Gamaliel Maldonado Maciel
Expediente 723/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 723/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/05/2018
Partes del expediente
- Gamaliel Maldonado Maciel
Actuaciones
- Principal
MESA II. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso del precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual comunica el proveído de diecisiete de mayo de este año, emitido en el amparo indirecto 747/2018-VI de su índice, de cuyo contenido se advierte que se avocó al conocimiento del asunto motivo de la competencia planteada por este órgano jurisdiccional; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En otro orden, el estado procesal del presente cuaderno de antecedentes evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, de dicho acuerdo. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
MESA II. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por ************ a favor de ************contra actos del Agente del Ministerio Público *********** fórmese expediente y asiéntese en el Libro de Gobierno con el registro 723/2018-II. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que los actos reclamados se hacen consistir esencialmente en: La incomunicación; y, La privación de la libertad. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO A LA INCOMUNICACIÓN. A fin de salvaguardar los derechos fundamentales del directo agraviado, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo se concede la suspensión de plano para el efecto de que la autoridad responsable determine el cese inmediato del acto reclamado consistente en la incomunicación así como cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio vía estafeta y telegrama a la autoridad responsable para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. En relación a la suspensión de plano concedida en contra del acto reclamado de incomunicación del peticionario de amparo, se precisa que los efectos de dicha medida cautelar se traducen también en que la autoridad ministerial que tenga a su cargo la carpeta de investigación que se siga al amparista no se niegue a recibir promociones tendientes a nombrar defensor privado a su favor, en virtud de que podría encuadrar en una conducta prohibida por el artículo 18 de la Constitución Federal; asimismo, para que el directo quejoso pueda entrevistarse con el profesionista que se nombre y/o persona de confianza en el lugar en el que se encuentre detenido, a efecto de no conculcar en su perjuicio la garantía constitucional de debida defensa. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO RESPECTO A LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano y de oficio respecto del acto combatido respecto a la privación de libertad aludida, con fundamento en lo previsto en el artículo 165 de la Ley de Amparo, los efectos de esta medida son: I) Si la detención del directo quejoso Gamaliel Maldonado Maciel, deriva de la comisión de un delito en flagrancia, la medida cautelar concedida tendrá como efectos que el Ministerio Público ante el cual se encuentre a disposición, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, deberá poner en libertad al citado quejoso o consignarlo ante el Juez Penal correspondiente, ello, en atención a lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Amparo. II) En caso de que la privación de libertad del quejoso sea por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, los efectos de la presente medida son para que sin demora cese la detención, poniéndolo en inmediata libertad o a disposición del Ministerio Público, o bien, en caso de que la detención no tenga relación con la comisión de un delito, la presente medida tiene por efecto que el quejoso sea puesto en libertad, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que si la privación de la libertad es dictada por autoridad distinta de la autoridad señalada como responsable, es decir, girada por autoridad judicial, en cumplimiento de una orden de aprehensión o reaprehensión, el efecto de la suspensión será para que de forma inmediata se ponga al quejoso a disposición de la correspondiente autoridad jurisdiccional. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independiente de cualquier otro delito en que incurra. Se previene a la autoridad responsable para que en el plazo de veinticuatro horas, informe acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano, debiendo adjuntar al informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. La suspensión de oficio concedida, no surtirá efecto jurídico alguno si el acto reclamado por el directo quejoso no constituye alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o no produce algún efecto semejante al de aquél, independientemente como lo identifique el agraviado. A la autoridad responsable se hace de su conocimiento que, de no acatar esta medida suspensional, se hará acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia I. 3. A. J/7, consultable en la página 951, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Enero a Junio de 1989, Segunda Parte-2, Octava Época, con el rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." INCOMPETENCIA. Por otro lado, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. En ese contexto, del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que a continuación se detallan. a) La primera, contenida en el primer párrafo, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda consiste en que la competencia del Juez de Distrito, se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo; y, c) La tercera deriva del último párrafo del precepto legal en estudio, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues los actos reclamados en esta instancia, se atribuyen, entre otras, a la autoridad de la Agencia del Ministerio Público de San Cristóbal Ecatepec, Estado de México, lugar en el que se encuentra privado de su libertad el quejoso, por ende, no conllevan ejecución en la jurisdicción de este juzgado, pues atendiendo a la naturaleza de éstos sus efectos se trasladan directamente al lugar en donde se encuentra privado de su libertad el impetrante de amparo y es ahí donde tendrá su principal impacto y repercusión, es decir, la ejecución de los actos reclamados ocurren en la Agencia del Ministerio Público de San Cristóbal Ecatepec, ubicado en calle Palmas sin número, colonia La Mora, Municipio de Ecatepec, Estado de México. De esta manera, si en el amparo se reclaman actos cuya ejecución se atribuye a la autoridad administrativa que reside fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, es evidente que los actos reclamados producen sus efectos en el lugar en donde se encuentran privado de su libertad el quejoso; de ahí que se reitere que este órgano jurisdiccional, carece de competencia legal para conocer del presente asunto, en razón a que el impetrante de amparo se encuentran en el interior de la Agencia del Ministerio Público de San Cristóbal Ecatepec, ubicado en calle Palmas sin número, colonia La Mora, Municipio de Ecatepec, Estado de México, lugar en el que este órgano de control constitucional, no ejerce competencia. Por ello, se estima que en el caso resulta competente para conocer del presente juicio de amparo un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, en cuya jurisdicción conlleva ejecución el acto reclamado, conforme a la primera regla de competencia establecida con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el Acuerdo General 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 03/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Resulta aplicable por las razones que contiene la tesis VII. 1o. C.2 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, consultable en la página 1107, Tomo II, con número de registro 2005170, cuyo rubro y contenido son: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMEN ACTOS NEGATIVOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE NO REQUIERAN EJECUCIÓN MATERIAL. Para armonizar objetivamente las reglas de competencia en materia de amparo indirecto, resulta insuficiente una interpretación literal del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque establece en forma genérica que tratándose de actos que no contengan ejecución material, la competencia se actualizará a favor del Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo, pero desatiende la existencia de actos que al estar dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, aunque no contengan una ejecución material tienen efectos positivos, y que sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad jurisdiccional que los emitió y lleva el juicio; además, una interpretación literal, en estos casos, no sería acorde a la regla establecida jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en amparo indirecto en este tipo de asuntos. Por tanto, cuando el acto reclamado no tenga ejecución material, pero su consecuencia legal y necesaria sea que se siga llevando a cabo el procedimiento de origen ante un juzgado determinado, la competencia no debe quedar al arbitrio del quejoso, con base en la aplicación literal del tercer párrafo del citado artículo 37, sino que ésta debe determinarse a partir de una interpretación sistemática y armónica de lo enunciado en ese párrafo, con lo que establece el primer párrafo del propio artículo 37, el cual dispone que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, y ello lleva a concluir que el Juez competente para conocer del juicio de amparo será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad señalada como ordenadora cuando se reclamen actos negativos dentro de un procedimiento jurisdiccional que no requieran ejecución material." Así también, la Tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con registro 189167, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En las relatadas condiciones, este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se inhibe para conocer del presente asunto y declina competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno; habida cuenta que dentro de esa jurisdicción producen efectos los actos reclamados. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y sus anexos, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producen sus efectos los actos reclamados. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional, vía correo oficial, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria, si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se pública en este Juzgado, sin que con tal determinación se cause perjuicio al directo quejoso, pues en su caso, el órgano jurisdiccional a quien por razón de turno corresponda conocer del presente asunto, deberá ordenar ratificar la demanda de mérito al quejoso, en el lugar donde se encuentra privado de su libertad. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.
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