Genaro Castillo Ramírez

Expediente 1627/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1627/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
07/04/2022

Partes del expediente

  • Genaro Castillo Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Genaro Castillo Ramírez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    mesa 10 AUDIENCIA Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con cincuenta minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintidós, en audiencia pública Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa asistida de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 1627/2021-10, promovido por ***************. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con las remitidas por las autoridades responsables consistentes en: ? Copia certificada de diversas constancias que integran el acto reclamado (fojas 25 a 32, 39 a 147).???????? ? Copia certificada de la resolución interlocutoria emitida el cuatro de marzo de dos mil veintidós dentro del toca de apelación 019/2020-P-3, de su índice (fojas 173 a 196) Al respecto la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten los medios de convicción de referencia y se tienen por desahogados en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo más probanzas que desahogar, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta con el escrito signado por el autorizado en términos amplios del quejoso Genaro Castillo Ramírez, recibido en este juzgado el ocho de febrero del año en curso, registrado con el folio 1789, y que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene al autorizado en términos amplios del quejoso Genaro Castillo Ramírez, formulando alegatos para los efectos legales conducentes y por perdido el derecho a las demás partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1627/2021-10, promovido por Genaro Castillo Ramírez, contra los actos que reclama del Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1º, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el trece de diciembre de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el catorce del mismo mes y año, Genaro Castillo Ramírez solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 2. La Tercera Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 3. Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad.????????? ACTO RECLAMADO ? La omisión de resolver el recurso de apelación 019/2020-P-3, admitido el trece de febrero de dos mil veinte en contra de la sentencia interlocutoria de liquidación emitida el diez de enero de dos mil veinte en el juicio 656/2015-S-2, de su índice. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno1, se registró la demanda bajo el expediente 1627/2021-10, se admitió la demanda de que se trata, se pidió informe con justificación a las autoridades responsables, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se ordenó pedir informe justificado al Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. 1 Fojas 8 a 13 del presente juicio de amparo. CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Al respecto, previos diferimientos la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado???????? en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 742, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".3 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". 2 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 3 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama:4 ? La omisión de resolver el recurso de apelación 019/2020-P-3, admitido el trece de febrero de dos mil veinte en contra de la sentencia interlocutoria de liquidación emitida el diez de enero de dos mil veinte en el juicio 656/2015-S-2, de su índice. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Secretaria General de Acuerdos en representación del Magistrado Presidente y el Pleno de la Sala Superior, ambos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco (fojas 23, 24, 171 y 172), y la Magistrada de la Tercera Ponencia de la Sala Superior del citado Tribunal (fojas 36 a 38), todos con sede en esta ciudad al rendir informe justificado negaron la 4 Esto de conformidad con la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, Materia(s): Común, página 32, con número de registro 192097, del siguiente rubro y texto; "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo???existencia del acto que se les reclama, sin embargo, dichas negativas se desvirtúan del contenido de sus referidos informes y de las constancias que adjuntaron a los mismos, consistentes en copia certificada de la resolución emitida el cuatro de marzo de dos mil veintidós5, dentro del recurso de apelación AP-019/2020-P-3, emitida por el pleno responsable. Documental a la cual se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuación emitida por autoridad en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". De igual forma, sirve de apoyo la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN 5 Fojas 173 a 196 del presente juicio de amparo. RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a las autoridades responsables al encontrarse corroborado con las documentales precitadas. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ?????? XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando las autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando las autoridades sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, de la constancia remitida por la Secretaria General de Acuerdos en representación del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado, adjunto copia certificada de la resolución emitida el cuatro de marzo de dos mil veintidós6 dentro del Toca de Apelación AP-019/2020-P-3, de su índice, se desprende que la autoridad responsable resolvió el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal General y el Visitador General, ambos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, en su carácter de autoridades demandadas, en contra de la sentencia interlocutoria de liquidación emitida el diez de enero de dos mil veinte, dentro del expediente 656/2015-S-2 del índice de la Segunda Sala responsable. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, el trece de diciembre de dos mil veintiuno, indudablemente existía la conducta reclamada a la autoridad responsable pues no había resuelto el recurso de apelación interpuesto 6 Fojas 173 a 196 del presente juicio de amparo.????????? por el Fiscal General y el Visitador General, ambos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, en su carácter de autoridades demandadas, en contra de la sentencia interlocutoria de liquidación emitida el diez de enero de dos mil veinte, dentro del expediente 656/2015-S-2 del índice de la Segunda Sala responsable; sin embargo, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por el autorizado de la parte quejosa en términos amplios, porque si bien esta juzgadora debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA"????? QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ¨******************por las razones apuntadas en el considerando cuarto de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, en representación de los Magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior de dicho tribunal, autoridad señalada como responsable y anexo que acompaña, consistente en copias certificadas de diversas constancias que obran en el toca de apelación 019/2020-P-3 de su índice; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede se advierte que el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por Genaro Castillo Ramírez, quien, en lo conducente, señaló como concepto de violación ".UNICO. Se violan en mi perjuicio las garantías consagradas en los artículos 1°, Y 17, párrafos segundo y quinto de la Constitución Federal, toda vez que en primer lugar LA SALA SUPERIOR RESPONSABLE al no dictar la RESOLUCION EN EL RECURSO DE APELACION, ha OMITIDO en consecuencia LA PLENA EJECUCION de la sentencia dictada por la Sala unitaria el 15 de mayo de 2017." Asimismo, que la aludida demanda se admitió a trámite mediante proveído de quince siguiente, sin que se haya solicitado informe justificado al Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO. En consecuencia, a fin de evitar violaciones al procedimiento, pídase informe justificado al referido pleno, al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita, el que también podrá remitir vía fax al número 01(99-3) 3-10-50-23, apercibido que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable de las penas en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omita el que le conste en relación con el amparo, previsto en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a la autoridad señalada como responsable, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a la autoridad que en cuanto tenga la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, de inmediato lo haga saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se hará acreedora a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos); la que se deduce de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil siguiente, con efectos a partir del uno de febrero de dos mil veintidós. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se le hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. Por lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

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