Genaro Castillo Ramírez

Expediente 1127/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1127/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
21/09/2022

Partes del expediente

  • Genaro Castillo Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta de agosto de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Genaro Castillo Ramírez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase al Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia administrativa, el duplicado del expediente administrativo 656/2015-S-2, que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejó por cuerda separada. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1127/2022-5, promovido por **********, contra los actos que reclama del Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por estimarlo violatorios de los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el doce de julio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el trece posterior, Genaro Castillo Ramírez solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS La omisión del Magistrado responsable de ejecutar la sentencia definitiva de quince de mayo de dos mil diecisiete emitida dentro del juicio administrativo 656/2015-S-2, de su índice, en relación con las cantidades liquidas establecidas en la interlocutoria de liquidación emitida el diez de enero de dos mil veinte, la cual fue modificada en resolución de cuatro de mayo de dos mil veintidós emitida por el Pleno de ese Tribunal en el Toca de Apelación AP-019/2020-P-3." AUTORIDAD RESPONSABLE Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El catorce de julio de dos mil veintidós, se radicó la demanda con el expediente 1127/2022-5; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe con justificación; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; dada la naturaleza del acto reclamado; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión del Magistrado responsable de ejecutar la sentencia definitiva de quince de mayo de dos mil diecisiete emitida dentro del juicio administrativo 656/2015-S-2, de su índice, en relación con las cantidades liquidas establecidas en la interlocutoria de liquidación emitida el diez de enero de dos mil veinte, la cual fue modificada en resolución de cuatro de mayo de dos mil veintidós emitida por el Pleno de ese Tribunal en el Toca de Apelación AP-019/2020-P-3. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado; de ahí que se tenga por cierto. Circunstancia que se corrobora con el duplicado del expediente administrativo 656/2015-S-2, de su índice. Documento que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedido por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: Articulo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese tenor, la suscrita quien resuelve advierte de oficio que respecto al acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con lo establecido en la fracción V del artículo 107, el segundo de ellos interpretado en sentido contrario a su redacción, todos de la Ley de amparo, en atención a que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos. Para justificar lo anterior, se estima pertinente citar el texto de los artículos y fracciones citados de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la constitución Política de los estados unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado Mexicano sea parte." Conforme al primero de los preceptos reproducidos en lo conducente, el juicio de amparo es improcedente cuando así derive de alguna disposición de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo; en tanto que, de acuerdo al segundo de los citados numerales, el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de juicio, que tengan una ejecución de imposible reparación, por los cuales debe entenderse aquellos que de manera inmediata lesionen derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que México sea parte. El Máximo Tribunal del País ha sostenido que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo 107, en dos de sus fracciones precisa el alcance de la expresión "actos de imposible reparación". La primera de ellas -fracción III- dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda -fracción V-, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones, el Alto Tribunal afirmó que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". De igual forma, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 19/2011, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo: De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación". En esa tesitura, podemos colegir que el artículo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, dispone los supuestos de procedencia del amparo en la vía indirecta que comprenden todos los actos que pueden llevarse a cabo fuera y dentro de un procedimiento judicial, así como después de concluido, en ejecución de una sentencia. Esa regulación, con alguna diferencia, estaba en el artículo 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo abrogada, mismas que fueron interpretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el concepto de ejecución de imposible reparación, entendido como la afectación directa e inmediata a un derecho sustantivo, podía ser aplicada para los actos en ejecución de sentencia, a condición de que se tratase de afectación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Ese criterio, en cuanto a la aplicación del concepto de ejecución de imposible reparación con la definición que hace la actual fracción V del artículo 107, es aplicable al caso de la nueva Ley de Amparo. Por tanto, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio o en ejecución de sentencia que sean de imposible reparación, entendida como la afectación material directa a un derecho sustantivo, solamente que en ejecución debe tratarse de derechos ajenos a la cosa juzgada. En ese contexto, el suscrito considera que el acto reclamado en el presente juicio no reviste el carácter de "imposible reparación". En el caso, de un estudio íntegro de la demanda de amparo se advierte que el quejoso Genaro Castillo Ramírez, señala como acto reclamado la omisión del Magistrado responsable de ejecutar la sentencia definitiva de quince de mayo de dos mil diecisiete emitida dentro del juicio administrativo 656/2015-S-2, de su índice, en relación con las cantidades liquidas establecidas en la interlocutoria de liquidación emitida el diez de enero de dos mil veinte, la cual fue modificada en resolución de cuatro de mayo de dos mil veintidós emitida por el Pleno de ese Tribunal en el Toca de Apelación AP-019/2020-P-3. Al respecto, la suscrita juzgadora estima que el acto omisivo en esta vía reclamado, que si bien es cierto que conforme a la regla general establecida en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es improcedente en el supuesto de que se esté tramitando ante la autoridad responsable (un procedimiento administrativo de ejecución de sentencia sin que se haya dictado la última resolución, es decir, la que apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, no menos lo es que por excepción, no constituye una abierta dilación del procedimiento de origen o paralización total del mismo, que haga procedente el juicio de amparo por la afectación material a derechos sustantivos, pues atento a las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, consistente en el duplicado del expediente 656/2015-S-2, de su índice, el cual ya quedó valorado en párrafos que anteceden se advierten los siguientes antecedentes: El quince de mayo de dos mil diecisiete, se dictó sentencia definitiva en el juicio 656/2015-S-2, promovido por Genaro Castillo Ramírez en contra del Fiscal General y Visitador de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, en la cual se declaró la ilegalidad del procedimiento de responsabilidad administrativa 013/2015, así como la ilegalidad de la resolución dictada el diecinueve de agosto de dos mil quince; en consecuencia, se ordenó a las autoridades demandada a cubrirle al acto el derecho de que fue privado, como son sus emolumentos y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que incluyera la reinstalación, en virtud de que la relación jurídica de los actora y la entidad demandada es de naturaleza administrativa, por lo que se ordenó realizarle el pago de las indemnizaciones de ley, previstas en el artículo 123 apartado B, fracción XIII, Constitucional, ordenándose una vez que causara ejecutoria la citada resolución se aperturada el incidente de liquidación correspondiente. Inconforme con la referida sentencia la parte demanda interpuso recurso de revisión el cual le correspondió conocer al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, bajo el Toca de Revisión 058/2017-P-2, en el cual en emitió resolución el treinta de enero de dos mil dieciocho, en el cual confirmó la sentencia recurrida para efecto de que la autoridad demandada Fiscalía General del Estado indemnizara al actor con el pago de tres meses de salario y veinte días por cada año de servicios, más las prestaciones legales que le correspondía al momento de la terminación del servicio (cuyas cantidades líquidas serían objeto del incidente de liquidación respectivo), que dejó de percibir desde el once de diciembre de dos mil catorce (fecha de la baja) hasta que se realice el pago correspondiente, conforme a lo establecido en la fracción XIII del artículo 123, apartado B Constitucional. En auto de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable tuvo al quejoso promoviendo incidente de liquidación de sentencia. El diez de enero de dos mil veinte, la autoridad responsable dictó sentencia interlocutoria de liquidación de sentencia, en la que condenó a la parte demandada a pagar al incidentista Genaro Castillo Ramírez, del periodo comprendido del once de diciembre de dos mil catorce al diez de enero de dos mil veinte, los salarios y demás prestaciones que quedaron demostrados los cuáles se irán actualizando hasta que se dé cumplimiento a esa determinación, así como el pago de las respectivas indemnizaciones, por lo que debía cubrir al actor la cantidad de $1,028,240.88, (un millón veintiocho mil doscientos cuarenta pesos 88/100 moneda nacional). Inconforme con la referida interlocutoria la parte demanda interpuso recurso de apelación el cual le correspondió conocer al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, bajo el Toca de Apelación 019/2020-P-3, en el cual emitió resolución el cuatro de marzo de dos mil veintidós, en el cual modificó la sentencia interlocutoria recurrida condenando a las autoridades demandadas al pago total de $1,055,698.99, (un millón cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y ocho 99/100 moneda nacional), previo descuento correspondiente a las aportaciones de seguridad social y retención del impuesto sobre la renta. Mediante oficio TJA-SGA-609/2022, de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, devolvió al magistrado responsable el Toca AP-019/2020-P-3, por encontrarse totalmente concluido, así como el original del juicio contencioso administrativo 656/2015-S-2, los cuales fueron recepcionados el veintisiete de mayo de dos mil veintidós. En auto de dos de agosto de dos mil veintidós, la autoridad responsable tuvo por recibidos el Toca AP-019/2020-P-3, por encontrarse totalmente concluido, así como el original del juicio contencioso administrativo 656/2015-S-2; en consecuencia, requirió a las autoridades demandadas para que dentro del término de cinco días, contados a partir de que quede firme el citado auto, informen y exhiban las constancias que acrediten el debido cumplimiento de la sentencia de quince de mayo de dos mil diecisiete en los términos determinados en la interlocutoria de liquidación de diez de enero de dos mil veinte modificada en resolución el cuatro de marzo de dos mil veintidós dictada en el Toca de Apelación 019/2020-P-3, del índice del Pleno del citado Tribunal, consistente en el pago total de $1,055,698.99, (un millón cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y ocho 99/100 moneda nacional), previo descuento correspondiente a las aportaciones de seguridad social y retención del impuesto sobre la renta; lo cual le fue notificado a la parte demandada el cinco de agosto de la presente anualidad. En el caso, es evidente que de los antecedentes antes expuestos, no se advierte que exista una abierta dilación del procedimiento de origen o paralización total del mismo, que haga procedente el juicio de amparo por excepción, por constituir una violación directa al artículo 17 de la Constitución General. Lo anterior, en virtud de que de las referidas constancias se advierte que a la autoridad responsable el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, le fue devuelto el Toca AP-019/2020-P-3, por encontrarse totalmente concluido, así como el original del juicio contencioso administrativo 656/2015-S-2; en consecuencia, en auto de dos de agosto de dos mil veintidós, requirió a las autoridades demandadas para que dentro del término de cinco días, informaran y exhibieran las constancias que acrediten el debido cumplimiento de la sentencia de quince de mayo de dos mil diecisiete en los términos determinados en la interlocutoria de liquidación de diez de enero de dos mil veinte modificada en resolución el cuatro de marzo de dos mil veintidós dictada en el Toca de Apelación 019/2020-P-3, del índice del Pleno del citado Tribunal, consistente en el pago total de $1,055,698.99, (un millón cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y ocho 99/100 moneda nacional), previo descuento correspondiente a las aportaciones de seguridad social y retención del impuesto sobre la renta; lo cual le fue notificado a la parte demandada el cinco de agosto de la presente anualidad, lo cual consiste en la última actuación en el referido expediente laboral, fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo (doce de julio de dos mil veintidós). Por ende, se considera que a la fecha de presentación de la demanda de amparo en cuestión, no se advierte que exista una abierta dilación del procedimiento de origen o paralización total del mismo, ya que a la fecha en que el quejoso presentó su demanda de amparo aun no empezaban a trascurrir el término de cinco días para que las autoridades demandadas den cumplimiento a la sentencia; ya que el auto de requerimiento es de fecha posterior a la presentación de la misma; además, de que aún se trata del primer requerimiento respecto del cual le correrá término a la parte demandada para que cumpla con la referida ejecutoria; aunado, de que se reitera que en caso de los procedimientos de ejecución de sentencia el juicio de garantías solo es procedente de manera excepcional. Luego entonces, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente, por no actualizarse el caso de excepción a que se hace referencia en la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, consultable en la página 2611, Tomo III, Libro 83, febrero de 2021, Décima Época, Materia Común, Administrativa, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE, POR EXCEPCIÓN, SI EXISTE UNA OMISIÓN, ABIERTA DILACIÓN O PARALIZACIÓN TOTAL EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA [SUSTITUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA PC.II.A. J/15 A (10a.)]. Hechos: Dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, solicitaron al Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, la sustitución de la jurisprudencia PC.II.A. J/15 A (10a.) de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE PROVEER EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA.", porque consideraron que debió reflejar, como casos de excepción, aquellos en que exista una omisión, abierta dilación o paralización total del mismo. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, considera que si bien es cierto que conforme a la regla general establecida en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es improcedente en el supuesto de que se esté tramitando ante la autoridad responsable (Sala Superior y/o Regional del Tribunal Administrativo del Estado de México) un procedimiento administrativo de ejecución de sentencia sin que se haya dictado la última resolución, es decir, la que apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, no menos lo es que, si existe una omisión, abierta dilación o paralización total en ese procedimiento, entonces el juicio de amparo indirecto es procedente por excepción, por constituir una violación directa al artículo 17 de la Constitución General. Justificación: Lo anterior, porque la razonabilidad del plazo en que se desarrolla el procedimiento administrativo de ejecución de sentencia es susceptible de control constitucional si se considera en cada caso particular: a) La naturaleza o tipo de acto; b) El bien jurídico protegido; c) La complejidad del asunto (técnica, jurídica o material); d) La actividad procesal del interesado (actos para darle seguimiento); e) La conducta de las autoridades jurisdiccionales (actos para agilizar cumplimiento, así como sus cargas de trabajo); y, f) Si el transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no." Asimismo, es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 325/2015, consultable en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Luego, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, promovido por Genaro Castillo Ramírez, contra el acto y autoridad indicados, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el segundo de ellos aplicado en sentido contrario a su redacción y en términos del diverso 63, fracción V, de ese propio ordenamiento, en tal virtud, no es posible pronunciarse respecto a los conceptos de violación formulados por el quejoso. Es aplicable al caso la jurisprudencia VI.1o. J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252, número 22-24, octubre-diciembre de 1989, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 226555, que dice: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, porque si bien esta juzgadora debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RSPECTO EN LA SENTENCIA". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de catorce de julio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 1, 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********* por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable y anexo que acompaña, consistente en el duplicado del expediente administrativo 656/2015-S-2 de su índice; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Debido a la voluminosidad de la constancia remitida por la autoridad responsable, manéjense ésta por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano de control constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante oficio 24261/2022 se solicitó informe justificado al Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia del Estado de Tabasco, en los términos establecidos por el artículo 117 de la Ley de Amparo; plazo que transcurre del dos al veintidós de agosto de dos mil veintidós, con excepción de los días inhábiles previstos por el artículo 19 de la Ley de Amparo. Lo anterior por haber sido notificada dicha autoridad el uno de agosto del presente año, por así advertirse de la constancia de notificación correspondiente. Consecuentemente, atento a lo expuesto y para no violar las reglas fundamentales del procedimiento, acorde con lo dispuesto en el ordinal 115 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional prevista para celebrarse hoy se difiere, y en su lugar, se fijan las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano