Genaro Castillo Ramírez

Expediente 1879/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1879/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
06/12/2019

Partes del expediente

  • Genaro Castillo Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 6.Villahermosa, Tabasco; seis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista; la certificación con que se da cuenta, se advierte que mediante proveído de cinco de diciembre actual, se tuvo por recibido el informe justificado del Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, con el que se dio vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo para que se impongan de autos. Para dar margen a lo anterior y no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Visto; se agrega a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco rinde su informe justificado, al que anexa el duplicado del expediente 656/2015-S-2, constante de setecientos treinta y dos fojas útiles (732), con lo que se da vista a las partes en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la constancia que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ella al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Debido a la voluminosidad de las constancias remitida por la autoridad responsable, manéjense éstas por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano de control constitucional. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 6.Villahermosa, Tabasco, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Visto; se agrega a los autos el escrito de cuenta signado por Irma Odette Fonseca Estrada, quien se ostenta como representante del Fiscal General del Estado de Tabasco y José Jesús Pedrero del Águila, Director General Administrativo de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con el que se apersonan al presente juicio de amparo, personalidad que acreditan con copias certificadas de los nombramientos respectivos. Ahora bien, se tiene a los ocursantes realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos, de las cuales se hará relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional respectiva, como lo indica el numeral 124 de la Ley de Amparo. Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de los promoventes la copia certificada del oficio 4199/2019-S-2 que contiene inserción del acuerdo de quince de octubre de este año dictado por la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, medio de convicción que se admite y desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, por no requerir forma especial para ello, sin perjuicio que se haga nueva relación de ésta al celebrarse la audiencia constitucional. Finalmente, téngase como domicilio de los promoventes el señalado en el ocurso que se provee y como autorizados a las personas que menciona conforme a la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo, legal, por no tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales.

  4. Principal

    MESA 6.Villahermosa, Tabasco, once de noviembre de dos mil diecinueve. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; el escrito de demanda mediante el cual Genaro Castillo Ramírez, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, que estima violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1879/2019-6. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la omisión reclamada por la parte quejosa a la Fiscalía General del Estado de Tabasco y al Director General Administrativo de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, parte de la premisa que aquellos no han dado cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de origen, tramitado ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, en el que son parte demandada las referidas autoridades, así lo reconoce la parte quejosa, de la relación laboral que existió entre ellos, lo que supone que aquellas se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de las sentencias, como ocurre en el caso, por lo que no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor, aquí parte quejosa. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 79/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro: 2007066, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 699, que dice: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor." De las propias manifestaciones formuladas por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, se advierte que el juicio de origen se encuentra en proceso de ejecución de la sentencia y que la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, es quien realiza los actos tendentes a ello, conforme a los instrumentos legales con que cuenta para tal efecto, de tal suerte, que es esa instancia quien debe exigir su cumplimiento, sin que en el caso se advierta la existencia de una resolución en que ese Tribunal haya determinado la imposibilidad de ejecutar el laudo. En apoyo a lo anterior, se cita la Jurisprudencia 2a./J.34/2018, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el libro 53, abril de 2018, Tomo I, página 478, Fuente, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común Laboral, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales.". Por lo anterior, no ha lugar a tener como autoridades responsables a la Fiscalía General del Estado de Tabasco y al Director General Administrativo de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y por ende, se desecha la demanda de garantías respecto del acto reclamado a aquellas, en términos del artículo 61, fracción XXIII en relación al 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el segundo de los mencionados interpretado en sentido contrario. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda respecto de la autoridad responsable denominada Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. REQUERIMIENTO Y APERCIBIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO. Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, el que también podrá remitir al correo oficial 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx; lo anterior permitirá, además, agilizar el trámite y resolución del presente asunto y cumplir con el principio de constitucionalidad de impartición de justicia pronta y expedita, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecinueve. Hágase del conocimiento a la autoridad señalada como responsable, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se le exhorta que en cuanto tenga la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, de inmediato lo haga saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará de forma individual la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se hará acreedora a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos); la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos) valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecinueve. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se le hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que se deduce en los mismos términos de lo decretado con anterioridad. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las once horas con cinco minutos del seis de diciembre de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombren la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, se da la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, por medio de oficio, emplácese a la parte tercero interesada Fiscalía General del Estado de Tabasco y Director General Administrativo de la Fiscalía General del Estado de Tabasco; corriéndoles traslado con copias simples de la demanda de amparo, para que en caso de que lo estimen conveniente, se apersonen a juicio a hacer valer sus derechos, informándoles que la audiencia constitucional se llevará a efecto en la hora y fecha señalada en líneas anteriores. PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene al promovente ofreciendo como prueba en el presente asunto la documental consistente en copia simple del oficio FGE/DGA/1244/2019, probanza que se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, por no requerir forma especial para su desahogo, sin perjuicio de que se haga nueva relación de ella al celebrarse la audiencia constitucional. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. . De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quien se les comunicará por oficios con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizados a las personas que señala en la misma, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por otra parte, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE. No se tramita incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal.

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