Gaspar Macedo Macedo

Expediente 1170/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1170/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
27/09/2019

Partes del expediente

  • Gaspar Macedo Macedo

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V. SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE LOS CURSANTES EMITIDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, EN EL CUAL EN ESENCIA SE DETERMINÓ: "Toluca, Estado de México; veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. De la certificación precedente, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de nueve de septiembre del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado. Por otra parte, vista la cuenta precedente y el estado que guarda este asunto, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, (punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo de dicho Acuerdo). Ahora bien, de conformidad con el referido acuerdo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, serán depurados y en su momento destruidos junto con el expediente. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa."

  2. Principal

    MESA V. Acuerdo de notificación personal.

  3. Principal

    MESA V EN CUMPLIMIENTO AL PROVEÍDO DEDIECISIETE DE SPEITMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL DIVERSO DE NUEVE DEL MES Y AÑO EN CITA. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **************, contra actos del Presidente Municipal de Tejupilco, Estado de México y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1170/2019-V. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que el impetrante de amparo reclama: El oficio ************** de fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el Titular de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Tejupilco. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente pretende impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." DESECHAMIENTO. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En ese tenor, después de analizar el citado acto reclamado, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. En principio, es necesario destacar el contenido del artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;.." A su vez, el diverso precepto legal 61, fracción XX de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen el principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que el quejoso, al combatir actos provenientes de autoridades administrativas previo al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. De las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la Ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo). c) Los que importen una violación a sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 107, fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, fracción XVIII, inciso a, de la Ley de Amparo. f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones dictadas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). g) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso (inciso d), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo). En el caso el acto que aquí se reclama no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados, por ende, la parte quejosa no está exenta de agotar cabalmente los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden contra el acto reclamado. Por consiguiente, en virtud de que dicho oficio, constituye un acto de carácter administrativo emanado de una autoridad administrativa; por ende, sus actuaciones son de la misma naturaleza y, se encuentran reguladas por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; en tales circunstancias, se tiene por demostrado que el acto reclamado fue emitido por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Ahora, en atención a la fracción XX, del artículo 61, de la ley de Amparo, la parte quejosa previo a promover el juicio de amparo bi-instancial, debió acudir ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, a efecto de promover el recurso de inconformidad o bien el Juicio Contencioso Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 139, 187 y 229, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que textualmente señalan: Artículo 139. Tratándose de resoluciones desfavorables a los derechos e intereses legítimos de los particulares, las autoridades administrativas deberán informarles al momento de la notificación, el derecho y plazo que tienen para promover el recurso de inconformidad o el juicio ante el Tribunal. Artículo 187. El recurso de inconformidad procede en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y III. Las resoluciones que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en materias administrativa y fiscal. Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. Los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; V. Las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de quince días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento; VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos diez días siguientes a su presentación; VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; X. Actos o resoluciones en materias administrativa o fiscal emitidas por autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten a otras autoridades que no se encuentren en la misma situación de imperio que les permita ejercer unilateralmente las atribuciones que les confieren los ordenamientos legales aplicables; XI. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales. Como se advierte, el recurso de inconformidad o el juicio contencioso administrativo, procede, entre otros, contra resoluciones desfavorables a los derechos e intereses legítimos de los particulares, en términos de la legislación aplicable. Ahora, en el caso particular se reclama en esencia, el oficio AT/PM/124/2019 de fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el Titular de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Tejupilco, en el cual se dio contestación a su escrito de diecinueve de agosto del año en curso. Consecuentemente, en contra de la determinación de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Tejupilco; resulta procedente el recurso de inconformidad o bien el Juicio Contencioso administrativo ante el Tribunal Administrativo correspondiente del Estado de México, en términos de los artículos 139, 187 y 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, al resultar un medio de defensa idóneo y válido para impugnar el acto que aquí se reclama, pues a través del mismo se puede lograr su modificación, revocación o nulificación. Sin que en el caso, se esté en alguno de los supuestos de excepción que al efecto establece la Ley de Amparo, toda vez que tanto en el artículo 194 como en la Sección Cuarta del Capítulo Tercero, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regula la institución jurídica de la suspensión del acto impugnado, no se advierte que los mismos exijan mayores requisitos que los consignados por la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Aspectos jurídicos por los que este juzgado Federal concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues se reitera, en contra del acto destacado consistente en la resolución comunicada a través del oficio ************** de fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por la autoridad responsable, procede el recurso de inconformidad o el Juicio Contencioso Administrativo, ante el Tribunal Administrativo correspondiente. Por lo que, al actualizarse respecto del acto reclamado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, promovida por **************, contra actos del Presidente Municipal de Tejupilco, Estado de México y otra autoridad, por notoriamente improcedente. DOMICILIO PROCESAL. En otro orden, con apoyo en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala el quejoso en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **************, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos de dicho numeral a las demás personas que se mencionan en virtud de que no cuentan con el registro correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa

  4. Principal

    MESA V. UN ACUERDO CON NOTIFICACION PERSONAL

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 9,095 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano