del Estado, a fin de que informara los nombres de quienes hubieren sido instituidos para las sucesiones respectivas (fojas 748 y 749 ídem), determinación que constituye el acto reclamado. Finalmente el veintiuno se septiembre siguiente se tuvo al Director en cuestión informando que no se tenía registro de disposición testamentaria de los fallecidos, por lo que se ordenó dar vista a las partes, y se requirió al resto de los herederos para que señalaran el nombre y domicilio de los causahabientes de los difuntos, a fin de notificarlos sobre la ejecución de la sentencia (foja 458 ídem). De los antecedentes narrados se desprende que en contra del quejoso se promovió un juicio sucesorio agrario, al cual compareció, pues incluso contestó la demanda y formuló acción reconvencional. Asimismo, en dicho procedimiento ya se dictó sentencia definitiva, el cual se encuentra firme, pues aun cuando se promovió juicio de amparo directo en su contra se negó la protección constitucional solicitada; además, se observa que en el fallo se determinó nómbralo a él y a sus hermanos como herederos de los derechos agrarios de su difunta madre sobre diversas parcelas, además de que se determinó que éstos se subastarían y el dinero sería repartido entre los herederos. En ese contexto dado que el fallo quedó firme, se inició con su ejecución, por lo que para fijar el precio de los derechos a subastar se procedió a nombrar peritos valuadores. No obstante, el quejoso informó del fallecimiento de tres de sus hermanos, por lo que el Tribunal responsable en el acuerdo del veinticinco de septiembre del presente año determinó girar oficio al Director del Archivo de Notarias del Estado, para que informara los nombres de quienes hubiesen sido instituidos para la sucesión y, en su caso, proveer sobre la existencia de sucesores o causahabientes. El justiciable controvierte ese proveído, pues considera que se debió suspender el procedimiento de ejecución hasta encontrar a esos sucesores. Por lo tanto, es evidente que el acuerdo reclamado se dictó en la etapa de ejecución de la sentencia dictada en el juicio agrario de origen; sin embargo, no constituye la última resolución dictada en esa etapa ejecutiva, ya que no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordenan el archivo definitivo del expediente; en consecuencia, el juicio de amparo promovido en su contra resulta improcedente. En efecto, se reitera que el acuerdo reclamado se ubica en una etapa posterior a la conclusión del juicio natural, y concretamente en la etapa de ejecución de la sentencia, pero no constituye la última determinación pronunciada en esa fase, ni se ubica en las hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo. Se afirma lo anterior, pues el acuerdo recamado no implica una violación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada; de ahí que se estime que el juicio de amparo promovido resulta improcedente. En ese contexto, el acuerdo controvertido tampoco se considera de imposible reparación en la etapa de ejecución del fallo definitivo, pues con él no se desestiman excepciones sustanciales y perentorias, o defensas u otros actos que tiendan a detener o interrumpir la ejecución de una sentencia -en lo sustantivo-, pues si bien el justiciable pretende que se suspenda el procedimiento de ejecución, no es en forma definitiva, sino hasta en tanto se sepa quiénes son los sucesores o causahabientes de los herederos fallecidos, mientras que el Tribunal responsable inició la gestión para encontrarlos y continuar con la etapa ejecutiva. Así, por las consideraciones expuestas, se colige la improcedencia del juicio de amparo promovido contra el acuerdo reclamado, por haberse verificado en la etapa de ejecución de la sentencia y, por ende, impugnable hasta la última resolución dictada en esa etapa ejecutiva; entendida como aquella que aprueba el cumplimiento del fallo, o en su caso, declara la imposibilidad para ejecutarla. Corrobora lo anterior la jurisprudencia I.6o.T. J/89, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1482, tomo XXVII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de 2008, que dice: "AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE O ACTUARIOS DE LA JUNTA REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda de garantías las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", determinó que por "última resolución" dictada en la fase ejecutiva debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado o improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo contra los actos del presidente o actuarios de la Junta realizados dentro del procedimiento de ejecución del laudo, no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto." En las relatadas condiciones, es claro que se actualizan de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la citada legislación SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Causa estado cumplimiento. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Depúrese el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional.". Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Cuaderno incidental (concedió provisional y definitiva). Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita, por lo tanto deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento y del presente proveído. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de constancias. Finalmente, tomando en consideración el anexo que fue remitido por la autoridad en atención a los requerimientos efectuados en autos, se ordena la devolución de lo siguiente: 1) Al Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, el legajo de pruebas I. Lo anterior, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese.
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Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 8,646 expedientes
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